La reciente resolución de la Corte Suprema argentina, que volvió a habilitar la derogación de los límites a la extranjerización de tierras, abrió un debate político importante en el país. El gobierno de Milei había intentado derogar la Ley de Tierras por distintas vías y, en 2026, la movilización popular lo derrotó. Ahora, tres jueces de la Corte, no elegidos por el voto popular, vuelven a habilitar por la vía judicial aquello que el Gobierno no logró imponer. El caso pone en discusión quién elige, quién controla y al servicio de qué intereses funciona el Poder Judicial. Nos proponemos contribuir a esta discusión, con una salida distinta, anticapitalista y socialista.
Por Oda Cuentas
Casta Suprema
Martes 29 de septiembre. Mientras Argentina observaba cómo Milei hacía de París la vidriera del remate nacional, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, dejaron sin efecto el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. Esta norma, sancionada en 2011, establecía una serie de límites a la extranjerización de un recurso estratégico como es la tierra. Fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, estableció que las personas o empresas de una misma nacionalidad no podían superar el 30% de ese cupo y limitó a un mismo titular extranjero a 1.000 hectáreas en la denominada “zona núcleo” agrícola (o su superficie equivalente en otras regiones). También estableció restricciones sobre tierras que contengan o sean costeras de cuerpos de agua importantes y permanentes. En un país con una enorme extensión territorial, importantes reservas de agua dulce, tierras agrícolas, minerales y más, ir para atrás con esta medida es volver a abrirle la puerta al remate del territorio argentino al mejor postor.
Los jueces se concentraron en una cuestión procesal, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover esa acción colectiva: paradójico que una organización formada por quienes combatieron en la guerra de Malvinas sea considerada jurídicamente ajena a una controversia en la que invoca precisamente la defensa de la soberanía territorial.
Milei intentó derogar la Ley de Tierras apenas asumió, mediante el DNU 70/23. El amparo del CECIM y el posterior fallo de Cámara mantuvieron frenada esa derogación. Después, en 2026, el Gobierno volvió sobre el mismo objetivo desde el Congreso con el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluía modificaciones para flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. El rechazo social no se hizo esperar. Las enormes movilizaciones a lo largo y ancho del país obligaron al oficialismo a retirar ese capítulo antes de la votación en el Senado. La bandera de “Las Malvinas son argentinas”, desplegada por los jugadores de la Selección Argentina ante Inglaterra en un partido cargado de historia y simbolismo,ayudó a masificar el sentimiento de la defensa de la soberanía y potenció ese respaldo social al reclamo. Y lo que el Gobierno no consiguió imponer en ese escenario, hoy vuelve a aparecer por la ventana de Tribunales.
Hubo una mayoría social que se expresó, se movilizó y consiguió frenar esa avanzada. No fue una discusión entre especialistas, ni sólo el debate parlamentario, ni como algún trasnochado oportunista intentó capitalizar personalmente con una supuesta influencia tras bambalinas[1]: miles salieron en todo el país a defender lo elemental: que la tierra y la soberanía se defienden. Por delante queda entonces en Argentina una nueva agenda de lucha durante las próximas semanas, decisivas para triunfar y avanzar por más.
Este fallo además expone una relación de favores cruzados entre el poder político y el judicial: mientras Milei sostiene los privilegios de una Justicia que funciona cada vez más alejada de cualquier control popular, Los Supremos le despejan el camino para avanzar con su programa de entrega del territorio. Lo que la movilización logró frenar en agosto, obligando al Gobierno a retirar el capítulo sobre extranjerización de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ahora buscan hacerlo avanzar por la vía judicial.
Aparece entonces una contradicción difícil de esquivar: una mayoría social se movilizó contra la entrega de las tierras y logró hacer retroceder al Gobierno. Pero ahora tres jueces que nadie eligió directamente pueden, con una sentencia, volver a habilitar aquello que la movilización popular había conseguido frenar. Entonces la discusión ya no pasa solamente por la Ley de Tierras. ¿Por qué tres personas que nadie eligió directamente pueden tomar decisiones de semejante alcance?
