A nueve meses de la insurrección de abril en Nicaragua, los escenarios han cambiado de forma significativa pues ha sido un proceso en constante movimiento en la correlación de fuerzas en resistencia. Han sido meses muy duros, marcados por el dolor y la muerte. En este momento, en Nicaragua, todo está por definirse. Entonces es necesario replantear ciertos debates para entender el rumbo que ha tomado el proceso de lucha contra la dictadura.. Lo que buscamos con esta columna es no solo informar, sino también aportar con ideas al proceso de lucha y reflexión en Nicaragua. El panorama es distinto al del inicio de las protestas de abril, y a pesar que el gobierno de Ortega se encuentra totalmente aislado a nivel internacional y se mantiene en el poder únicamente por el uso la fuerza y la instauración de la doctrina del terror; la correlación de fuerzas populares todavía no logra resurgir en una estrategia revolucionaria de resistencia popular, pero tampoco pierde su espíritu combativo.
La ruptura al interior de las bases
El régimen ha empezado a mostrar los primeros síntomas de desintegración a lo interno de sus bases. En noviembre de 2018 se dio la escandalosa renuncia de Ligia Gómez, ex gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua, y secretaria política del FSLN; quien denunció desde el exilio, con lujo de detalles las fases y formas de la represión impulsada desde cada ministerio bajo la dirección de Rosario Murillo, Vicepresidente y esposa de Ortega. A partir de este momento, cada vez son más funcionarios y de más alto rango los que paulatinamente se van distanciando y denunciando la maquinaria represiva que impera en el país centroamericano.
Tal es el caso del superintendente de bancos Víctor Urcuyo, cuya renuncia fue presentada el 20 de diciembre de 2018. Luego fue el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda, quien es considerado uno de los principales operadores políticos del FSLN. En 2009 él fue el responsable de emitir la resolución judicial que permitió la reelección de Ortega en 2011. Su renuncia al poder judicial, en enero de 2019, la hizo desde fuera de Nicaragua por medio de una carta pública que tituló “Carta de renuncia y denuncia”, donde se refiere a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno a partir de las protestas de abril, y expone a Daniel Ortega como dictador; y agrega que “la separación de poderes en Nicaragua se acabó, la concentración de poder está en ellos, en esas dos personas”. Asimismo, Solís advirtió sobre la falta de voluntad de Ortega y Murillo para dejar el poder y la matanza.
¿Qué significan estas renuncias en medio de la crisis? No es un hecho menor, por un lado, la dictadura parece estar desmoronándose y perdiendo fuerzas a nivel interno. Estos funcionarios que dimiten son testigos clave de la corrupción y el funcionamiento del régimen Ortega-Murillo. Son fichas importantes dentro del tablero inestable de la dictadura. Estas dimisiones confirman el nivel de amenazas a lo interno del partido y el temor que sienten los funcionarios del régimen que saben que esto se viene para abajo; pero el clamor popular es claro, “celebramos la renuncia pero no olvidamos”, todos los cómplices del régimen deberán ser investigados y juzgados para pagar por sus crímenes.
La salida diplomática que todos quieren, menos el pueblo nica en resistencia
Otro avance importante ha sido la presentación del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la CIDH, cuyo resultado de su investigación en terreno, condena crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, dirigidos por Ortega a través de la Policía Nacional y fuerzas paraestatales afines al gobierno del FSLN. Con estas declaraciones presentadas ante una sesión extraordinaria en la OEA el 10 de enero de 2019, se confirmó a nivel diplomático lo que el pueblo nicaragüense viene denunciando desde abril de 2018: en Nicaragua hay una dictadura que asesina, viola, encarcela, tortura y desaparece a quien alza su voz y sus ideas para exigir libertad, democracia y justicia. La presentación de este informe ha dado paso a la amenaza de la aplicación del artículo #20 de la Carta Democrática Interamericana, con la cual se podría suspender a Nicaragua como país miembro de la Organización de Estados Americanos.
Esta instancia diplomática no peca de inocente, y tiene intenciones claras, buscar una salida negociada a la crisis nicaragüense a través de la presión internacional. Pero ojo, es necesario sentar posturas en cuanto a la salida de la dictadura y los supuestos intentos que se quieren promover desde los espacios de poder hegemónicos en Nicaragua; la iglesia católica por medio la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de la empresa privada mediante el COSEP y la misma dictadura orteguista a través de las instituciones judiciales y el poder legislativo.
