Israel: gobierno de ultraderecha y tensión social

Las primeras medidas del nuevo gobierno ultrasionista, racista y teocrático de Benjamin Netanyahu están generando una creciente tensión política y social en Israel y toda la región. Aquí, un primer análisis.

Pablo Vasco

El 1º  de noviembre pasado, en el Estado de Israel ganó las elecciones legislativas el partido derechista y antipalestino Likud, que hizo alianza parlamentaria con cinco socios ultraderechistas y ultra-religiosos: Shas (sefaradíes), Judaísmo Unido de la Torá (askenazíes), Sionismo Religioso y Poder Judío (abiertamente racistas y anti-musulmanes) y Alegría (anti-LGBT). Con 64 diputados sobre un total de 120, dicha alianza logró mayoría para formar gobierno y nombró como primer ministro a Netanyahu, que ocupa ese cargo por tercera vez.

En esta elección, que fue la quinta en tres años por la alta inestabilidad económica y política del país, hubo un voto castigo por derecha al gobierno anterior de Yair Lapid, que aplicó planes de ajuste. Su partido Hay Futuro, de centroderecha laica, quedó ahora con 24 bancas de las 56 de oposición. Otras dos fuerzas similares, Unidad Nacional e Israel Nuestra Casa, suman 18. Y toda la “centro-izquierda” sionista bajó: el laborismo de 7 diputados a 4, las dos listas árabes de 12 a 10 y los socialdemócratas e islamistas quedaron afuera al no superar el piso del 3,25%.

La ultraderecha en el gobierno

El actual gobierno encabezado por Netanyahu es el más fascista de la historia desde que se creó el Estado de Israel, en 1948. Veamos algunas de sus medidas y proyectos reaccionarios:

  • Aplicar una reforma para someter la Corte Suprema y todo el sistema judicial al poder político: el parlamento, por mayoría simple, podría anular fallos del tribunal supremo o promulgar leyes que éste considere inconstitucionales.
  • El gobierno tendría la facultad de nombrar jueces y se eliminaría el cargo de fiscal general. Así Netanyahu podría nombrar su propio fiscal del Estado, buscando eludir su procesamiento por corrupción. Y se reactivaría la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, con miras a su anexión.
  • Subordinar la policía al ministro de Seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, discípulo del rabino racista Meir Kahane y que tiene ocho condenas por incitar al racismo y al terrorismo anti-palestino. Ben-Gvir plantea “moderar” la normativa sobre fuego abierto para facilitar el gatillo fácil y también controla la guardia nacional, una milicia civil de reserva anti-palestina.
  • Prohibir la exhibición de banderas palestinas en instituciones financiadas o que reciban subsidios del Estado israelí, como las universidades. Aunque aún no están prohibidas, hoy la policía retira del espacio público toda bandera palestina.
  • Preparar una reforma política para prohibir toda lista o candidatura “que niegue la existencia del Estado de Israel como Estado judío y democrático o apoye el terrorismo”. A la vez, anular la prohibición a las listas y candidatos que postulen la supremacía judía.
  • Imponer la pena de muerte a los “terroristas” palestinos, definición que incluye como terrorista a quien tira piedras contra soldados israelíes armados.
  • Revocar la ciudadanía israelí o la residencia a quien reciba subsidios de la Autoridad Palestina.
  • Legalizar la actual prohibición de hecho a ciudadanos palestinos de residir en ciudades o barrios exclusivamente judíos. Negar permisos de construcción a palestinos y sirios en Jerusalén, Cisjordania, el Naqab y los Altos del Golán.
  • Gravar las donaciones de ONG extranjeras a entidades civiles de solidaridad pacífica con Palestina, lo que afectaría a grupos sionistas liberales o anti-ocupación (Paz Ahora, Fondo Nuevo Israel, Romper el Silencio).
  • Por el pacto con los partidos ultra-religiosos, la alianza se compromete a aumentar los subsidios estatales a los colegios judíos, permitir los subsidios a eventos separados por sexo y negarse a que Israel firme la Convención internacional de Estambul contra la violencia de género.

