Por Naira Carcelén
El balance de los primeros cien días de la gestión de Keiko Fujimori muestra un escenario donde los avances no solo han sido escasos, sino que configuran un retroceso sostenido en materia institucional y social. Más que una transición hacia la estabilidad, este periodo evidencia la consolidación de una alianza entre el Ejecutivo y el Congreso orientada a favorecer a las cúpulas de poder y reinstaurar una agenda reaccionaria. Los indicadores de percepción pública confirman este quiebre: según la última encuesta de Datum, un 47% de la población califica la gestión como “regular” y un 38% como “mala”, mientras que el 51% señala que Fujimori no demuestra capacidad para gobernar. Tras cien días, la profusión de anuncios gubernamentales no ha logrado traducirse en soluciones efectivas para las demandas estructurales de las mayorías.
Facultades legislativas, el pacto parlamentario y el mito de la “seguridad”
El sustento político del Ejecutivo ha dependido de una ajustada disciplina parlamentaria. La aprobación de las facultades legislativas en el Senado (con 35 votos a favor) y del reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (con 40 votos) evidencia un entramado de alianzas entre Fuerza Popular, Renovación Popular y sectores afines, orientado a asegurar el control institucional y garantizar la impunidad de las élites.
Mientras el Gobierno promueve el “Comando Unificado” e imita el discurso autoritario de Nayib Bukele, el 68% percibió cero avances en seguridad. Con 392 homicidios en los primeros 75 días (Sinadef), queda claro que el despliegue policial y militar en zonas mineras protege intereses corporativos, no a los barrios populares
Crisis ambiental y la farsa presupuestal ante El Niño
Frente a la inminencia de El Niño Costero y eventos climáticos intensos, la respuesta del Gobierno vuelve a poner al descubierto la incapacidad del modelo para resguardar la vida y el territorio. Lejos de implementar una prevención real, la gestión estatal reacciona cuando el desastre ya está consumado. Año tras año, el colapso de la infraestructura golpea directamente a las poblaciones más precarizadas: desde el impacto de las lluvias intensas en Tumbes y las severas inundaciones en la zona norte del país, hasta los estragos que sufren los barrios populares y periferias de Lima como Independencia o Villa El Salvador, donde las familias pierden sus viviendas, sus medios de subsistencia y el acceso a servicios básicos esenciales.
Esta emergencia no es solo un fenómeno meteorológico; es una crisis social de profundas consecuencias materiales. La respuesta del Ejecutivo, reducida a ayuda asistencialista y tardía, resulta insuficiente para reparar los daños y condena a miles de comunidades a vivir en permanente vulnerabilidad. Al abandonar la planificación pública y la inversión estructural en prevención, el régimen traslada todo el peso de la crisis climática sobre los hombros del pueblo trabajador, precarizando aún más su calidad de vida y su seguridad cotidiana.
Ataque a las libertades, contrarreforma educativa y violencia de género
En el ámbito social y educativo, la gestión fujimorista ha consolidado una dura contrarreforma al aprobar la Ley N.º 32535, promovida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), la cual sustituyó el “Enfoque de Género” por el de “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta medida derogó la Educación Sexual Integral (ESI) para reemplazarla por una orientación conservadora, mientras el Ejecutivo de Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunciaron la censura de contenidos en textos escolares para el 2027 y la imposición de reglamentos de “disciplina” autoritaria que buscan restringir el pensamiento crítico desde las aulas.
Este desmantelamiento responde a un problema de base económica y de clase que afecta directamente a los sectores populares. Privar de la ESI y del enfoque de género no golpea de la misma manera a las élites, que pueden resolver de forma privada el acceso a la salud e información, sino a la clase trabajadora, para quien la escuela pública representa el único espacio de contención, prevención en salud reproductiva y detección de la violencia. En un país que registra un promedio de 35 violaciones sexuales diarias y donde el subregistro supera el 70%, arrebatar estas herramientas a las infancias precarizadas profundizará los ciclos de abuso y exclusión.
A puertas de un nuevo 25 de Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), queda en evidencia que contar con una jefa de régimen mujer no ha significado ningún freno a la violencia machista, los embarazos adolescentes ni los feminicidios. Ante la inacción y complicidad de un Estado que prioriza la subordinación ideológica sobre la vida, las organizaciones de base del movimiento feminista y de trabajadoras vienen articulando una respuesta firme en las calles para exigir prevención real, presupuestos y el restablecimiento de políticas efectivas de protección integral.
