La organización política de izquierda Marea Socialista emitió un comunicado en el que sostiene y reitera las razones que le llevaron a reclamar, en una declaración inicial, por lo que en ese momento calificó de «detenciones arbitrarias», cuando se pronunció ante el modo en que se efectuaron las recientes detenciones por el caso Carlos Lanz. En este segundo comunicado, realizan una serie de consideraciones y fundamentan sus dudas sobre las actuaciones del sistema de justicia venezolano, así como lo que perciben como «manipulaciones informativas». A continuación el comunicado:
Lo que nos hace, una vez más, ser recelosos frente a la conducta de las instituciones y agentes gubernamentales…
Consideraciones de Marea Socialista sobre el manejo oficial del caso Carlos Lanz
¿Por qué nos hemos pronunciado por el respeto al debido proceso y por qué lo seguimos haciendo?
Cuando se dieron a conocer las detenciones de los señalados como posibles responsables de la desaparición y presunto asesinato de Carlos Lanz, no se tuvo ninguna certeza de que las detenciones se habían practicado en el marco del cumplimiento de todas las garantías legales.
Sabemos que es común en los cuerpos de seguridad venezolanos, que éstos actúen sin órdenes judiciales y con métodos reprochables, de manera arbitraria y al margen de los procedimientos legales establecidos.
Fuimos desagradablemente sorprendidos, al aparecer como implicadas varias personas conocidas en los ámbitos del activismo de izquierdas, y la pareja marital de Carlos Lanz, así como una de sus hijas. Además, la mayoría de los detenidos y detenidas, eran parte o mantenían cercanía con organizaciones de la corriente política dirigida por el profesor Lanz, aunque al mismo tiempo perteneciesen o estuviesen estrechamente vinculadas al PSUV.
Nuestro reflejo, entonces, fue demandar el respeto de los derechos de los detenidos, pues es la práctica habitual que por principios mantenemos, como respuesta defensiva del movimiento popular y el activismo de izquierda, y en prevención frente a los atropellos y acciones represivas que el Gobierno y las instituciones bajo su control suelen protagonizar. Es de dominio público la frecuencia y abundancia de las prácticas abusivas y arbitrarias del Gobierno y de sus órganos represivos, o del sistema judicial venezolano. Por lo tanto, cuando suceden este tipo de acontecimientos, siempre nos ponemos en guardia.
La previa experiencia con numerosos casos así lo aconseja, como ante lo sucedido -por nombrar sólo unos pocos ejemplos- con los obreros Rodney Álvarez, Rubén González y Eudis Girot o con Aryenis y Alfredo (profesionales jóvenes de PDVSA). Casos en los que se practicaron detenciones y encarcelamientos arbitrarios o incluso se les privó de libertad por años sin poder comprobar ninguna de las imputaciones que se les hicieron, lo cual es equivalente a decir que fueron secuestrados por el Estado durante un período de tiempo.
Esta experiencia previa nos aconseja siempre ser recelosos ante las actuaciones del Estado venezolano, frente a la conducta típica de su gobierno, de su sistema judicial y de sus órganos represivos. Ante tales procedimientos reiterativos, que no denotan meros errores sino una línea de actuación política, salimos a exigir que no se practiquen detenciones arbitrarias y que se respete el debido proceso, lo cual, además es un derecho constitucional y no un crimen. Nuestro reclamo no implicaba ni implica opinar sobre la inocencia o la culpabilidad de los detenidos, para lo cual corresponde su sometimiento a juicio, siempre que se haga en los términos idóneos, con los elementos probatorios que deben soportar cualquier imputación y conclusión judicial.
Percibimos como algo inquietante que, después de dos años de silencio y de aparente parálisis en torno a este caso, se actúe ahora de una manera que luce atropellada y que no genera confianza en absoluto. Se emite primero una acusación contra varias personas, incluida la pareja de CL, sus hijas, unos trabajadores, y de quien había sido colaborador de Lanz, Tito Viloria; todo ello a partir de la «confesión» del supuesto encargado, por la Sra. Cumare, de organizar el complot para ejecutar un crimen por sicariato. Pero esto se hace directamente ante los medios de comunicación antes que por la vía de los tribunales. Y dicha confesión carece, hasta este momento, de la corroboración de los hechos, al faltar todavía la localización del cuerpo de la víctima, el arma homicida, los elementos para las pruebas balísticas, y sin haber presentado la verificación técnica de ningún rastro.
Entretanto, las informaciones son mostradas de una manera que causa la impresión de obedecer a la intención de salpicar o malponer, tanto al Comité de Búsqueda de CL (por la obvia pertenencia al mismo de la esposa del desaparecido), como a aquellos agrupamientos que exhiben alguna orientación crítica o no se disciplinan por completo al Gobierno de Maduro-Militares-PSUV.
