Venezuela: De la Revolución Bolivariana de Chávez al régimen lumpenburgués, antiobrero y autoritario madurista

Por Gonzalo Gómez Freire, de Marea Socialista

En Venezuela, con el triunfo electoral de Chávez en 1998, se abrió un proceso conocido como la “revolución bolivariana”, una revolución democrática y popular con características antiimperialistas. Fue un período en el cual se alcanzaron importantes conquistas sociales y mejoras en las condiciones de vida, en parte gracias a los altos ingresos petroleros. Hubo un alto grado de movilización y participación democrática, con organismos comunitarios (llamados de “poder popular”), instancias de contraloría social y formas incipientes de cogestión o control obrero, ciertas nacionalizaciones, acompañadas de una política internacional que apuntaba a la unidad latinoamericana y a un desarrollo independiente frente al imperialismo (“mundo multipolar”). Esto sin salir del marco del capitalismo global, aunque Chávez llegó a proclamar el carácter “antiimperialista” e incluso “socialista” de la revolución bolivariana.
La dirigencia cívico-militar bolivariana en ese entonces era predominantemente plebeya, en la que participaban sectores de la oficialidad media, junto con militancia de izquierda (algunos venían de la lucha guerrillera de los años 60 al 80). El peso de sectores burgueses era muy escaso y la dirección política estaba vinculada con las bases populares.
Los antecesores políticos de Marea Socialista acompañabamos de manera crítica la experiencia de la revolución bolivariana. Fuimos impulsores de la candidatura de Chávez, y participantes en las jornadas antigolpistas del 11 al 13 de abril de 2002. Tuvimos un rol muy importante en la reorganización del movimiento obrero (mayoritariamente chavista) con la creación de la Unión Nacional de Trabajadores.
Frente a inconsecuencias y contradicciones del gobierno bolivariano, algunas de las tendencias del trotskismo, que estaba unificado en el Partido Revolución y Socialismo (PRS), rompieron con Chávez. Pero otros decidimos que había que seguir acompañando al pueblo chavista, con una política de apoyo crítico, así como seguir enfrentando las intentonas contrarrevolucionarias del imperialismo y la derecha, y tratar de desarrollar una corriente revolucionaria y socialista que apuntase a rebasar el nacionalismo pequeño-burgués progresista y reformista del chavismo. Fue entonces cuando se constituyó Marea Socialista y decidio sumarse al llamado de Chávez a construir el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del 2006. Ésto sin perder su condición de tendencia política crítica, con prensa propia e iniciativas independientes.
Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para radicalizar el proceso bolivarianao. Pero lo que primó en la dinámica de la revolución bolivariana, en contradicción dialéctica con sus aspectos más progresivos, fue la burocratización y militarización creciente, que fue sofocando a la proclamada “democracia participativa y protagónica” y a las pocas expresiones del naciente “poder popular”, truncando la construcción del llamado “Estado Comunal” y generando una presión cada vez más regresiva y de asimilación capitalista. No fue posible cuajar orgánicamente esa llamada “corriente radical” o del “chavismo crítico” que se confrontaba con las posiciones y métodos de la dirigencia del PSUV, y hasta con posiciones del propio Chávez. Llegamos a tener delegados en los congresos, dónde intervinimos e hicimos aportes para un programa de revolución socialista y por la democracia interna del partido, tuvimos dirigentes sindicales, activistas barriales, y algunos militantes de Marea llegaron a ser miembros electos de organismos regionales de dirección, encabezamos organismos amplios de articulación popular y de medios alternativos. Ganamos a un sector juvenil universitario. Sin embargo, la burocratización también nos quitaría gente o sería absorbida por el peso del chavismo y la derrota o destrucción del proceso revolucionario fragmentó y dispersó o golpeó sensiblemente a la vanguardia de izquierda.
La burocratización y militarización (gran parte de las empresas e instituciones están bajo la dirección de militares) se fue intensificando con la corrupción y la acumulación mafiosa de capital por parte de los altos funcionarios del Estado y sus testaferros. Ésto se inició estando Chávez, aunque bajo su liderazgo se mantenían las políticas progresistas y populares, que en algunos momentos mostraban cierta radicalización, auque terminaban distorsionàndose. Pocos meses antes de morir enfermo, en 2012, Chávez llamaba a dar un “Golpe de Timón” en favor del proyecto antiimperialista y de “transición al socialismo”, a construir un “Estado Comunal”, con mayor peso de las comunidades organizadas en el ejercicio del poder, sin estar muy bien definido. No obstante, el desfalco burocrático combinado con el descenso de los precios de las materias primas ya mostraba su impacto negativo y causaba gran desgaste a la revolución.