Ajuste económico, sueldo mínimo y derechos laborales
En el terreno económico, la retórica del Ejecutivo sobre la atracción de capitales y la estabilidad macroeconómica choca con la realidad del costo de vida. Tras las presentaciones oficiales ante inversionistas internacionales, de acuerdo con una nota del portal La Mula, las expectativas empresariales recogidas por el BCRP se moderaron, cayendo de 62,3 puntos en julio a 56,8 en septiembre. Paralelamente,la inflación anualizada en Lima Metropolitana alcanzó en octubre un 5,25% (su pico en 38 meses), empujada por el alza en los alimentos de primera necesidad. El 58% de la población percibe que el gobierno no ha avanzado en la reactivación y el 60% desaprueba la política de empleo.
La respuesta salarial ha avivado el malestar social. El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.230 dividido en dos tramos fue cuestionado por la CGTP, que señaló que fraccionar la medida distorsiona lo prometido e ignora que el salario mínimo debería bordear los S/ 1.700 para cubrir la canasta básica familiar. Asimismo, la posibilidad de que las facultades legislativas abran paso a flexibilizaciones laborales ha encendido las alarmas de los gremios de transporte y centrales sindicales, que ya preparan jornadas de protesta.
Alineamiento diplomático y agenda de extrema derecha regional
La política exterior de la administración fujimorista ha ratificado un subordinamiento explícito a la agenda geopolítica de Estados Unidos y una alineación con los sectores más conservadores de la región. Su intervención en la Asamblea General de la ONU y el respaldo implícito a las acciones diplomáticas del Estado de Israel en la crisis del Medio Oriente ubican al gobierno en una posición alineada a la política exterior norteamericana. A ello se suma la convergencia con figuras de la extrema derecha regional, como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, validando modelos de recorte de libertades democráticas y precarización de derechos.
Sin embargo, los últimos hechos en la región con las derrota de Bolsonaro y Trump, la caída de Peña y el debilitamiento de Milei y Kast golpea indirectamente a la administración fujimorista y su política exterior de alineamiento con la ultraderecha. Es muy probable que se abran mayores perspectivas de debilitamiento de este gobierno que, por otro lado, comienza a tener manifestaciones en su contra.
La respuesta en las calles: movilizaciones, paros y resistencia universitaria
Frente al avance de este programa reaccionario, el descontento social ha comenzado a expresarse de forma abierta en el escenario público. A las convocatorias de paro impulsadas por los gremios de transportistas y las centrales sindicales contra el chantaje extorsivo y la precarización, se sumó la importante jornada nacional de protesta del sábado 24 de octubre. Bajo el lema “Por el Perú, por nuestras familias”, miles de ciudadanos, agrupaciones civiles y colectivos de jóvenes marcharon de manera simultánea en ciudades como Lima (con la plaza San Martín como epicentro), Cusco, Arequipa, Trujillo, Ica, Huancayo y Juliaca para denunciar la inacción estatal frente a la desbordante inseguridad ciudadana y la desidia ambiental.
A la par de estas manifestaciones ciudadanas y ambientales, los procesos de lucha en el ámbito universitario, como los registrados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), vienen cobrando relevancia. En la PUCP, los estudiantes se organizan masivamente contra el uso arbitrario de procesos disciplinarios diseñados para sancionar la protesta y amedrentar a la representación estudiantil. Aunque estos conflictos responden a dinámicas institucionales propias, se enmarcan en un mismo clima de restricción a las libertades democráticas y expresan la necesidad urgente de articular un plan de lucha unificado con los sectores populares en las calles.
Frente a un gobierno conservador que instrumentaliza las leyes para limitar las libertades democráticas, favorecer a las fuerzas del orden y postergar de manera sistemática las agendas de derechos humanos en función de los intereses de las cúpulas de poder, la respuesta no puede quedar en la pasividad ni en expectativas institucionales. La salida a esta coyuntura crítica exige la derogación inmediata de las leyes pro crimen y anti derechos, pero, así también, requiere impulsar la unidad de todas las luchas en curso mediante un proceso organizativo de fondo. Y, fundamentalmente, reagrupar a los revolucionarios bajo un programa político anticapitalista y socialista. La organización popular independiente, la articulación entre sindicatos, movimientos de género, sectores estudiantiles y frentes regionales son pasos necesarios para movilizar activamente a las masas para frenar el retroceso en marcha y construir una alternativa real para las mayorías.
