Por Haris Qadeer y Umair Khurshid

Esta traducción refleja la situación en el punto álgido de la represión. Desde el 15 de julio, se han llevado a cabo negociaciones entre representantes del movimiento e intermediarios gubernamentales. Si bien el resultado sigue siendo incierto, el inicio de las conversaciones marca una nueva fase en la crisis política y debe tenerse en cuenta al leer este análisis.

Durante más de tres años, el movimiento por los derechos populares en Jammu y Cachemira administrada por Pakistán (PAJK) ha mantenido un ciclo continuo de movilización masiva. En el último mes, el movimiento ha entrado en una fase sin precedentes.

El 14 de julio, el asedio en Rawalakot cumplió 38 días, mientras que el asedio general entró en su día 34. Las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad durante este período han cobrado la vida de al menos 50 personas. Cientos han resultado heridas y cientos más han sido detenidas.

La larga marcha que comenzó en Bhimber el 9 de junio ha permanecido acampada a pocos kilómetros de Rawalakot durante los últimos 34 días. Además de esta sentada central, se han establecido cinco acampes de protesta adicionales alrededor de la ciudad.

Una sentada bloquea la carretera principal que une Poonch con Islamabad, en la Terminal de Autobuses de la carretera Gowain Nullah. Otra se ha establecido en la carretera Singola, que conecta Poonch con Bagh. Dos acampes más se ubican en Mujahidabad y Paniola, en la carretera que va de Poonch a Muzaffarabad.^[1] Un quinto acampe de protesta se ha instalado cerca de la escuela secundaria Potthi Makwalan, en la carretera Shujaabad, entre Rawalakot y Bagh.

Los líderes del movimiento han anunciado que una larga marcha comenzará el 15 de julio si sus demandas no se resuelven. Las autoridades estatales han preparado amplias medidas para detener la marcha, independientemente del desarrollo de las negociaciones.

En la mañana del 14 de julio, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación contra la sentada en la Terminal de Autobuses. Además, un gran contingente se desplazaba por Baloch con el objetivo de aislar el acampe central por la retaguardia. Los manifestantes primero bloquearon su avance en Baloch y luego los detuvieron nuevamente en Baithak Awanabad. Estos enfrentamientos dejaron al menos ocho muertos y muchos heridos.

La decisión del Estado y la represión

El Estado decidió reprimir el movimiento y comenzó la represión el 5 de junio, cuatro días antes del inicio previsto de la gran marcha. Se habían celebrado varias rondas de negociaciones con anterioridad. Las últimas conversaciones formales tuvieron lugar el 30 de mayo en Muzaffarabad con representantes del gobierno federal de Pakistán. Tras el fracaso de estas negociaciones, la dirección del movimiento confirmó que la gran marcha seguiría adelante. El Estado entonces comenzó los preparativos para una operación de seguridad decisiva.

El 5 de junio, las autoridades anunciaron el calendario electoral. A esto le siguió una notificación oficial que declaraba al Comité Conjunto de Acción Awami (JAAC) y a los Comités de Acción Awami (AAC)^[2] afiliados como organizaciones terroristas y prohibía sus actividades.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Pakistán desplegó 14.000 efectivos de seguridad en Cachemira administrada por Pakistán (PAJK). Un contingente adicional de más de 8.000 efectivos llegó en los días siguientes.

Los servicios de internet fueron suspendidos la noche del 5 de junio, marcando el inicio de la represión. Se llevaron a cabo redadas en varias ciudades, que resultaron en numerosos arrestos. Se establecieron puestos de control como parte de los esfuerzos para detener a 27 miembros de la cúpula del movimiento.

Durante estas operaciones, las fuerzas de seguridad actuaron en base a informes de inteligencia sobre el convoy del líder del movimiento, Umar Nazir Kashmiri. El personal de seguridad abrió fuego contra el convoy, matando al destacado activista Shazeb Habib, quien recibió un disparo en la cabeza y falleció en el acto. Umar Nazir Kashmiri sufrió graves heridas de bala en la oreja y el rostro.

El tiroteo provocó una respuesta inmediata en Rawalakot. El 6 de junio se decretó un bloqueo, mientras que los manifestantes colocaron el cuerpo de Shazeb Habib frente al Hospital Militar Combinado (CMH) y realizaron una sentada. La noche del 7 de junio, los Rangers^[3] dispersaron la protesta mediante un operativo de seguridad. Según los informes disponibles, al menos 24 civiles y siete miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida durante los sucesos. Determinar el número final de fallecidos ha resultado difícil, ya que la policía se hizo cargo de los cuerpos, incluido el de Shazeb Habib, y los enterró antes de entregarlos a sus familias. El recuento completo de víctimas dependerá de que se den las condiciones necesarias para una verificación independiente.

