Tras cinco días de huelga nacional en agosto, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) rechazó por unanimidad la propuesta salarial del gobierno de Santiago Peña y convocó a una nueva huelga de 48 horas para el 21 y 22 de septiembre. Con salarios congelados desde 2012, insumos que faltan y una ola de renuncias masivas, el personal de blanco protagoniza hoy la lucha de clases más importante del país. Desde la Liga Internacional Socialista en Paraguay llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles a acompañar activamente esta pelea.
Desde hace catorce años el salario médico en Paraguay está congelado. Mientras los precios subieron, el poder adquisitivo del personal de blanco se derrumbó: de un equivalente a 2,8 salarios mínimos en 2012 a apenas 1,5 hoy. En números concretos, los médicos cobran un piso cercano a los 5 millones de guaraníes y reclaman llegar a 8 millones. El gobierno les ofreció un aumento de 400.000 guaraníes, menos de 70 dólares y la respuesta, en la asamblea del Sinamed, fue unánime: las migajas que proponen no alcanzan ni para empezar a discutir.
No es solo un problema de bolsillo. Faltan medicamentos, faltan insumos, faltan nombramientos: miles de profesionales siguen contratados de forma precaria, sin estabilidad, mientras sostienen turnos de sol a sol en hospitales desbordados. La rabia acumulada ya se tradujo en un fenómeno que el propio gobierno no puede ocultar: la renuncia masiva de especialistas, entre ellos decenas de terapistas pediátricos y neonatólogos, justo en las áreas donde una vacante no se llena de un día para el otro. El Sinamed lo dijo sin vueltas: esos renunciantes son irreemplazables. Es la salud pública misma la que se está vaciando.
Un gobierno que tiene plata, pero no para la salud
El Ministerio de Economía fue categórico: es «imposible» financiar la recomposición salarial que piden los médicos. La misma semana en que se decía esto, el gobierno de Peña recibía en Asunción a tropas de élite de 21 países para el operativo «Fuerzas Comando 2026» del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco de un año en que ya se firmó el acuerdo SOFA que da inmunidad diplomática a militares y contratistas norteamericanos en territorio paraguayo. El Estado que no tiene 3 millones de guaraníes más por mes para un médico de guardia sí tiene margen fiscal y político para otras prioridades: sostener a las Fuerzas Armadas de otro país, financiar su propia campaña electoral, blindar los privilegios de la casta política, no cobrarle al agronegocio y pagarle puntual a la banca internacional. Vamos por partes.
Y la plata aparece, y rápido, cuando de lo que se trata es de sostener el propio poder colorado. A menos de un mes de las elecciones municipales del 4 de octubre, la Asociación Nacional Republicana (ANR) aprobó por unanimidad un crédito bancario de 25.000 millones de guaraníes para financiar su campaña, a los que suma otros 5.000 millones de fondos propios del partido: 30.000 millones de guaraníes (unos USD 4,1 millones) repartidos entre sus estructuras electorales, solo para el tramo final de la campaña. A esa cifra hay que sumarle lo que declaran individualmente decenas de candidatos colorados y una millonaria contratación de publicidad electoral por parte del propio Tribunal Superior de Justicia Electoral, hoy cuestionada por las condiciones poco transparentes de la licitación.
Pero eso es apenas el aperitivo. El propio Congreso demuestra, con sus propios privilegios, que la plata existe y sobra: los 125 parlamentarios cobran una dieta que junto al gasto de representación suma cerca de 33 millones de guaraníes mensuales cada uno, casi 12 veces el salario mínimo, lo que representa cerca de USD 6,9 millones al año solo en dietas. En agosto de este año, en plena crisis de salud, el Congreso sancionó además una jubilación de privilegio que les permite retirarse con el 60% de su sueldo, y para el Presupuesto 2027 se votaron a sí mismos una partida de USD 6,2 millones para seguro médico privado justo mientras le niegan el reajuste a los médicos del sistema público y ya renunciaron casi 300 profesionales de blanco. Sumando dietas y seguro privado, los privilegios del Congreso cuestan al Estado unos USD 13 millones al año.
