Tras el paso de 2 huracanes, IOTA y ETA, en el mes de noviembre por Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras, las consecuencias de la catástrofe son devastadoras. Estos efectos, literalmente, mantienen hundidos a los sectores sociales más vulnerables y abandonados a su suerte por los Estados de la región. El panorama de recomposición es desolador e indica la profundización de una crisis cada vez más extendida a amplias capas de la población, no sólo en términos de infraestructura, sino también del tejido social, de seguridad y soberanía alimentaria, y de conservación de los territorios, principalmente en el caribe centroamericano.
En este artículo invitamos a reflexionar colectivamente sobre el modelo de producción/desarrollo vigente en nuestra sociedad. Para cuestionar el tipo extractivista por su característica depredatoria, sus matices de dominación colonial, ecocidio, genocidio histórico y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza, amparadas por los Estado nacionales burgueses. Queremos pensar nuevas formas de producción ecológica, al servicio de las mayorías y con perspectiva ecosocialista.
Por: Alternativa Anticapitalista
Donde hay minas sólo quedan ruinas
El 4 de diciembre una nueva tragedia ligada a la actividad minera volvió a suceder. Más de 14 “güiriseros” de una minera artesanal en el municipio de San Carlos – Río San Juan, quedaron soterrados bajo un derrumbe que desplomó sobre sus cuerpos varias toneladas de tierra, provocando la muerte de todos esos trabajadores. La respuesta del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) fue insuficiente. Luego de 17 horas de búsqueda y el rescate de 2 cuerpos, el gobierno decidió suspender las excavaciones, dejando a 14 familias con la angustia de no encontrar los cuerpos de sus seres queridos.
Este tipo de “accidentes” son cada vez más frecuentes en nuestro país producto de actividad minera, recordemos el pasado 3 de noviembre la muerte de 2 güiriseros en Bonanza, en el caribe norte de Nicaragua. Lo mismo pasó a mediados de año con 3 mineros jóvenes soterrados en el municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega; y no parece que vayan a ser los últimos ejemplos de este mal.
La actividad minera en Nicaragua, como en toda Latinoamérica cobró una relevancia particular para los gobiernos nacionales que ofrecieron subsidios a grandes corporaciones como la canadiense B2GOLD, o la CONDOR GOLD de capital británico, que tiene proyectos en El Salvador y concesiones en Nicaragua, algunas de las cuales expiran en el año 2040. Estas empresas, entre otras, cuentan con el apoyo de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), que está adscrita al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y que producen a su favor varios cientos de millones de dólares por año en concepto de exportación y venta de oro.
De hecho la Condor Gold está en proceso de construir la segunda planta minera más grande del país, para aumentar su extracción de oro a más de 1,500 toneladas por día, en Mina La India- departamento de León. Con una proyección de ganancia que oscila en 600 millones de dólares por año; la empresa ofrece a cambio del desplazamiento de las familias de la zona, la contaminación de fuentes de agua y suelo y la destrucción sostenida de sus ecosistemas; la generación de tan sólo 1,000 nuevos puestos de trabajo, y pequeñas regalías como agua purificada para las comunidades de la zona (que por la misma actividad extractiva, se han quedado sin acceso a agua potable de calidad).
Estas transnacionales no han presentado planes de mitigación de impactos socio-ambientales, preservación y no contaminación de las fuentes acuíferas y del subsuelo porque el gobierno de Ortega-Murillo modificó las normas ambientales en beneficio de las empresas mineras. Dichas corporaciones además cuentan con el apoyo del Ejército Nacional que actúa como garante estatal de estas actividades extractivas, depredatorias y contaminantes.
Ahora bien, seguimos a la espera de la versión oficial del gobierno sobre el naufragio de un barco, seguido del derramamiento de 10 a 25 quintales de cianuro en el lago Cocibolca, y que fue denunciado por la Fundación de Río el pasado 8 de octubre de este año. Dicho derramamiento químico es una amenaza enorme y una tragedia ambiental dentro de la mayor reserva de agua dulce de Nicaragua y la región; que afecta directamente a la población que bebe de sus aguas. Los compuestos de cianuro son transversales para la industria extractiva de metales como el oro y no está demás mencionar que en diferentes niveles de exposición, es nocivo para la salud y puede llegar a ser mortal.
Desde el año 2016 hasta 2019 se han documentado más de 100 molinos de extracción de oro que ocupan miles de millones de litros de agua por día, y que están ubicados principalmente en los municipios de San Carlos, El Castillo, Nueva Guinea, Bluefields; y dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz (misma que fue incendiada “accidentalmente” en 2018 para la construcción de una carretera de acceso al núcleo del área protegida).
La industria minera atenta contra el derecho humano de acceso al agua de calidad para el consumo al utilizar grandes caudales para realizar todo el proceso de extracción de minerales con la mezcla adicional de químicos tóxicos y altamente contaminantes del suelo y mantos acuíferos, generando además enfermedades cómo cáncer y otros padecimientos crónicos. Por eso consideramos que es urgente la prohibición por ley de esta industria, pues el oro no sirve de nada si no tenemos agua limpia.
Nicaragua no es granero de Centroamérica
Históricamente los acuerdos para el saqueo, la super explotación de ecosistemas y la contaminación por grandes industrias, ha estado fija en las agendas de los gobiernos nacionales en función de mantener cifras macroeconómicas y premisas de rentabilidad, productividad y crecimiento del PBI, cuyos beneficios no llegan ni llegarán jamás a las poblaciones más desposeídas; ni siquiera a las más afectadas por los rubros del modelo extractivista en la región.
