Por Lorena Perdomo, Comité de unificación GTS – Impulso Socialista
La reforma a la salud ha tenido un gran debate público, no solo porque es uno de los temas más sensibles para la clase trabajadora y sectores populares en Colombia, sino por el papel de los grandes negociados y empresas que se enriquecen a costa de un sistema de salud obsoleto e ineficiente.
La enfermedad de la ley 100
Desde la ley 100, la tercerización de los servicios de salud en manos de empresas intermediarias llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) ha significado la privatización del sistema de salud, haciendo que paulatinamente se desfinancien los hospitales públicos, al punto de generar la quiebra y desaparición de muchos de ellos en todo el territorio nacional. Un ejemplo significativo en la memoria ha sido el antiguo hospital San Juan de Dios.
Esto ha llevado a la fragmentación del sistema de salud, el cual ha profundizado las brechas de desigualdad, ya que está conformado por un conjunto de instituciones y mercados que a través de los regímenes especiales, régimen contributivo, régimen subsidiado y un sistema de atención mediante la oferta de hospitales públicos para la población no afiliada presta servicios de manera inequitativa. Esto quiere decir que, si bien hay una afiliación masiva a los diferentes regímenes, la cuestión es que esta afiliación se realiza a una EPS privada que administra los recursos del estado para generar ganancias en deterioro de la prestación del derecho a la salud.
Bajo este tipo de modelo de salud, quienes tienen mayor poder adquisitivo y pueden pagar mejores servicios de salud pueden tener el privilegio de no morir y recibir una atención más integral, mientras que la población del régimen subsidiado o no afiliado debe someterse a EPS con pésimos servicios y hospitales públicos desfinanciados. En esto el Plan Obligatorio de Salud (POS) es un mecanismo impuesto por estos negociados de la muerte, que restringen cada vez más los servicios que deben cubrir para salvar vidas y excluyen tratamientos con el objetivo de cobrar un monto más por ellos.
Un dato importante, es que el 50,5% de los y las colombianas, casi 26 millones de personas se encuentran en el régimen subsidiado, es decir el más precario, mientras que el 45,1%, más de 23 millones de personas están en el régimen contributivo[1], un régimen donde están la mayor parte de trabajadores formales e informales que pueden cotizar, sin embargo, los servicios son pésimos. Es tal la crisis del sistema de salud que la mortalidad evitable es un indicador clave: Durante el periodo 1998-2011 se reportaron en Colombia un total de 2’677.170 muertes, 1’427.535 (53%) correspondieron a causas clasificadas como evitables[2].
La limitada propuesta del gobierno
Ante este trágico panorama que ha dejado la ley 100, se necesita un cambio urgente. Sin embargo, la reciente propuesta radicada en el congreso por parte de la Ministra de salud y seguridad social Carolina Corcho, tiene como principal problema la política de conciliación de clases que promueve el gobierno de Petro, ya que, a pesar de la fuerte propuesta de la ministra para terminar con las EPS y la intermediación, el gobierno se reunió con representantes de las mismas con el objetivo de llegar a un acuerdo que les garantice sus ganancias.
La actual propuesta del gobierno plantea un modelo de salud con base en los determinantes sociales del proceso salud – enfermedad, ya que pretende avanzar en un modelo que aborde las causas sociales de las enfermedades y no reduzca la atención únicamente en el tratamiento de las mismas, por lo cual sería un modelo más preventivo bajo la consigna de un fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud con equipos interdisciplinarios en el territorio nacional. Si bien esto podría ser progresivo, el problema se encuentra en quienes y como se va a ejecutar dicha propuesta si las EPS siguen existiendo y priorizan sus ganancias por encima del derecho a la salud.
La propuesta del gobierno plantea crear un Fondo Único Público de Salud administrado por el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema de Salud) para que los recursos lleguen directamente a los Hospitales o instituciones prestadoras de salud, lo cuales se llamarían CAPS (centros de atención prioritaria en salud), en este caso, las personas ya no pedirían citas en las EPS sino directamente en los CAPS sin cuota moderadora. Esto suena bastante bien, pero ¿Cuál fue la negociación del gobierno con los representantes de las EPS? El acuerdo es que las EPS puedan construir y administrar algunos de estos CAPS, cuestión que mantendría el uso de recursos públicos en manos de privados que tienen como fin maximizar sus ganancias.
Es seguro que con la nueva reforma a la salud el modelo cambiaría y las EPS no serían lo que hoy conocemos, pero no terminaría de resolver el histórico problema de la salud como negocio y no como derecho fundamental. Si bien la reforma plantea que las EPS deben pasar sus afiliados a los CAPS para ser atendidos, ¿Qué pasaría con los afiliados de las EPS que administren y construyan sus propios CAPS? ¿Sería una nueva forma de mantener la intermediación?
