El Uruguay es gobernado desde el año 2005 por el Frente Amplio, el cual se circunscribe dentro de los gobiernos progresistas del continente, que llegaron al poder como resultado de la lucha de los pueblos contra los gobiernos neoliberales que con sus distintas medidas buscaban beneficiar al capital financiero.
Cada proceso de cada país, comparte rasgos generales con los demás, pero tiene a su vez sus particularidades, y eso es claro en el caso uruguayo, ya que a diferencia de la mayoría de los procesos latinoamericanos, el Frente Amplio no es un armado reciente y cuenta con una larga historia, que nació originalmente como una fuerza antioligárquica y antiimperialista y que contó con la integración de varios sectores y clases que se oponían al imperialismo, y en cierta etapa histórica fue el fiel reflejo de las necesidades de cambio.
Políticas económicas del Frente Amplio
Durante sus gobiernos el Frente Amplio ha mantenido el rumbo de la política económica, basada en la inversión de capitales privados internacionales como “motor de desarrollo”, continuando en líneas generales con la política económica de los gobiernos de los partidos tradicionales, con mayores políticas sociales que fueron posibilitadas por el excedente generado por los altos precios de las materias primas de exportación.
Nuestro país ha mantenido y profundizado su inserción al mercado mundial como productor de materias primas, ha aumentado su dependencia con respecto a los centros de poder mundiales. El modelo socioeconómico llevado adelante se asienta sobre el marco jurídico que se desarrolló durante el neoliberalismo de la década de los 90. En este sentido se mantuvo la Ley Forestal (1987), la Ley de Zonas Francas (1987), la Ley No 16.233 que redujo el plazo mínimo de arrendamientos de tierras (1991), la Ley de Puertos (1998), la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1998), la Ley de Seguridad Social (1995), entre otras.
El Frente Amplio no sólo mantuvo este marco jurídico del neoliberalismo, sino que aprobó leyes como la Ley de Participación Público Privada, la reducción de impuesto al capital mediante la baja de la tasa de IRAE del 30% al 25%, así como las leyes de titularidad de inmuebles rurales No. 18.092 y 19.283 que aceleraron la extranjerización de la tierra. Administrativamente llevó a cifras históricas la exoneración del capital y la concesión de nuevas zonas francas, representando en 2016 un gasto tributario de 1800 millones de dólares anuales. Vemos entonces que a pesar del discurso montado se produce un consenso con las políticas neoliberales.
El aumento de los precios internacionales de las materias primas así como la llegada de capitales extranjeros al país desde el 2004 generó un aumento del PBI hasta niveles históricos, teniendo su máximo en el 2014 (57.444 millones de dólares). En esta coyuntura el salario real aumentó, al mismo tiempo que se fomentó el consumo privado a través de la extensión del crédito. Al comienzo del período se establecieron mayores libertades sindicales, se desarrollaron programas de asistencia social que permitieron establecer un consenso social que dio cierta base al gobierno, dando la idea que la era progresista “llegó para quedarse” y de que es posible el progreso de toda la población dentro de un capitalismo “como la gente” y “bien administrado”.
Lo anterior se hizo presentando las cifras de forma general, y dejando de lado que los grandes capitalistas del país se enriquecieron en varias veces más que lo que se distribuía al resto de la población. El trasfondo de esto fue la entrega del país al capital extranjero y la adecuación de la economía nacional a las necesidades del gran capital internacional.
Las inversiones que arribaron al país han estado dirigidas fundamentalmente a la compra de tierras y unidades productivas que hasta ese momento eran de capitales nacionales; al sector de la construcción con foco en obras de infraestructura funcionales a las industrias exportadoras de materias primas y en residencias de alto nivel adquisitivo. Ha sido en general un proceso que ha tendido hacia la enajenación de los bienes nacionales y la expansión del capital financiero en toda la plaza nacional.
La forestación tuvo una fuerte expansión en los últimos veinte años, pasando de 53.000 ha en 1990 a cerca de 1.000.000 ha en la actualidad. Tres empresas extranjeras: Forestal Oriental/UPM, Montes del Plata y Weyerhauser (que acaba de vender sus bosques) controlaban el año pasado cerca del 70% de la superficie forestal total.
Los capitales brasileños que llegaron al país mediante la IED pasaron a controlar el complejo cárnico del Uruguay al manejar el 48% de la faena y 60% de la exportación, el 50% de la industria arrocera y la totalidad de la producción de maltas y cervezas (grupo AMBEV).
