Acampadas en Oporto y Lisboa.

Por Movimiento Alternativa Socialista (MAS-Portugal)

La violencia policial constituye una función estructural de los Estados modernos. La policía, tal como la conocemos, tuvo su origen en el siglo XIX, junto con los Estados modernos, al servicio de la clase dominante: los capitalistas. Dejando atrás las milicias, las guardias reales y los cuerpos encargados de la captura de esclavos fugados, surgieron las policías profesionales; no para combatir el crimen, sino para controlar a la clase obrera (hoy, las clases trabajadoras) y proteger la propiedad privada industrial. En Portugal, se creó en 1867, en el contexto de la consolidación del liberalismo burgués.

Así, los Estados se erigen como detentadores del monopolio del uso legítimo de la violencia física, siendo las fuerzas policiales el instrumento que ejecuta dicha represión. La violencia policial no es la antítesis del Estado; es el Estado —en su forma más cruda— actuando a favor de los más ricos.

La violencia policial es un fenómeno global, que constituye un verdadero aparato represivo del Estado. Esta suele afectar de manera desproporcionada a tres grupos: por clase (trabajadores precarios, desempleados, habitantes de barrios periféricos); por «raza» (cuerpos racializados, producto de la herencia del colonialismo y, por supuesto, de la esclavitud); y por territorio (allí donde el Estado social se reduce y solo prevalece el Estado penal).

La ​​violencia policial es característica tanto de las dictaduras como de las llamadas democracias burguesas. En los regímenes dictatoriales, la violencia es explícitamente política. Durante el Estado Novo, la Policía Internacional y de Defesa del Estado / Dirección General de Seguridad (PIDE/DGS) constituía el eje del régimen. La tortura, los secuestros, los homicidios y las infiltraciones servían, primordialmente, para defender el orden político frente al comunismo, el anarquismo y los movimientos anticolonialistas. En la democracia «parlamentaria» al servicio de los más ricos —la que vivimos en Portugal y en la gran mayoría de los países europeos—, esta violencia solo cambia de forma, manteniendo la misma función. No se presenta como una «defensa del régimen», sino como el «mantenimiento del orden público». En última instancia, la supuesta defensa del ciudadano individual no es más que una estrategia de marketing; en realidad, el Estado se sostiene sobre la base de la fuerza.

La gran diferencia entre los cuerpos policiales de las dictaduras y los de las democracias parlamentarias radica en lo siguiente: en las dictaduras, el objetivo es anular la política; en la democracia burguesa, el objetivo es impedir que las cuestiones sociales se conviertan en cuestiones políticas.

En este contexto —como ha ocurrido en otras ocasiones en Portugal—, se produjo una vez más un episodio de violencia policial, ordenado por el poder político del Partido Social Demócrata (PSD). El alcalde de Oporto declaró que sería «absolutamente implacable» ante cualquier intento de instalar tiendas de campaña; una postura respaldada y ensalzada por el primer ministro Montenegro y su ministro de Administración Interna.

En otras palabras, ante la incompetencia de las políticas de vivienda de este Gobierno —así como de los anteriores, liderados por el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata/Centro Democrático y Social (PSD/CDS)—, y dada la gestión perpetuada por el poder municipal del PSD (especialmente en Lisboa y Oporto), la carga policial busca evitar que se evidencie la incapacidad de gobierno y frenar la transformación de una cuestión social en una cuestión política. Por este mismo motivo, no resulta sorprendente que el PS (y el presidente de la República, José Seguro) no condenen de manera clara la represión policial que tuvo lugar en Oporto.

Desde la perspectiva de este poder establecido, la carga policial —violenta, desproporcionada y totalmente injustificada en una manifestación que se mantuvo pacífica en todo momento, dejando un saldo de 37 heridos (dos de ellos en estado grave) e incluyendo la agresión cobarde a una persona con discapacidad— se considera «legítima» precisamente porque pone al descubierto la incompetencia gubernamental y la defensa de intereses corporativos —y particulares— vinculados a la aberrante especulación inmobiliaria que sufre Portugal. El paradigma de la falta de decencia se refleja en la recomendación paternalista del Primer Ministro, quien nos pide no ser “egoístas” mientras él y los suyos poseen un patrimonio de 55 inmuebles.

