Después de los avances en derechos de género logrados en muchos países al calor de la cuarta ola feminista de 2015 a 2019, hay un reflujo en la movilización. Estamos ante una contraofensiva de sectores reaccionarios, una “cruzada” antiderechos: gobiernos, Estados y políticos capitalistas coinciden con fundamentalistas religiosos para atacar todo progreso de las mujeres y personas LGTB+. La tarea es frenar y derrotar ese ataque, como parte de la lucha contra el sistema capitalista patriarcal, padre de todas las violencias.
Por Zuleika Matamoros (Venezuela), Itzel Fajardo (Nicaragua) y Pablo Vasco (Argentina)
¿En qué consiste tal ofensiva?
Organizada como lobby conjunto o convergente de los conservadores políticos y religiosos de distintos credos, el ataque global a los derechos de género actúa a la vez en tres planos: 1) económico, al recortar los fondos de las áreas públicas ligadas a tales derechos; 2) parlamentario, a fin de derogar las leyes protectivas; y 3) político-ideológico, con campañas de propaganda sistemáticas. Demos un vistazo a una docena de países de varios continentes, como ejemplo de estos ataques.
- EE.UU. En junio 2022, la Corte Suprema revirtió el fallo Roe vs Wade, de 1973, que reconocía el derecho al aborto. Éste fue ilegalizado en varios Estados que gobierna el Partido Republicano. En Florida, se aprobó en abril una ley que prohíbe la mayoría de los abortos tras seis semanas de gestación y la junta educativa endureció la ley conocida como “don’t say gay”, que prohíbe abordar en la escuela primaria y secundaria temas de orientación sexual e identidad de género.
- Costa Rica. El aborto terapéutico es legal desde 2019, pero hoy es un derecho en riesgo. El gobierno de Rodrigo Chaves Robles, protestante evangélico y aliado de grupos religiosos antiderechos, quiere sustituir esa norma por otra de “atención integral a la mujer y el niño por nacer”, más restrictiva. Reduce las causales a “peligro real, serio o inminente a la vida” de la mujer o el feto y excluye proteger la salud integral de la mujer. Dispone buscar la viabilidad extrauterina del feto y exige el consentimiento informado del “cónyuge o padre del nasciturus” como testigo.
- Nicaragua. Por el pacto entre la dictadura de Ortega-Murillo y la cúpula de la Iglesia Católica -que también negocia con la oposición pro imperialista-, el aborto sigue prohibido. El Código Penal prevé penas de prisión para las mujeres o niñas que aborten y para el personal de salud interviniente. De las más de 300 organizaciones ilegalizadas en los últimos años, unas 40 son de defensa de derechos de las mujeres y personas LGBT+.
- Irán. El año pasado, el asesinato de la joven Mahsa Amini a manos de la policía moral por no usar el velo islámico obligatorio, desató una rebelión feminista y popular. La dictadura islamista de los mullah respondió con una durísima represión, que hasta incluyó intoxicaciones en colegios secundarios cuyas alumnas participaron de las protestas. En abril, la policía religiosa reforzó el control con sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial, y clausuró 150 comercios por atender mujeres sin velo.
- Israel. El Estado sionista venía manteniendo una política de pinkwashing como parte de ocultar su opresión genocida al pueblo palestino Pero desde fin de 2022, cuando asumió el gobierno la coalición ultraderechista de Netanyahu y varios partidos ultra-religiosos, aumentaron los subsidios públicos a los colegios judíos, permiten subsidiar eventos separados por sexo y se niegan a que Israel ratifique la Convención Internacional de Estambul contra la violencia de género.
- Uganda. En marzo, el presidente dictatorial Yoweri Museveni promulgó una nueva ley contra la comunidad LGBT+ con penas de cadena perpetua por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, 20 años de prisión por “promover las relaciones homosexuales” y hasta pena de muerte por “agravamiento” o “reincidencia” con menores o transmitir VIH. Según sus defensores, la ley protege “la cultura nacional y sus valores” ante la “colonización homosexual occidental”.
- Unos días después, en Entebbe, la capital, se realizó la 1a Conferencia Interparlamentaria Regional Africana “sobre los retos mundiales para la proteger la infancia, la familia, la cultura y los valores africanos”, con auspicio de la entidad antiderechos yanqui FWI, para luchar contra la educación sexual integral, el derecho al aborto y los derechos LGBT+.