Con la muerte de Chávez y ya con Nicolás Maduro, siguieron aumentando las presiones y saboteos de la burguesía y el imperialismo, lo que agudizó mucho más la crisis económica, el desfalco y la fuga delictiva de capitales no se detuvieron. Se estima el robo a la nación en más de 500 mil millones de dólares; superior a la deuda externa y al volumen de toda la economía. La burocratización y la depredación de los recursos del Estado se fueron profundizando cada vez más, lo que fue llevando al surgimiento de una lumpenburguesía, a partir de la gestión económica corrupta y de las economías ilícitas, también de la Deuda Externa corrupta (muchas obras inconclusas). El peso de las economías ilícitas o delictivas se estima en un 21 % del PIB y el país está considerado entre los más corruptos del mundo.
Al ir cambiando la condición de clase de la casta burocrática a clase propietaria, fue cambiando también el tipo de relaciones sociales entre esta dirección política de Estado y la clase trabajadora o los sectores populares. Eso en contradicción con su ideología manifiesta y su base social histórica de apoyo. Se produjo una deriva hacia un régimen cada vez más reaccionario, autoritario e inclinado a ciertas políticas similares a las neoliberales con dolarización de hecho, precarización y flexibilización laboral extremas, tendencia a la reapertura a los capitales extranjeros, medidas como las de los típicos paquetes de “ajuste” económico.
La burocracia devenida en lumpenburguesía se convirtió así en francamente contrarrevolucionaria, con marcado giro a la derecha, y perdió cualquier atisbo de “progresismo”.
Continúa su antagonismo con los sectores de la burguesía tradicional o clásica a la cual desplazó del poder y hasta fue objeto, en algunos casos, de expropiación o despojo económico. Pero al fracasar sus intentonas conspirativas hubo sectores que se fueron inclinando por negociaciones económicas y políticas. Todo ello en el marco del juego del “garrote” y la “zanahoria” que rige el comportamiento del Imperialismo con la dirigencia bolivariana. Por eso, se ha venido conformando una especie de nueva oposición “moderada” que concilia con el gobierno de Maduro y que se enfrenta con los que siguen en la línea dura.
Entre las características que tiene la etapa post Chávez con Nicolás Maduro, podemos resaltar: a) una deriva autoritaria y represiva creciente, especialmente con el movimiento obrero y popular y con la izquierda crítica u opositora al madurismo, ya que cada vez más el gobierno negocia políticamente con sectores de la oposición burguesa (y económicamente); b) aplicación de políticas económicas y laborales muy antiobreras, con la práctica supresión del salario, salarios mínimos por debajo de 5 dólares mensuales, mano de obra casi gratuita al sector patronal y a las transnacionales, con un costo salarial “cero” (todo el trabajo es plusvalía); c) reducidísimo margen de libertad sindical, destrucción o cooptación de instancias sindicales (otra parte es manejada por los partidos patronales) y gran merma de la capacidad de movilización de la clase trabajadora, mediante la burocracia sindical y la represión; d) medidas y nuevas leyes de apertura de la economía a las transnacionales (incluyendo a las norteamericanas y europeas, y a las de los imperialismos emergentes como China y Rusia), con tendencia a la privatización o a dar más peso al capital privado en empresas mixtas del sector público, con leyes a veces de nombres engañosos como el de la Ley Antibloqueo, ley de Zonas Económicas Especiales y la minería depredadora en el Arco Minero del Orinoco. Por todo ésto vienen avanzando las negociaciones con el imperialismo: económicas, con la reducción de sanciones, y políticas, en diálogo con la oposición burguesa y con representantes del gobierno de Biden.