Toque de queda, arrestos y castigos colectivos

Tras la operación en Rawalakot, las autoridades adoptaron una política de «tolerancia cero» e impusieron un toque de queda en toda la ciudad. Los operativos de seguridad también continuaron en otras localidades de Pakistán-Jadavpur.

Se allanaron y dañaron viviendas pertenecientes a activistas del movimiento. Se clausuraron las oficinas de los Comités de Acción y organizaciones políticas, y se destruyeron muebles, documentos y equipos en muchas de ellas. Vehículos privados, motocicletas y otras pertenencias de los residentes también fueron blanco de los operativos.

En Rawalakot, el personal de seguridad forzó la entrada a al menos siete tiendas rompiendo sus persianas antes de saquearlas. Una gasolinera también fue saqueada durante la operación.

En Rawalakot, los puestos de control operados por la Policía de Islamabad se han convertido en una constante en la vida diaria. Las personas que entran o salen de la ciudad deben someterse a controles de identidad, mientras que los agentes inspeccionan rutinariamente sus teléfonos móviles. Cualquier fotografía o video relacionado con las protestas se considera motivo de detención. Muchos detenidos denuncian graves abusos físicos antes de ser trasladados a las comisarías.

Cientos de personas han sido arrestadas en diferentes ciudades, incluyendo un número significativo de menores. Los informes de los detenidos indican que los abusos físicos se han vuelto habituales dentro de las comisarías. La policía local se ha dedicado principalmente a tareas de vigilancia, mientras que los Rangers son responsables de dispersar manifestaciones y sentadas. La policía de Islamabad continúa realizando registros, arrestos y supervisando interrogatorios en los puestos de control de toda la región.

En conjunto, estas medidas constituyen un sistema de castigo colectivo dirigido a las personas que participan en el movimiento de protesta o están asociadas a él. Las cifras oficiales indican que 425 personas han sido incluidas en la Cuarta Lista^[4] de la legislación antiterrorista de Pakistán, se han registrado más de 194 casos penales y más de 450 personas han sido arrestadas.

Los participantes en el movimiento sostienen que el número real de arrestos es mucho mayor que las cifras oficiales. Numerosos testimonios también describen cómo agentes de policía locales exigen pagos que oscilan entre miles y cientos de miles de rupias a cambio de la liberación de los detenidos. Las familias han visto cada vez más estos pagos como la única vía práctica para conseguir la libertad de sus familiares detenidos. Para muchos agentes de la policía y las fuerzas de seguridad, la represión se ha convertido en una fuente adicional de ingresos.

Medidas de represalia

Además de las detenciones y las operaciones de seguridad, las autoridades han emprendido una amplia campaña de represalias con el objetivo de desalentar la participación en las protestas. Los dueños de comercios han sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias y la confiscación de sus bienes. Decenas de propiedades ya han sido incautadas, mientras que cientos de cuentas permanecen inaccesibles.

A las personas incluidas en la Cuarta Lista también se les han bloqueado todos los números de teléfono móvil registrados a su nombre, en virtud de la normativa antiterrorista de Pakistán. Más de 100 empleados públicos, incluidos profesores, han sido suspendidos bajo sospecha de participar en sentadas de protesta.

Las autoridades también han suspendido las pensiones de más de 90 militares retirados, y se han iniciado procedimientos disciplinarios contra al menos siete miembros activos de las fuerzas armadas.

Las instituciones educativas privadas han recibido instrucciones formales para impedir que sus alumnos participen en las manifestaciones. Se ha advertido a las administraciones escolares que el incumplimiento podría resultar en la cancelación de su registro.

Otra característica de la represión ha sido el uso de videos de desautorización pública. Tras su arresto, varios líderes y simpatizantes del movimiento han sido presionados para grabar declaraciones renunciando al JAAC como condición para su liberación.

Las carreteras que conectan Islamabad con Jammu y Cachemira permanecen bajo estricta vigilancia de la policía de Punjab. El transporte de mercancías se ha paralizado prácticamente por completo. Los vehículos privados que transportan alimentos o artículos de primera necesidad también son objeto de inspecciones repetidas. En muchos casos, el personal de seguridad confisca alimentos y artículos de primera necesidad antes de permitir que los viajeros continúen su viaje. Estas restricciones han contribuido a la creciente escasez de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales en gran parte de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán.

El proceso de negociación

Desde la decisión de iniciar la represión, las autoridades no han extendido ninguna invitación formal para negociaciones directas con los líderes del movimiento. No obstante, se han llevado a cabo varios esfuerzos de mediación.

