cómo un movimiento en defensa de las pensiones desencadenó un levantamiento de educadores por la justicia
Publicamos traducido al castellano este artículo escrito por Mercedes Martínez y Monique Dols y publicado originalmente en inglés en Truthout.org.Mercedes Martínez es presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que es uno de los principales sindicatos de maestros en Puerto Rico y Monique Dols es maestra de escuela pública y miembro del caucus del Movimiento de Educadores de Base (MORE) en la Federación Unida de Maestros (UFT) en la ciudad de Nueva York.
En el episodio más reciente de lucha dirigida por educadores en Puerto Rico, estos están mostrando cómo se desafían los intereses poderosos y adinerados que gobiernan nuestras vidas. Sus acciones prueban que no hay atajos a la construcción de poder en las bases, escuela por escuela, barrio por barrio. La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), uno de los principales sindicatos de maestros del país, ha construido, junto con sus aliados, una poderosa red de oposición antiausteridad y anticolonial. Esta red se fue construyendo a través de luchas diarias y semanales y estaba lista para entrar en acción cuando las condiciones a nivel nacional estuvieran maduras para una discusión y agitación generalizadas en torno al tema de salarios y pensiones justas. Un liderazgo sindical flexible y receptivo percibió el creciente descontento y aprovechó la oportunidad para tomar medidas y convocar a una huelga coordinada a nivel nacional.
A lo largo del mes de febrero, los educadores en Puerto Rico nos han dado una lección de dignidad, demostrando una vez más cómo defender nuestros derechos como trabajadores y ganar.
Todo comenzó la primera semana de febrero cuando los educadores comenzaron a reportarse enfermos (“sick-out”[1]) con la #TeacherFlu (gripe del maestro) para protestar por los bajos salarios, las malas condiciones laborales y la destrucción de sus pensiones. Esta fue la más reciente de una serie de acciones que desafiaron tanto al gobierno derechista de Puerto Rico como a los políticos, banqueros y burócratas de Estados Unidos que colaboran para imponer la austeridad y la miseria.
Justo cuando esta medida de lucha comenzaba a extenderse de escuela en escuela por todo el país, un trágico accidente unió aún más al movimiento.
El 1 de febrero, el maestro de escuela pública Pablo Mas Oquendo murió al quedarse dormido mientras conducía a su casa para cambiarse entre su turno nocturno como guardia de seguridad y su trabajo diurno como maestro. Mas Oquendo tenía dos trabajos a tiempo parcial además de enseñar a tiempo completo para poder llegar a fin de mes. Su trágica muerte impulsó la discusión pública sobre las terribles condiciones de trabajo y los salarios de miseria de los educadores. Una ceremonia de duelo en la escuela de Mas Oquendo se convirtió en una protesta, dando aún más proyección al movimiento hacia el centro de la atención nacional y reuniendo la simpatía del público detrás de los maestros.
El gobernador Pedro Pierluisi, un político de derecha tremendamente impopular que recibió solo el 32% de los votos en noviembre de 2020, únicamente ha echado leña al fuego. Durante la primera semana de acciones, Pierluisi reveló su actitud paternalista hacia los trabajadores, proclamando que las acciones de los maestros “no se vuelvan a repetir” y que los trabajadores del sector público “no están obligados” a trabajar en su rubro.
Sus palabras solo fortalecieron la determinación de quienes luchan en defensa de la educación pública. Los voceros del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) aparecieron en varios noticieros de máxima audiencia, difundiendo aún más las demandas y desafiando la retórica anti-trabajador público que tan a menudo se repite en los medios. Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR, le respondió a Pierluisi en el noticiero de máxima audiencia, diciendo “usted tampoco está obligado a ser gobernador”, adelantando un llamado a la renuncia del gobernador.
Muy pocas personas en Puerto Rico confían en el mismo gobierno que ha cerrado cientos de escuelas, todavía no ha reparado las escuelas dañadas por huracanes y terremotos, no ha proporcionado a las comunidades edificios escolares resistentes a los terremotos o con ventilación adecuada durante la pandemia, y continúa abusando de las mismas personas que educan y cuidan a nuestros niños. Frente a los continuos ataques, los educadores se han cansado de ser maltratados, y su determinación de luchar por sus derechos solo se ha fortalecido.
Las protestas fueron creativas y contagiosas, se extendieron rápidamente de una escuela a otra en forma de “sick-out” continuas, piquetes enérgicos frente a las escuelas, cacerolazos, vigilias de luto por la muerte de la educación pública, marchas por pueblos y plazas públicas y paros laborales de otros trabajadores del sector público. Las demandas de los educadores cobraron tanto impulso que los políticos locales se vieron obligados a comprometerse con su apoyo al movimiento. Los llamados a la legislatura para retrasar un pago de $10.8 millones a Wall Street por la deuda ilegítima de Puerto Rico tuvieron éxito.
