Por Tomas Andino Mencía
El 29 de agosto fue un día histórico. La Resistencia Popular se reencontró consigo misma en todo su esplendor ahí donde nació, en la calle. Decenas de miles de personas inundaron el centro de Tegucigalpa en una gran manifestación convocada por la presidenta Xiomara Castro, que superó las expectativas de sus organizadores y dejo en shock a sus detractores. Para comprender el impacto que ha tenido y su relación con el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto, es necesario analizar el contexto en el que se han dado los últimos acontecimientos.
La ofensiva conspirativa, viento en popa
Sin duda, los grupos de poder económico y criminales desplazados del gobierno en las últimas elecciones han venido trabajando sistemáticamente para desacreditar la administración de Xiomara Castro, como parte de una estrategia conspirativa bien orquestada desde antes que asumiera el poder. Han aprovechado la desastrosa situación económica que le dejaron, como también, hay que decirlo, los errores que el gobierno ha cometido.
Confiada en ese trabajo de zapa, hemos visto en los últimos meses una febril actividad abiertamente opositora de los partidos Nacional, Liberal y PSH; y también de un sector muy conservador de la “sociedad civil”, de la empresa privada y de militares retirados, que han pasado de la ofensiva mediática a una ofensiva material con el perverso objetivo de boicotear la actividad gubernamental, generar ingobernabilidad e incluso atentar contra algunos funcionarios.
Esto se ha venido cumpliendo en etapas: la primera ha sido el ablandamiento mediático, a cargo de los principales medios de comunicación, que responsabilizan al gobierno de todo lo malo que ocurre en el país; y ahora, la segunda etapa, que consiste en disputarle la calle a la Resistencia popular y, de parte de aquellos sectores más recalcitrantes, fraguar un nuevo Golpe de Estado.
Tres hechos que muestran el “envalentonamiento” de la burguesía opositora son los siguientes:
El primero fue la “insurrección parlamentaria” iniciada en julio por el Partido Nacional, con la cual lograron semiparalizar las labores del Congreso Nacional, retrasando la aprobación de diversos decretos, como la Ley de Justicia Tributaria; pero con la mira puesta a impedir la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Estado, a fin de que continuaran en esos cargos Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente, títeres del sector más corrupto del anterior gobierno y del narcotráfico.
El segundo hecho fue la denuncia de un Golpe de Estado que se estaría fraguando de parte de un sector de los militares, presuntamente encabezados por varios generales ya retirados. Esta denuncia se suma a un antecedente reciente del atentado magnicida contra el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien, según informo la Policía Nacional, se le intento envenenar; y a acciones de sabotaje físico contra instalaciones de generación hidroeléctrica y educativas.
Y el tercero fue la manifestación que hizo el llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) el pasado 19 de agosto, fruto de la alianza establecida entre el Partido Nacional y un sector del Partido Salvador de Honduras, que logro movilizar, con mucho, a unas 10 mil personas; señal inequívoca de que las fuerzas vinculadas al atraso y la corrupción buscan iniciar un proceso de movilización política en las calles para cosechar el descontento social inducido en importantes sectores de la población, y así darle base social a sus intentos conspirativos.
Esto llevo al gobierno, en un acto defensivo, a organizar una demostración de fuerza para el 29 de agosto, convocando a las bases de LIBRE desde la misma Presidencia de la República, algo que por primera vez se hace en este gobierno, y a amenazar con acciones legales a los pretendidos militares neo-golpistas.
La convocatoria a la movilización, contrario a lo que cabía esperar de un gobierno que ha tenido un rápido desgaste, tuvo una gran acogida pues dio la oportunidad a la base de la Resistencia Popular para canalizar el repudio y dar una muestra de su espíritu de cuerpo, aún a pesar del descontento que buena parte de esta tiene contra la cúpula de su partido por problemas de empleo, la carestía de la vida y su rechazo a algunas prácticas de su liderazgo.