Entre quienes han intentado facilitar el diálogo se encuentran Maulana Fazlur Rehman, representantes que afirman hablar en nombre del Comandante del Cuerpo de Gujranwala, delegaciones del Colegio de Abogados, una delegación encabezada por el Alcalde de Rawalakot, el Presidente del Consejo de Distrito y el Presidente del Colegio de Abogados, el Comisionado de Poonch y un destacado empresario que ha recibido una de las más altas condecoraciones civiles de Pakistán.

Estos intermediarios han mantenido varias rondas de conversaciones con miembros de la dirección del movimiento. A lo largo de estos esfuerzos, la postura del gobierno se ha mantenido prácticamente inalterada, aunque se ha presentado de diferentes maneras. Las autoridades han ofrecido medidas de alivio con la condición de que la larga marcha y todas las sentadas de protesta cesen incondicionalmente.

El movimiento ha seguido manteniendo sus propias condiciones para entablar negociaciones formales. Estas medidas incluyen la retirada de la notificación que prohibe al Comité Conjunto de Acción Awami, la cancelación de las recompensas ofrecidas por los líderes del movimiento, el retiro de los cargos penales, la liberación de todos los detenidos, la devolución de los cuerpos de los fallecidos a sus familias y la atención a las demandas restantes del movimiento antes del inicio de negociaciones sustantivas.

Medios de comunicación, discurso público y narrativa estatal

La cobertura del movimiento en los principales medios de comunicación pakistaníes ha reflejado fielmente la narrativa oficial del Estado. En lugar de analizar las demandas del movimiento o la postura de sus líderes, gran parte de la cobertura ha presentado a la población cachemir en general desde una perspectiva colonial. Los cachemires han sido frecuentemente descritos como desleales o rebeldes, mientras que los comentarios públicos han fomentado la hostilidad y la ridiculización hacia la población de Jammu y Cachemira. Esta campaña se ha desarrollado con apoyo oficial y respaldo institucional.

Esta misma perspectiva política centralizada ha moldeado tanto la cobertura mediática como la política estatal. Las demandas de derechos en Jammu y Cachemira se han presentado a menudo como actos de rebelión contra Pakistán, creando la impresión de que solo las interpretaciones políticas respaldadas por políticos, comentaristas y personalidades televisivas radicadas en el gobierno federal tienen legitimidad. Este discurso también ha reforzado la percepción de que la principal preocupación del Estado reside en el territorio, sus tierras y sus recursos, mientras que la población que allí reside ocupa un lugar secundario.

Esta narrativa ha influido en la actuación de las fuerzas de seguridad desplegadas desde fuera de la región. La protesta misma se ha tratado cada vez más como un delito cometido por toda una comunidad política, fomentando un marco de castigo colectivo. Sectores de la élite intelectual también han contribuido a este clima al tachar a toda una comunidad política de traidora y defender públicamente el uso de la fuerza desproporcionada contra el movimiento.

A pesar de la magnitud de estos acontecimientos en Jammu y Cachemira y a pesar de las grandes manifestaciones organizadas por cachemires en el extranjero en varios países, los medios de comunicación internacionales han prestado escasa atención a la crisis.

Una historia extraordinaria de sacrificio público

Desde el 5 de junio, esta región de Jammu y Cachemira ha sido testigo de una extraordinaria muestra de solidaridad ciudadana, organización colectiva y cooperación social. Más de un mes de huelgas ininterrumpidas y acampes de protesta han dado lugar a un movimiento sostenido que destaca tanto por su duración como por su magnitud. A lo largo de la protesta, los participantes demostraron un nivel excepcional de unidad y coordinación.

Cuando la marcha se detuvo inesperadamente en Darek, los organizadores y los residentes locales transformaron la parada temporal en un acampe de protesta completamente operativo en cuestión de horas. Gracias al esfuerzo voluntario de la comunidad, se reunieron las instalaciones necesarias para mantener el acampe durante meses. Se establecieron medidas similares en cada uno de los otros cinco puntos de protesta.

Los residentes también desarrollaron sus propios mecanismos de seguridad locales en torno a los acampes y las comunidades vecinas. Los activistas asumieron la responsabilidad de proteger tanto los puntos de protesta como a los líderes del movimiento mediante un sistema organizado que reflejó un alto grado de participación ciudadana y disciplina.

La logística del suministro de alimentos ha sido igualmente crucial. A pesar de los confinamientos en varias ciudades y los extensos controles de seguridad en las carreteras aledañas, las comunidades organizaron la distribución de alimentos con una rapidez asombrosa. Los suministros esenciales llegaron a los acampes de protesta gracias a redes creadas casi en su totalidad por los residentes locales.

