El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación inmediata de Alberto Fujimori
Por Sofía Martinez – Alternativa Socialista Perú
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la liberación «inmediata» del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y su excarcelación era inminente.
«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad», indicó la resolución difundida a los medios.
Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después, tras largas manifestaciones y protestas, la Justicia revocó el beneficio.
En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992, la de “Barrios Altos” y “La Cantuta” por el grupo paramilitar Colina.
Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.
En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado a la carcel.
Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.
En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.
El viernes último, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del ex mandatario.
La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución. Sin embargo, el fallo del TC publicado este miércoles considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.
El pedido del tribunal panamericano se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.
A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.
Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión durante el gobierno de Alberto Fujimori se pronunciaron ante la decisión del TC.
«Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente», expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992 quien además calificó el fallo del TC como una «inaceptable decisión», agregó.
La situación política que enmarca esta resolución que otorga la libertad a Fujimori se da en el contexto de un Perú con un gobierno de Dina Boluarte, surgido de un golpe parlamentario y la represión a las protestas contra ese golpe, por las que el propio gobierno está siendo juzgado. La Presidente, quien tiene como aliados a la bancada fujimorista en el Congreso, ya expresó su decisión de respetar la resolución del Tribunal Constitucional, condición evidentemente impuesta por el fujimorismo para garantizarle su apoyo.
Se abre ahora una nueva crisis política y ya organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión están convocando a manifestarse para rechazar la liberación del exmandatario. Pero además detrás de este indulto se esconden las intenciones de Boluarte de garantizarse su propia impunidad y la del Congreso que quiere perpetuarse a pesar del 98 % de desaprobación que todas las encuestas registran sobre la más corrupta de las instituciones del sistema.
Desde Alternativa Socialista, acompañaremos estas protestas y llamamos a los trabajadores , estudiantes y organizaciones populares a extenderlas a lo largo y ancho del país, porque detrás de este Indulto hay un insulto a nuestra lucha y la de millones de compatriotas.