Por Naira Carcelen
A casi un mes de la segunda vuelta presidencial, Perú continúa sin conocer oficialmente quién gobernará el país durante los próximos años. Con más del 99% de las actas procesadas y una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el país se encuentra nuevamente frente a un escenario que ya se ha vuelto una constante en su historia reciente: una elección definida voto a voto, en medio de una profunda polarización política y social. Si la tendencia se mantiene, esta podría convertirse en la tercera elección presidencial consecutiva que se resuelve por menos de un punto porcentual, un dato que lejos de representar una simple curiosidad estadística revela la magnitud de la crisis política que atraviesa el país y la ausencia de consensos capaces de ofrecer una salida estable a los problemas que enfrentan millones de peruanos.
Sin embargo, sería un error interpretar esta situación únicamente como un fenómeno nacional. Lo que ocurre hoy en Perú forma parte de una tendencia mucho más amplia que atraviesa a América Latina y al mundo. En los últimos años hemos visto avanzar a distintas expresiones de derecha y extrema derecha que han logrado capitalizar el malestar social generado por años de crisis económica, deterioro institucional y frustración frente a gobiernos incapaces de responder a las necesidades de las grandes mayorías. Desde la llegada de Milei al gobierno argentino hasta el fortalecimiento de proyectos conservadores en Ecuador, Colombia, Chile y ahora Perú, asistimos a una reconfiguración política regional que debe entenderse como parte de una crisis más profunda del capitalismo contemporáneo, una crisis que ya no es únicamente económica sino también ambiental, cultural, social y política. Mientras aumentan la desigualdad, la precarización laboral y la incertidumbre sobre el futuro, sectores cada vez más amplios de la población buscan respuestas urgentes, y es precisamente en ese terreno donde la derecha intenta presentarse como una alternativa capaz de restaurar un supuesto orden perdido.
La campaña de Keiko Fujimori constituye una de las expresiones más claras de este fenómeno. Su propuesta se ha construido alrededor de la promesa de restaurar el orden mediante políticas de mano dura contra la delincuencia, declarando una supuesta «guerra» contra los extorsionadores, promoviendo el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en las calles, el control militar de las cárceles y el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia, persecución y represión estatal. Detrás de este discurso se encuentra una lógica profundamente peligrosa: utilizar el miedo legítimo que siente una parte importante de la población frente al avance de la criminalidad para justificar el recorte de libertades democráticas, la ampliación de las facultades represivas del Estado y la consolidación de un proyecto político autoritario que presenta la fuerza como única respuesta a problemas que tienen raíces sociales, económicas y estructurales mucho más profundas.
No es casual que estas propuestas despierten preocupación en amplios sectores sociales pues el recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori continúa presente en la memoria colectiva del país, no solo por su carácter autoritario, sino también por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo el amparo de la llamada lucha contra el terrorismo. Durante aquellos años, el Perú vivió una etapa marcada por el terrorismo de Estado, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y la criminalización de la protesta social. Por eso, cuando hoy Keiko Fujimori vuelve a levantar las banderas del orden, la militarización y la mano dura, no está proponiendo una novedad, sino recuperando una tradición política cuya herencia sigue pesando sobre la sociedad peruana. Lo que se presenta como una solución frente a la inseguridad corre el riesgo de convertirse, una vez más, en una herramienta para fortalecer mecanismos de control social que históricamente han sido utilizados contra los trabajadores, la juventud y los sectores populares mucho más que contra quienes concentran el poder económico y político.
La fuerza que ha logrado alcanzar la candidatura de Roberto Sánchez debe entenderse precisamente como la otra cara de esta misma crisis. Su discurso encontró receptividad porque logró conectar con una realidad que millones de personas experimentan cotidianamente: mientras las exportaciones mineras continúan generando enormes ganancias para grupos empresariales nacionales y transnacionales, amplios sectores de la población siguen enfrentando salarios insuficientes, servicios públicos deteriorados y condiciones de vida cada vez más precarias. La propuesta de revisar contratos mineros, fortalecer la intervención estatal, aumentar la inversión social y garantizar que la riqueza generada por los recursos naturales beneficie efectivamente a las comunidades encontró eco en ese malestar acumulado durante años y permitió que amplios sectores populares vieran en su candidatura una posibilidad de cambio frente al agotamiento del modelo vigente.