Las mujeres se han convertido en una de las fuerzas determinantes del movimiento. Cuando la crisis se agudizó, las mujeres se unieron a las manifestaciones y a los acampes de protesta en cifras sin precedentes, a pesar de los riesgos que suponían los despliegues armados y los disparos reales. Muchas han recorrido varios kilómetros a pie para participar en las manifestaciones. Otras han permanecido en los lugares de protesta hasta altas horas de la noche, a menudo acompañadas por sus hijos.

Su participación ha transformado las expectativas sociales establecidas en Jammu y Cachemira. También ha provocado repetidas reacciones de funcionarios estatales, quienes han utilizado ruedas de prensa oficiales para criticar la presencia de mujeres en las manifestaciones. Estas declaraciones reflejan hasta qué punto el papel visible de las mujeres en el movimiento ha desafiado las ideas preconcebidas sobre la participación política en la región.

Liderazgo y Dirección Estratégica

El liderazgo actual del movimiento y su visión estratégica no pueden entenderse simplemente como el resultado de las decisiones de un puñado de personas. Surgieron del propio desarrollo social y político del movimiento.

Las organizaciones políticas progresistas y nacionalistas desempeñaron un papel central durante la formación inicial del movimiento. Sin embargo, con el tiempo, los sindicatos de comerciantes asumieron una posición más destacada dentro de la dirección.

Estos sindicatos han ocupado durante mucho tiempo un lugar influyente en la política de la región, ya que poseen la capacidad práctica de organizar huelgas generales y bloqueos del transporte capaces de perturbar la actividad comercial y la vida cotidiana. Su creciente influencia también refleja la trayectoria política de muchos líderes sindicales, varios de los cuales ya mantenían vínculos con círculos progresistas y nacionalistas antes de la expansión del movimiento. Estas conexiones les facilitaron el acceso a posiciones de dirección a medida que el movimiento evolucionaba.

Este desarrollo fortaleció el movimiento de manera significativa, a la vez que definió sus límites políticos. La política sindical tradicionalmente busca obtener concesiones del Estado o de las élites económicas mediante la organización de una presión pública sostenida. Dentro de este marco, las huelgas, los cierres comerciales, las sentadas y la interrupción de la economía sirven como principales instrumentos de movilización.

Estos métodos demostraron ser muy efectivos durante las primeras etapas del movimiento. Una participación pública excepcional, una resistencia constante y un sacrificio considerable obligaron a las autoridades a conceder varias demandas. Estos logros reforzaron la convicción de que cada fase posterior podría producir resultados similares mediante manifestaciones más grandes, sentadas más prolongadas y una presión pública cada vez mayor.

Sin embargo, a medida que la situación política evolucionó, el movimiento entró en una fase más compleja. Una estrategia que tiene éxito en un conjunto de circunstancias eventualmente se enfrenta a nuevas realidades políticas que requieren diferentes formas de organización y planificación. La presión sostenida siguió siendo el enfoque central del movimiento, mientras que el debate sobre la dirección política que seguiría a una movilización exitosa recibió mucha menos atención.

Durante todo este periodo, las negociaciones se centraron en conversaciones con sectores influyentes del Estado. Los detalles de dichas negociaciones, las diferencias dentro de la dirección política y las visiones contrapuestas sobre la estrategia futura rara vez fueron objeto de un debate público más amplio.

Al mismo tiempo, el movimiento ofreció un espacio limitado para voces que abogaban por un programa político más amplio, la expansión organizativa o nuevas formas de lucha. Un argumento común era que el movimiento debía permanecer «apolítico». En la práctica, cada confrontación importante con el Estado amplió su carácter político. La historia demuestra repetidamente que los grandes movimientos populares adquieren una dimensión política tanto por la respuesta del Estado como por sus demandas iniciales.

Otro cambio influyó gradualmente en la dirección del movimiento. A medida que las corrientes progresistas perdían influencia, las tendencias nacionalistas ocuparon un espacio político más amplio. Dentro de esta perspectiva, se hizo mayor hincapié en ejercer presión durante las elecciones, los procesos administrativos y las crisis políticas simbólicas. Este enfoque impulsó demandas como la proyección de un boicot electoral, la búsqueda de la derogación de disposiciones constitucionales específicas y la incorporación de cuestiones constitucionales adicionales a la agenda del movimiento.

La justificación política de estas demandas, sus implicaciones prácticas y la estrategia necesaria para alcanzarlas nunca se explicaron completamente en público. Esto generó una contradicción interna. El movimiento adoptó consignas con importantes implicaciones políticas, pero cuando el Estado las utilizó para elaborar su propia propaganda, siguieron repetidas explicaciones y matices. La claridad política sigue siendo esencial para todo movimiento de masas; una demanda que merezca apoyo público también requiere una explicación política completa. Las demandas que no pueden defenderse públicamente requieren una cuidadosa reconsideración antes de formar parte de la estrategia de un movimiento. La incertidumbre política rara vez permanece vacía por mucho tiempo, y los Estados tienen una considerable capacidad para llenar ese vacío con su propia narrativa.