- Kenia. A tono con dicha ley ugandesa, el diputado George Kaluma, del supuestamente “progresista” Movimiento Naranja, anunció la presentación de proyectos de ley para “penalizar y castigar la homosexualidad, otros actos sexuales antinaturales, y su promoción”. Como el Código Penal establece penas pero no se suelen aplicar, propone endurecer y efectivizar los castigos.
- Tanzania. Desde febrero, el ministro de Educación empezó a prohibir libros sobre educación sexual que considera inaceptables por “promover ideas contrarias a la cultura y la moral del pueblo” e instó a los padres a revisar las mochilas de sus hijos para asegurarse de que no tengan dichos textos. Desde 2017, el Ministerio de Salud difunde que “científicamente la homosexualidad no existe”.
- Italia. En marzo, la primera ministra de ultraderecha Giorgia Meloni prohibió a los registros civiles inscribir adopciones por parejas del mismo sexo. Los padres y madres LGBT+ no biológicos serán omitidos retroactivamente de las actas de nacimiento de sus hijas e hijos. Según esta defensora de “dios, la patria y la familia” no derogará la ley de aborto, pero impulsa políticas restrictivas de ese derecho y natalistas.
- Polonia. En enero 2022, con apoyo del presidente ultraderechista Andrzej Duda y la Iglesia Católica, se limitó el derecho al aborto al entrar en vigor una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaró inconstitucional en caso de malformación grave del feto. Hay unas 80 provincias y ciudades que se declaran “libres de ideología LGBT+”, aunque otras retrocedieron ante la presión social.
- Hungría. En 2020, una ley prohibió el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans e intersexuales. En 2021 se prohibió “exhibir todo contenido que promueva la reasignación de sexo o la homosexualidad”, sobre todo a nivel escolar. Hay derecho al aborto hasta la semana 12, pero en setiembre 2022 un decreto del gobierno ultraderechista de Viktor Orbán obliga a la mujer a escuchar antes el latido del feto. En febrero se aprobó una ley que permite denunciar anónimamente ante las autoridades a las familias homoparentales.
- China. Hasta 2015, para limitar el avance demográfico, la burocracia capitalista impuso la política de “un solo hijo”, de preferencia varón. Pero como eso envejeció a la población y el gobierno requiere más mano de obra por su competencia interimperialista con los EE.UU., desde 2016 cambió a la línea de “dos hijos” y en 2021 a la de “tres hijos”. Hace campañas en favor de la “familia socialista” y en varias provincias se limitó el derecho al aborto.
A estos ejemplos podemos sumar otros países cuyos regímenes autoritarios redoblan su ataque a los derechos de género, como Putin en Rusia o Erdogan en Turquía. Interesa también conocer qué organizaciones hacen campañas antiderechos.
Algunas usinas antiderechos y su financiamiento
Detrás de esas políticas de Estado reaccionarias hay entes privados e intergubernamentales de derecha, tanto políticos como religiosos y con importantes fuentes que los financian. Según el completo informe Derechos en riesgo 2017 y 2021[1], hay nueve actores principales, que construyen redes para concentrar poder e influir en sus propios países, extenderse a otros y en instancias globales como la ONU. Ellos son:
- Vaticano. Estado teocrático de la Iglesia Católica, que lidera el Papa. De ella dependen el Opus Dei y cientos de entidades religiosas educativas, de salud, comunicación y caridad en todo el mundo. Financiada por muchos Estados, posee miles de inmuebles, es accionista de numerosas empresas y bancos, sus proyectos incluyen la incidencia política global y forma cuadros para insertarlos e influir en todos los ámbitos posibles. Hace campañas permanentes para difundir su ideología antiderechos.
- Iglesia Ortodoxa Rusa. Íntimamente vinculada al gobierno autoritario de Vladimir Putin, recibe fondos del Estado ruso y promueve los “valores tradicionales” del patriarcado en dicho país y también en las naciones vecinas que están bajo su influencia.
- Organización para la Cooperación Islámica. Segunda mayor entidad intergubernamental del mundo, luego de la ONU. Compuesta por 51 Estados de confesión musulmana, tiene seis países observadores, entre ellos la República Centroafricana, Rusia y Venezuela. Entre sus objetivos está “cuidar y fortalecer a las familias” y “establecer condiciones para que los niños musulmanes puedan estar orgullosos de su nación, su país y su religión”.
