Por: Alternativa Socialista – Perú
La toma de mando de Keiko Fujimori como jefa del gobierno peruano no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia más amplia en América Latina: una reconfiguración del poder hacia la derecha que no necesariamente responde a un giro homogéneo de las sociedades, sino a la capacidad de determinados grupos para concentrar el control del Estado. En el caso peruano, este proceso adquiere una dimensión particular: no solo se trata de un cambio de gobierno, sino del retorno al poder de una figura heredera directa de un proyecto autoritario, Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, lo que reactualiza tensiones históricas en torno a democracia, institucionalidad y concentración del poder.
El escenario político en el Congreso refleja esa tensión. La elección de las mesas directivas evidenció una correlación de fuerzas fragmentada, pues mientras el oficialismo logró imponerse en el Senado por un margen mínimo de un voto, en la Cámara de Diputados la oposición consiguió la presidencia. Este equilibrio inestable podría haber funcionado como un contrapeso institucional; sin embargo, en la práctica ha sido el punto de partida para que el Ejecutivo impulse mecanismos que le permitan ampliar su margen de acción por fuera del debate parlamentario.
En ese marco, la solicitud de delegación de facultades legislativas se convierte en un elemento central del inicio de gobierno. Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana y reactivar la economía, el Ejecutivo busca legislar durante 120 días en un amplio conjunto de materias que abarcan seguridad, régimen laboral, política tributaria, desarrollo productivo, reorganización del Estado y promoción de la inversión privada . Este alcance no es menor: en la práctica, habilita la posibilidad de gobernar por decreto en áreas estructurales. Más aún, el propio documento establece que las normas emitidas estarán exentas de mecanismos como la consulta pública o el análisis de impacto regulatorio, debilitando significativamente los estándares de transparencia y control ciudadano. Así, lo que se presenta como una medida de eficiencia se traduce en una concentración acelerada de poder en el Ejecutivo.
Esta lógica de gobierno también se refleja en el contenido y las contradicciones del discurso presidencial. Si bien Fujimori abordó temas sensibles como el embarazo adolescente, su propia bancada impulsó y aprobó la Ley N.° 32535, que elimina los lineamientos de la Educación Sexual Integral (ESI) y los reemplaza por un modelo centrado en bases biológicas, científicas y éticas, sin enfoque de género. Este nuevo marco promueve una visión estrictamente biológica del hombre y la mujer, prioriza valores familiares tradicionales y refuerza el derecho de los padres sobre la formación escolar, lo que entra en tensión directa con la evidencia sobre políticas públicas efectivas para prevenir el embarazo adolescente. La contradicción entre diagnóstico y medidas concretas revela no solo incoherencia, sino una orientación ideológica clara.
Algo similar ocurre en el ámbito educativo y juvenil. En su discurso, la mandataria afirmó que “ampliará Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores”, sin precisar metas ni plazos. Sin embargo, este anuncio se da en un contexto en el que su bancada ha respaldado modificaciones al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que, según denuncian estudiantes organizados, podrían restringir el acceso y permanencia en el sistema de becas. Entre los cambios cuestionados se encuentran la posibilidad de perder el beneficio por desaprobar cursos y la incorporación de criterios disciplinarios ambiguos que podrían afectar a los beneficiarios. A ello se suma la ausencia total de mención a la Beca Bicentenario, actualmente en el centro del debate público.
Las tensiones en torno a estas políticas ya han comenzado a expresarse en las calles. Desde hace días, estudiantes agrupados en el Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes (FRENABEP) mantienen protestas frente al Ministerio de Educación, exigiendo el archivo de las propuestas de modificación y la apertura de un proceso de diálogo. Sus demandas apuntan no solo a frenar los recortes, sino a garantizar un incremento real del presupuesto destinado a la educación superior y a los programas de becas. En este sentido, el anuncio de ampliación de Beca 18 aparece más como un gesto discursivo que como una política respaldada por decisiones concretas.
Finalmente, el enfoque económico y ambiental del gobierno refuerza la idea de un giro estructural hacia un modelo extractivista y desregulado. El paquete de facultades delegadas incluye la posibilidad de modificar marcos normativos ambientales con el objetivo de “armonizar” la protección del medio ambiente con la promoción de actividades productivas, así como simplificar y acelerar los procesos de aprobación de proyectos . En la práctica, esto abre la puerta a una flexibilización de estándares ambientales en favor de la inversión privada. Organizaciones como la Red Muqui han advertido que estas medidas no son aisladas, sino que forman parte de una tendencia más profunda: la consolidación de un modelo que prioriza la expansión de actividades extractivas (especialmente mineras) sobre los derechos de las comunidades y la sostenibilidad ambiental, debilitando los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana. Desde esta perspectiva, el problema no es únicamente normativo, sino estructural: se trata de la reafirmación de un patrón de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos, históricamente vinculado a conflictos sociales y desigualdades territoriales.
En conjunto, estos elementos permiten leer el inicio del gobierno de Keiko Fujimori como parte de un proceso de retroceso democrático en el Perú. La combinación de un discurso que apela a demandas sociales urgentes, políticas públicas que se orientan en sentido contrario y mecanismos institucionales que concentran el poder en el Ejecutivo configura un escenario en el que la democracia se vacía de contenido mientras se refuerzan las estructuras de control. Más que un giro ideológico de la sociedad, lo que se observa es una reconfiguración del poder desde arriba, en línea con una tendencia regional que redefine las reglas del juego político en América Latina.