La misma cuestión surge en relación con las elecciones. Existe un amplio consenso en que las elecciones celebradas bajo el marco constitucional actual no ofrecen una expresión plenamente libre e igualitaria de la soberanía popular. La influencia administrativa, la intervención de las instituciones estatales y las condiciones políticas desiguales siguen siendo inherentes al sistema vigente.

Sin embargo, esta valoración no implica automáticamente que el ámbito electoral carezca de valor para un movimiento popular. Los movimientos de masas transforman las condiciones políticas y, a la vez, responden a ellas. La movilización pública a gran escala crea oportunidades que no existen en épocas normales. Cuando cientos de miles de personas se mantienen políticamente activas, cuando la presión ciudadana moldea el clima político y cuando el Estado destina importantes recursos a contener dicha presión, las elecciones se convierten en otro escenario de lucha política.

Esto no requiere confiar en la política parlamentaria como principal vía para el cambio. Sugiere que todo espacio político abierto por el Estado puede convertirse también en un espacio para la intervención ciudadana. Si el movimiento hubiera participado en el proceso electoral conservando su fortaleza organizativa, manteniendo una movilización pública constante y alentando a la ciudadanía a defender su voto y su mandato político, podría haber intensificado la presión en torno a reformas constitucionales y otras demandas que el propio movimiento consideraba alcanzables dentro del marco constitucional vigente.

Al mismo tiempo, la dirección continuó concentrando gran parte de la energía del movimiento en las mismas tácticas: largas marchas, huelgas generales y sentadas prolongadas. Estos métodos poseen un considerable valor político. Sin embargo, toda estrategia llega a una etapa en la que requiere adaptación. Cuando cada nueva crisis política recibe la misma respuesta organizativa, la parte contraria gana tiempo para estudiar enfrentamientos anteriores, mejorar su preparación y desarrollar métodos de represión más sofisticados.

Los Estados aprenden de cada conflicto. Las redes de inteligencia se expanden, las estructuras administrativas se adaptan, la planificación de la seguridad se coordina mejor y surgen nuevas técnicas de represión a través de la experiencia.

Un movimiento que no revisa su estrategia al mismo ritmo descubre gradualmente que sus posibilidades políticas se reducen, incluso cuando el compromiso y el sacrificio de la ciudadanía se mantienen firmes. La fuerza perdurable de un movimiento popular, por lo tanto, depende de algo más que valentía y sacrificio. Depende también de la capacidad de reevaluar las cambiantes condiciones políticas y reformular la estrategia en consecuencia. En la etapa actual, esta cuestión merece una consideración cuidadosa y constante.

Estrategia internacional, las Naciones Unidas y la cuestión del poder

Dentro del movimiento, algunos círculos políticos han propuesto la creación de una autoridad local bajo la supervisión de las Naciones Unidas o han argumentado que la intervención internacional podría proporcionar una solución política.

Estas propuestas parecen ofrecer una vía para superar el actual estancamiento. Sin embargo, su valor práctico requiere ser evaluado a través del equilibrio de poder internacional existente, y no solo a través de aspiraciones políticas.

Un argumento común señala la presencia del conflicto de Jammu y Cachemira en la agenda de las Naciones Unidas y concluye que las instituciones internacionales podrían, a la larga, facilitar el establecimiento de una administración local o un acuerdo político transitorio.

Este razonamiento deja sin respuesta varias preguntas importantes. La influencia de cualquier institución internacional depende menos de sus resoluciones que del equilibrio de poder entre los Estados que influyen en sus decisiones. A lo largo de su historia, las Naciones Unidas han operado dentro del marco establecido por las grandes potencias. Donde sus intereses estratégicos están directamente involucrados, el margen para la acción política independiente siempre ha sido limitado.

El problema trasciende el carácter histórico de las Naciones Unidas, y el actual contexto internacional merece igual atención. A pesar de la prolongada resistencia pública, la represión constante, los cientos de arrestos, las restricciones a la libertad de expresión y el considerable sacrificio de la ciudadanía, este movimiento ha recibido mucha menos atención mediática internacional que la que suelen recibir movimientos de magnitud similar.

Parte de este resultado refleja la fuerte presión ejercida sobre los periodistas y medios de comunicación locales, condiciones que han restringido enormemente el periodismo independiente desde dentro de la Pakistán Oriental en Jammu y Cachemira (PAJK). Sin embargo, la censura local por sí sola no explica completamente la ausencia de una cobertura internacional sostenida.^[5]

Los medios de comunicación internacionales también operan dentro de un contexto geopolítico más amplio. Sus prioridades editoriales están determinadas, en parte, por las relaciones diplomáticas existentes, las alianzas estratégicas y la distribución global del poder político y económico.

