Por: Valentina Perafan
Entre las muchas promesas populistas que promovió el Pacto Histórico en plena campaña presidencial del 2022, se encontraba la supuesta disolución del ESMAD. El Escuadrón que, según varias organizaciones sociales y de DDHH, asesinó, torturó y violó a decenas de personas durante su tiempo de actividad. Según informes de las organizaciones INDEPAZ y Temblores, calculan 44 personas asesinadas por la Fuerza Pública, donde se tienen registros que el ESMAD se articuló con la Policía Nacional y demás fuerzas represivas para atentar con les manifestantes del estallido social del 2021. Así mismo, solo para las fechas del Paro Nacional del 2021, a esta fuerza represiva se le atribuyen 83 víctimas de violencia ocular, causadas por el uso indebido y desproporcionado del armamento letal con el que operaron para reprimir las concentraciones sociales en las calles. También se debe mencionar que dicho escuadrón estuvo involucrado en 28 denuncias por violencia sexual.
La violencia descarada del ESMAD, raíz del rechazo social hacia cualquier cuerpo antidisturbios
Ante la barbaridad de la violencia estatal que perpetuó el ESMAD delante de los ojos de quien quisiera presenciar una movilización o plantón del Paro Nacional, la sociedad colombiana fue testiga de la represión sistemática con la que intervenía el Escuadrón Antidisturbios. Esto fomentó un fuerte y claro rechazo hacia esta fuerza represiva que dejaba muy claro que su intención sólo era reprimir y acabar cualquier movilización social por más pacífica que fuera, muy alejado del supuesto deber de velar por la seguridad de les ciudadanes.
Con decenas de registros fílmicos de diversas personas que demostraban que en diferentes partes del país se vivía la brutal represión hacia cualquier manifestación de protesta, la gente con rabia y un profundo rechazo alzó la consigna de disolución del ESMAD. La violencia estatal había sido evidenciada en vivos de redes sociales y miles de personas fueron testigas de que el ESMAD violaba los DDHH con descaro delante de cualquiera que tuviera una cámara.
Todo este rechazo social, sobretodo de los sectores populares, fue usado en las elecciones presidenciales que le siguieron al estallido social. Esto debido a no haberse fortalecido las asambleas populares como mecanismo democrático de los sectores trabajadores y juveniles. Estos sectores sin tener una dirección revolucionaria fortalecida que levantara y defendiera estas consignas con independencia política de clase, se vieron enfrentados a disolver la organización popular y dejar la lucha que fue desviada hacia las votaciones presidenciales.
El reflujo que se manifestó en los últimos días del Paro Nacional, fue recogido por el reformismo que iba ganando fuerza política como única alternativa contra el régimen uribista. La coalición de Pacto Histórico se fortaleció por el descontento social en rechazo contra los últimos 20 años de gobiernos de guerra social y política.
De esta manera el progresismo del Pacto Histórico se apoderó de una de las consignas más compartidas y defendidas del estallido, la exigencia de la disolución del ESMAD. A partir del estallido se posicionaron como opción para las siguientes presidenciales por la falta de una alternativa revolucionaria que profundizara las luchas.
Los pajaritos en el aire que pintó el Pacto Histórico, populismo para ganar las elecciones
El Pacto Histórico aprovechó el apoyo de esta exigencia social para ganar popularidad en plena campaña presidencial, llegando a proponer la disolución del ESMAD como una de sus más populares reivindicaciones después de la revuelta del 2021. Dicha promesa comenzó a tambalearse cuando el ex senador del Pacto, Gustavo Bolivar, empezó a argumentar para el medio digital EstáPasandoCol, que el desmonte del escuadrón no podría ser posible ya que todos los estados soberanos debían tener fuerzas de choque para poder mantener el orden y controlar cualquier acto de violencia desencadenada por les manifestantes. Por lo cual era indispensable crear un nuevo cuerpo antidisturbios con enfoque en DDHH y un entrenamiento que tendría como prioridad fomentar el diálogo y evitar la confrontación. Dichas declaraciones perdieron coherencia con la articulación del nuevo cuerpo represivo que nace en este gobierno.
Las alarmas que prende la UNDMO
En la actualidad, donde el Pacto Histórico es gobierno y encabeza el régimen colombiano, se presenta el nuevo cuerpo represivo UNDMO, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que fue diseñada por el Ministerio de Defensa y presentada oficialmente con la Resolución 1091 de 2023. Esta resolución prende las alarmas de varias organizaciones sociales y de DDHH, ya que hay varios aspectos del protocolo que legalizaría poderes excesivos que tendría esta nueva unidad represiva.