El pueblo en la calle cambio temporalmente la correlación de fuerzas
¿Fue efectiva esa demostración de fuerza? ¿Qué efecto real tuvo? La prensa burguesa la minimiza afirmando que no tuvo ningún impacto y que los manifestantes se fueron “con las manos vacías”. Pero viendo los resultados concretos, puede decirse que tuvo un efecto importante en la correlación de fuerzas, lo que se expresa en aspectos como los siguientes:
El Partido Nacional anuncio, pocos días después de la convocatoria a la manifestación, que suspendería su “insurrección parlamentaria” el día de la elección del Fiscal, y llegado ese día, cuando decenas de miles rodearon el Palacio Legislativo, en efecto lo cumplió por temor a la reacción popular. Eso permitió temporalmente que el juego parlamentario entre las distintas fuerzas políticas se produjera sin la presión de la “insurrección cachureca”. Por otro lado, el musculo demostrado por el pueblo y la oportuna denuncia de la conspiración de los generales, enfrió las pretensiones golpistas que venían manifestándose impunemente en los medios de comunicación; complementado por la contundente expresión del Gral. José Jorge Fortín, Jeje del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que expresó su respaldo al gobierno de Xiomara y rechazó esas pretensiones.
Hoy día ni Nasralla ni el Partido Nacional ni ningún sector de la llamada “sociedad civil” se atreven a convocar a una nueva manifestación opositora, a hacer llamados públicos a un golpe de Estado o a hacer “insurrección parlamentaria” por temor a la reacción de la Resistencia. Hasta la empresa privada ha moderado su lenguaje, abogando por bajar la confrontación.
En el plano legislativo, la manifestación en sí no influyó en cambiar las votaciones, pero dio pie para que la bancada de LIBRE se unificara y se sintiera con la fuerza política necesaria para trancarse en su propuesta de Fiscal General y Fiscal Adjunto, rechazando negociar sus candidatos con las demás bancadas. Asimismo, Luis Redondo se sintió alentado a “amagar” a los diputados y diputadas propietarios que tienen cuentas pendientes con la justicia –en su mayoría diputados cachurecos– para impedir que voten en la elección del nuevo Fiscal General, aplicando una prohibición que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En cumplimiento de dicha ley, que tanto Naciones Unidas (OACNUDH) y la misma “sociedad civil”, han exigido, el cachurequismo se vería afectado en su votación ¡Vaya cosas de la vida!
Con lo dicho, puede decirse que, al menos temporalmente, la demostración popular del 29 de agosto ha tenido como consecuencia revertir la correlación de fuerzas sociales, y ahora esa correlación está del lado de la Resistencia popular y del partido de gobierno, lo cual debería ser aprovechado por este para tomar la iniciativa de forma adecuada –y cuando digo adecuada es también corregir los errores que está cometiendo– en todos los campos y no solo en el tema de la elección de la Fiscalía General del Estado, como proponemos más adelante.
Esta es la buena noticia. Sin embargo, estamos obligados a hacer algunas reflexiones, sobre si esta nueva correlación está siendo aprovechada positivamente, o por el contrario está siendo desperdiciada.
Chinchilla huyo y sibrian también debe irse
Tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso Nacional, las fuerzas oligárquicas pretendieron en un principio que Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián prolongaran el periodo de su cargo hasta que fuera electo su sustituto, seguramente para asegurarse de que no queden evidencia en pie contra sus protegidos, los corruptos del anterior régimen.
El principal argumento jurídico con el cual se pretende mantenerlos en el cargo es invocar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, según el cual “las autoridades electas por el Congreso Nacional continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean electos por este órgano del Estado”. Esa ley, elaborada en la época de la narcodictadura para prolongar el periodo de estos funcionarios (por cierto, ambos impuestos ilegalmente en esos cargos, como es de dominio público) contradice lo establecido en la Constitución de la República, que define el periodo de duración de su cargo para cinco años, el que finalizó el 31 de agosto recién pasado, sin ninguna mención de que podría prolongarse en casos especiales.
En situaciones de conflicto como esta, la misma Constitución establece el camino a seguir en su artículo 320: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Por tanto, la continuidad de Sibrián no tiene asidero jurídico constitucional y también debe irse. En su lugar, debe quedar el Director de Fiscales, para los casos ordinarios, y el Fiscal Especial de la UFERCO, para los casos de alto impacto, es decir de corrupción de altos funcionarios públicos.