Lo que comenzó como una enérgica defensa de las pensiones de los trabajadores públicos se convirtió en el paro laboral de educadores más grande en los últimos 10 años en Puerto Rico, con el 90% de los educadores reportándose enfermos y más de 45,000 educadores, otros trabajadores del sector público y comunidades escolares enteras marchando a la capital el 9 de febrero.
Apenas unas semanas antes los políticos habían afirmado que no había fondos disponibles para pagar los aumentos salariales o la jubilación de los educadores puertorriqueños. La aplastante deuda que Washington ha impuesto a través de la dictatorial Junta de Supervisión Fiscal —conocida en Puerto Rico como la “junta”— ha sido utilizada una y otra vez como excusa para legitimar la privatización y aniquilación de las pensiones del sector público y posponer indefinidamente los aumentos a los educadores y otros trabajadores del sector público.
Pero después de dos intensas semanas de lucha sostenida, los educadores que no habían tenido un solo aumento en 14 años y cuyo salario básico era de $1,750 al mes, ganaron un aumento de $1,000, lo que demuestra que, tal como lo venían diciendo los activistas, el dinero había estado ahí todo este tiempo. Los educadores han demostrado que cuando hay voluntad política, hay un camino, dando vida a las palabras de Eugenio María de Hostos, el educador e independentista puertorriqueño: “No hay victoria sin lucha, ni lucha sin sacrificio”.
Pero si el gobierno de Puerto Rico cree que ha apaciguado a los educadores con un aumento de $1,000 al mes, les aguarda un duro despertar. En todo caso, la victoria salarial solo ha hecho que las y los maestros sean más conscientes de su poder social para generar cambios. Una de las consignas del movimiento engloba el poder que ejercen los trabajadores de la educación al retener su labor: “Sin Maestros y maestras el país se paraliza”. En las próximas semanas, los educadores mantendrán su vigilia sobre los políticos. No han olvidado lo que les empujó a salir a la calle en primer lugar: defender su derecho a una jubilación digna.
Pero los educadores en Puerto Rico se enfrentan a un desafío formidable y necesitan la solidaridad de los hermanos sindicales a nivel internacional. No solo están en negociaciones con sus patrones en el gobierno y el Departamento de Educación, sino que también están luchando contra la junta que gobierna con puño de hierro desde 2016, utilizando su autoridad para derrocar la autonomía puertorriqueña.
Las y los docentes se movilizan contra todo el peso de los buitres de Wall Street, que harán pagar a los trabajadores puertorriqueños la deuda ilegal e ilegítima que ellos no crearon. Los educadores (que ya son desproporcionadamente mujeres y realizan tanto trabajo para ayudar a reproducir y mantener la vida) ahora también tienen el peso de detener el plan de la junta para equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de todos los trabajadores.
La FMPR, junto con otros sindicatos de FADEP, han sido convocados a la capital para negociaciones sobre la jubilación de los educadores, pero hasta el momento no hay concesiones sustanciales por parte del gobierno. A pesar del aumento salarial, los problemas por los que los educadores han estado luchando durante años todavía están sobre la mesa, y el gobierno, bajo la presión de la junta, ha mostrado pocas señales de retroceder.
El plan actual elevaría la edad de jubilación a 63 años y recortaría y congelaría las pensiones, dejando a los educadores con un 401k financiado por los miembros, que sin las contribuciones del empleador es poco más que una cuenta de ahorros. Hay rumores de que el gobierno podría aceptar contribuir a los 401ks de los miembros, pero los educadores públicos rechazan la privatización de sus pensiones.
Todo esto sucede mientras el gobierno puertorriqueño decide si aprobará o no la liberación del primer pago de $10 millones como parte del Plan de Ajuste de Deuda (DAP) de la Junta. El plan, que trasladará la carga a quienes ya han pagado el precio de la crisis económica, está programado para entrar en vigencia el 15 de marzo de este año. Si el gobierno puede seguir retrasando los pagos del DAP, la FADEP seguirá adelante con una demanda en defensa de sus pensiones, que han presentado en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos.
Durante las próximas semanas, la FMPR, junto con sus aliados en otros sindicatos del sector público, continuará presionando al gobierno de Pierluisi para que niegue los pagos a la junta. En lugar de entregarlos a los buitres de Wall Street, estos millones de dólares deberían gastarse invirtiendo en el futuro que merecen las y los puertorriqueños. Todos las miradas están puestas en Puerto Rico donde se está haciendo historia: en el capitolio, en los tribunales y, lo que es más importante, en los edificios escolares, los lugares de trabajo y las calles.
Paul Figueroa contribuyó a este reportaje
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[1] Forma de protesta colectiva en la que las y los trabajadores se ausentan de sus lugares de trabajo reportándose enfermos.