La derechización y deriva autoritaria del gobierno ha venido provocando algunas rupturas por la izquierda, aunque también se han desprendido sectores burocráticos hacia el ámbito político de la derecha clásica. Hay una precandidata que fue diputada y vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la última Asamblea Constituyente del PSUV (2017-2020), la bogada constitucionalista, María Alejandra Díaz, figura que defendía a Maduro en los medios oficiales, que ahora denuncia al gobierno y que en mayo 2023 expresó: «No puede llamarse revolucionario, socialista un gobierno que pone el peso de la crisis sobre las grandes mayorías, sobre la fuerza laboral, sobre el sudor de los trabajadores. Estamos pidiendo volver a la senda del proyecto histórico» (https://www.aporrea.org/actualidad/n382654.html). Pero se ha producido el deslinde de partidos y dirigentes que apoyaron a Chávez y fueron parte de la alianza con el PSUV el el llamado Gran Polo Patriótico, como ha sucedido con el PPT-Uzcátegui y con el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Como ejemplo reciente, citaremos que el PCV acaba de participar en un Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, en Turquía, donde denunció el “programa de ajuste neoliberal y la política antiobrera del Gobierno de Nicolás Maduro”, así como “la judicialización del PCV; el robo de su personalidad jurídica y la entrega de la tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio del PSUV” (https://prensapcv.wordpress.com/2023/10/21/video-pcv-denuncia-en-turquia-politica-antiobrera-de-nicolas-maduro/).
El gobierno de Maduro ha venido respondiendo a la izquierda crítica u opositora con represión y proscripción: antes de lo ocurrido con el mencionado sector del PPT y con el PCV, entre otras tendencias, a Marea Socialista se le impidió en 2015, desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Tribunal Supremo de Justicia, iniciar su proceso de legalización para participar en elecciones. También le fue allanado por la policía su local central en Caracas y se le saboteaban sus actos políticos. El gobierno interviene las directivas de los partidos para inhabilitarlas y darle la legalidad a dirigentes o grupos que le apoyan o acuerdan con él, y de esa manera ha desconocido la representación política de la dirigencia histórica del PPT y del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Además de eso ha habido casos de hostigamiento y encarcelamiento de activistas de la izquierda crítica y del movimiento obrero combativo, e incluso asesinatos en circunstancias no aclaradas.
Marea participa con las organizaciones mencionadas un espacio unitario de articulación y de movilización de defensa de los derechos de la clase trabajadora, de los derechos democráticos y contra la corrupción.
Casi todos los años hay alguna oleada de movilizaciones, que han llegado a producir protestas nacionales importantes en el sector docente, entre los empleados públicos, entre los jubilados y de trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Han sido por reclamos salariales y beneficios laborales confiscados por el gobierno (por aumento de salarios acorde con la canasta básica, contra instructivos que desmejoran las condiciones de los trabajadores, contra violaciones a los convenios colectivos de trabajo, entre otras causas) y ha habido la tendencia a conformar instancias de articulación de las luchas, como el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, del que venimos formando parte (Marea) desde hace varios meses, junto a algunas organizaciones sindicales, políticas y populares, a otras corrientes trotskistas y al Partido Comunista de Venezuela.
Pero la mayor parte del descontento y la protesta popular suele desviarse hacia factores vinculados con la oposición política burguesa, pues han sido canalizados en buena medida por la derecha tradicional, llevando a disolver esas luchas, en su momento en apoyo al autonombrado “presidente interino” y paralelo Guaidó (sin poder efectivo alguno y que ya fracasó) o tras alguna candidatura patronal y proimperialista que suscita ilusiones de poder echar en elecciones a Nicolás Maduro (la más fuerte es la de María Corina Machado).
La represión hacia la derecha política sirvió para quebrar a sectores juveniles y populares e incluso de trabajadores que se movilizaron contra el gobierno, como sucedió sobre todo entre 2017 y 2020, lo que también contribuyó a frenar las protestas autónomas. Pero, por otro lado, el gobierno, cada vez reprime más a los sectores que luchan de manera independiente y a la izquierda crítica que rompió con Maduro.
Las intentonas de la derecha para desalojar al gobierno han venido fracasando, pero al mismo tiempo el gobierno se ha ido corriendo cada vez más hacia el terreno político de la derecha y hacia los intereses del capital (de los cuales hace parte la nueva lumpenburguesía), aplicando los planes que le convienen a la patronal privada y a las transnacionales.
No obstante, en el terreno geopolítico y en los negocios se mantiene su relación privilegiada con países como China y Rusia, aunque el imperialismo norteamericano trata de recuperar su espacio con distintos métodos y palancas de presión, como lo viene logrando con las sanciones económicas como chantaje.