Actualmente, Pakistán ocupa una posición estratégica crucial en la región para varias potencias internacionales importantes. Esta posición ha fortalecido su prestigio diplomático a nivel internacional. En tales circunstancias, muchos gobiernos, instituciones internacionales y medios de comunicación evitan la confrontación política directa con Pakistán.

Este contexto más amplio ayuda a explicar por qué una crisis de tal magnitud no ha generado ni la presión internacional sostenida ni el tipo de intervención diplomática en la que algunos sectores del movimiento basaban sus expectativas estratégicas.

La primera pregunta, por lo tanto, se refiere a la vía práctica para la creación de dicha autoridad. ¿Qué fuerza política tiene la capacidad de persuadir a Pakistán para que la acepte? ¿Qué coalición internacional está dispuesta a impulsar tal propuesta? ¿Qué gobierno invertiría el capital diplomático o político necesario en el actual equilibrio de poder internacional?

Sin respuestas claras a estas preguntas, las propuestas de este tipo son aspiraciones políticas más que estrategia operativa. Una pregunta igualmente importante se refiere a la viabilidad a largo plazo de dicha autoridad.

Incluso si una situación política excepcional resultara en el establecimiento de una administración local, su estatus legal, reconocimiento internacional, recursos financieros y supervivencia institucional seguirían dependiendo de realidades políticas más amplias.

Actualmente, ningún Estado importante parece dispuesto a reconocer tal acuerdo sin el consentimiento de Pakistán. Las instituciones políticas no sobreviven simplemente por ser declaradas. Su durabilidad depende del reconocimiento, el apoyo diplomático, los recursos económicos y un respaldo político sostenido. Cuando faltan estas condiciones, tales propuestas corren el riesgo de dirigir el movimiento hacia un objetivo sin identificar los medios necesarios para alcanzarlo.

Otra corriente dentro del movimiento ha promovido la consigna de tomar el poder estatal. Esta cuestión también merece un análisis desde la perspectiva de la política práctica, más que desde la retórica política.

La cuestión del poder estatal representa uno de los problemas más serios que enfrenta cualquier movimiento popular. Va mucho más allá del control de edificios gubernamentales u oficinas administrativas. El poder político abarca la autoridad sobre los recursos, la producción, las finanzas públicas, la administración, la legitimidad legal, el consentimiento público y las instituciones capaces de ejercer la fuerza organizada.

Dentro del PAJK, este debate reviste especial importancia. Los cargos de Presidente, Primer Ministro, Asamblea Legislativa y otras instituciones públicas crean la apariencia de un sistema político autónomo. Sin embargo, los centros decisivos de poder se encuentran en otros lugares.^[6]

El marco constitucional, la autoridad administrativa, los acuerdos financieros y la estructura de seguridad de la región siguen concentrados en el Estado pakistaní. Por ello, la cuestión del poder político no puede reducirse únicamente a la estructura administrativa con sede en Muzaffarabad.

La estructura económica de la región refuerza esta misma conclusión. La producción industrial sigue siendo extremadamente limitada. El empleo depende en gran medida de los ingresos de los trabajadores migrantes en el extranjero. El comercio local, los ingresos familiares e incluso las finanzas públicas dependen considerablemente de las remesas.

En una economía organizada de esta manera, el poder político no puede separarse de la organización de los recursos económicos. Cualquier movimiento que aspire a la autoridad política necesita un programa claro que explique cómo pretende organizar las finanzas públicas, la producción, los flujos de remesas, las instituciones públicas y su futura relación con Pakistán. Sin dicho programa, la cuestión del poder político pierde su fundamento práctico.

Asimismo, el movimiento que busca transformar la cuestión del poder estatal en un objetivo político concreto debe explicar cómo pretende afrontar el inevitable conflicto que surgiría con el Estado pakistaní. Esta cuestión exige una estrategia política, organizativa y social igualmente clara.

Repetir consignas sobre la toma del poder no puede sustituir una estrategia de este tipo. Este debate también se relaciona con la realidad política más amplia de Jammu y Cachemira. Hoy en día, Jammu y Cachemira existe como un territorio dividido entre varios sistemas administrativos, no como unidad política.

Por lo tanto, los acontecimientos en una parte de la región no pueden entenderse de forma aislada. Esto no implica esperar a que surjan condiciones políticas idénticas en toda la región o en Pakistán antes de actuar. Requiere, más bien, que la estrategia política se fundamente en el equilibrio de fuerzas existente, en lugar de en fórmulas políticas abstractas.