Empero, la huida de Chinchilla a Nicaragua debilita esta estrategia, pues se quedan sin su peón principal, mientras que el ex Fiscal Adjunto, ha quedado hecho un manojo de nervios ante la iniciativa que Redondo presento en el Congreso de integrar una comisión investigadora sobre el desempeño de estos funcionarios. Por tanto, no creo que dure mucho en el cargo. En fin, veremos.
En las últimas horas circula la especie de que Chinchilla salió como resultado de una “negociación” con el gobierno, por la que este se ofreció a colaborar a cambio de protección, sobre lo cual aún no existe evidencia. Pero ciertamente es sospechoso de que este funcionario, que estaba en la mira de todo el país, haya abandonado Honduras así de fácil, sin que se le haya adelantado ningún proceso acusatorio en su contra previendo esa situación y sin que ninguna autoridad lo haya detenido.
Pero ¿y qué hay del proceso de elección del Fiscal General y Adjunto? ¿En qué va a quedar todo eso?
El tortuoso camino hacia la elección del fiscal general y adjunto
Todo indica que este malogrado proceso va camino a naufragar y que al parecer puede tener otra salida por fuera del Congreso Nacional, sobre lo cual, en la última parte de este artículo, hago una propuesta. Pero es importante echar una mirada crítica a como ha sido manejado desde la primera etapa a cargo de la Junta Proponente, y después por los partidos políticos en el Congreso Nacional.
En cuanto a la Junta Proponente, esta no garantizó un proceso imparcial y objetivo de las y los precandidatos. Recordemos que la mayoría de la Junta Proponente excluyó del proceso con argumentos muy débiles a dos de los candidatos que, por sus méritos y compromiso social demostrado, hubieran sido una excelente cabeza del Ministerio Publico para luchar contra la corrupción institucionalizada: Luis Javier Santos y Mario Urquía.
Luis Javier Santos fue excluido por una injusta evaluación que hizo la CIDH de su rol en el caso emblemático de Janneth Kawas; un caso que fue revisado por la MACCIH, quienes lo exculparon de responsabilidad, pues fue el único fiscal que actuó de todos los que conocieron del asunto, según reporta el reconocido jurisconsulto Joaquín Mejía. Por su parte, Mario Urquía también fue injustamente excluido, en este caso por haber sido presidente de la anterior Junta Nominadora para nombrar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, sin que esto sea una causal de inhabilitación, ya que el Ministerio Publico es una entidad autónoma que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado.
Ambos profesionales elevaron sendos Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta el día de hoy no han sido resueltos previo a la elección del Fiscal, como debió haber ocurrido. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero lo que es claro es que “los astros” se alinearon a fin de impedir que ocuparan tan alto cargo.
En la lista final quedaron los cinco candidatos oficializados (entre paréntesis, con su nota de promoción): Jenny Gabriela Almendares Flores (95.55%), Mario Alexis Morazán Aguilera (87.98%), Marcio Cabañas Cadillo (84.36%), Johel Antonio Zelaya Álvarez (80.94%) y Pablo Emilio Reyes Theodore (75.26%).
Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, en un abuso de sus atribuciones, nombro una comisión multipartidaria para que hiciera su propia evaluación de los candidatos, sin tomar en cuenta lo hecho por la Junta Proponente (nombrada por el mismo Congreso en base a Ley), incluso le asigno nuevas calificaciones. Si bien es cierto, el proceso llevado a cabo por la Junta Proponente no fue del todo satisfactorio, al menos fue transparente; pero este otro, solo las cuatro paredes del Congreso fueron testigos de una “evaluación” hecha a la carrera por los diputados(as) y la cual, por lo visto se hizo para justificar sus propias propuestas.
¿Propuestas para un mejor ministerio público o para «arreglarse» entre corruptos?
Al hacer sus propuestas, los partidos políticos dejaron fuera a dos de estos cinco candidatos. Uno de los excluidos fue el segundo mejor calificado por la JN, Mario Alexis Morazán Aguilera, miembro de LIBRE, profesional con doctorados, maestrías y amplia experiencia profesional, quien recientemente fue condecorado por la presidenta Xiomara Castro por haber sido uno de los profesionales que defendieron el Estado de Derecho y la democracia en contra del Golpe de estado de 2009; solo tuvo una tacha en el proceso de selección y la desvaneció. Como dato curioso, Mario Morazán quedó fuera porque no fue postulado por su propio partido, LIBRE, ni siquiera como Adjunto.