Semejante plataforma alienta el más violento fanatismo sionista. En un debate parlamentario, la diputada Har-Melech (Poder Judío) propuso pena de muerte al árabe que mate a un judío, pero cadena perpetua al judío que mate a un árabe. El diputado Pindrus (Judaísmo Unido) declaró: “Mi sueño sería volar la sede de la Corte Suprema”. Dos diputados de Sionismo Religioso proponen legalizar la negativa a dar atención de salud y otros servicios a personas LGBT. El diputado Smotrich, líder de Sionismo Religioso y anti-LGBT, propone separar en las maternidades a los bebés judíos y árabes. El concejal sionista Yonatan Yossef se paseó por un barrio árabe de Jerusalén al grito de “queremos una nueva Nakba”, o sea un nuevo genocidio palestino…

La reacción popular

El pasado sábado 21, a pesar de la lluvia, en la plaza Habima de Tel Aviv, por tercera vez consecutiva más de 110.000 personas -en una ciudad que no llega al medio millón- participaron de un acto en repudio al nuevo gobierno y a su “ataque golpista contra la democracia”. También hubo protestas en Jerusalén, Haifa, Beersheba y varias otras ciudades del país.

En la concentración se vieron banderas palestinas y palestino-israelíes pacifistas, banderines LGBT y pancartas que comparaban al ministro de Justicia Levin con los nazis o que expresaban “Palestina libre del dominio colonial sionista” y otras consignas críticas hacia el gobierno de Netanyahu. La tensión tiende a crecer.

La ofensiva sionista no sólo va contra los árabes en general y los palestinos en particular, sino también contra los judíos religiosos o laicos que cuestionen al sionismo. Es el caso de la rama religiosa ortodoxa Neturei Karta, que se opone al Estado de Israel y defiende la autonomía de Palestina. Como días atrás algunos de sus rabinos se reunieron en solidaridad con dirigentes palestinos en el campo de refugiados en Jenín, luego fueron detenidos por la policía israelí.

Con Israel no hay paz posible

Israel nació a sangre y fuego, expulsando a los palestinos nativos, robándoles sus tierras y cometiendo un genocidio que sigue hasta hoy. Desde entonces les usurpó más y más territorio, confinándolos a Gaza y Cisjordania, zonas de alta pobreza cuyas fronteras, rutas, agua, electricidad, aprovisionamiento y espacio aéreo están bajo control militar israelí. Israel ha incumplido los Acuerdos de Oslo y 30 resoluciones de la ONU, cuya Comisión de Derechos Humanos reconoce que comete apartheid, o sea discriminación y racismo. Es el único Estado del mundo en donde es legal la tortura, bajo el eufemismo de “presión física moderada”.

Desde 2016, la sionista Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocaustro (IHRA, según sus siglas en inglés) impulsa a nivel global una definición de antisemitismo que lo iguala a antisionismo. Así pretende silenciar toda crítica al Estado genocida de Israel, como lo demuestra la querella de la DAIA a nuestro compañero Alejandro Bodart por sus tuits críticos cuando meses atrás la policía israelí asesinó a sangre fría a la periodista palestina Shireen Abu Akleh.

En 2018, Israel endureció una de sus llamadas leyes básicas, de rango constitucional, para autodefinirse como el Estado nacional del pueblo judío, imponer el hebreo como único idioma oficial -ya no el árabe-, reconocer el derecho a la autodeterminación sólo a los judíos, valorar como interés nacional e impulsar los asentamientos sionistas ilegales en áreas palestinas, y designar capital a toda Jerusalén, violando el criterio de la ONU de compartirla con Palestina. Las actuales medidas de la ultraderecha son la continuidad lógica de ese avance. Por eso es tan falsa la opción de dos Estados, uno israelí y otro palestino: el opresor jamás convivirá en tregua con el oprimido.

La única salida para lograr una paz genuina en toda la región es disolver el Estado de Israel y establecer una Palestina laica y democrática en todo el territorio histórico, desde el río Jordán hasta el Mar Mediterráneo y con capital en Jerusalén, como parte de una federación de repúblicas socialistas de Medio Oriente. El camino para lograrlo es la lucha conjunta de la heroica resistencia palestina y los pueblos árabes de la región, más el apoyo de los judíos democráticos antisionistas que son parte de quienes hoy se movilizan en Israel contra el gobierno de Netanyahu y la ultraderecha.