Carlos Ernesto Guevara Villar
Abogado
Sección Panameña de la Liga Internacional Socialista

El día lunes 22 de junio de 2026, distintas organizaciones sociales convocaron a una marcha que partió del Parque Porras hacia la Asamblea de Diputados. La marcha tenía como objetivo, por un lado, oponerse a las intenciones del régimen dictatorial de Mulino de reabrir la mina, y, por el otro, pronunciarse sobre la situación de los 298 educadores (as) separados (as) de sus cargos por haber participado en la huelga contra la reforma de la seguridad social y el sistema de pensiones, además del embalse de Río Indio.

La marcha, aunque no muy concurrida, se desarrolló con tranquilidad hasta llegar a los predios de la Avenida 5 de Mayo, donde se ubica la Asamblea de Diputados. Allí, varias docenas de antimotines —casi un cuarto de los participantes en la marcha— esperaban a los manifestantes pacíficos con una actitud belicosa, prepotente y agresiva, como si estuviéramos en una etapa de convulsión social prerrevolucionaria que augurara la caída del régimen dictatorial. Esto llama poderosamente la atención, pues denota el temor del gobierno de turno ante la posibilidad real de que, a pesar de la derrota sufrida con la Ley 462, el tema de la mina sea capaz de despertar nuevamente la conciencia de esa juventud y demás sectores que lucharon contra el contrato minero finalmente derrotado, sin dirección orgánica aparente.

Con independencia de lo anterior, tenemos que felicitar la unidad de los distintos sectores que, bajo las consignas levantadas, marcharon juntos para oponerse a la posible reapertura de la mina y darle apoyo a los 298 educadores (as) separados (as) de su cargo.

No obstante lo anterior, a pesar de estar presentes en la movilización varios abogados de los profesores y profesoras separados de Panamá Centro y Colón, no se tuvo la cortesía de darles la palabra para hacer el balance y establecer la etapa en la que se encuentra tan importante pelea, que representa hoy —junto con la persecución al SUNTRACS, su cooperativa y sus dirigentes históricos— uno de los puntos más álgidos de la lucha de clases en Panamá, pues deja entrever la venganza y la advertencia de Mulino contra todo el que lucha: que oponerse a la política del régimen tiene consecuencias, y precisamente una de estas es el despido, el exilio, la cárcel o la persecución penal, como mínimo.

El balance de la etapa actual

Lo anterior nos lleva y nos obliga a hacer, por este medio, el balance de la etapa actual en la que se encuentran los procesos administrativos y judiciales que el régimen, a través de su ministra Opus Dei, instruye en contra de los 298 educadores y educadoras separados de sus cargos sin derecho a salario.

En lo administrativo, se ha negado —en violación al procedimiento administrativo general consignado en la Ley 38 de 2000— las advertencias de ilegalidad, con base en un control previo no tipificado legalmente. Se ha modificado la consecuencia legal de la supuesta conducta de abandono del cargo, de destitución a insubsistencia, sin que se tenga acceso a recursos, lo que viola garantías constitucionales como el debido proceso y el principio de estricta legalidad, preparando el camino para justificar ante la Sala Tercera de la Corte Suprema el proceder arbitrario e ilegal del régimen a través de su ministra de Educación, dejando entrever que los afectados son de libre remoción y no servidores públicos que obtuvieron sus cargos por concurso de méritos.

En lo judicial, error en el que muchos dirigentes cayeron al vender la idea de que era el lugar al que había que llevar el conflicto, ya comienza a oler a podrido por las decisiones que se han adoptado. Por ejemplo, en Veraguas se admitieron y concedieron 39 amparos que, en apelación del MEDUCA, el Tribunal Superior del área finalmente revocó sin mayores explicaciones y de forma contradictoria, colocando nuevamente en indefensión a ese sector de los educadores separados, poniendo por delante del daño grave e inminente causado por el accionar de la demandada, requisitos jurisprudenciales que violentan y hacen irrisoria la tutela judicial efectiva que debe la administración de justicia dispensar a los afectados.

Igual suerte han corrido los casos que se tramitan en los juzgados de circuito civil en Panamá, donde, dependiendo del juzgado que le toque al amparo, se admite o no la acción, en una suerte de ruleta rusa para obtener o no la protección del sistema judicial panameño.

Ni Washington, ni Pekín, ni Ottawa: la lucha es contra el capital transnacional como sistema

Como marxistas revolucionarios, rechazamos categóricamente cualquier intento de reducir la lucha contra la entrega de nuestros recursos naturales a una disputa entre nacionalidades de capital. El problema de fondo no es si el explotador ostenta pasaporte estadounidense, canadiense o chino: el problema es el imperialismo como sistema mundial de dominación económica, que subordina las riquezas de los países dependientes a la acumulación de capital de las potencias centrales, sea cual sea su bandera o su régimen político interno.

Resulta una falacia oportunista presentar este conflicto como una pugna entre bloques de poder, cuando detrás de First Quantum Minerals Ltd. conviven capitales de distinto origen, incluyendo la participación de la empresa estatal china Jiangxi Copper Company Limited, con aproximadamente un 18.5% de la compañía canadiense. Esto demuestra, una vez más, que el capital transnacional no tiene patria: se mezcla, se asocia y se reparte el botín por encima de las fronteras nacionales, mientras nos quiere hacer creer que la disyuntiva es elegir entre un imperialismo y otro.

No caemos en la trampa de un supuesto «antiimperialismo» que solo señala a Washington para callar ante Pekín, ni en el discurso inverso que denuncia a China para blanquear al imperialismo occidental. La clase trabajadora panameña no tiene que elegir entre administradores extranjeros: tiene que luchar contra el conjunto del capital transnacional y contra la burguesía local que le sirve de intermediaria y se beneficia de la entrega de nuestras riquezas.

Por ello, cualquier nuevo contrato o mecanismo que pretenda reabrir la explotación minera debe ser denunciado no solo en el terreno económico, sino también en el terreno constitucional y de clase, pues implica la entrega de recursos estratégicos nacionales y el compromiso de nuestra soberanía a los intereses del capital financiero internacional. Panamá no puede limitarse a cambiar un amo extranjero por otro: nuestros recursos naturales no son mercancía de ningún imperio, potencia económica o corporación transnacional, sean estas de Occidente o de Oriente. Solo la nacionalización de los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores y el pueblo organizado puede garantizar que esas riquezas sirvan a las necesidades populares y no a la ganancia privada, sea esta yanqui, canadiense, china o de cualquier otra potencia.

Conclusión

Todo lo anterior denota que el régimen dictatorial, proempresarial, proyanqui y prosionista, está cumpliendo su papel: no solo crear un precedente, sino, con ello, mandar el mensaje de que quien lucha contra el plan de ajuste y la entrega de los recursos a las transnacionales mineras tendrá su sanción ejemplar.

Ante tal panorama, es evidente que el régimen tiene las manos metidas en el órgano judicial, del cual, desde el principio, no dudamos del papel que está jugando y que siempre ha jugado. Basta ver la persecución judicial al SUNTRACS, a los educadores y a los demás luchadores sociales.

Lo anterior nos lleva a advertir a los afectados que la única salida a esa política represiva del régimen es, por un lado, la unidad en la acción, y por el otro, la lucha y la movilización constante contra las medidas de ajuste actuales y la entrega de nuestros recursos a los imperialismos involucrados, que en el mundo se reparten, en nombre de su desarrollo, los recursos minerales del resto, que ni siquiera llegan al pueblo, sino que quedan en manos de las burguesías locales.

22 de junio de 2026

¡Reintegro inmediato de los 298 educadores y educadoras separados!

¡No a la reapertura de la mina! ¡Fuera las transnacionales mineras de Panamá!

¡Alto a la persecución judicial y penal contra el SUNTRACS y los luchadores sociales!

¡Unidad en la acción de todos los sectores en lucha!

¡Ni un paso atrás: la movilización y la lucha popular son la única garantía!

¡Nuestros recursos naturales no se negocian ni se entregan!