El otro excluido fue el cachureco Pablo Emilio Reyes Theodore, hombre de confianza de la ex directora de la DEI, Miriam Guzmán, a quien sirvió contra el sindicato de esa institución. De manera similar, este candidato tampoco fue apoyado por su partido, el Partido Nacional.
Al ser excluidos estos dos, quedaron tres que son objeto de consideración en las propuestas de los partidos políticos: Marcio Cabañas Cadillo, Johel Zelaya Álvarez y Jenny Almendares Flores. Los dos primeros liberales y la última sin afiliación declarada.
LIBRE propone en su fórmula a Johel Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas Cadillo (que resultaron mejor evaluados por la comisión nombrada por el Congreso); mientras que el BOC propone a Marcio Cabañas Cadillo y Jenny Almendares Flores. Como se ve ambas formulas tienen en común que proponen a Marcio Cabañas Cadillo, liberal del lado oscuro, por lo que pareciera que la estrategia de LIBRE y del BOC, en esta primera etapa, fue coquetear con el Partido Liberal, llevando a la cabeza de sus respectivas formulas a este profesional para obtener su apoyo en la votación, aunque para ello hayan sacrificado a sus propios compañeros de partido, como ya se explicó.
Pero ¿será que alguna de estas dos fórmulas de postulados reúne condiciones para dirigir el Ministerio Publico? Puede decirse que individualmente algunos de los candidatos reúnen esas condiciones, pero no en las fórmulas propuestas. Veamos.
Marcio Cabañas Cadillo, el candidato en quien todos los partidos coinciden (tuvo la mejor nota en su evaluación “rapidita” de los diputados), no es precisamente una blanca paloma; en 2009 beneficio al dueño de “Pronto”, el empresario Mauricio Gabriel Kattan Salem, en el sonado caso del “Trafico gris”, recomendando al entonces fiscal General cachureco, Leónidas Rosa Bautista, para que cerrara todas las diligencias investigativas del caso; caso que hasta ahora está en la impunidad. Tenerlo en el Ministerio Publico, aun como Fiscal Adjunto, equivale a que los corruptos tengan un pie dentro de esa institución.
Que a Cabañas Cadillo lo recomienden los cachurecos y sus aliados no es extraño, pero la pregunta obligada es: ¿cómo puede LIBRE tener estómago de haber sacrificado a un buen candidato de su partido, como Mario Morazán, y proponer a este otro señor que carga con semejante cuestionamiento? El mismo diputado de LIBRE, Jari Dixon, quien conoce a Cabañas Cadillo desde la época del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, de quien era asistente, repudió esa postulación. Eso significa que, para llegar a componendas con los liberales, LIBRE y los del BOC están dispuesto a llevar de candidato a un personaje co-responsable de la impunidad. Juzguen ustedes.
Como se dijo, las coincidencias entre los partidos terminan con este último personaje, porque las propuestas se dividen respecto a los otros. LIBRE propone a la cabeza de su fórmula a Johel Antonio Zelaya Álvarez y el BOC propone de Fiscal Adjunta a Jenny Gabriela Almendares Flores. ¿Qué méritos y deméritos tienen estos?
Johel Zelaya Álvarez, quien ocupo el 4º lugar de calificaciones en la evaluación de la Junta Nominadora (y el 1er puesto en la “rapidita” de los diputados) tiene como merito que está limpio de antecedentes reñidos con la ética; ni en este proceso ni cuando fue candidato a la Corte Suprema de Justicia tuvo ninguna tacha, según me consta, y es además un reconocido defensor de su etnia lenca en su lucha contra la industria extractiva que afecta sus comunidades, según refiere la organización lenca ONILH.
Sus detractores desde la derecha en los medios de comunicación alegan que ocultó su condición de regidor en la municipalidad de Reitoca, pero en realidad ni lo ocultó en el expediente que entregó a la Junta Proponente ni en su entrevista publica, como lo atestiguan Odir Fernández y Julio Raudales, miembros de la Junta Proponente ; además, ser Regidor no es causal de inhabilitación, según la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 20 numeral 4 (según esa misma ley, si lo es haber sido “directivo activo de un partido político”, algo de lo que nadie lo acusa).