- Congreso Mundial de las Familias (WCF). Organización de origen conservador cristiano estadounidense, defensora de la “familia natural” y del “orden natural de la estructura familiar que es común a través de las culturas”. Apoya la criminalización de las relaciones homosexuales y sostiene un equipo académico antiderechos.
- Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam). Fundada originalmente en Nueva York como Instituto Católico, su misión es “defender la vida y la familia en las instituciones internacionales”. Defiende una postura ultraconservadora sobre el derecho internacional contra lo que llaman “ideología feminista” y entre sus miembros están Rusia y Bielorrusia. Su rol fue clave en derogar el fallo Roe vs Wade y restringir los derechos LGBT+.
- Observatorio Internacional de la Familia (FWI). Con sede en Arizona, responde a la derecha cristiana mormona, incide en ámbitos internacionales usando los derechos humanos como excusa, dice actuar en 170 países y es una de las promotoras clave de las “guerras culturales” anti-LGBT+ desde los EE.UU. a los países africanos, como Kenia, Nigeria y Uganda.
- Alianza Mundial de la Juventud (WYA). Fundada en Nueva York, tiene filiales regionales en Kenia, Filipinas, Bélgica, México y Líbano. Dice “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Actúa en un centenar de países y hace incidencia sobre la ONU, la OEA y la Unión Europea, además de programas de educación y participación cultural antiderechos.
- Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF). Fundada en los EE.UU. por sectores de la derecha cristiana, su misión es “mantener las puertas abiertas para el Evangelio, abogando por la libertad religiosa, la santidad de la vida humana, la libertad de expresión, y el matrimonio y la familia”, en base a que “Dios creó a cada persona con un sexo biológico inmutable”. Es la principal entidad antiderechos en Norteamérica.
- CitizenGo. Fundada en España en 2013 con su filial HazteOír, su estrategia es internacional. De derecha cristiana, su misión es “defender y promover la vida, la familia y la libertad”. Incide en instituciones y gobiernos de 50 países de tres continentes, con campañas contra el derecho al aborto, la educación sexual y los derechos LGBT+. Desde 2019 tiene ligazón estrecha con el partido español de ultraderecha Vox.
No son las únicas, desde ya. Por caso, la red de derecha cristiana Agenda Europe actúa en 30 países para “restaurar el orden natural”. En los países dependientes, en donde existe un arraigado y legítimo sentimiento popular antiimperialista, los antiderechos afirman que sus acciones son “contra el imperialismo cultural y la colonización ideológica occidental”.
Acerca del financiamiento, “la Qatar Foundation, de la familia real de Qatar, financia al Instituto Internacional de Doha para la Familia y el Desarrollo. Dos financiadoras ultraconservadoras importantes de Rusia son el fondo Istoki Endowment, dirigido por el empresario Vladimir Yakunin, y la Fundación de Caridad San Basilio el Grande, creada por el empresario Konstantin Malofeev. Ambas financian proyectos para promover los ‘valores tradicionales’…” Asimismo, como las entidades religiosas son “sin fines de lucro”, derivan fondos sin control estatal a las fundaciones y políticos antiderechos.
También reciben aportes de corporaciones como la cervecera Coors, la alimenticia Shamrock Foods, las de telecomunicaciones AT&T y Comcast, la naviera UPS, la de equipamiento Home Depot, el mega-grupo General Electric, la transportista FedEx, las farmacéuticas USB Corporation y Pfizer, y la operadora inalámbrica Verizon (norteamericanas); la vinícola Villa Sandi y la láctea Brazzale (italianas), y la petrolera polaca Orlen[2]. Como vemos, los grandes capitalistas tienen interés en solventar a los grupos antiderechos…
¿Cuáles son las causas principales de la ofensiva?
En un contexto global de polarización social, la oleada feminista tuvo como contrapartida un polo reaccionario que se opuso a todos los avances conquistados y sigue disputando por hacerlos retroceder. Esta pulseada no es sólo una coyuntura de acción y reacción, sino que es estructural. Es que el capitalismo hace rato que busca revertir su crisis atacando todos los derechos: laborales, sociales, sindicales, previsionales, ambientales, democráticos, civiles y también de género. Si ya en 1938 Trotsky en el Programa de Transición describía que “en la fase de su declive, el capitalismo asesta los golpes más duros a las mujeres, como trabajadoras y como amas de casa”, esa ofensiva resulta peor aún más de ocho décadas después, cuando la decadencia capitalista se torna en descomposición.