Sin embargo, el propio desarrollo de la campaña también puso en evidencia los límites de ese proyecto. A medida que avanzó la segunda vuelta y se consolidaron nuevas alianzas políticas, la candidatura de Sánchez fue moderando progresivamente su discurso y adaptando parte de sus propuestas para tranquilizar a los mercados, a los grandes grupos empresariales y a los sectores tradicionales del poder. Esta dinámica no constituye únicamente una característica individual de su candidatura, sino que refleja una contradicción más amplia que atraviesa a buena parte de las fuerzas progresistas latinoamericanas: la dificultad de ofrecer una alternativa real a la crisis sin entrar rápidamente en negociaciones y concesiones con los mismos sectores responsables de administrarla. En ese sentido, el escenario peruano expresa también los límites de proyectos que buscan gestionar el descontento social sin cuestionar de manera consecuente las bases estructurales del sistema.
Mientras el conteo continúa y la incertidumbre política se prolonga, otro fenómeno comienza a cobrar relevancia: la movilización popular en defensa del voto. Las jornadas impulsadas por organizaciones y simpatizantes de Juntos por el Perú no solo expresan preocupación por el desenlace electoral, sino también la voluntad de amplios sectores sociales de intervenir activamente en una disputa política que durante años estuvo monopolizada por las élites económicas y los partidos tradicionales. Resulta revelador que la respuesta de las autoridades haya sido restringir la circulación y limitar las movilizaciones bajo el argumento de preservar el orden público. Una vez más, se hace evidente el doble estándar con el que suelen actuar las instituciones: mientras las movilizaciones conservadoras reciben tolerancia e incluso respaldo, las expresiones de organización popular son rápidamente señaladas como una amenaza.
Sea cual sea el resultado final, la elección peruana deja una conclusión difícil de ignorar: la crisis sigue abierta. La polarización que hoy atraviesa al país no es un fenómeno aislado, sino parte de una disputa mucho más amplia que recorre toda América Latina. Mientras la derecha avanza intentando capitalizar el miedo, la inseguridad y el descontento social para fortalecer proyectos cada vez más autoritarios, millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y sectores populares continúan buscando una salida a una crisis que el propio sistema es incapaz de resolver.
Por eso, la respuesta no puede limitarse al terreno electoral. Las movilizaciones en defensa del voto popular muestran que existe una disposición creciente a organizarse y defender las libertades democráticas frente a quienes buscan restringirlas. Esa fuerza es la que debe fortalecerse en los próximos meses, independientemente de quién resulte proclamado presidente
Desde la Liga Internacional Socialista reafirmamos nuestra posición antifujimorista y nuestro rechazo a cualquier salida autoritaria presentada bajo el discurso del orden y la seguridad. Pero también sostenemos que las transformaciones profundas que necesita el Perú no vendrán de acuerdos entre las élites ni de los límites de las instituciones existentes, sino de la organización independiente de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los sectores populares.
Frente a una crisis que ya es internacional, nuestra respuesta también debe ser internacional. Por eso seguimos apostando por la construcción de una alternativa socialista, revolucionaria e internacionalista, capaz de articular las luchas que hoy recorren el continente y disputar efectivamente los espacios de poder al servicio de las grandes mayorías.
La tarea sigue siendo la misma: organizar la resistencia, fortalecer la movilización desde abajo y construir una herramienta política capaz de transformar de raíz este sistema. Porque frente al avance de la derecha, la respuesta no es la resignación. La respuesta es más organización, más lucha y más socialismo.