Su lado débil es su nivel académico universitario básico y su poca experiencia; no tiene postgrados, incluso cuando fue candidato a la Corte Suprema no pasó el examen escrito, y no tiene experiencia como fiscal ni conocimientos especializados de derecho penal. De manera que Johel Zelaya, es un buen candidato en términos éticos y de compromiso social entre los cinco finalistas, pero no es el candidato académica ni profesionalmente idóneo para encabezar esa fórmula a un cargo de tan elevada responsabilidad. Esta es la persona que postula LIBRE encabezando su fórmula, además del mencionado Marcio Cabañas Cadillo, como Fiscal Adjunto.
En cuanto a Jenny Almendares, cuya afinidad partidaria es desconocida, fue la mejor calificada por la Junta Proponente con 95.55%, aunque la evaluación “rapidita” de los diputados la rebajo a un 78%. No cuenta con doctorados, pero si con maestrías y especialidades, con sobresaliente experiencia técnica en el Ministerio Publico, donde ejerció por 20 años, y en materia de derechos humanos con organizaciones no gubernamentales. No tiene cuestionamientos éticos de ningún tipo en todo el tiempo que laboro en el Ministerio Publico y se sabe que se ha dedicado profesionalmente a la causa de los derechos de los privados de libertad, actividad a la que también se ha dedicado su padre, el respetado Dr. Juan Almendares Bonilla, por lo que se asume que tiene sensibilidad social.
Sus detractores difunden rumores de que estuvo del lado del Golpe de Estado en 2009, presentando requerimientos ordenados por el Ministerio Publico contra varios funcionarios del gobierno de Zelaya, de lo cual no he tenido a la vista ninguna evidencia, sino solo rumores en las redes sociales. Mientras esas evidencias llegan, la abogada Almendares es una de las mejor posicionadas para ocupar el ansiado cargo.
Por todo lo dicho, una fórmula que contara con la abogada Mario Morazán, Jenny Almendares y Johel Zelaya Alvares de Adjunto, sería aceptable. Pero como vimos, uno quedo excluido y a los otros los hacen acompañar de personajes de dudosa reputación en sus fórmulas.
De lo anterior se deduce que, aun cuando hay buenos profesionales participando, las propuestas presentadas por ambos bandos en el Congreso Nacional fueron organizadas pensando más en llegar a arreglos entre partidos para garantizarse impunidad unos a otros, que en darnos un Ministerio Publico de calidad. Desafortunadamente no hay apertura para reconsiderarlas y eso a lo único que nos lleva es a tener más de lo mismo en esa institución de justicia.
¿Justicia real o un “sombrerazo” para una nueva ronda de negociaciones?
Así las cosas, temporalmente las negociaciones en el Congreso sobre la elección del Fiscal General se han suspendido, y en el ínterin, el presidente del Congreso Nacional y la presidenta Xiomara anuncian varias medidas que parecieran un giro completo en la estrategia sobre este tema: 1) Se ha anunciado un apoyo total a la UFERCO, incrementando su presupuesto y dándole todo el apoyo que necesite para que lleve a los corruptos a los tribunales, aprovechando que no existe la traba del Decreto 116-2019 para retrasar los procesos; 2) Luis Redondo integro una comisión de diputados(as) para investigar el desempeño de Chinchilla y Sibrián; y, 3) amenaza con aplicar la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo por la cual no podrán votar en la elección del Fiscal General y Adjunto las diputadas y diputados que tienen causas pendientes con el Ministerio Publico. ¿Sera cierta tanta belleza?
Esto que parece ser un buen síntoma de voluntad política contra la corrupción, me lleva a las siguientes reflexiones: La UFERCO en los últimos dos gobiernos ha clamado por apoyo para su trabajo, sin ser escuchada ¿por qué antes no se le dio “todo el apoyo” y ahora sí? ¿Es una real intención de hacer justicia o solo es un recurso táctico para condicionar otra ronda de negociaciones con liberales y cachurecos, para después volver a olvidarse de esta noble fiscalía?
