El régimen del dictador Lukashenko continúa la persecución contra el sindicalismo, las organizaciones y activistas políticos de oposición. En tal sentido, el 20 de diciembre La asociación «Salidarnast» y exiliados bielorrusos organizarán una manifestación frente a la embajada de Bielorrusia en Berlín. Ese mismo día el tribunal de Minsk comenzará a escuchar el caso contra los líderes de la Asociación de Sindicatos “Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia” (BKDP), liquidados por el Tribunal Supremo. Desde la Liga Internacional Socialista nos solidarizamos con la actividad de protesta que se realizará en Alemania y nos sumamos a la exigencia de libertad de los presos políticos y restablecimiento de la actividad de los sindicatos independientes. A continuación, reproducimos una nota de Vasyl Talash dando cuenta de la situación represiva y persecutoria que sufren los sindicatos bielorrusos. Puedes enviar pronunciamientos de apoyo al correo electrónico: salidarnast@gmail.com
“Bielorrusia es un país sin sindicatos”
“Han comenzado juicios masivos en Bielorrusia contra líderes y activistas de sindicatos libres e independientes unidos en el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia. En total, varias decenas de personas serán condenadas en un plazo de tres meses.
Se sabe que para muchos representantes sindicales que se encuentran detenidos, se han completado diligencias de investigación y se han fijado fechas para audiencias judiciales. La mayoría de las sospechas se basan en hechos de hace dos años. En el arsenal de los fiscales estatales hay una serie de artículos: participación en eventos masivos ilegales, su organización, huelgas ilegales, llamados a sanciones, actividades extremistas y traición al estado.
Tras la derrota de los sindicatos independientes en 2022, en Bielorrusia prácticamente no hay organizaciones no gubernamentales. Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia del país liquidó los últimos cuatro sindicatos democráticos. La central sindical que los unía, el Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos (BKDP), también cayó en liquidación.
Durante los últimos veinte años, estos sindicatos han estado bajo presión constante por parte de la administración y las autoridades. Sus 10.000 miembros son trabajadores que han estado bajo constante vigilancia y presión por parte de la administración. A pesar de que la dictadura personalista se aguantó cada año, los sindicatos, aunque en un ambiente agresivo, continuaron cumpliendo con sus funciones. En aquellas empresas donde operaban sus organizaciones principales, se celebraron los convenios colectivos más dignos del país: Belaruskali, Mozyr Oil Refinery, Naftan, Grodno Azot.
Durante los últimos veinte años, fue beneficioso para las autoridades tener un pequeño movimiento laboral que no pudo influir en la situación política dentro del país, pero que estaba formalmente disponible para imitar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo.
El régimen de Lukashenka ha seguido esta estrategia desde 1995. La protesta fue reprimida por la fuerza utilizando métodos de secuestro de líderes sindicales, despido de huelguistas y uso de rompehuelgas rusos. A partir de ese momento, las relaciones entre el BKDP y Lukashenko empeoraron cada año.
El siguiente pico de agravamiento de las relaciones se produjo a principios de la década de 2000, cuando los trabajadores fueron transferidos en masa a un sistema de empleo a corto plazo. A partir de ese momento, el trabajador decide en forma independiente si renueva o no el contrato con el empleador. Un par de años después, en 2002, la central sindical postsoviética, la Federación de Sindicatos de Bielorrusia (FPB), perdió sus restos de independencia y finalmente quedó subordinada a la Administración Presidencial. A partir de ese momento, su tarea principal fue controlar los estados de ánimo de protesta en el sitio de producción y detenerlos. El sistema de empleo a corto plazo y la FPB se han convertido en los principales grilletes a los pies de los trabajadores bielorrusos, que ahora están completamente bajo el control del régimen.
A partir de ese momento comenzó una destrucción más abierta de los sindicatos independientes y libres. Los hechos de no renovación de los contratos laborales de los activistas sindicales comenzaron a aparecer, y la administración comenzó a ignorar por completo a las organizaciones primarias de los sindicatos democráticos en las empresas y no permitirles participar en las negociaciones sobre la celebración de convenios. Las autoridades locales de las regiones se opusieron de todas las formas posibles al registro de nuevas organizaciones primarias.
Todos los hechos de violación de las normas internacionales del trabajo fueron registrados, recopilados y proporcionados a los representantes de la OIT. La misión de la Organización Internacional del Trabajo, en 2004, formuló doce requisitos para el gobierno de Bielorrusia, que son obligatorios para su implementación. Las autoridades no solo no corrigieron las violaciones, sino que de año en año empeoraron el entorno legal para los trabajadores.
A pesar de que cada vez era más difícil lograr la legalidad en el país, los sindicatos individuales continuaron sus actividades y, en ocasiones, con bastante éxito. En algunas grandes empresas industriales, donde operaban las organizaciones primarias del Sindicato Independiente de Bielorrusia, se concertaron convenios colectivos dignos. Ocasionalmente, se realizaron protestas en defensa de los intereses de los trabajadores. A su vez, los abogados del Sindicato Republicano de Trabajadores de la Industria Radioelectrónica de Bielorrusia defendieron con éxito los intereses de sus miembros en los tribunales y crearon un servicio legal eficaz. La atención constante de la OIT a la presión sobre los sindicatos los protegió de la destrucción total y contuvo a las autoridades bielorrusas.