Castillo
La Corte Suprema parece tener algo de aquel castillo kafkiano: un poder elevado por encima de la sociedad, inaccesible para quienes están abajo, gobernado por reglas y procedimientos que pocos comprenden y habitado por jueces que nadie eligió, pero con decisiones que alcanzan la vida de todos.
La Constitución argentina establece un Poder Judicial formalmente separado de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero esa supuesta “independencia institucional” está lejos de significar ausencia de intervención política en su conformación y funcionamiento. La idea de una justicia independiente tiene sus raíces en la doctrina de la división de poderes desarrollada por Montesquieu, influyente sobre el pensamiento político liberal y el constitucionalismo surgido de las revoluciones burguesas, incluida la Revolución Francesa. Según esta concepción, la separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permitiría establecer un sistema de controles recíprocos capaz de garantizar el “equilibrio institucional” y evitar la concentración del poder. Sin embargo, esa neutralidad a esta altura, es una ficción ideológica que encubre el carácter de clase del Estado y de sus instituciones. Lejos de funcionar como “poderes autónomos”, sus atribuciones se entrecruzan y sus decisiones responden a relaciones de fuerza y disputas políticas concretas.
En Argentina, los nombramientos de jueces y fiscales atraviesan al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado. En el caso de la Corte, directamente dependen de la propuesta presidencial y del acuerdo de una mayoría agravada del Senado. El poder político los elige o los saca según pacte o le convenga. Y una vez adentro quedan extraordinariamente protegidos del control popular. Los jueces nacionales conservan sus cargos mientras dure su “buena conducta”, la población no puede revocarles el mandato y su remoción requiere procedimientos institucionales complejos. Para los jueces inferiores debe intervenir el Consejo de la Magistratura y luego un Jurado de Enjuiciamiento. Los integrantes de la Corte sólo pueden ser removidos mediante juicio político. No existen, por lo tanto, ni mandato popular ni rendición periódica: pueden atravesar gobiernos enteros ejerciendo un poder enorme sin someterse una sola vez a las consecuencias del balance de sus fallos.
A esto se suman más privilegios. La escala oficial del Consejo de la Magistratura pauta como básico el salario de un juez de la Corte Suprema en más de 11 millones de pesos mensuales. Cifra muy por detrás de todos los adicionales que obtienen, y que según trascendió, llegan a casi 20 millones al mes. Y tienen además un privilegio tributario: magistrados, funcionarios y empleados judiciales nombrados antes del 2017 no pagan Impuesto a las Ganancias. Con sueldos equivalentes a 15 salarios mínimos Insólito.
El mecanismo de designación, la falta de control popular, los cargos prolongados, los sueldos de privilegio son parte de una estructura judicial construida para mantener la distancia de quienes reciben sus decisiones. No alcanza con discutir quiénes deberían integrar la Corte ni con esperar que un próximo gobierno designe jueces “mejores”. Tenemos que avanzar sobre una pregunta más profunda: cómo empezar a desarmar este Poder Judicial y avanzar hacia una realmente democrática, como proponemos desde la izquierda.
Otra Justicia es posible: desmantelar, remover, elegir, controlar y revocar
El reciente fallo de la Corte Suprema argentina sobre la Ley de Tierras es apenas un botón de muestra de un fenómeno mucho más amplio, que atraviesa a las democracias capitalistas en América Latina y el mundo. El Poder Judicial viene desempeñando un papel cada vez más importante como rueda de auxilio y resguardo de los intereses de las clases dominantes. Ante el creciente desprestigio de los partidos burgueses tradicionales y la crisis de legitimidad de sus instituciones, las distintas fracciones del poder económico y político recurren cada vez más a la Justicia para dirimir sus disputas, preservar sus privilegios e imponer por la vía judicial aquello que no consiguen mediante los mecanismos habituales de representación política. Los ejemplos sobran en nuestra región. Lejos de constituir un poder neutral e independiente de los conflictos sociales, la Justicia interviene en decisiones de profundo contenido político, mientras sus vínculos con los gobiernos de turno, su implicación en causas de corrupción y las maniobras de encubrimiento contribuyen a profundizar su propio desprestigio.