Con todo mi corazón deseo que se haga justicia, pero ese camino no parece algo serio ni sostenible. Todo parece indicar que se trata solo de un improvisado “amago de justicia”, que de repente sacrifique a uno que otro, pero con el fin de ablandar a los lideres y diputados del Partido Nacional y Liberal para someterlos a una nueva ronda de negociaciones sobre la elección del Fiscal General, ya que esta solo puede hacerse con 86 votos. De seguir ese camino, el resultado no tendrá nada que ver con los intereses de la sociedad sino con los intereses de las cupulas del partido o coalición de partidos que logre imponer sus fórmulas de componendas. Por el bien de este país, ojalá me equivoque.
Cambiar el modelo político a través de una constituyente
Como vimos al inicio de este artículo, el Pueblo que vino a Tegucigalpa el pasado 29 de agosto a exigir un nuevo Fiscal, quiere y merece algo de calidad. Pero también merece que el gobierno en sus tres poderes realice cambios estructurales con los cuales no tengamos que estar “apagando incendios”, como ocurre hoy día, sino que den respuesta a los anhelos de vivir en un país con real democracia e inclusión. Si nos vamos a movilizar de nuevo, que sea para un cambio real, trascendente, un cambio de estructuras; no para seguir en más de lo mismo.
¿Y cómo hacer ese cambio de estructuras?
Cambiar las estructuras significa cambiar la causa del problema, y esta causa es el modelo político que nos rige. Un modelo es una forma sistemática de organizar y hacer las cosas constantemente. El modelo político que está detrás de la decepcionante conducta de los diputados(as) en la elección del Fiscal General y Adjunto, así como en el pasado ocurrió con la elección de la Corte Suprema de Justicia, y mañana ocurrirá con el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras instituciones claves, es un modelo de “democracia representativa” de tipo capitalista, que ya está agotado, caduco y desfasado.
Si realmente este modelo fuera representativo, los diputados y diputadas tendrían que ir a nuestras comunidades a preguntarnos que queremos y seguramente regresarían con decisiones diferentes a las que suelen tomar. Pero nada los obliga a hacerlo. Y no es su culpa porque todos hemos sido educados de que este es el mejor de los sistemas. A tal punto llega la alienación del Pueblo que se ve como lo más normal del mundo que un puñado de 128 diputados y diputadas, bajo el mando de las cupulas de sus partidos, sigan decidiendo por millones de hondureños(as) en todo aquello que afecta sus vidas.
Antes la crisis de este modelo no era evidente porque en el pasado se ajustaba a un bipartidismo que todo lo resolvía con componendas amistosas entre los oligarcas y ricachones; ya que ellos eran los únicos “representados”. Cualquier cambio que ocurriera no ponía en peligro sus intereses materiales más profundos, porque se relacionaban entre iguales. Pero en la actualidad, después del surgimiento de la Resistencia Popular, cualquier proceso de selección en el que estén en juego cuotas de poder, son peleadas a patadas y arañazos por los representantes de la oligarquía conservadora de este país. Este conflicto tiene como escenario el Congreso Nacional, la Corte Suprema, como también las municipalidades, las instituciones descentralizadas, las Juntas nominadoras y proponentes, entre otras instancias. Por lo dicho, este modelo no genera soluciones para nada, sino que solo genera conflictos y crisis políticas que escapan al control del Pueblo.
La primera solución a este problema es abandonar este modelo de “democracia representativa”, pues a los únicos que representa es a los empresarios y burócratas del sistema capitalista; y, en sustitución de este, adoptar un modelo de “Democracia Participativa Directa”, verdaderamente socialista, en el que el protagonista de la toma de decisiones sea el Soberano, es decir, el Pueblo mismo.
Esto significa que en un modelo de Democracia Participativa Directa, el Pueblo seria quien elegiría de manera directa a los magistrados(as) a la Corte Suprema, el Fiscal General y Adjunto, el Tribunal Superior de Cuentas, o a los Secretarios de Estado, de entre aquellos candidatos y candidatas que pasen por el filtro de las Juntas Nominadora o Proponentes, a través de procesos bien diseñados y auditados con participación ciudadana, organizados de manera que la participación ciudadana no dependa de su afiliación a un partido político.
