El conflicto de sectores de la Policía Bonaerense, al que luego se ha sumado una parte del Servicio Penitenciario provincial, y que todavía sigue sin resolución, ha abierto una crisis política evidente y expresa una combinación particular de elementos de distinto signo. Instalados en varios lugares con sus armas y móviles, reclaman incluso ante la propia Quinta presidencial de Olivos.
Es más: la confirmación oficial de un aumento salarial no conformó a los efectivos, que exigen conocer la cifra precisa, una reunión con su jefe Sergio Berni y otras reivindicaciones. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que Berni sigue en su cargo. Ambos anuncios constatan que para el gobierno es prioridad su aparato represivo, mientras mantiene salarios de hambre, despidos y suspensiones para toda la clase trabajadora.
Por un lado, está claro que el rol de control social de la cuarentena y el constante aliento por parte del gobierno nacional y sobre todo de Sergio Berni han envalentonado a esa fuerza, cuya naturaleza es represiva como la de toda policía. El resultado de las continuas loas y arengas del poder político, más el reciente anuncio gubernamental de un multimillonario megaplan de “seguridad” para el conurbano bonaerense, sin duda ha sido el de empoderar a la mayor fuerza policial del país.
A la vez, este conflicto es una nueva expresión de la descomposición social más general que cruza todo el país. Al quebrar la verticalidad de su cadena de mandos, incluidos Berni y el gobernador Axel Kicillof, de hecho debilita su rol como aparato represivo. Y como efecto, la demanda policial de un 56% a 64% de suba salarial y el inmediato sí del gobierno alientan la bronca y el reclamo de trabajadores, en especial los del Estado, cuyos sueldos están más que relegados. Éstos deberían ser la prioridad: los verdaderos esenciales, como los de la salud que están en la primera línea de la pandemia, docentes, del transporte, de los supermercados y demás trabajadores, que merecen todos un inmediato y sustancial aumento salarial, así como las jubilaciones y planes sociales.
En ese sentido, repudiamos el caradurismo de la oposición política de derecha. Cuando el macrismo fue gobierno en la Provincia y en el país no sólo ajustó los salarios del Estado a la baja para “achicar el gasto público”, gobernó al servicio del FMI y desmanteló la salud y la educación públicas, sino que aplicó toda una serie de medidas represivas contra los reclamos sociales, la juventud y los pobres, con la doctrina Chocobar como su bandera.
Al mismo tiempo, tampoco creemos que el conflicto policial hoy esté poniendo en riesgo la vigencia del orden constitucional, de esta limitada “democracia”, como pregonan algunos sectores políticos y sindicales oficialistas con tal de defender incondicionalmente a los gobiernos provincial y nacional del Frente de Todos, responsables políticos de esta situación de crisis.
Pero junto a la suba salarial, democratizar la fuerza y derecho a sindicalizarse, el pliego policial de reclamos incluye el punto 14 contra las “represalias”: sumarios, arrestos, desafectaciones, traslados. Lo rechazamos de plano, ya que implica impunidad para la violencia y demás delitos de la Bonaerense. Es imposible desligar de este contexto la responsabilidad directa de esa fuerza en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, casos de gatillo fácil, abuso policial y delitos de corrupción.
Desde ya, el reclamo de los uniformados no levanta un punto necesario como la no represión a las protestas sociales: luchas obreras, tomas de tierras, marchas ambientalistas, etc. Además de que se vaya Berni ya mismo, una verdadera política de seguridad requeriría no sólo el combate a la desigualdad social como causa básica del delito, sino la disolución de esta Bonaerense y demás policías para construir un nuevo cuerpo de seguridad democrática totalmente distinto, de carácter preventivo, no represivo y con participación y control social, entre otras medidas de fondo.
Sin una perspectiva clara todavía, el conflicto policial en curso es otro síntoma de una enfermedad más estructural: la crisis social que se profundiza día a día bajo este sistema capitalista y la inviabilidad de los planes fondomonetaristas de ajuste y su correlato represivo para imponerlos. La verdadera salida pasa entonces por impulsar un proyecto económico y político de signo opuesto, antiimperialista, anticapitalista y socialista, cuyo eje sea el bienestar popular y no el beneficio de los ricos y las corporaciones ni la represión al pueblo trabajador.
9 de septiembre de 2020