Y sin embargo, ese número que ya indigna es una fracción mínima al lado de lo que sigue. El gobierno paga aproximadamente USD 1.200 millones al año solo en intereses de deuda a la banca y organismos internacionales 92 veces más que todos los privilegios del Congreso juntos, sin devolver un solo guaraní de capital con esa cifra. Y todavía hay más: el agronegocio genera cerca del 25% del PIB del país, unos USD 15.000 millones al año, pero aporta apenas el 2-3% de la recaudación tributaria total. Si aportará en proporción a lo que representa en la economía, como corresponde en cualquier sistema fiscal equitativo, el Estado recaudaría entre USD 900 y 1.100 millones más por año de los que recauda hoy una cifra que, sola, casi iguala lo que se paga en intereses de la deuda.
Ahí está la respuesta real a la «imposibilidad fiscal»: no es que falte la plata. Hay de sobra para campañas, sueldos VIP, deuda usurera y ganancias del agronegocio sin tributar. Lo único que falta es la voluntad política de que esa plata vaya a la salud del pueblo. Y en lugar de eso, cuando el gobierno finalmente ofreció algo a los médicos, lo hizo bajo la forma de un «escalafón meritocrático»: pagar más a quien tenga más formación y antigüedad, en lugar de un reajuste general de base como reclama el sindicato. Es el mismo librito de siempre: dividir a la categoría entre «buenos» y «malos» profesionales para bajar el costo político y económico de un aumento real y parejo, en lugar de reconocer que el conjunto del personal de blanco viene sosteniendo un sistema desfinanciado con su propio cuerpo desde hace catorce años.
La represión como respuesta
Cuando los médicos llevaron el reclamo a la calle, la respuesta del Estado fue la fuerza. En Ciudad del Este, la policía disparó al aire y lanzó balines de goma contra profesionales de la salud que marchaban hacia el Puente de la Amistad. En Asunción, cuando la columna de médicos se acercó a un evento internacional donde participaba el propio Peña, un operativo policial intentó directamente ocultar las pancartas del sindicato para que las delegaciones extranjeras no vieran la crisis sanitaria real del país. No hace falta más para caracterizar de qué lado está este gobierno: represión en la calle y maquillaje ante el mundo, mientras la salud pública se cae a pedazos puertas adentro.
Solidaridad y simpatía que ya empezó a construirse
Lo más importante de estas semanas no es solo la firmeza del Sinamed, que rechazó por unanimidad las «migajas» del gobierno y ratificó la huelga para el 21 y 22 de septiembre. Es que la solidaridad ya empezó a moverse por fuera del propio gremio médico: sociedades científicas de nefrología, hematología y cuidados intensivos pediátricos salieron a respaldar la huelga; la enfermería del IPS expresó su apoyo; y en Misiones, la Organización Campesina de Misiones se sumó con cortes de ruta denunciando el vaciamiento de los hospitales regionales. Ahí, en esa combinación de personal de salud y organización campesina peleando codo a codo, está el germen de algo mucho más grande que un conflicto salarial sectorial: la posibilidad de una unidad de los explotados y oprimidos contra un gobierno que ajusta hacia adentro y entrega soberanía hacia afuera.
Tenemos que seguir apoyando sin condiciones la huelga del Sinamed y cada una de sus reivindicaciones: el reajuste salarial a 8 millones de guaraníes, el fin de la precarización laboral y los nombramientos para quienes siguen contratados, la provisión real de medicamentos e insumos, y el pago justo de las guardias en feriados. No hay reajuste «meritocrático» que valga: la salud pública se sostiene con salario digno para todos y todas, no con premios para una minoría mientras se disciplina al resto.
Llamamos a que la nueva jornada de huelga del 21 y 22 de septiembre no quede aislada. Hace falta que las centrales sindicales, las organizaciones campesinas, los centros de estudiantes independientes y toda organización social que se reivindique del campo popular se sumen activamente: con presencia en las movilizaciones, con difusión de los reclamos, con solidaridad económica si hace falta, y con la exigencia común de que este ajuste no lo paguen los trabajadores de la salud. La lucha del Sinamed no es un conflicto sectorial más: es hoy la trinchera más avanzada de la lucha de clases en Paraguay, y desde la Liga Internacional Socialista la vamos a acompañar hasta que gane.
