En pocos días se abatieron sobre el pueblo colombiano varias catástrofes. La primera fue la posesión del gobierno de ultraderecha que encabeza Abelardo De la Espriella. La segunda un terremoto devastador que afectó el occidente del país, sobre todo a Chocó, la región más empobrecida de Colombia. La tercera son los incendios que se extienden en diversas zonas agrícolas y forestales y la cuarta, que ya está en marcha, es el “Super-Niño”, una ola de altas temperaturas que, destruirá cultivos, matará miles de animales, conducirá a la ruina a miles de agricultores, secará los embalses de las hidroeléctricas y obligará a racionamientos de energía. Ninguna de las consecuencias sociales de esas catástrofes es “natural”: la naturaleza sólo ajusta las placas tectónicas de la corteza terrestre o altera sus temperaturas como consecuencia de las modificaciones atmosféricas, sean producto de su propio metabolismo o provocadas por la acción de la sociedad humana.
El avance del conocimiento científico permite pronosticar algunos de esos fenómenos naturales. Pero, sobre todo, tenemos la capacidad de prevenir sus consecuencias sociales planificando de manera racional los lugares en los que producimos y habitamos. No es casual que en el sismo la devastación mayor, en términos relativos, haya sido en Chocó. Es una región de población de mayoría afrodescendiente, segregada históricamente y saqueada sin piedad desde tiempos coloniales. Su identidad étnica es producto de la esclavitud promovida por los colonizadores para explotar las riquezas minerales y agrícolas de la zona. A su lado perviven numerosos pueblos originarios, algunos de ellos hasta hace poco tiempo no contactados. Muchos de sus asentamientos urbanos se han derrumbado, y sus comunidades hoy están aisladas sin acceso a abastecimiento de alimentación o medicinas.
Desde hace años, al saqueo tradicional de sus recursos y a la dominación política de sus instituciones a manos de los partidos tradicionales, se sumó la intervención permanente de organizaciones armadas relacionadas con las insurgencias políticas, los carteles del narcotráfico, el desplazamiento masivo de migrantes hacia EEUU o la trata de personas. En medio de un paraíso natural un infierno social. Y fue San José del Palmar, población de la que la mayoría de los colombianos no tenían conocimiento, el epicentro de un terremoto de magnitud 7.4 que lanzó desde las entrañas de la tierra un rugido que se escuchó hasta en la capital del país y desestabilizó al recién posesionado gobierno de De la Espriella.
En los medios el protagonismo lo han tenido Cali, tercera ciudad del país, que en términos absolutos reporta el mayor número de víctimas mortales, heridos y desaparecidos, así como edificios colapsados, y Pereira, otro centro urbano gravemente afectado, junto con Manizales. La diferencia con Chocó es que éstos son centros urbanos consolidados, con vías de acceso y recursos para la reconstrucción. O sea, lugares de interés para las inversiones capitalistas. Porque también las catástrofes ponen de presente las diferencias sociales y las prioridades de los grandes empresarios.
Frente a las consecuencias del terremoto, y ahora los incendios, hemos visto la actuación improvisada del nuevo gobierno, cuando no absolutamente indolente: un ministro de Vivienda de paseo con su familia en Santa Marta o el propio presidente repartiendo balones de fútbol a los damnificados. Su desprecio por la vida de las víctimas llegó al extremo de rechazar ayuda urgente que se ofreció para rescatarlas durante las vitales primeras 72 horas del colapso de edificios. Lo hizo para privilegiar la intervención de gobiernos afines políticamente a la banda ultrarreaccionaria que ha llegado al poder, como EEUU, El Salvador, Ecuador o, más indignante aún, el Estado de Israel, responsable del genocidio de niñas y niños y la demolición bárbara de miles de viviendas en la Franja de Gaza.
En contraste con la irresponsabilidad gubernamental la población ha volcado su energía a las campañas de solidaridad. En todo el territorio nacional surgieron espontáneamente miles de iniciativas para acopiar recursos para los afectados, tratando de vencer obstáculos logísticos y de distribución de las ayudas. Podemos afirmar que, así como hace pocos años el pueblo colombiano protagonizó un estallido de indignación contra el gobierno de Iván Duque, hoy vivimos un estallido de la solidaridad social que desborda al gobierno de ultraderecha. Es la mejor prueba de que lo que requerimos para dar paso a una nueva sociedad que se autogobierne en beneficio de todos está en nuestras manos. Las primeras líneas de la protesta social hoy son sucedidas por las primeras líneas de rescate y apoyo a los damnificados.
Para las grandes corporaciones capitalistas es la hora de los negocios. Un primer cálculo es que la reconstrucción costará 30 billones de pesos. La banca multilateral se ha apresurado a abrir líneas de crédito que endeudarán más al país y serán una rueda de molino en el cuello del ahogado las próximas décadas. Debemos rechazar esas soluciones que sólo benefician al capital financiero, los grandes empresarios de la construcción o las aseguradoras. Debemos consolidar el movimiento de solidaridad con comités de damnificados y coordinarlos a nivel nacional para exigir al gobierno que la reconstrucción de las viviendas y pequeños y medianos negocios de los afectados tengan prioridad sobre los megaplanes de obras al servicio del saqueo de nuestros recursos. Se debe suspender de inmediato el pago de intereses y capital de la fraudulenta deuda externa e interna del Estado, para destinar esos recursos al plan de emergencia de reconstrucción y empleo masivo en obras sociales como vivienda, educación y salud. En lugar de “donaciones” de los grandes empresarios u “obras por impuestos” para privatizar la reconstrucción se debe imponer tributaciones extraordinarias a las grandes fortunas, cuando no expropiarlas directamente. Serían medidas radicales en la dirección de socializar la riqueza que producimos colectivamente.
El Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales convocado por las centrales sindicales y otras instancias de coordinación para los días 11 y 12 de septiembre -precedido por la Junta Nacional de la CUT, principal confederación de trabajadores del país, en particular de trabajadores estatales- debe convertirse en un Encuentro de Emergencia de los Damnificados en los que se haga un primer diagnóstico de la situación para que las exigencias de los afectados por el terremoto cobren prioridad en el Pliego Nacional de Exigencias, la defensa de nuestros derechos laborales y sociales, y la lucha por libertades políticas plenas frente al avance de la medidas autoritarias de De la Espriella, y sus reformas antisociales.
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Sección de la Liga Internacional Socialista – LIS
Bogotá, Medellín, agosto 23 de 2026
