¡Abajo la persecución contra SUNTRACS y CONUSI! ¡Libertad para Marco Andrade y Genaro López! ¡Por la unidad de acción contra el régimen de Mulino!

Por Carlos Ernesto Guevara Villar, abogado. Sección Panameña de la Liga Internacional Socialista

El gobierno de José Raúl Mulino no es un gobierno más dentro de la institucionalidad burguesa panameña: es la expresión más descarnada de un régimen pro empresarial, pro yanqui y pro sionista, entregado de pies y manos a los organismos financieros internacionales y al capital transnacional. Desde el primer día de su mandato desplegó una ofensiva sistemática contra el movimiento obrero y popular que lo coloca como un régimen de carácter cuasi fascista, cuya razón de Estado se centra en la persecución política, económica y judicial de las direcciones más combativas del movimiento de masas y de los luchadores sociales independientes. Para ejecutar esta tarea, Mulino ha colocado a personeros de su entera confianza al frente de otros órganos del poder público, convirtiendo a instituciones que debieran ser garantes de derechos en instrumentos de castigo.

Así se explica que 298 educadores hayan sido separados de sus cargos sin derecho a salario por el solo hecho de ejercer el derecho de huelga en defensa del pueblo, sin que hasta la fecha encuentren respuesta ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. Por el contrario, el actuar de los tribunales superiores, que se han cuadrado sistemáticamente para revocar los amparos concedidos a su favor por jueces de circuito a nivel nacional, huele cada día más a podrido. No estamos ante un Poder Judicial independiente, sino ante un engranaje más de la maquinaria represiva del régimen.

Peor aún resulta el espectáculo de entidades como el IPACOOP y el MITRADEL, cuadradas para liquidar la cooperativa del SUNTRACS, extinguir el sindicato y levantar auditorías que, con el respaldo de un Ministerio Público comandado por el abogado personal de Mulino, sirven de insumo para construir expedientes amañados ante un sistema penal acusatorio que ni es democrático ni garantista, sino la expresión más clara de una justicia de clase: un sistema dirigido a castigar a los pobres mientras ofrece salidas y alternativas a los delincuentes de cuello blanco, a los hijos de la burguesía y a los políticos corruptos. Contra dirigentes históricos del SUNTRACS se ha emprendido una verdadera cruzada disciplinaria, cuyo mensaje al resto del movimiento de masas es claro y brutal: el que lucha correrá la misma suerte.

Esta ofensiva represiva no puede entenderse separada del plan de ajuste que el régimen adelanta contra el pueblo trabajador. La reforma de la seguridad social y del sistema de pensiones impuesta mediante la Ley 462 fue el primer gran golpe, y la derrota que allí sufrió el movimiento de masas ha envalentonado al régimen tanto para profundizar las medidas de ajuste como para arreciar la persecución judicial contra todo tipo de luchador social. Esta ofensiva avanza hoy al extremo de desconocer públicamente normas legales vigentes y decisiones jurisprudenciales de la más alta corporación de justicia que prohíben la minería, pretendiendo además desconocer la existencia de una moratoria minera vigente, buscando vaciar de contenido conquistas arrancadas por la movilización popular y abrir nuevamente el camino a los intereses del capital transnacional.

El horizonte inmediato no es menos sombrío: se anuncian nuevas medidas de ajuste sobre el agua, los impuestos, la educación superior, despidos masivos en el sector público y un endurecimiento de la legislación penal contra los luchadores sociales. Todas estas medidas tienen un mismo objetivo de clase: ajustar las cuentas del Estado para servir la deuda con los organismos internacionales, trasladando el peso de esa deuda sobre las espaldas de los sectores más empobrecidos del país, mientras se protege intacta la ganancia del capital transnacional y de la burguesía local.

Hoy, frente al nuevo mamotreto penal que se pretende levantar contra los compañeros del SUNTRACS, Marco Andrade y Genaro López, resulta imperioso superar la dispersión y la lógica de la denuncia aislada. No basta con la indignación ni con la confianza en los tribunales de la propia burguesía: lo que se necesita es la construcción real, desde abajo, de un frente único de lucha de todas las organizaciones obreras, populares, magisteriales, estudiantiles y de derechos humanos, capaz de enfrentar en unidad de acción la persecución judicial y la criminalización de la protesta social. Solo la movilización independiente del pueblo trabajador, organizada democráticamente desde sus propios sindicatos, comités y asambleas, sin depositar la confianza en el aparato judicial del Estado patronal, puede frenar esta ofensiva. La Liga Internacional Socialista, Sección Panameña, llama a todas las organizaciones hermanas y a los trabajadores y trabajadoras de Panamá a cerrar filas en defensa de cada dirigente, cada educador y cada luchador social perseguido, entendiendo que la defensa de uno es la defensa de todos, y que solo con independencia de clase y solidaridad internacionalista se derrota a este régimen al servicio del imperialismo y del capital.

Panamá, 27 de junio de 2026.

¡SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! ¡GOBIERNO QUE REPRIME A SU PUEBLO, GOBIERNO QUE SE CAE!

¡ABSOLUCIÓN INMEDIATA PARA MARCO ANDRADE Y GENARO LÓPEZ! ¡ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA EL SUNTRACS Y CONUSI! ¡POR UN FRENTE ÚNICO OBRERO Y POPULAR CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN!