Por Arturo Bermúdez C.
Del 6 y el 20 de junio se dio el que ha sido el más importante y estruendoso choque entre un sector social (el magisterio) y las propuestas, acuerdos y negociaciones del gobierno Petro para sacar adelante sus reformas; en el caso una nueva ley estatutaria de educación.
Reflexionar sobre la confrontación que tuvo lugar es de vital importancia para los trabajadores del país, no solo para el magisterio; para ubicarse respecto al gobierno y poder defender sus derechos en lo que resta del mandato y en la encarnizada lucha que se dará en las elecciones del 2026.
El choque no fue directo o frontal con el gobierno, menos aún con el presidente; quien mantuvo un sospechoso silencio durante la confrontación. A pesar de haber sido lateral son muchas las lesiones que causó; lesiones que serán difíciles de sanar. También son muchas las lecciones que hay que aprender para que lo logrado, contener un proyecto nefasto para la educación pública, no se esfume en los dos años venideros.
Los hechos son conocidos. El 6 de junio la página del Senado destacó la noticia, con el titular: “Histórico: después de 30 años se aprueba ley que garantiza la educación en Colombia”, encabezando: “Aprobado por consenso interpartidista un Proyecto de Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación en todo el territorio nacional.”[1] [negritas nuestras]. Se refería al acuerdo alcanzado en la Comisión I del Senado respecto al proyecto del gobierno.
En la misma nota se informa que la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien con Ariel Ávila del Partido Verde representaba a la bancada del Gobierno en esa Comisión describió el hecho “como un pilar inicial de un acuerdo nacional en distintos ámbitos”. Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara, cuya posición era decisiva para lograr el acuerdo, respaldó la iniciativa adquiriendo compromisos, al declarar: “Cuenten con la certeza y responsabilidad de este equipo para integrar sus voces a la versión de la ponencia que presentaremos en la plenaria del Senado. Agradecemos como Gobierno Nacional a todos los que hicieron posible este acuerdo”. Los grandes medios de comunicación alabaron hasta el infinito la capacidad negociadora de ministra y su disposición a ceder y conciliar.
En síntesis, con la enmienda aprobada en la Comisión se intentaba que el Senado aprobase el proyecto gubernamental que, por trámite y oposición de los partidos de oposición, estaba ya al borde del hundimiento por el final de la legislatura. Para lograr la aprobación unánime el gobierno y sus parlamentarios tiraron por la borda los acuerdos previos que, sobre los criterios esenciales que debería contener la Ley, habían suscrito con Fecode desde antes incluso de la elección presidencial.
Las propuestas de campaña de Petro para una reforma “progresista” (en especial de la educación) llevaron a un respaldo masivo del magisterio a su campaña y a que incluso la Federación donase 500 millones de pesos. La enmienda “unánime” solo podía ser catalogada como traición abierta o puñalada por la espalda a la confianza e ilusiones de esos miles de maestros que confiaron (y muchos aún lo hacen) en este gobierno y en sus propuestas de reformas.
En la semana siguiente se gestó la tormenta. Presionada por sus bases y por las direcciones intermedias la alta dirección de Fecode, a pesar de su compromiso y respaldo al gobierno y a sus partidos, se vio obligada a optar por el único camino que tenía para salir lo mejor librada posible: convocó al paro nacional y a la movilización permanente, con toma de Bogotá por parte de miles de maestros, durante varios días, en el final de la legislatura, exigiendo el hundimiento del proyecto de ley; lo cual se logró.
varios leen el periódico de Docentes UNÍOS.
Que los lesionados en este choque se curen sus heridas; ese papel no le corresponde al magisterio. El magisterio debe estudiar, analizar, reflexionar sobre las lecciones que deja esta confrontación, para prepararse ante el riesgo de nuevas arremetidas. De las tantas lecciones que se pueden extraer destacamos:
—Los partidos que representan directamente a la burguesía, que defienden el gigantesco negocio de la educación privada, continuarán usando todas las armas a su alcance contra cualquier medida que pueda afectar su negocio. Así lo han hecho durante décadas y lo seguirán haciendo.
—El magisterio tendrá que continuar levantando en alto las principales banderas que ha enarbolado durante ese mismo tiempo: defensa absoluta y total de la educación pública, ni un solo peso de dinero estatal destinado a financiar, respaldar, promover o sustentar el negocio privado de la educación, extensión completa y a cargo del estado de la educación pre-escolar, no supeditación de la evaluación a los docentes a los resultados de los estudiantes en distintas pruebas, ampliación inmediata de la planta docente nacional para disminuir la cantidad de alumnos por curso –una de las mejores medidas para elevar de inmediato la calidad de la educación–, etc.
—Más allá de sus discursos, el mismo Petro, sus ministros, su bancada parlamentaria, las direcciones sindicales burocráticas que lo respaldan y se sienten parte de este, continuarán con su política de conciliación, concertación y búsqueda de acuerdos con todas las franjas burguesas; incluso con las más reaccionarias. Esa política es y ha sido nefasta. En lugar de lograr conquistas ha llevado a que las de años anteriores, logradas en duras jornadas de lucha y movilización, se estén perdiendo.
—Hay que cuestionar la política de concertación y conciliación y articular un movimiento masivo, por la base, que obligue a la dirección sindical a romper con ella, a asumir una posición independiente del gobierno sin que ello signifique, por supuesto, colocarse al lado de las opciones directamente burguesas o hacerles el juego. Esa política independiente debe conducir a discutir de manera ampliamente democrática, en la base del magisterio, en centenares de asambleas, las que serían las líneas rojas en las que el magisterio no transigirá en defensa de la educación pública y de sus derechos.
—Los miles de maestros que con su movilización lograron el triunfo parcial y temporal de hundir el proyecto enmendado tienen todo el derecho a exigir una discusión democrática de cualquier nuevo proyecto. El proyecto inicial fue concertado entre el gobierno y la alta burocracia de Fecode, sin una profunda discusión en las bases magisteriales. Hay que exigir la convocatoria de un Congreso Extraordinario, de emergencia, de Fecode con delegados elegidos democráticamente en esas asambleas que proponemos, en el cual se discutan los puntos esenciales que deberá contener cualquier proyecto que el gobierno vaya a presentar nuevamente. Se debe exigir al gobierno que se abstenga de presentar cualquier nuevo proyecto hasta tanto esta discusión democrática concluya en las bases magisteriales y que el gobierno se comprometerá con las definiciones que en ese Congreso se adopten.
–La confianza e ilusiones de miles de maestros en el gobierno y sus partidos ha salido enormemente lesionada en este choque. Eso es positivo en la medida en que abre un espacio para el diálogo, la reflexión y el análisis. La tarea principal de los socialistas revolucionarios es contribuir a que decenas de docentes en el país aprendan las lecciones que se pueden extraer del choque que se dio, poniendo caminos para la continuidad de la lucha; sabiendo que solo con la movilización masiva y organizada es posible contener cualquier medida lesiva promovida o acordada por cualquier gobierno y defender los derechos adquiridos, así como conquistar otros.
Bogotá, 25 de junio de 2024
Publicado originalmente en El Trabajador Socialista
[1] Histórico: después de 30 años se aprueba ley que garantiza la educación en Colombia (senado.gov.co)