Participación de las mujeres en el movimiento

A medida que cambió el equilibrio interno de la dirección, las prioridades políticas y la perspectiva social del movimiento también evolucionaron. Estos cambios iban más allá de las cuestiones de estrategia. Influyeron en cómo el movimiento entendía a los grupos sociales que formaban su base política activa.

Cuando las organizaciones progresistas ejercieron mayor influencia, se hicieron esfuerzos conscientes para fomentar la participación de las mujeres como parte integral del movimiento. Las marchas de mujeres y otras iniciativas reflejaron el entendimiento de que la lucha representaba más que una campaña en torno a demandas específicas. También buscó ampliar la participación política en toda la sociedad.

A medida que las tendencias progresistas fueron perdiendo terreno gradualmente y el argumento a favor de mantener el movimiento «apolítico» se hizo más influyente, las actitudes sociales conservadoras y las perspectivas nacionalistas tradicionales ganaron mayor prominencia. Dentro de estas corrientes, la participación independiente y visible de las mujeres pasó a ser vista cada vez más como un motivo de preocupación más que como un acontecimiento político importante.

Algunas voces argumentaron que las mujeres deberían ocupar sólo roles limitados dentro de las manifestaciones, largas marchas y acampes de protesta. Otros propusieron que las mujeres permanezcan completamente ausentes de tales espacios. Sin embargo, los acontecimientos sobre el terreno siguieron un curso diferente. A medida que la represión se intensificó mediante detenciones, asedios y violencia generalizada, el movimiento mismo generó nuevos roles sociales.

Las mujeres ingresaron a la vida pública a través de su propia agencia política y no a través de una representación simbólica o de concesiones organizativas. Participaron ampliamente en manifestaciones, sentadas y asambleas públicas. En muchos lugares, las mujeres también estuvieron entre los principales participantes que enfrentaron la represión estatal.

Este avance merece reconocimiento como uno de los logros políticos y sociales más importantes del movimiento. Un movimiento que ha sido testigo de una participación de esta escala enfrentará inevitablemente graves consecuencias políticas si los esfuerzos futuros buscan confinar a las mujeres nuevamente dentro de los límites sociales tradicionales.

La participación de las mujeres también refleja realidades estructurales más profundas. El actual orden económico, social y político impone una carga particularmente pesada a las mujeres a través de un acceso desigual al empleo, la educación, la atención médica, la movilidad y restricciones sociales más amplias.

Cuando la resistencia pública generalizada se convierte en un movimiento social de masas, la participación de las mujeres surge como una consecuencia natural de esas condiciones compartidas. Aun así, voces influyentes dentro del movimiento siguen favoreciendo limitar el destacado papel público que han asumido las mujeres. Esto va más allá de la mera cuestión de los derechos de las mujeres.

Un movimiento que restringe la participación política de la mitad de su población también reduce su propia fuerza colectiva. Por el contrario, la participación libre, organizada e igualitaria de las mujeres amplía la base social del movimiento al tiempo que fortalece su carácter democrático, su legitimidad pública y su resiliencia a largo plazo.

¿Qué se debe hacer?

En la etapa actual, el camino más práctico parece ser mantener los acampes de protesta con paciencia y disciplina mientras se sigue buscando una oportunidad para negociaciones significativas. Al mismo tiempo, los responsables de dar forma a la dirección política del movimiento, junto con quienes presentan esa estrategia al público, deberían reconocer una realidad importante. Los repetidos intentos de desafiar al Estado mediante sucesivas largas marchas y llamados a tomar el poder político han acarreado costos elevados. Este enfoque ya se ha cobrado decenas de vidas.

La política se vuelve más compleja a medida que los movimientos sociales se expanden. La política sindical y la política sectaria generalmente operan dentro de marcos organizativos comparativamente simples. Un movimiento popular de masas sigue un camino diferente. Una vez que grandes sectores de la sociedad se convierten en participantes activos, las cuestiones políticas se multiplican y el movimiento entra en una etapa mucho más compleja.

Por esa razón, la estrategia debe basarse en un análisis político serio y fundamentos teóricos coherentes. Los métodos políticos requieren una selección cuidadosa. Las grandes crisis políticas no pueden resolverse únicamente mediante demandas. Requieren ideas políticas alternativas respaldadas por un programa integral capaz de abordar la estructura más amplia del poder.

El movimiento se beneficiaría si abandonara la percepción de que busca boicotear las elecciones. También merece una reconsideración la estrategia centrada en la confrontación permanente. Ahora debería darse mayor prioridad al desarrollo de una estrategia política a largo plazo.

Si el movimiento logra una victoria temporal o un acuerdo negociado, ese momento debería convertirse en una oportunidad para una consulta amplia entre todas las corrientes políticas en lugar de una ocasión para la rivalidad entre los líderes políticos existentes.