La propia Policía será quien capacite en DDHH a la UNDMO
Es absurdo que sea la propia Policía que imparta la capacitación en DDHH a esta unidad, cuando sabemos la cantidad de denuncias que hay en contra de la Policía precisamente por violar los DDHH.
La alarma se enciende cuando se ignoró completamente peticiones de diversas organizaciones como las que conforman la Mesa por la Reforma Policial, donde se exige discutir democráticamente la conformación de cualquier cuerpo represivo que el régimen buscara implementar. Con esta directriz el Ministerio de Defensa cerró en banda cualquier garantía de una transformación estructural del nuevo cuerpo represivo.
Tampoco dejan claro cuál será el marco de DDHH con el cual esta Unidad piensa basarse para intervenir en las manifestaciones.
¿Los mismos agentes de Policía serán los gestores del diálogo?
La resolución menciona que cada Equipo Móvil de Intervención (EMI), tendrá sus propios agentes para manejar y fomentar el diálogo en las protestas. Esto sin tener claridad de cómo manejarán dicho diálogo y hasta qué instancias así mismo se interrumpe el diálogo para catalogar a alguien como un peligro inminente.
¿Qué garantías de gestión de conflictos puede brindar unos agentes que pertenecen a la misma unidad policial que ha torturado y asesinado en manifestaciones previas?
La UNDMO haría una preparación anticipada para poder intervenir con inteligencia de dispositivos tecnológicos y así prevenir delitos en las concentraciones públicas
Se autoriza el implemento de dispositivos tecnológicos sin explicar cómo se usarán y bajo qué protocolos funcionarán. Tampoco se deja claro qué harán con dicho material recolectado y cómo piensan gestionarlo. Estas prácticas que buscan implementar y legitimar, pueden caer perfectamente en hostigamiento, persecución, perfilamiento y criminalización arbitraria de cualquier persona que participe en las manifestaciones públicas y donde la misma Unidad tendrá el poder de determinar si es un peligro inminente para la sociedad.
Todas estas prácticas que buscan ser legítimas con esta resolución, prenden las alarmas porque atentan contra los DDHH de cualquier persona inconforme que quiera hacer uso de su derecho legítimo de protesta y refuerzan las doctrinas militares que el régimen ha impuesto durante décadas con la noción del “enemigo interno”, y que en la actualidad las fuerzas represivas siguen usando para reprimir la protesta social. Todo se gestionó sin una consulta con las bases sociales, bajo la total impunidad que sigue vigente con las víctimas del abuso policial y con las promesas rotas de un Gobierno que ni siquiera fue capaz de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa como tanto se jactó en prometer en campaña presidencial.
No queremos un cambio de nombre, exigimos el desmonte de cualquier cuerpo represivo.
El “progresismo” del Pacto Histórico queda en entredicho frente a esta nueva reforma y prolonga con ella mecanismos reaccionarios contra el pueblo, producto de un régimen reaccionario dirigido por la burguesía y apoyado económica y militarmente por el imperialismo.
La política de conciliación de clases de este gobierno busca cuidar los intereses de la burguesía, en el marco de una crisis económica y social que continúa. Mientras los partidos tradicionales del régimen se declaran en oposición al gobierno e impiden el avance de las reformas, Petro les hace un guiño y concilia con la cúpula militar que sostuvo al régimen uribista, para mantener la misma estructura del ESMAD y reforzar su represión bajo el nombre de UNDMO.
Esta política lo único que garantiza es impunidad y licencia para seguir cometiendo crímenes de Estado contra el pueblo por parte de una cúpula militar que se sostiene en las fuerzas militares y policiales sin ser juzgada. Aún tienen su propio sistema judicial donde son juez y parte; aún la Policía sigue siendo dirigida por el Ministerio de Defensa, quitándole su carácter civil; aún no hay mandos altos investigados y judicializados por dar la orden.
Frente a los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el ESMAD, el pueblo levantó la exigencia de su disolución, sin embargo, un cambio de nombre y asegurar mecanismos nuevos para la violación de DDHH, refuerza un cuerpo represivo que no debe existir.
El derecho a la protesta debe garantizarse sin ningún tipo de intervención represiva que implique hostigamiento, perfilamiento y/o uso de la fuerza. Por lo cual, ni el ESMAD ni la UNDMO son necesarios.
Exigimos:
- Disolución ya del ESMAD o la UNDMO. Garantía para que no se cree ninguna fuerza represiva contra la protesta social.
- Juicio y castigo a toda la cúpula militar y policial que dio la orden para perpetrar crímenes de Estado.
- Por el desmantelamiento de todas las fuerzas represivas del Estado, destrucción del aparato paramilitar y eliminación de la doctrina contrainsurgente que justifica el actuar de las fuerzas represivas.
Fuentes