Por Verónica O’Kelly
Escribo con indignación, pero también con la sensación sofocante de que nos estamos acostumbrando a lo inaceptable. Brasil vive una barbarie cotidiana contra las mujeres. No es una exageración retórica. Son datos oficiales, es sangre derramada, es el miedo incrustado en la rutina de la mitad de la población.
En 2025, el país registró el mayor número de femicidios desde que el crimen fue tipificado por la «Ley del Femicidio», en 2015. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hubo 1.470 víctimas a lo largo del año, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día. El Foro Brasileño de Seguridad Pública señala un número aún mayor: 1.568 víctimas en 2025, un aumento del 4,7% en relación con el año anterior.
Cada uno de esos números tiene nombre, historia, familia. Pero el patrón se repite de forma brutal: mujeres negras, asesinadas dentro de casa, por su propio compañero o expareja. Entre 2021 y 2024, el 62,6% de las víctimas eran negras. La violencia de género en Brasil tiene color y tiene clase. Deja en evidencia que el machismo estructural se entrelaza con el racismo y la desigualdad social.
En la mayoría de los casos, el feminicida tenía una relación directa con la mujer víctima: el 59,4% fue asesinado por la pareja y el 21,3% por la expareja. En el 97,3% de los casos con autor identificado, los crímenes fueron cometidos por hombres. La mentira de que el peligro está “en la calle oscura” se derrumba. El peligro vive dentro de casa.
Y aun cuando las mujeres buscan ayuda, el Estado falla. Una de cada ocho víctimas de feminicidio había obtenido una medida de protección de urgencia. El 13,1% fue asesinada a pesar de estar bajo protección judicial. Esto no es una tragedia, es una política de Estado.
El caso de Tainara Souza Santos, una mujer de 31 años, dejó al descubierto esa brutalidad. Murió tras casi un mes internada, después de ser atropellada y arrastrada durante cerca de un kilómetro por un automóvil conducido por un excompañero, en plena Avenida Rebouças. Fue un feminicidio cometido a plena luz del día, en una de las principales avenidas de São Paulo. La violencia patriarcal no se esconde: se siente autorizada, alentada.
A esto se suma la naturalización de la cultura de la violación. En Copacabana, adolescentes practicaban violaciones en grupo, en plena zona turística de Río de Janeiro, y las chicas no denunciaron por miedo que no les crean. Ese silencio no es una elección. Es producto de una sociedad que culpa a las víctimas, protege a los agresores y enseña a las mujeres a sobrevivir en lugar de vivir.
No me digan que se trata de un problema individual, de “hombres enfermos”. Si así fuera, no habría patrón. No habría estadísticas. No existiría esta repetición casi mecánica de cuerpos femeninos asesinados dentro de sus casas. La misoginia es estructural. Sostiene un sistema que necesita que las mujeres vivan con miedo para aceptar salarios más bajos, dobles jornadas, dependencia económica y silencio.
Menos de tres reales por mujer.
En 2024, el Ministerio de las Mujeres tuvo autorizados 256,4 millones de reales para tres programas de la cartera. Sin embargo, apenas se ejecutó el 14,29% de ese monto, equivalente a 36,6 millones de reales. En la práctica, esto significa que la inversión federal para enfrentar la violencia contra las mujeres no llega a tres reales por mujer en el país.
El gobierno de Lula, a lo largo de todo su mandato, no ha modificado estructuralmente esta desigualdad presupuestaria. Se mantiene una lógica en la que las mujeres siguen estando entre las áreas de menor prioridad en la Unión. El «Marco «Arcabouço Fiscal» (plan económico del gobierno nacional) impone límites al crecimiento real del gasto público, comprimiendo el gasto social. Pero mientras las planillas se preservan, la población aumenta y la violencia contra las mujeres se intensifica.
El discurso no salva vidas. Una campaña publicitaria no impide un feminicidio. Sin un presupuesto robusto, sin ampliación de casas de refugio, sin equipos multidisciplinarios, sin respuesta rápida a las denuncias, sin autonomía económica para las víctimas, todo se convierte en retórica vacía.
Si vivimos una epidemia de feminicidios, el gobierno necesita actuar como si se tratara de una emergencia nacional. Es necesario decretar una emergencia en violencia de género y destinar todos los recursos necesarios para proteger a las mujeres, acoger a las víctimas y garantizar vivienda, ingresos y seguridad. El Estado es responsable. No puede esconderse detrás de planillas fiscales mientras las mujeres mueren cuatro veces por día.
Me niego a aceptar esta barbarie como algo normal. Y sé que no estamos solas. Las mujeres socialistas, junto a compañeros que entienden que esta lucha también es suya, seguimos organizadas. Luchamos no solo por políticas inmediatas, que son urgentes e indispensables, sino también por derribar el sistema que transforma la opresión en un engranaje del lucro.
Porque la violencia contra las mujeres no es una desviación. Es funcional a un orden que necesita la desigualdad para existir.
Y yo elijo luchar por otro orden. Por un mundo feminista y socialista, donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo para que el sistema siga funcionando.