La construcción de un proyecto político alternativo exige un debate constante, una planificación organizativa y una preparación práctica. Los acontecimientos recientes también han puesto de manifiesto importantes debilidades organizativas. Algunos miembros clave se han rendido bajo presión o han accedido a cooperar con las autoridades tras su detención. Estas experiencias ofrecen lecciones para el futuro.

Las fuerzas políticas estrechamente vinculadas a intereses conservadores, instituciones estatales o sectores de la élite gobernante no deben ocupar posiciones influyentes dentro del movimiento. En cambio, se debe crear un mayor espacio para organizaciones e individuos con un compromiso firme con la resistencia política, de modo que pueda surgir una estrategia política más coherente y duradera.

Demandas inmediatas

El movimiento debe impulsar las siguientes demandas inmediatas:

• Todas las fuerzas de seguridad desplegadas desde Pakistán en Jammu y Cachemira deben retirarse sin demora.
• Todos los manifestantes detenidos deben ser liberados.
• Los cuerpos de quienes murieron durante la represión deben ser entregados a sus familias.
• La notificación oficial que declara al JAAC y a otros comités de acción como organizaciones terroristas debe ser retirada de inmediato. Se debe ofrecer una disculpa pública formal al pueblo de Jammu y Cachemira por dicha decisión.
• Los responsables del ataque contra Umar Nazir Kashmiri y del asesinato de Shazeb Habib deben ser identificados y procesados.
• Todos los funcionarios responsables de los asesinatos, arrestos, torturas, saqueos y abusos cometidos durante el último mes deben enfrentar acciones legales.
• La política de ofrecer recompensas por la muerte de líderes políticos debe ser revocada de inmediato. Tales medidas no tienen cabida en un proceso político democrático.
• Todas las causas penales registradas contra participantes en el movimiento deben ser retiradas.
• Se debe indemnizar a todas las personas afectadas por la represión.
• El calendario electoral debe posponerse hasta que se restablezcan las condiciones cívicas normales. Posteriormente, se debe anunciar un nuevo calendario electoral que garantice la participación en igualdad de condiciones de todas las organizaciones políticas y activistas.
• Las autoridades también deben implementar, sin más demora, las demandas ya aceptadas en acuerdos previos.

Sobre todo, el marco constitucional colonial vigente debe dar paso a un gobierno constitucional con plenos poderes, establecido mediante la voluntad democrática del pueblo de Jammu y Cachemira.

Este tipo de acuerdo político permitiría a los representantes electos de la región negociar futuras relaciones administrativas y financieras con el Gobierno de Pakistán hasta que se resuelva definitivamente la disputa de Jammu y Cachemira.

Los habitantes de la región deben tener la autoridad democrática para destinar sus propios recursos al bienestar público colectivo y para forjar su futuro político con dignidad e igualdad de ciudadanía.

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^[1] Muzaffarabad es la capital administrativa de la Cachemira administrada por Pakistán (PAJK).

^[2] Junto con el Comité Conjunto de Acción Popular (JPAC), operan comités de acción distritales y municipales en diferentes partes de la PAJK. Estos comités locales organizan manifestaciones, huelgas, logística y negociaciones en sus respectivas áreas.

^[3] Los Rangers de Pakistán son fuerzas paramilitares federales que operan bajo el Ministerio del Interior en tiempos de paz. Frecuentemente prestan asistencia a las autoridades civiles durante las operaciones de seguridad.

^[4] La Cuarta Lista forma parte de la Ley Antiterrorista de Pakistán. Las personas incluidas en esta lista pueden enfrentar restricciones de movimiento, requisitos de presentación de informes obligatorios, monitoreo financiero y mayor vigilancia policial. La inclusión en la lista no constituye en sí misma una condena penal.

^[5] La atención de los medios internacionales disminuyó notablemente después del 11 de junio, a pesar de la continuidad del movimiento y las grandes manifestaciones organizadas por los cachemires en el extranjero, incluidas marchas en Londres. La cobertura se mantuvo limitada durante varias semanas, incluso mientras continuaban las protestas, los arrestos y las sentadas en todo Pakistán. La cobertura informativa comenzó a aumentar nuevamente después de que se iniciaran las negociaciones el 15 de julio, cuando los acontecimientos en torno a las conversaciones reavivaron el interés internacional.

^[6] La referencia es a la Ley de Constitución Provisional VIII de Azad Jammu y Cachemira de 1974, que estableció la estructura constitucional actual de Pakistán, incluidos los cargos de Presidente, Primer Ministro y Asamblea Legislativa. Si bien estas instituciones administran muchos aspectos del gobierno local, el marco constitucional otorga a Pakistán importantes poderes relacionados con la seguridad, los asuntos constitucionales, las relaciones exteriores y cuestiones financieras relevantes.