En las últimas semanas se ha insistido a través de una campaña mediática, impulsada sobre todo desde el sector privado, que lidera la Alianza Cívica, en la restauración de la mesa de “Diálogo Nacional”, donde esperan apelar a la buena voluntad del dictador, anhelando resultados distintos pero haciendo siempre lo mismo. Recordemos que fue ese sector el que no dio todo lo que tenía para botar al dictador en el momento en que podía hacerlo, hoy vienen e insisten en darle espacio al régimen para oxigenarse, tal como pasó en mayo-junio 2018. Es necesario dejar claro que el pueblo nicaragüense, las madres, los presos y exiliadas no están dispuestas a dialogar con asesinos ni cómplices de la dictadura. La salida debe ser de carácter popular, y crear las condiciones de juicio y castigo a los cómplices y perpetradores de la masacre al pueblo nicaragüense.
Llamamos a la más amplia solidaridad de los pueblos de América y el mundo para apoyar la lucha y la autodeterminación de todas y todos los nicaragüenses que apuestan por la refundación del Estado y la búsqueda de justicia, pero para esto la salida de los dictadores es fundamental.
México ofrece mediar en la crisis nicaragüense
Pese a que México se abstuvo de opinar a favor del pueblo Nicaragüense en la OEA y condenar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Ortega-Murillo; el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes, manifestó ante el Senado mexicano, que el gobierno de López Obrador se ofreció como mediador y facilitador del diálogo para coadyuvar a resolver los conflictos internos que se viven en Nicaragua con “respeto a su autodeterminación” y “bajo el principio de no intervención”.
Este ofrecimiento expone los intereses sociopolíticos de México sobre la Centroamérica en crisis, mediar en el conflicto nicaragüense sería influir también en la crisis del istmo entero, las caravanas migrantes del triángulo norte hacia México y EEUU, y acaso mantener las relaciones económicas de las transnacionales mexicanas en la región.
Tampoco podemos afirmar que la abstención mexicana en la OEA, sea una declaración de apoyo a Ortega aunque sigue reconociendo a su gobierno de pseudoizquierda como legítimo; el problema actual es que todavía hay sectores que no aceptan que la salida del régimen es el primer paso para un diálogo, un diálogo sin Ortega. La primera acción de esos interlocutores y del pueblo en general deberá ser el desconocimiento de Ortega como figura presidencial, como “autoridad”, y ese punto es innegociable.
Las condiciones para el diálogo no tienen la correlación de fuerzas que tuvo en mayo-junio 2018, necesarias para que las demandas populares sean puestas sobre la “mesa de negociación”. En este momento, ya no contamos con la resistencia en tranques y barricadas, ni tampoco la movilización masiva en las calles. La mayoría de liderazgos estudiantiles, feministas y campesinos se encuentran presos, asesinados o en el exilio, y la represión, la violencia y la persecución continúan; entonces ¿Qué cambiaría en esta ocasión, por quienes se autoproclaman voceros del pueblo para negociar una agenda desconocida con los personeros de la dictadura? El problema no es el diálogo en sí mismo, sino las agendas y los interlocutores propuestos, que legitiman un sistema totalmente viciado y caduco en un contexto que no favorece la resistencia popular.
Para nosotros la amnistía no es una opción. Creemos que es necesario el diálogo, sí, pero como herramienta de discusión a nivel local, abierto e inclusivo, virado hacia las bases populares, comunitarias y territoriales, que retomen las asambleas barriales y discutan todos los temas de interés inmediato como la liberación de todxs lxs presxs políticos de la dictadura, anulación de todos los juicios en curso, repatriación de lxs exiliadxs. Y a mediano plazo, pensar colectivamente en alternativas independientes de transición política una vez derroquemos a la dictadura, políticas de memoria y acompañamiento a familiares de las víctimas y las madres de abril, con garantías de no repetición y acceso a la justicia real.
Creemos que en Nicaragua es necesario un proceso de Asamblea Constituyente con verdadera representación de los intereses del pueblo. Ya quedó demostrado en el intento de Diálogo Nacional –que se instauró en Mayo del año pasado- que existen algunos sectores que solo están buscando cómo mantener el mismo sistema que se venía implementando desde antes de la rebelión de abril. En Nicaragua, hoy las juventudes junto a otros sectores sociales tenemos la oportunidad de hacer una revolución definitiva que no solo saque a la dictadura de Ortega sino que también plantee las condiciones para la refundación del país. Todos los problemas estructurales de Nicaragua deben discutirse a nivel nacional para generar una ruta de cambio que mejore las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, y eso definitivamente no pasará por ninguna mesa liderada por la empresa privada y los grupos de poder fáctico en Nicaragua.
Por Ariana McGuire Villalta, Nicaragüense exiliada en Argentina