Es así como se habla de Tito Viloria como militante «trotskista», por haber pertenecido hace muchos años a una organización con ese enfoque; pero no se dice que es militante del PSUV desde que existe ese partido hasta el presente. ¿Por qué se nombra al trotskismo? ¿O es que se busca aprovechar para enlodar a factores políticos de izquierda que le resultan incómodos al gobierno y al partido del que es militante el acusado?
Una serie de informaciones colaterales y no relevantes son expuestas de extraña manera, para que mientras por un lado se ensalza a la figura de Carlos Lanz y se le rinden honores, por el otro, se muestra una imagen monstruosa de una parte de su entorno familiar e íntimo, y se pone bajo sospecha a los activistas políticos que el propio Lanz formó (integrantes del Comité de Búsqueda o que han abogado por la misma causa), sin esperar prudentemente a la realización del juicio.
La comisión de hechos de corrupción, que se habría producido prácticamente a la vista de la víctima, según la versión oficial; es señalada sin que se abran averiguaciones para tirar del hilo que pueda despejar una posible trama de corrupción en el INCES como institución del Estado, que debería ser, como muchas otras, objeto de contraloría social, de auditoría y de observación por parte del Contralor General de la República (que, por cierto, es de Aragua).
Al conjunto de seguidores de Lanz se les descalifica frente a la opinión pública, cuando es natural y lógico que si un líder político desaparece, los simpatizantes y amigos se organicen junto a los familiares más cercanos de la víctima. Por lo tanto, no se justifican en absoluto los comentarios y hasta una campaña para señalar, descalificar y casi criminalizar a quienes levantan su voz en favor de una adecuada investigación, del respeto al debido proceso, de la información veraz y oportuna.
Basta ver el despliegue de mensajes de los habituales tuiteros y operadores del PSUV y del Gobierno en las redes sociales, para darse cuenta de que hay toda una línea contra todos aquellos que osan dudar, así sea parcialmente, de las versiones y procedimientos institucionales.
Las actuaciones más recientes, como la «confesión» del esposa de CL (Mayi Cumare), bajo condiciones cuestionables desde el punto de vista legal y de manera mediática; seguida de la liberación de una de las hijas de Lanz con MC, y de otra hija de ésta, nos hacen preguntarnos de nuevo por qué fueron objeto de detención algunas personas que ahora son liberadas.
Se acrecientan aún más las dudas al darse esta «confesión» como si fuese algo concluyente que casi cierra el caso, cuando una confesión no por el hecho de serlo está exenta de verificación y comprobación posterior. Tanto la de MC como la del delator inicial. Así que, aunque no podemos afirmar nada, tampoco podemos evitar tener la sensación de que aquí se están ocultando otros misterios, detrás de la presunta muerte por asesinato de Carlos Lanz.
Y, por todo ello, creemos que no debería dársele oficialmente por muerto si aún el cadáver y otros elementos asociados al crimen no han aparecido, a pesar de la «confesión» de los presuntos culpables, pues ello cerraría el paso a la posibilidad de no descartar otras hipótesis factibles.
De ahí que rechacemos todos los ataques que se han venido sufriendo por manifestar nuestras inquietudes sobre el caso y exigir que se maneje con pleno respeto del marco de Derecho, sin hacer uso del tema, dentro de un escenario represivo, para campañas políticas de descalificación hacia los sectores de izquierda que mantienen críticas o francas posturas de oposición hacia el Gobierno y que se ha extendido incluso hacia algunos medios informativos.
Nos extraña que el Gobierno no manifestase un claro interés en la búsqueda del desaparecido durante dos años, tratándose de una persona tan relevante y relacionada con altas esferas, pero que ahora tome a CL como un icono propio, mientras desacredita a los discípulos directos del dirigente político.
Nos preguntamos, también, cómo un experto en «operaciones encubiertas», «guerra de cuarta generación», asesoría en «inteligencia»y «defensa nacional», para cuerpos de seguridad y para la FANB, no se dio cuenta a tiempo del alcance de la supuesta corrupción y de la conspiración que se tejía contra él en su entorno más cercano, en su propio círculo familiar.
Por todo ello, pensamos que el Comité de búsqueda de CL y todo el activismo que ha sido solidario con esta causa, está en su derecho de manifestar todas sus inquietudes e interrogantes, así como sus dudas. Y, también tiene el derecho y el deber de continuar exigiendo el esclarecimiento cabal del caso, con pruebas válidas y continuar buscándo a CL hasta encontrarlo o hasta que aparezca el cadáver en caso de haber muerto realmente. Está en su derecho de mantenerse vigilante y hacer sus planteamientos para que se realice debidamente la investigación y el juicio correspondiente al caso, para que se pueda hacer justicia y librarnos de toda clase de manipulaciones.
Respeto a los derechos constitucionales y al debido proceso.
Averiguación científica e imparcial de la desaparición y paradero de Carlos Lanz, y sobre los responsables de ésta y de su presunto asesinato.
No a la utilización del caso Lanz para campañas de desprestigio del activismo de izquierda crítico con manipulaciones informativas.
Derecho a réplica para quien corresponda en los medios del Estado.