Frente a esta situación, desde la izquierda revolucionaria reivindicamos la movilización popular como método fundamental para enfrentar estas decisiones y poner al descubierto el carácter político y de clase del Poder Judicial. En ese camino, planteamos como medida de emergencia, ante hechos de corrupción, represión o encubrimiento, la conformación de Comisiones Investigadoras Independientes del gobierno, del aparato judicial y de los sectores económicos involucrados, con participación directa de representantes de organizaciones de trabajadores, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y personalidades de reconocida trayectoria e integridad. Se trata de impulsar mecanismos de investigación, fiscalización y control social, con legitimidad y credibilidad popular, capaces de esclarecer responsabilidades, revelar complicidades y privilegios, hacer públicos sus resultados e impulsar las sanciones correspondientes.
La experiencia argentina de la CONADEP, conformada tras la última dictadura militar para investigar la desaparición forzada de personas y sus crímenes constituye un antecedente que, con sus alcances y limitaciones, permite comprender la importancia de construir mecanismos de investigación con reconocimiento social frente a instituciones profundamente cuestionadas. No se trataría de reproducir mecánicamente aquella experiencia, sino de recuperar un principio fundamental: la investigación de hechos que comprometen al propio poder estatal no puede quedar exclusivamente en manos de las instituciones cuya actuación se cuestiona. Desde esta perspectiva, las comisiones investigadoras independientes constituyen una herramienta de intervención y control popular que permite cuestionar la pretendida neutralidad de la Justicia y abrir paso a la participación directa de los trabajadores y sectores populares en decisiones y asuntos que habitualmente permanecen reservados a jueces, funcionarios y representantes del poder económico.
Esta propuesta forma parte de una perspectiva transicional más amplia. Si el diagnóstico es que el problema de la Justicia no se reduce a algunos jueces corruptos ni a una determinada composición de la Corte Suprema, la salida tampoco puede limitarse a reemplazar nombres por otros. Hace falta cuestionar de raíz los mecanismos mediante los cuales se accede al Poder Judicial, se permanece en él y se ejerce una autoridad prácticamente ajena al control popular.
Desmantelar la actual estructura judicial: remover a los jueces y fiscales y terminar con los cargos vitalicios. La primera medida para transformar de raíz la Justicia es desmantelar su actual estructura de poder. Hay que poner fin a un sistema de designaciones que permitió consolidar una corporación judicial prácticamente inamovible, cuyos integrantes pueden permanecer durante décadas en sus puestos sin rendir cuentas ante la población. Implicaría remover a los actuales jueces y fiscales, poner sus cargos a disposición y terminar con el régimen de permanencia indefinida que hoy los protege. Ningún funcionario debería conservar automáticamente una posición de poder por haber sido designado mediante acuerdos políticos realizados a espaldas de la sociedad.
Elegir jueces y fiscales por voto popular. Todos los jueces y fiscales deben ser elegidos directamente por la población mediante el voto. Quienes ejercen funciones judiciales deben obtener su legitimidad de una elección democrática, y no de negociaciones entre el Presidente, el Senado, el Consejo de la Magistratura y los sectores del poder económico. Hoy, trabajadores y sectores populares no tienen ninguna intervención directa en su selección, porque lo que se presenta como una Justicia independiente de la política depende, desde su origen, de decisiones adoptadas por los representantes del establishment. La elección popular permitiría romper con ese monopolio y establecer un principio democrático básico: quien ejerce poder sobre la sociedad debe responder ante ella.
Dirá alguno, “la gente puede equivocarse”. Pero el sistema actual tampoco ofrece una selección realizada por seres infalibles. Los jueces son elegidos mediante la famosa rosca política y que lejos de “equivocarse”, lo hacen en beneficio de sus propios intereses y/o del poder económico al que responden. La pregunta es quién tiene derecho a decidir y qué mecanismos existen para revertir decisiones antipopulares.