Además de los contratos temporales y de la FPB, las empresas cuentan ahora con el cargo de subdirector de Trabajo Ideológico y Recursos Humanos. Las funciones de este oficial son el control de la protesta y la actividad política en la empresa, la selección del personal ideológicamente “correcto” y la destitución del personal ideológicamente “perjudicial”.
Los ideólogos tienen conexiones directas no solo con la dirección de la empresa, sino también con los departamentos ideológicos en los comités ejecutivos de distrito, el Comité de Seguridad del Estado y otras agencias de aplicación de la ley . Periódicamente reciben capacitación conjunta y comparten los resultados de sus actividades en seminarios cerrados especiales.
Los principales objetos de su actividad eran los sindicatos independientes y libres. Entonces, de 2005 a 2020, todas las organizaciones primarias en las empresas del Sindicato Libre de Bielorrusia, el Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos, el Sindicato Bielorruso de Trabajadores de la Industria Radioelectrónica fueron destruidos. El número de organizaciones de base del Sindicato Independiente de Bielorrusia se ha reducido significativamente.
La situación finalmente empeoró en la segunda mitad de 2019. El desprecio del gobierno por la epidemia de COVID-19, el estancamiento económico del país y la extrema brutalidad en la represión de las protestas contra el fraude electoral en agosto de 2020, han provocado protestas masivas en todo Bielorrusia. Según algunos informes, alrededor de 1 millón de ciudadanos participaron en ellas en el transcurso de dos meses.
Los trabajadores de las grandes empresas también participaron activamente en las protestas. En Minsk, Novopolotsk, Grodno, Zhlobin, Zhodino y otras ciudades se llevaron a cabo mítines masivos de trabajadores y demandas de elecciones repetidas. Después de un ultimátum al director general de JSC Belaruskali en Soligorsk, los trabajadores de la mayor empresa minera y química detuvieron la producción. Se formaron comités mixtos en todos los departamentos mineros y se presentaron demandas políticas ante la administración. Entre ellos, la renuncia del presidente de turno y la celebración de nuevas elecciones transparentes.
A pesar de las protestas laborales masivas en todo el país, solo los trabajadores de Belaruskali recurrieron a medidas decisivas en forma de huelga. La huelga en Soligorsk fue la única huelga registrada oficialmente durante las protestas de agosto de 2020.
Vale la pena señalar que los empleados de otras empresas, que en ese momento anunciaron huelgas, no detuvieron las empresas. Además de las reuniones individuales de los colectivos laborales, la recogida de firmas y las palabras de apoyo a los huelguistas, los trabajadores no se atrevieron a hacer más. La única excepción fue la planta metalúrgica de Bielorrusia en Zhlobin, donde un intento fallido de detener el trabajo de la fundición condujo al arresto y procesamiento penal de tres empleados de la empresa.
Cabe señalar que luego de dos días de protesta y en el propio Belaruskali, la gran mayoría de los trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo. La administración rogó a los trabajadores que detuvieran la protesta y prometió que nadie sería castigado por ello. La persuasión de la administración y la timidez de los trabajadores hicieron su trabajo. En el comité de huelga, que tenía su sede en la oficina del Sindicato Independiente de Bielorrusia en Soligorsk, una semana después de que comenzara la huelga, solo unas pocas docenas de trabajadores permanecían en huelga. básicamente se negaron a regresar a sus trabajos y después de un corto tiempo fueron despedidos. El Tribunal Regional de Minsk declaró ilegal la huelga en Belaruskali OJSC.
La situación no fue corregida por el llamado de Svetlana Tikhonovskaya el 26 de octubre de 2020 a los trabajadores de Bielorrusia para iniciar una huelga masiva. Solo unos pocos cientos de trabajadores de todas las regiones respondieron al llamado. Incluso su coraje y abnegación no empujó a los trabajadores a protestar en masa, y más aún a parar las empresas. Era obvio que la protesta masiva de los trabajadores fue sofocada.
A su vez, esta situación permitió a los ideólogos identificar a todos los insatisfechos con el régimen en empresas industriales clave. Además de las estructuras de supervisión existentes en la producción, se agregó la posición de un representante del Comité de Seguridad del Estado, que no está subordinado a la administración de la empresa, pero informa directamente a Minsk. Una de sus funciones era limpiar las empresas de manifestantes.
En los últimos dos años, cientos de activistas y miembros de sindicatos democráticos han sido despedidos con la ayuda de la administración de empresas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la fiscalía y los tribunales. Su despido se produjo mediante la no renovación de contratos de corta duración, presiones a familiares, arrestos y detenciones de trabajadores. Se realizaron cambios importantes en las leyes laborales del país, que permiten a los empleados despedir a cualquier trabajador detenido o arrestado.