Esta visión productivista agroexportadora tiene una profunda raíz colonialista normada por el imperativo capitalista del modelo de producción global que prácticamente incide en todo el sistema alimentario y de consumo mundial. Este modelo voraz castiga los ya frágiles ecosistemas arrasados durante décadas por el avance de la frontera agrícola para el agronegocio, las plantaciones y monocultivos como el café, la palma africana, el tabaco, el cacao o la caña de azúcar. En Nicaragua, este modelo tiene amparo constitucional y estableció total consenso de los sectores público-privado liderado por grupos como UPANIC, COSEP, AMCHAM Y FUNIDES, con el beneplácito absoluto del FSLN.
Estos grupos comerciales desde siempre han demostrado su total desprecio hacia la población pobre, un ejemplo reciente es la desidia de estos sectores que fueron incapaces de poner parte de su producción, con alimentos y cargas nutrientes de primera necesidad al servicio de las familias damnificadas y arrasadas por el paso de los huracanes IOTA y ETA.
Por otro lado, al tiempo que se han incrementado los números en la producción de animales de corral para la exportación de carne vacuna, porcina y avícola, y con ello los niveles de ganancia vinculados a la economía nacional y al mercado global; se impulsan métodos crueles y para nada saludables de crecimiento acelerado de estas especies a través del uso de alimentos transgénicos, e inyectando grandes cantidades de hormonas y antibióticos en los animales.
Otro aspecto importante, sin dudas, es la condición de desplazamiento forzado y permanente de comunidades indígenas, afrocaribeñas y empobrecidas de los territorios “productivos”, que siguen resistiendo al neocolonialismo impuesto a fuerza de balas y la represión por parte de colonos mestizos, amparados por el Estado y su Ejército que acumula denuncias por su participación y complicidad con las mafias que trafican maderas preciosas y que a su paso destruyen bosques enteros por la tala indiscriminada de árboles centenarios y la vegetación circundante.
Estas formas de invasión y expropiación de bienes comunes, atentan contra los modos de vida propios de estas comunidades, cuyas cosmovisiones ancestrales proponen una convivencia simbiótica y de interacción respetuosa con la naturaleza y que durante décadas se mantuvo en equilibrio. De más está decir que esto pasa, porque el estado nación no respeta los acuerdos de autonomía de la Costa Caribe y demás comunidades nicaragüenses, sino que fomenta que sean las mismas oligarquías terratenientes y élites empresariales de antaño las que se sigan lucrando de la utilización de estos territorios como proveedores de materias primas para compañías extranjeras y nacionales.
Hasta ahora, producto del Calentamiento global y en medio de una debacle ambiental de escala planetaria, se empieza a poner en cuestión la sustentabilidad de este modelo productivo voraz, que no parte de una planificación social para producir todo en base a las necesidades sociales con métodos que reconozcan a la naturaleza como sujeto de derecho y que respeten a los seres vivos no humanos, en el conjunto de la flora y la fauna, y establecer garantías para su conservación.
Otro modelo es posible, la transición necesaria
Hablemos con claridad: es tiempo de pandemias y el modelo de producción capitalista es incompatible con la sostenibilidad de la vida en el corto y mediano plazo, ni hablar del «largo plazo». Desde Alternativa Anticapitalista tenemos una perspectiva concreta Si contamina, destruye y depreda ¡NO ES PROGRESO!
Entonces la transición hacia un modelo sostenible de perspectiva Ecosocialista implica inexorablemente cuestionar los privilegios de la minoría económica y sus empresas en Nicaragua y las transnacionales que operan en la región. Pasa por prohibir por ley las industrias contaminantes, extractivistas, y depredatorias, como la minería, el agronegocio/agrotóxicos, la ganadería extensiva y pesca industrial, la cementación/urbanización anárquica y hasta la publicidad consumista.
¿Quién define lo que es útil socialmente? Ante un sistema que produce valores de cambio, es decir, cosas para vender; planteamos la producción de valores de uso, es decir, cosas necesarias socialmente. Un modelo basado en la planificación colectiva de la mayoría a través procesos deliberativos amplios sobre lo político, económico y socioambiental. Así le arrancamos al mercado capitalista la decisión sobre qué y cómo producir, y por tanto la decisión de qué consumir.
Pasa inevitablemente por fortalecer un plan de políticas públicas en materia ambiental y un proceso de reeducación social sostenido; pasa por tomar en manos de la mayoría los principales resortes/motores de la economía actual a partir del ascenso de un gobierno de los que nunca hemos gobernado, los sectores populares y las juventudes.
No somos partidarixs de la estrategia AYB de ir a “elecciones” con la falsa promesa de sacar a los genocidas Ortega y Murillo, pero seguir sosteniendo al régimen de Alianza y consenso con los grandes grupos económicos. Nosotres levantamos la propuesta de impulsar una amplia consulta popular para crear condiciones que nos permitan llamar a una Asamblea Constituyente Libre, Soberana, Democrática y Plurinacional, para dotar a la sociedad en su conjunto el derecho a pensar y decidir qué modelo de país queremos y necesitamos.
Por eso estamos construyendo una plataforma política independiente de corruptos, represores y oportunistas. Nos conformamos como una alternativa para luchar por todos nuestros derechos, con perspectiva feminista, anticapitalista, ecosocialista e interacionalista, como parte también de la construcción estratégica de la Liga Internacional Socialista.
¡Hagamos posible lo necesario, sumate vos también a luchar por esto!
#AnticapitalistasNic