La segunda medida debe ser introducir la figura de la Revocación del Mandato de todo funcionario público o representante electo por voto universal directo y secreto. Eso significa que estos podrán ser destituidos de sus cargos cuando el pueblo lo decida, ya sea porque ya no está conforme con las decisiones que toma o porque considere que hay un mejor representante para ese cargo. Eso impediría la eternización de los funcionarios y que estos se crean intocables ante sus electores.
La tercera medida es que estos funcionarios deben someter sus planes, presupuestos e informes ante asambleas ciudadanas de distritos electorales que los eligen. De esa forma los funcionarios nombrados y electos estarán obligados a hacer lo que la base quiere, estando estos en posibilidad de hacer propuestas, siempre sometidas a la voluntad popular.
La cuarta medida es que su remuneración debe ser decidida por la ciudadanía y no por ellos mismos, con lo cual se evitaran los abusos de auto aumentos exorbitantes que tanto indignan a la ciudadanía.
La quinta medida es que juntas nominadoras integradas por ciudadanos(as) hagan una preselección de candidatos y candidatas, que los investigaran para asegurarse de su idoneidad para los cargos, y de entre los candidatos, el Pueblo elegirá a sus funcionarios(as), con lo cual se evita los nombramientos de incapaces, la corrupción, vínculos con organizaciones criminales, el nepotismo y problemas derivados de una mala selección de los nombrados o electos.
Medidas como estas, propias de una Democracia Participativa Directa evitaría que sea la elite política de los partidos quienes terminen imponiendo a sus peones, sino que los representantes elegidos de esta forma respondan a asambleas ciudadanas y no a los responsables políticos partidarios.
Seguramente el pueblo se equivocará en una u otra ocasión, pero aprenderá a decidir, y es preferible que se equivoque el Pueblo mismo, y no que se equivoquen 128 personajes arrastrando con sus errores a 9 millones de habitantes.
¿Cómo hacer este cambio?
En el marco del actual orden constitucional, no es posible sustituir el actual modelo político por otro mejor. Si bien la Constitución establece que “La soberanía reside en el Pueblo” (art. 3), lo cual es una bonita declaración, sin embargo, en su texto no da lugar a que el Pueblo decida directamente quienes quieren que sean sus funcionarios. Esa potestad se la reserva el Poder Ejecutivo para ciertos cargos (ministerios, etc.), y el Poder Legislativo para otros, como el caso que nos ocupa.
Las figuras del plebiscito y el referéndum, que deberían ser mantenidas en el nuevo modelo, en el actual no resuelven este problema pues, tal como están diseñadas en la ley respectiva, tampoco escapan a la aprobación del Congreso Nacional, es decir por esa minoría de “representantes”, y, además, tal como están formuladas no pueden aplicarse a la elección de altos cargos del Estado. En un nuevo Modelo de Democracia Participativa Directa, si serian mecanismos efectivos de consulta popular.
Por tanto, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente Originaria e Inclusiva, convocada para reorganizar por completo el Estado hondureño; que establezca mecanismos de participación ciudadana más directos, con rendición de cuentas, transparencia y tolerancia política.
Una Asamblea Constituyente es el organismo democrático supremo de una democracia electoral y no debe temerse referirse a esta. No se trata de una «constituyente» según convenga al gobierno de turno, mucho menos de la oligarquía; sino que convenga al Pueblo de base.
Eso no significa la desaparición de los partidos, sino la subordinación de estos al Poder ciudadano real, eliminando eso sí, las prerrogativas que otorgan poderes desproporcionados a caudillos, comités centrales o liderazgos.
Ahora que el pueblo en las calles ha logrado cambiar la relación de fuerzas a favor de los cambios, y vista la crisis constante que generan los fallidos mecanismos de elección de funcionarios públicos, como ocurre con la elección del Fiscal General y Adjunto ¿no será el momento de abrir el debate sobre la necesidad de hacer cambios de este tipo y del mecanismo Constituyente que aquí se propone?
Bien decía Einstein que no esperemos cambios en nuestra realidad si seguimos haciendo las mismas cosas como siempre. Atreverse a cambiar es la clave del progreso.
4 de septiembre 2023