Por Rubén Tzanoff SOL Estado español
La política del ejecutivo español no es progresista ni de izquierda, gira cada vez más hacia la derecha.
El 17 y 18 de mayo 8.000 personas llegaron a Ceuta. La mayoría son jóvenes de entre 16 y 30 años y 1.500 son menores de edad. Proceden de Marruecos y otros países subsaharianos. Entraron a España bordeando a pie los espigones marítimos fronterizos o cruzando el mar a nado. El gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Unidas Podemos) respondió con el envío de 200 policías, personal de la Policía Científica, de Extranjería y Fronteras; para sumarse a los 1.100 agentes ya desplegados. Y, el viernes 13 de agosto, se conoció la orden emitida por el Ministerio del Interior para realizar la “repatriación” de 800 personas menores de edad.
La vida por mejores condiciones
Los roces diplomáticos hicieron que el gendarme marroquí de la entrada a España y la Unión Europea levantara la vigilancia fronteriza y permitiera el ingreso masivo. En este caso como venganza por la acogida en un hospital español del dirigente saharaui Brahim Ghali. Las disputas entre ambos Reinos, no deben ocultar que estamos en presencia de personas escapando del hambre, la miseria y la represión. Es el drama que sufren familias enteras y niños solos que arriesgan su vida, y en muchos casos la pierden, para buscar mejores condiciones de subsistencia. Por estos motivos, son muchas las ONGs que rechazan la repatriación.
Cinismo oficial con agenda de ultraderecha
Las autoridades ceutís dicen que hay que devolver a los menores a Marruecos debido a las malas condiciones en que están alojados. El ministro del Interior Grande-Marlaska argumenta que “son repatriados porque quieren volver”. La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos), afirma que las repatriaciones serían “algo muy grave” al tiempo que se ofrece a colaborar para garantizar “el retorno seguro”. Independientemente de los discursos, la “coalición progresista” ejecuta medidas similares a las de los gobiernos reaccionarios. Lo hace con el agravante de responder a las exigencias de VOX.
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Los representantes de la ultraderecha reclaman el cumplimiento del Acuerdo entre España y Marruecos para evitar la llegada de menores no acompañados y/o su retorno concertado. Miserablemente, les atribuyen la responsabilidad por el aumento de delitos y la inseguridad en Ceuta, Melilla, Andalucía y Catalunya. Y llevan a cabo campañas mentirosas de criminalización de las personas a las que despectivamente llaman “menas”. Así lo hicieron con el cartel del 4M para Madrid, avalado por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta instancia reaccionaria señaló que los menores «representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».
No a la «UE fortaleza», por un mundo sin fronteras
Las crisis migratorias se repiten en el tiempo. En 2015-2016 fue la crisis más importante. En 2006 fueron 32.000 personas las que llegaron a Canarias en cayucos improvisados, provenientes de Marruecos, Mauritania y Senegal. En 2018 ingresaron al Estado español 57.500 migrantes. Y, en un sólo fin de semana de 2020, arribaron a las Islas Canarias más de 2.000 migrantes en 58 pateras. Las crisis seguirán ocurriendo mientras haya guerras, persecución política, hambre y miseria, como en la actualidad, agudizadas por la quiebra de la economía capitalista y las consecuencias de la pandemia de Covid-19.
Rechazamos la repatriación, exigimos la implementación de medidas humanitarias y la acogida para todes con papeles porque «ninguna persona es ilegal». Repudiamos la implementación de la «UE fortaleza» discriminatoria y antihumana. Seguiremos apoyando las luchas de los migrantes, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se repiten en el sistema capitalista y luchando por un mundo sin fronteras, un mundo socialista.