Pese a la gran molestia de la clase trabajadora por la situación económica, social y política, el gobierno ha venido consiguiendo en gran medida contener las luchas, no sólo por la represión, sino porque, entre otras razones, se ha tejido una red de dependencia clientelar en torno a muy precarias ayudas gubernamentales (condicionadas al apoyo político) para que el pueblo trate de paliar la miseria a la que se le somete. El pueblo pobre trata de no perder el acceso a unos pocos alimentos de las llamadas cajas CLAP o el cobro de bonos sin incidencia salarial, así como de obtener pequeños favores que dependen de la aprobación de las instancias locales de gobierno o del partido, al haber sido destruida la seguridad social y el sistema de salud. Pero, por otra parte, la gente también se ve obligada a compensar su falta de ingresos en la economía de la corrupción al servicio de las roscas de la burocracia. El circuito de la corrupción (como sistema económico), más la represión y el control social con “ayudas” y vigilancia política que penetra en las comunidades, son factores poderosos de chantaje, disuasión y contención.
El gobierno culpa al bloqueo y las sanciones por la crisis económica y la falta recursos, pero muchos problemas económicos son previos, y las sanciones lo que han hecho es agravarlos. El desfalco y la corrupción, la fuga delictiva de capitales y el endeudamiento ilegítimo, son los factores más determinantes como causales de la crisis. Lo podemos ejemplificar diciendo que lo desfalcado hubiese dado para pagar salarios que cubriesen el costo de la canasta básica familiar, que está por encima de los 900 dólares mensuales, a una población laboral de 14 millones de personas,por 3 años y medio, y durante 7 años al costo de la canasta alimentaria (con un costo de 400 a 450 dólares), mientras que el salario mínimo oficial se mantiene hace años entre 3 y 5 dólares mensuales, quizás el más bajo del mundo. La falta de salario, es entre otras, una de las principales razones que ha impulsado la migración forzosa de alrededor de 7 millones de venezolanos, sin ser un país en guerra.
Todo lo anterior marca una situación reaccionaria y de derrota de la clase trabajadora y del movimiento popular, que ha dado al traste con la Revolución Bolivariana que conocimos. Situación reaccionaria frente a la cual es muy difícil responder, siendo necesario un período de acumulación de fuerzas y de recuperación en todos los sentidos, que requiere además del mayor apoyo internacional a las luchas del pueblo venezolano en defensa de sus derechos y libertades.
Las sanciones imperialistas, como decíamos, se han ido flexibilizando en la medida en que el gobierno de Maduro aplica sus políticas de ajuste, de apertura a los capitales extranjeros y concesiones a la derecha tradicional apoyada por los imperialistas estadounidenses y europeos. Los EEUU autorizaron a la Chevron Texaco a reiniciar la explotación de campos petrolíferos, bajo condiciones que hicieron retroceder los criterios de soberanía defendidos por Chávez e incluso el gobierno le cedió a un directivo de la Chevron la conducción ejecutiva de una empresa petrolera mixta vinculada con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), llamada Petropiar (Designan a Martin Philipsen de Chevron Venezuela como gerente general de la empresa mixta Petropiar, www.aporrea.org/energia/n379556.html). A las vez, con su más reciente paquete de leyes y con las Zonas Económicas Especiales, el gobierno les ofrece una mano de obra casi gratuita y fuertemente sometida, garante de una más cuantiosa plusvalía, como en las maquilas.
El gobierno está dispuesto a ceder lo que pida el imperialismo, pero reteniendo el poder político para la burocracia y para la lumpenburguesía que está instalada, aunque se asegura manteniendo sus relaciones “multipolares” con China y otros países (por sus conveniencias económicas y políticas). El imperialismo apuesta por la oposición de derecha tradicional, pero juega y negocia con sus mecanismos de presión sobre el madurismo.
Acaba de pactarse la realización de elecciones (como corresponde constitucionalmente) en diciembre de 2024, pero de arranque ya el gobierno “inhabilitó” a las candidaturas mejor posicionadas para esa competencia, que han logrado movilizar en octubre una parte importante del electorado para una primarias (aunque el gobierno no las reconoce). También maniobra con una el anuncio de un referendo por el conflicto territorial que mantiene con Guyana sobre el Esequibo, reclamado como territorio venezolano, que fue arrebatado por la Inglaterra colonial en el siglo pasado y heredado por la Guyana independiente. Tal referendo previsto para noviembre 2023, podría de tener el resultado que busca el gobierno, ser usado para brindarle a Maduro una excusa para declarar eventualmente una emergencia nacional y posponer las elecciones presidenciales, para prohibir protestas obreras y populares o para arroparle con una imagen “nacionalista” y anti imperialista” con la que poder manipular políticamente, aunque hace mucho tiempo que perdió esa condición, como lo viene demostrando.