Los sindicatos democráticos trataron de brindar cualquier tipo de asistencia a los despedidos y sus familias: legal, material o moral. Sin embargo, ellos mismos se han convertido en blanco de la represión. Decenas de dirigentes sindicales fueron detenidos y multados, a veces con pretextos ridículos. Y a los detenidos se les prorrogaba periódicamente su detención, al igual que la dirigente de la principal organización sindical del BNP en OAO Naftan, Olga Britikova. Su arresto se prorrogó cinco veces durante quince días, dando a entender que podría durar indefinidamente.
A principios de 2022, más de 700 organizaciones no gubernamentales y asociaciones fueron liquidadas en Bielorrusia. Se han iniciado más de 5.000 procesos penales y 35.000 administrativos contra manifestantes o quienes no están de acuerdo con los resultados electorales. Más de 1.330 personas detenidas en casos penales fueron reconocidos como activistas de derechos humanos – presos políticos.
Los sindicatos democráticos, aunque significativamente debilitados, continuaron trabajando. Durante este período, por ejemplo, el BNP perdió alrededor de la mitad de sus miembros sindicales. Las autoridades, bajo pretextos ridículos, se negaron a registrar nuevas organizaciones sindicales e iniciaron el proceso de cierre de las organizaciones existentes.
En las regiones, se liquidaron las organizaciones primarias del BNP en Bobruisk, Novopolotsk, Mozyr y Grodno. Los miembros del sindicato fueron intimidados con despidos, no renovación de contactos, detenidos por términos administrativos y los familiares de los activistas fueron aterrorizados.
La situación ha empeorado desde el 24 de febrero, cuando el actual régimen de Lukashenko brindó asistencia militar y logística al ejército ruso para la agresión contra Ucrania.
El Comité Ejecutivo del Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos (BCDP) en su llamamiento abierto condenó el ataque a Ucrania y avergonzó a las autoridades bielorrusas por ayudar a Rusia como aliada del agresor y abrir la frontera con Ucrania. El régimen no podía perdonar a los sindicatos democráticos por esta declaración.
Cabe señalar que otro factor que contribuyó al ataque a los sindicatos fue el inicio de las sanciones impuestas por la UE y EE. UU. contra el régimen de Lukashenko. El BKDP, a pesar de las constantes críticas de las fuerzas opuestas a las autoridades, se mantuvo en la posición de no aplicar sanciones contra Bielorrusia. Ya que no afectarán al régimen, sino a la situación económica de los ciudadanos. Tan pronto como las sanciones entraron en vigor, esto liberó las manos del régimen.
En abril de 2022, tuvo lugar otra ola de arrestos masivos en Bielorrusia. Se llevaron a cabo detenciones y registros en casi todas las oficinas de los sindicatos democráticos. En total, dos decenas de personas fueron detenidas. Entre ellos se encuentran el líder del BKDP Alexander Yaroshuk y su adjunto Sergei Antusevich, empleados del aparato del Congreso, la dirección y activistas del SPM, el SPB y el sindicato REP.
Un poco más tarde, los oficiales de la KGB detuvieron y arrestaron durante 30 días al presidente del BNP y al presidente interino del BKDP, Maxim Poznyakov. Se iniciaron procesos penales contra los líderes de las organizaciones primarias del BNP en Grodno y Soligorsk. Pronto, Alexander Mishuk, líder de la organización principal del BNP en Belaruskali OJSC, fue arrestado y encarcelado en una prisión de la KGB.
Paralelamente a los registros y detenciones, la fiscalía general inició la liquidación de cuatro sindicatos democráticos y la central sindical de la BKDP. Después de breves verificaciones procesales, el Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia se pronunció sobre todas las organizaciones y liquidó todos los sindicatos democráticos del país.
Lo más probable es que el régimen de Lukashenko esté contando con los problemas económicos asociados con las sanciones para provocar protestas masivas de trabajadores. Y la ausencia de sindicatos no permitirá unir y coordinar las protestas, lo que las debilitará significativamente. Además, lo más probable es que la administración de Lukashenko continúe esperando el comercio de activistas arrestados con los países de la UE y los Estados Unidos, como ocurría antes.
Como lo demostraron los eventos de la segunda mitad de 2020, las demandas políticas no se han convertido en la razón por la cual los trabajadores bielorrusos están masivamente dispuestos a pagar con sus trabajos o libertad. Esto fue evidente en empresas donde el nivel de salarios y protección social es bajo.
La crisis política está surgiendo paulatinamente a otros entornos: económico y humanitario. En este momento, los trabajadores bielorrusos están optando por la emigración laboral para cambiar su situación. No todo el mundo es capaz de esto, y se vuelve más difícil. Por lo tanto, el régimen totalitario de Lukashenko se enfrentará a la perspectiva de protestas laborales masivas e incontroladas en un futuro próximo. En la ola de la cual, tal vez, comience una nueva etapa del movimiento obrero en Bielorrusia, que puede conducir a un renacimiento del movimiento obrero”.