Por otro lado, recuperar el sistema de hospitales públicos del país en infraestructura y tecnología implica una inyección muy alta de recursos, extremadamente necesario y urgente. En este caso, el proyecto de reforma propone que las fuentes de financiamiento del nuevo Fondo Único Público de Salud sea a partir de los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos de una partida anual del Presupuesto General de la Nación (PGN), los recursos provenientes del impuesto a la compra de armas, los recursos provenientes de las cotizaciones para la seguridad social en salud correspondientes a salarios de los empleados o trabajadores dependientes, los recursos provenientes de las cotizaciones a la seguridad social en salud de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes y rentistas de capital, los recursos provenientes de las cotizaciones de los pensionados y el dos por ciento (2%) del aporte a las Cajas de Compensación Familiar. Como podemos ver, son varias las fuentes de financiación, la cuestión aquí, es que, con base a la reforma tributaria, estas fuentes de financiación estarían respaldadas principalmente por lo que aportan los y las trabajadoras y no sobre el peso de los grandes capitalistas y empresarios, ya que nunca se propuso el impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas y somos les trabajadores quienes sostenemos el sistema tributario y las fuentes de financiación de este nuevo modelo de salud. Cuestión que sigue manteniendo la desigualdad.
Por último, la reforma no dice nada de las garantías laborales de los y las trabajadoras del sector salud quienes tenemos en las instituciones del estado contratos precarizados de prestación de servicios (86%), contratos de planta temporal, contratos por hora labor o contratos de libre remoción y nombramiento, los cuales no son garantía de estabilidad laboral, son sinónimo de multiempleo. Durante la pandemia nos decían héroes, pero nos trataban como descartables. Incluso teniendo en cuenta que la sentencia T – 338 plantea que los contratos de prestación de servicio NO deben darse para trabajos misionales y permanentes como los que se realizan en el sector salud.
Quienes se movilizan contra el gobierno, pero a favor de la salud como negocio
La oposición pro capitalista y empresarial, que incluso en representación de Uribe promovió la ley 100 y la privatización del sistema de salud se moviliza y llama en los medios de comunicación a defender las EPS y el sistema de salud precario. Definitivamente quienes cuestionamos al gobierno por no tomar medidas más profundas a favor del pueblo, debemos rechazar las expresiones políticas y de movilización de esta oposición reaccionaria que va en contra de nuestros derechos. Llamamos a los sectores populares y de trabajadores que ven limitado a este gobierno a no movilizarse con este sector de oposición que busca mantener el pasado, por el contrario, proponemos un camino de lucha con independencia política y de clase.
El sistema de salud que necesita la clase trabajadora y el pueblo
Por más buenas ideas, la política de conciliación de clases del gobierno no va a dar buenos frutos. Es posible que veamos un revolcón del sistema de salud, pero no logre transformar el negocio en derecho, ya que sigue manteniendo los privilegios de los negociados y empresas de la salud que nos han traído a la actual crisis. Es por esto que las y los revolucionarios debemos mantenernos firmes con las exigencias del pueblo colombiano en contra de la ley 100 y por la desaparición de las EPS incluso proponiendo cambios que vayan más allá para solucionar el problema de la salud.
Los y las revolucionarias proponemos para el pueblo colombiano, exigirle a este gobierno:
- Terminar con la ley 100.
- Por un sistema de salud completamente público, gratuito y universal bajo control de trabadores y usuarios.
- Expropiación de los espacios físicos y tecnológicos de las EPS e IPS privadas.
- Fortalecimiento del sistema público de hospitales con altos estándares de calidad técnica, tecnológica y humana.
- Aumento de los servicios de salud a nivel nacional con garantías de acceso a sectores empobrecidos de las ciudades, campesinos, indígenas y afros de los territorios.
- Por un sistema de salud al servicio de la prevención y la cura de la enfermedad. Implementar procesos de Atención Primaria en Salud en todos los territorios del país con total democracia de las comunidades y les trabajadores.
- Por el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras de la salud que hoy tienen contratos de prestación de servicios, por hora labor, planta temporal y de libre remoción y nombramiento.
- Por el aumento del personal de salud con todas las garantías laborales en todo el territorio nacional, para atender de forma hospitalaria y en salud pública en los territorios. Fortalecimiento de la formación media y técnica en salud, en todas las universidades públicas y el SENA
16 de febrero del 2023
[1] Datos tomados de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
[2] Tomado de: Informe 3. Mortalidad evitable en Colombia https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/3.%20Mortalidad%20evitable.pdf