- Como parte de los planes de ajuste capitalista en todo el mundo en nombre de “reducir el déficit fiscal” o “gasto público”, el aspecto más directo de dicho ataque es el recorte presupuestario a todas las políticas públicas vinculadas a derechos de género, allí en donde éstas existen. Así, para “ahorrar”, los gobiernos reducen los fondos del Estado destinados a áreas y programas de educación sexual; servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la práctica del aborto; prevención de la violencia de género y atención a sus víctimas; asistencia social a personas de la diversidad sexo-genérica, entre otras.
- Los sectores retrógrados actúan como lobby parlamentario organizado, según su fuerza, con el objetivo de derogar la normativa vigente que protege distintos derechos de género, modificarla para restringirla o impedir su aplicación.
- Al mismo tiempo, a mayor crisis mayor es también la carga de las tareas reproductivas y de cuidado,que recaen en más de un 90% sobre las mujeres y personas LGBT+. Todo este trabajo doméstico, que es diario, no remunerado y socialmente asignado como “natural”, permite que la economía capitalista funcione ya que la mujer reproduce y cuida la mano de obra actual (pareja masculina) y futura (hijas e hijos o prole), cuya plusvalía se apropia la clase burguesa dominante[3]. Por eso el modelo familiar patriarcal, la cis-heterosexualidad obligatoria y la opresión y violencia machistas son inseparables de la explotación capitalista.
Al agudizarse la crisis empeoran las ya precarias condiciones y el acceso popular a las escuelas y jardines infantiles públicos, hospitales y geriátricos, subsidios de ayuda social y sostén a comedores populares, proyectos de vivienda y urbanización, instituciones para discapacidad, salud mental o consumos problemáticos. Este otro aspecto del “ahorro” capitalista genera una sobrecarga adicional de las tareas de cuidado, que atajan más las mujeres y precariza sus vidas.
Asimismo, con la crisis capitalista y sus efectos (cambio climático, pandemia, guerras y conflictos armados) se multiplican algunas prácticas de atraso, delito y barbarie ya existentes, como la trata y la compra-venta de mujeres y niñas para explotación sexual, los matrimonios precoces concertados, la esclavitud doméstica, las migraciones forzadas, las violaciones y femicidios “de honor”.
En síntesis, este capitalismo en retroceso y descomposición perjudica cada vez más a la mujer en su doble o triple tarea, a nivel hogareño, laboral y social:
- En la casa, aumentan sus quehaceres de cuidado.
- En cuanto al trabajo, sufre más desempleo, más subempleo, más precarización, más acoso sexual y percibe menos salario o ingreso promedio que el varón.
- Y si hace alguna labor comunitaria, es afectada por el creciente deterioro social y ambiental.
El resultado es la feminización de la pobreza: “Aunque las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad”[4]. Según los datos de ONU el 70% de las personas pobres del mundo son mujeres, pero en diciembre pasado la ONU Mujeres reconoció que para 2030, plazo de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” mundiales, no se cumplirá el Nº 5 sobre igualdad de género.
Para dar sustento ideológico a los planes de ajuste y al disciplinamiento sexual y social de género, en todos los continentes diversos sectores políticos y religiosos -no sólo de derecha y ultraderecha- difunden discursos retrógrados y biologicistas. Como la crisis capitalista socava el rol social tradicionalmente asignado al varón -la llamada triple p,de procreador, proveedor y protector-, tales sectores alientan el odio, los prejuicios y la división sexista culpando de esa frustración masculina a los derechos de las mujeres y personas LGBT+. De allí sus campañas de propaganda contra lo que llaman “ideología de género” y “promoción homosexual”. Por ejemplo:
- “Con mis hijos no te metas”,contra la educación sexual. Niega los derechos de la niñez y adolescencia al considerarles propiedad privada de sus progenitores.
- “Por las dos vidas”,contra el derecho al aborto. Niega el aborto clandestino como causa de muerte y considera a la mujer una incubadora forzada.
- “En defensa de la familia”, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Niega la igualdad de derechos básicos para todas las personas.