El Movimiento de Alternativa Socialista (MAS) se solidariza con todas las acampadas, ya sea en Portugal, España, Francia o cualquier otro país donde el capitalismo haya arrebatado el derecho a la vivienda, reservándola exclusivamente para los más ricos de la sociedad. El MAS propone, además, que estas acampadas se extiendan por todas las ciudades para forzar la retirada de la Ley de Alquileres, aprobada por el gobierno con el voto a favor —o la anuencia— de la IL y del demagogo Ventura y su partido. Asimismo, proponemos que todos los sindicatos independientes presionen a la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) y a la Unión General de Trabajadores (UGT) —que ya deberían haber convocado una HUELGA GENERAL— para organizar, en sintonía con la huelga ya programada en España para el 11 de noviembre, una huelga general ibérica que exija topes a los precios de los alquileres y los combustibles, así como aumentos reales en los salarios y las pensiones.

Comunicado del MAS distribuido en la concentración de Rossio a propósito de la represión policial en las acampadas de Lisboa y Oporto:

“Montenegro responde a la crisis habitacional con represión policial”

“El actual gobierno de la AD, apoyado por la extrema derecha de la IL y de Chega —con unos votando a favor y el demagogo Ventura absteniéndose—, ha logrado aprobar la nefasta Ley de Alquileres, una ley totalmente a favor…” …especialmente de los más ricos de nuestra sociedad.

Todos ellos son los principales responsables de la legítima indignación con la que miles de jóvenes y trabajadores han salido a las calles para luchar por la retirada de la Ley de Alquileres. Estos jóvenes están luchando por todos nosotros: por la anulación de la Ley de Alquileres y por un tope a los precios de la vivienda, ya que nadie con escasos recursos o un salario mínimo puede alquilar o comprar una casa. Y los más afectados son los jóvenes.

Las protestas más masivas y los campamentos de protesta han resurgido, en el actual periodo histórico, en España, pero se han extendido rápidamente por varios países de Europa.

El MAS (Movimiento Alternativa Socialista) no solo apoya los campamentos, sino que exige el cese inmediato de las detenciones y la criminalización de los activistas sociales, quienes fueron atacados de forma cobarde durante la noche.

Aquí se muestra el rostro de un posible futuro régimen fascista. Por ahora es solo una muestra, pero… No se detiene a Rita Matias —fascista declarada y diputada del partido Chega—, quien irrumpe en una asociación estudiantil y provoca altercados en nombre de la «libertad de expresión»; sin embargo, ella seguramente aplaude la falta de libertad que sufren los manifestantes en sus justas protestas pacíficas en las plazas del país. Es decir, los fascistas, para alcanzar el poder y empezar a encarcelar a personas (y, quién sabe si en un futuro próximo, a prohibir partidos de izquierda), dicen defender su propia libertad de expresión (obviamente). Pero, en realidad, buscan acabar —como se está viendo ahora en los campamentos— con la libertad de expresión de quienes llevan a cabo protestas absolutamente justas. Y son protestas justas, porque combaten la injusticia de que la mayoría de los jóvenes de la clase trabajadora no puedan ni siquiera acceder al alquiler o a la compra de una vivienda, dado que los precios están por las nubes.

¡TODOS EN SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS DE PROTESTA!

¡TODOS POR LA LIBERTAD DE REALIZAR CAMPAMENTOS DE PROTESTA! ¡POR LA EXIGENCIA DE LIBERTAD Y LA NO CRIMINALIZACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS, Y POR LA RETIRADA DE CUALQUIER ACUSACIÓN QUE PUDIERA LLEGAR A PRESENTARSE ANTE LOS TRIBUNALES!

¡POR LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA GENERAL, POR LA VIVIENDA, POR LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES, Y PARA FRENAR EL AUMENTO DE LOS PRECIOS!”