La izquierda nacional e internacional, debe dar por terminada cualquier posibilidad de que con esta dirección contrarrevolucionaria que gobierna a Venezuela pueda recuperarse el curso de la revolución bolivariana, porque ha impuesto un régimen muy reaccionario y profundamente antiobrero. Oponerse al bloqueo y sanciones económicas o al intervencionismo imperialista, no justifica brindar ningún apoyo político al gobierno de Maduro, y ésta es una de las grandes discusiones que tenemos con el “campismo”.
Debemos profundizar en el estudio de por qué hasta ahora todas las revoluciones han terminado burocratizadas, degeneradas y convertidas en su opuesto, unas antes y otras después, imponiéndose sectores dominantes de su dirección que van asimilándose al capital. En el caso de Venezuela, ha contribuido con esto el estalinismo cubano.
La lucha antiburocrática es clave en los procesos revolucionarios, la educación de los cuadros y la educación de masas sobre la importancia de la participación protagónica y democrática para no dejar en otras manos los asuntos de un país o de cualquier organización, sindicato, partido, comunidad, ciudad… Es importante para la lucha antiburocrática la planificación democrática sobre bases científicas y el ejercicio de la contraloría social para detectar, detener y castigar la corrupción, la construcción de organismos de poder obrero popular y de partidos revolucionarios con una sólida moral. Empujar hacia una dinámica de “revolución permanente” con el programa revolucionario de transición al socialismo concatenado a la lucha internacional y al internacionalismo (construir la Internacional)… Pero este es un tema que tiene que ser más analizado y discutido, para darle mejores respuestas políticas-programáticas, organizativas, de planificación, de construcción de poder obrero-popular, de capacitación y práctica autogestionaria, de formación militante y ciudadana, educativas y socio-culturales.
Es clave la formulación de políticas y de un programa a la vez anticapitalista y antiburocrático, contra la gestación de burocracias y contra las nuevas y viejas burguesías.
En Venezuela nos encontramos en una situación muy difícil donde tenemos que defender la satisfacción de las necesidades más elementales del pueblo, impulsar luchas para la recuperación del salario y de reivindicaciones históricas de la clase trabajadora sobre las que se avanzó en el período de Chávez y que ahora se han perdido por completo. Debemos recuperar libertades y formas de organización básicas como las sindicales, y defendernos de la represión por un lado y del chantaje clientelar del Estado (ejemplos), articular y unificar luchas, potenciar la capacidad de movilización e ir realimentando la conciencia de clase. Tenemos que esforzarnos para que el repudio a la burocracia-lumpenburguesía gobernante (el gobierno de la burocracia del PSUV y los militares) no siga siendo capitalizado por los partidos de la oposición patronal con odio por “socialismo” (debido al falso socialismo con el que se encubre la burocracia). Hay que batallar frente a la pérdida de independencia política de la clase trabajadora y el pueblo entre dos derechas (la gubernamental y la clásica). Manejar consignas anticorrupción, de expropiación y recuperación de recursos sustraídos por los corruptos, su denuncia y destitución de los cargos públicos, la exigencia de auditorías públicas y ciudadanas en las empresas e instituciones del Estado, su desmilitarización, el desconocimiento de la deuda ilegítima y corrupta. Reclamar la anulación de las leyes que favorecen la corrupción y el saqueo del país: Ley Antibloqueo, Ley de Inversiones Extranjeras, de Zonas Económicas Especiales, Arco Minero del Orinoco… Defensa de los derechos democráticos y políticos y de la posibilidad de elecciones limpias con todas las garantías es igualmente un reclamo central.
Para eso es necesario estimular un reagrupamiento revolucionario al calor de los nuevos episodios de la lucha de clases que se han de presentar y con esa perspectiva construir nuestro partido, Marea Socialista, en vinculación con la LIS, con el objetivo puesto en una nueva revolución venezolana que nos lleve a conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo, basado en el poder obrero y popular, anticapitalista y antiburocrático, verdaderamente democrático y con el rumbo de avanzar en la transición al socialismo, evitando la degeneración burocrática de ese proceso.