Mandatos limitados y cargos revocables. Elegir a los jueces y fiscales pero no modificar las condiciones bajo las cuales ejercen sus cargos sería insuficiente. Por eso, sus mandatos tienen que ser por períodos determinados y con mecanismos de revocatoria popular frente al mal desempeño: exactamente al revés de ahora, cuando se convierten en funcionarios prácticamente inamovibles durante décadas. Si un magistrado incumple sus funciones, incurre en faltas graves o tiene en su haber actuaciones aberrantes que comprometen su responsabilidad, tiene que existir la posibilidad de terminar anticipadamente su mandato, mediante procedimientos públicos y con garantías de defensa. El derecho a elegir tiene que estar acompañado por el derecho a remover. Algo que millones de personas hoy en Argentina esperan con ansias.
Con elecciones judiciales separadas de las elecciones políticas. Hay un problema adicional que debe evitarse: que los jueces terminen convertidos simplemente en candidatos de los grandes aparatos partidarios. Por eso, las elecciones judiciales deberían realizarse en una fecha diferente de las elecciones ejecutivas y legislativas. Para permitir que el debate se concentre específicamente en la Justicia: con los antecedentes de cada candidato, su trayectoria, su patrimonio, sus fallos previos y sus vínculos políticos o económicos con el poder. También deben garantizarse mecanismos de financiamiento público y equitativo de las campañas, para que el dinero no determine quiénes pueden presentarse. No se trataría de elegir una boleta judicial escondida debajo de una candidatura presidencial, sino de abrir una discusión pública específica sobre quiénes administran la Justicia y a qué intereses responden.
Control social y económico. Rendición pública de cuentas. Elegir a los jueces y fiscales no alcanzaría si después pueden ejercer sus funciones sin ningún control de la población. Con mecanismos permanentes de fiscalización social sobre el desempeño de los magistrados y sobre el funcionamiento económico del Poder Judicial. Todos los jueces y fiscales deben rendir cuentas públicamente de su actuación y decisiones.
Que un juez gane como una directora de escuela. Democratizar la Justicia implicaría también cuestionar la estructura material que rodea a quienes la administran. Porque quien decide sobre conflictos laborales, desalojos, violencia institucional o derechos sociales no debería integrar una casta materialmente separada de la mayoría de la población. El argumento habitual dice que los salarios son “extraordinariamente elevados” porque son necesarios para “garantizar independencia”. Pero esa explicación da por hecho que la independencia de un funcionario depende de alejar sus condiciones de vida de las de aquellos sobre quienes decide. Incomprensible. Ejercer una función pública no tiene que ser una vía de acceso a privilegios. Un juez o fiscal tiene que contar con condiciones dignas para desempeñar su tarea, pero no necesita transformarse en integrante de una casta privilegiada para poder ser independiente. Esto también implica terminar con los privilegios previsionales, impositivos y económicos de los altos funcionarios judiciales.
Juicios por jurados. La elección popular de magistrados debe complementarse con una participación directa mucho mayor de la población mediante la extensión de los juicios por jurados. La valoración de determinados hechos puede recaer sobre ciudadanos convocados para esa función. No se trata solamente de votar a quienes administran permanentemente la Justicia, sino también de participar directamente de ella cuando corresponde resolver determinados procesos. Es otra forma de romper con el monopolio de una corporación que pretende reservarse todas las decisiones judiciales.
Perspectiva de género. Incorporar la participación directa de organizaciones de mujeres y diversidades en las asesorías tutelares y otros organismos vinculados a la protección de derechos, junto con la elección popular de las y los magistrados y una mayor intervención social mediante jurados. Para que la perspectiva de género no dependa exclusivamente de cuánto aprendió un funcionario en un curso eventual, como sucede en la actualidad, sino que exista una intervención institucional de sectores y organizaciones con experiencia concreta en la lucha contra las violencias y desigualdades de género.
La elección popular de jueces y fiscales, la revocabilidad de sus mandatos, la eliminación de sus privilegios y la ampliación de los mecanismos de participación y control directo constituyen demandas democráticas. Pero tampoco concebimos estas reformas como un fin en sí mismo ni como la posibilidad de convertir al Estado capitalista en un árbitro neutral mediante algunos cambios en sus procedimientos. La perspectiva estratégica es avanzar hacia un modelo de justicia radicalmente distinto al de las democracias burguesas, que esté asentado en formas de poder y decisión de los trabajadores y los sectores populares. Porque mientras subsistan las relaciones capitalistas de propiedad y explotación, el derecho y las instituciones encargadas de aplicarlo van a seguir estando atravesados por las desigualdades materiales y las relaciones de dominación que estructuran la sociedad.