- “Restaurar el orden natural”,contra el colectivo trans. Niega sus derechos al sector más vulnerable y violentado de la comunidad LGBT+.
Penosamente, el llamado feminismo radical actúa de manera funcional a estas campañas medievales, que nos urge combatir sin tregua como parte de la lucha revolucionaria contra el sistema capitalista-imperialista y patriarcal.
¿Cómo enfrentar esta avanzada reaccionaria?
Dicha ofensiva a veces se mimetiza bajo una actuación falsamente laica, pero los sectores religiosos cohabitan en el poder político con los gobiernos burgueses en sus distintas expresiones, sean de corte más conservador o de los autoproclamados progresistas, pero que igualmente adoptan la agenda antiderechos así como atienden la agenda del ajuste capitalista. Si las fuerzas reaccionarias siempre han actuado frente a los fenómenos de avance de derechos, hoy aceleran y redoblan su capacidad de respuesta porque cuentan con la complicidad y el apoyo de muchos gobiernos y Estados.
No se debe dejar espacio a la confusión cuando se trata de gobiernos de falsa izquierda o falso progresismo, que se dicen feministas y hasta socialistas, como en el caso de Nicaragua, Venezuela y otros, pero bajo los cuales la realidad no es muy diferente a la de aquellos países gobernados por la derecha: aumenta la feminización de la pobreza, se penaliza el aborto en todas las circunstancias y sigue habiendo graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas LGTB+.
Por ello es importante que el movimiento de mujeres y disidencias sexo-genéricas se una al llamado que hacemos desde el feminismo revolucionario a la más amplia unidad de acción para frenar y derrotar esta ofensiva regresiva. Toda agrupación feminista o de la diversidad, y toda entidad política, sindical, juvenil o popular que se reclame democrática, debe tomar parte en esa unidad para movilizar, que es la mejor arma para enfrentar a estos sectores cavernícolas que actúan desde o al amparo del poder y defender los avances que logramos.
Es preciso denunciar con nombre y apellido a los dirigentes y organizaciones antiderechos y mostrar cómo sus campañas y propuestas afectan de manera concreta la vida cotidiana de las mujeres y la comunidad LGBT+. La plena igualdad de género en educación, salud, empleo y demás ámbitos; el combate a la violencia, crímenes de odio, femicidios y travesticidios; el derecho a la educación sexual, la anticoncepción y el aborto; la libertad y el rechazo a toda imposición sobre el uso de vestimenta; el acceso igualitario a la tierra, la vivienda y la herencia; la socialización de las tareas de cuidado; la laicidad del Estado, son puntos que integran ese programa emancipador.
A la vez, tenemos el desafío de construir un feminismo revolucionario, en lucha por el socialismo, ya que mientras subsista el capitalismo patriarcal las mujeres y disidencias sólo podremos conseguir avances parciales, que además siempre están en riesgo. En especial, convocamos a la juventud a sumar su rebeldía en defensa de las libertades, derechos y para luchar contra el capitalismo y por el socialismo. Como decía Trotsky acerca de esa sociedad justa e igualitaria: “Una verdadera emancipación de la mujer es inconcebible sin un aumento general de la economía y la cultura, sin la destrucción de la unidad económica familiar pequeñoburguesa, sin la introducción de la preparación de alimentos y la educación socializados”.
Desde la LIS y sus secciones nacionales militamos para construir un movimiento que represente a las mujeres y disidencias sexo-genéricas de nuestro pueblo trabajador, sus banderas y sus luchas. Como feministas anticapitalistas, revolucionarias y socialistas, queremos recuperar la fuerza transformadora de nuestro movimiento en el marco de un partido mundial de la clase obrera y los sectores populares dispuesto a transformar todo para así vivir libres de toda opresión, explotación y violencia.
[1] Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos, de la Asociación por los Derechos de la Mujer en Desarrollo (AWID, según su sigla en inglés). En Layout 1 (awid.org) y https://www.awid.org/sites/default/files/2022-03/Derechos%20en%20Riesgo%20-%20OURS%202021.pdf
[2] Derechos en riesgo 2021, pág. 111-113.
[3] Se estima que el valor económico del trabajo doméstico femenino gratuito ronda, según el tipo de país, un 20% del Producto Interno Bruto. Es menor en los países imperialistas y mayor en los países dependientes.
[4] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-pobreza-tiene-genero/