Por Marea Socialista
Trabajadores de Masisa, se plantaron nuevamente, como lo han venido haciendo, de manera consecuente, frente al Palacio de Justicia en Ciudad Guayana, con motivo de la celebración de otra audiencia de la demanda que tienen en los tribunales del trabajo, por el incumplimiento de un acta firmada por la empresa, referente al ajuste del salario y a otras condiciones laborales.
Estos trabajadores han venido dando una clara demostración de su determinación de avanzar en su lucha por un conjunto de reclamos, a pesar de la criminalización y de la represión con la que, según sus quejas, vienen conjugándose la patronal y factores institucionales del sistema judicial. Los trabajadores, aunque huérfanos desde el punto de vista sindical, por la burocratización de los sindicatos, no cesan en su resistencia a través de la organización por la base y no desmayan en sus exigencias salariales, laborales y contractuales.
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Como ya lo han hecho costumbre, los trabajadores de la transnacional maderera Masisa realizaron una asamblea obrera, mientras esperaban los resultados de la audiencia que se realizó en el día de hoy, viernes 11 de febrero ante la sede de los tribunales del trabajo.
A la cabeza de la representación obrera se encontraba el dirigente y luchador obrero de base Jean Mendoza, militante de Marea Socialista, quien contó en esta oportunidad con la presencia y acompañamiento solidario de Zuleika Matamoros, integrante de la coordinación nacional de esa organización política de la clase trabajadora y una de las impulsoras de la campaña nacional e internacional de apoyo a Mendoza contra la criminalización y la represión antiobrera.
Los trabajadores mostraron una alta moral, al haber conseguido frenar parcialmente con sus movilizaciones constantes, la ofensiva patronal de Masisa, que ha venido intentando arremeter con el sistema judicial contra la lucha obrera, acusando a los trabajadores, y particularmente a su dirigente de base Jean Mendoza, de «simulación de hechos punibles» y de instigación al odio. Por dicha causa, Mendoza fue detenido por varios días en instalaciones policiales, pero una fuerte campaña nacional e internacional de protesta, de solidaridad y exigencia de su liberación, consiguió que el vocero de los trabajadores fuese puesto en libertad, aunque con medidas cautelares.
Por cierto, se comenta que uno de los fiscales del Ministerio Público que hizo la acusación contra Mendoza, fue posteriormente destituido y detenido junto con el Fiscal Superior del Estado Bolívar, por presunto involucramiento en el tráfico ilegal de combustible, lo que es reflejo de la situación en que se encuentra la administración de justicia y que algunas denuncias han calificado como «comercio judicial». Además de señalar a las mafias del combustible y otras mafias, vía redes sociales se ha venido denuncian que varios fiscales de esta entidad federal y de otros estados, cobran entre 1500 y 20000 dólares por cambiar calificaciones, solicitar detención o liberación de detenidos, poner o quitar imputaciones, todo lo cual tiene sus tarifas o precios, como el menú de un restaurante. Es decir; se está poniendo en evidencia, lo que desde hace mucho se ha dicho: que se paga y se cobra por dar justicia, y en el caso de los obreros y los luchadores sociales, no son ellos precisamente quienes tienen los recursos para esos «servicios», sino aquellos a quienes les que resultan molestos sus reclamos.
En parte, esto explicaría por qué algunos funcionarios se han venido prestando para la criminalización y la represión de los reclamos laborales por el incumplimiento de compromisos contractuales con los trabajadores. Pero, en esta ocasión, se encontraron con la determinación y la fuerza de la clase obrera, que está expresando no estar dispuesta a desmayar en la exigencia de salarios justos por su trabajo y de que se les pague lo que les adeudan.
En vista de que la arremetida patronal-judicial no logró amilanarles, los trabajadores observan que la patronal trata de calmar las aguas con un «aumento» de los «bonos de asistencia», y ha tenido que reenganchar a trabajadores despedidos de manera injustificada, después de que la presión laboral logró sacar a Jean Mendoza de la cárcel. Los «bonos de asistencia» (que no tienen incidencia salarial) sólo son percibidos por los trabajadores que son convocados al trabajo productivo, mientras que el resto permanecen inactivos a salario mínimo, con ingresos muy miserables.
La lucha de los trabajadores de Masisa no termina, y junto a la exigencia salarial y laboral, la decisión sigue la decisión firme de lograr ganar la demanda por el incumplimiento contractual, mientras también se lucha por la libertad plena del dirigente obrero de Jean Mendoza (sin las restricciones que imponen las medidas cautelares).
Manifiestan, los trabajadores de Masisa, que tienen muy claro que, como le sucede a toda la clase trabajadora venezolana, están siendo sometidos a condiciones de súper-explotación por la que los patronos se llevan las ganancias o la plusvalía de manera absoluta, porque la mano de obra venezolana les sale casi gratuita, debido a la violación generalizada del Art 91 de la Constitución, en la que concurren empresarios y gobierno, al no fijar un salario mínimo que tenga como referencia el costo de la canasta básica, como lo establece dicho artículo constitucional.