Ir por todo
Las medidas transicionales son indispensables para democratizar un Poder Judicial estructuralmente ligado al poder político, económico y a las clases dominantes. Pero ninguna reforma institucional, por profunda que sea, tiene la capacidad de transformar por sí sola la naturaleza de la Justicia mientras permanezcan intactas las relaciones sociales sobre las que ésta se erige. El derecho no existe por encima de la sociedad ni es una esfera neutral: se forma históricamente sobre una estructura económica determinada, atravesada por relaciones de propiedad, antagonismos de clase y disputas por el poder. Tampoco el Estado y sus instituciones son árbitros exteriores a esos conflictos, porque el derecho y la justicia no pueden comprenderse independientemente de las relaciones económicas y de la lucha de clases que atraviesa la sociedad.
Marx y Engels lo formularon de manera contundente en el Manifiesto Comunista: “Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase”.
Por eso, nuestra propuesta no puede limitarse a reemplazar jueces ni a modificar el mecanismo mediante el cual son designados. La elección popular de jueces y fiscales, los mandatos limitados y revocables, los juicios por jurados, la eliminación de privilegios y una intervención directa mucho mayor de trabajadores y organizaciones sociales plantean quién decide, quién controla y en manos de qué clase se encuentra el poder. Son medidas transicionales precisamente porque parten de necesidades democráticas inmediatas (terminar con una casta judicial inamovible, privilegiada y ajena al control popular), pero necesariamente van a chocar con los límites de unas instituciones construidas para separar a las mayorías de las decisiones fundamentales. Queremos elegir, controlar y revocar hoy porque esa experiencia puede poner en discusión algo todavía más profundo: por qué quienes producen la riqueza y sostienen cotidianamente la sociedad no podrían también decidir sobre su organización y su gobierno.
Democratizar radicalmente la Justicia no constituye en sí mismo un punto de llegada, sino parte de una lucha más general por transformar las relaciones de poder que atraviesan toda la sociedad. Mientras subsistan la propiedad privada de los grandes medios de producción, la concentración de la riqueza y la división de la sociedad en clases con intereses antagónicos, también van a existir las bases materiales para que el derecho y las instituciones estatales reproduzcan esas desigualdades. No alcanzaría, entonces, con democratizar la superestructura política y jurídica si permanece intacta la estructura social que reproduce una y otra vez la dominación de clase.
Por eso, si lo llevamos hasta el final, la discusión sobre la Justicia desemboca inevitablemente en una discusión sobre el Estado, la propiedad y el poder. Una justicia verdaderamente nueva requiere una sociedad nueva: transformar las relaciones sociales que producen este derecho, este Estado y estas desigualdades. Entonces, no se trata solamente de abrir las puertas del viejo castillo kafkiano para que las mayorías puedan entrar, sino de cuestionar las relaciones sociales que hicieron necesario ese castillo y que concentran en una minoría el derecho a gobernar sobre el resto.
Un horizonte socialista plantea precisamente la necesidad de esa transformación de raíz: que las y los trabajadores dejen de ser únicamente quienes producen y sostienen la sociedad para convertirse también en quienes deciden democráticamente su rumbo. Avanzar hacia un poder organizado desde abajo, basado en la participación y el control directo de las mayorías trabajadoras, y hacia una sociedad sin explotación ni clases antagónicas. Porque emancipar la Justicia de los intereses de una minoría supone, en última instancia, emancipar a la sociedad de las relaciones materiales que hacen posible la dominación de esa minoría.
[1] Una campaña oportunista de un sector del PJ intentó adjudicar la quita de los capítulos de Extranjerización de la Tierra a Sergio Massa https://www.eldestapeweb.com/politica/misterioso-mensaje-adjudican-massa-derrota-gobierno-congreso-202687122518
[2] https://eltribuna.com.ar/contenido/7052/los-jueces-de-la-corte-suprema-se-subieron-el-sueldo-ahora-cobran-19000000
