Continúan los reclamos ante la justicia patriarcal rusa.
Por Karina Ginoyan
La sociedad rusa sigue pendiente de la injusticia que viven las hermanas María, Angelina y Crestina Khachaturyan tras matar a su abusador padre en julio 2018. La campaña de apoyo dio un nuevo paso por las novedades en el curso del procedimiento penal.
A finales de 2019, el fiscal se negó a aprobar la acusación muy grave en el caso de las chicas que consistía en el asesinato grupal premeditado. Aunque los investigadores demostraron el hecho del maltrato sistemático del padre, no se reflejó en la acusación. De ahí que la fiscalía devolviera el caso para que lo recalificaran.
Sin embargo, hace una semana el 13 de julio 2020 los abogados informaron en las redes sociales que el Comité de investigación envió el caso a la fiscalía, sin cambiar la acusación a homicidio en defensa propia (aunque lo había pedido la misma fiscalía en anterior oportunidad). Lo más paradójico es que esta firmó la nueva versión y la sometió a la Corte. En resumen, ya hay pocos fundamentos para hacer un buen pronóstico acerca de las posibles penas.
Los expertos interpretan que la severidad y brutalidad que aplican los órganos policiales al caso (tradicionalismo estatal), mantenga a raya a futuras situaciones de autodefensa que causen la muerte del abusador. De aplicarse esta causa, sentaría un precedente trascendental para otras víctimas. Además, se dice que la familia de Mikhail presiona y corrompe a los investigadores, igual que lo hacía antes el mismo abusador.
Se esperan las primeras audiencias en las próximas semanas. Y durante este tiempo las activistas lanzaron una campaña de protesta que consiste en envío de más de 30.000 peticiones a la Oficina de Fiscal General de Rusia exigiendo renunciar a la acusación. Si la parte progresista de la sociedad consigue defender a las hermanas Khachaturyan sería un gran paso adelante para llamar la atención a los derechos del resto de mujeres que sufren los abusos.