En los últimos doce años se multiplicó por once la cantidad de hectáreas plantadas con soja, llegando a unas 1.100.000 has, colocándose como principal cultivo agrícola. Esto trajo aparejado el uso masivo de agrotóxicos (sus importaciones aumentaron en un 120%) y semillas generando una alta dependencia de insumos extranjeros, a la vez que problemas de contaminación en ríos y arroyos.
Tras los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, se encontró al Uruguay siendo un país de economía primarizada, exportando productos de escasa elaboración e importando productos elaborados tanto de consumo como de capital. A su vez, las empresas que producen los principales productos que el país exporta están en manos de capitales extranjeros.
Tiempos de ajuste
Se ha llegado al fin del ciclo de bonanza para el esquema de inserción internacional del progresismo, las tasas de interés internacionales aumentan y provoca que la llegada de inversiones extranjeras se frene, a su vez las inversiones ya instaladas que ahora son parte del aparato productivo del país comienzan a dejar de invertir e inician una etapa de extracción de ganancias de las inversiones que realizaron. A la par de esto, los precios internacionales de las materias primas bajan y se estabilizan, en un esquema en el que obviamente desde un país pequeño y dependiente no es posible incidir.
En países productores de materia prima como el nuestro, con poco valor agregado a lo que se produce, la principal variable de ajuste es el salario de los trabajadores. Tanto los salarios asociados directamente a las actividades de extracción y transporte de las materias primas; como los salarios indirectos que son todos los costos asociados, y que incluyen los gastos del presupuesto del estado, son todas variables que del capital busca disminuir para incrementar su tasa de ganancia.
El actual gobierno del Frente Amplio ya desde su inicio en 2015 orientó su política económica a cumplir cabalmente con las necesidades del capital. Desde el inicio del periodo se instaló la necesidad de “no perder competitividad” a nivel internacional y “mantener el crecimiento”. Estos son conceptos que la burguesía utiliza cuando busca incrementar la extracción de plusvalía mediante la baja del precio de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios.
Al descargar la crisis sobre la clase trabajadora, incumpliendo las promesas electorales que realizó para llegar al gobierno, se evidencia el carácter pro-capitalista del gobierno, que cimenta su política neoliberal, que tiene como objetivo mantener los pagos de los intereses de la deuda externa, continuar con los subsidios y exoneraciones al gran capital nacional y extranjero.
Las agencias calificadoras evalúan las emisiones de deuda de gobiernos o de empresas y le informan a los propietarios de capital financiero si vale la pena invertir en ellos o no. Los evaluados aspiran a alcanzar la categoría de grado inversor que indica que el riesgo de incumplimiento de pago es bajo. En los países dependientes la evaluación finaliza con recomendaciones de medidas que aseguren la recuperación del capital invertido y la rentabilidad.
En 2014 el Fondo Monetario Internacional propuso reducir la inflación hasta llevarla al centro del rango meta del BCU, “una estrategia encaminada a reducir la indexación retrospectiva de los sueldos” y reducir el déficit fiscal al 2,5% del PIB en los próximos cinco años.” Y efectivamente, el gobierno sigue al pie de la letra estas indicaciones para preservar el flujo de entrada del capital extranjero y seguir financiando las cuentas del Estado con emisión de deuda, en lugar de gravar los ingresos del capital. Se siguió también la recomendación del FMI en cuanto a la desindexación de los salarios y la reducción de la inversión pública para “consolidar” las cuentas.
De esta manera, el gobierno carga contra el pueblo el peso de la subvención al capital, destinando gran parte de la plusvalía generada por los trabajadores al pago de capitalistas extranjeros que poseen el 75% de la deuda pública. Los hechos muestran esta realidad, los recursos destinados al pago de los intereses y vencimientos de deuda aprobados en la última rendición de cuentas implican que en este 2017 el gobierno destinará 1436 millones de USD en pago de intereses y 1126 millones de USD en amortizaciones de la deuda.
En lugar de ajustar las cuentas contra el capital, el déficit fiscal es financiado con más deuda, de esta manera el pago de intereses que era del 2.8% del PIB en 2014 pasó a 3.4% en 2016. El ajuste fiscal se dirigió entonces contra el pueblo, presentando el Poder Ejecutivo un proyecto de rendición de cuentas que incluía un recorte del presupuesto social en educación, salud y el sistema de cuidados.
Los ciclos económicos son inherentes al capitalismo y el gobierno puede atribuir la crisis económica a factores externos, pero lo que no puede eludir es la elección que hizo: ante la disyuntiva de donde descargar los efectos de la crisis, eligió por decisión propia consolidar los beneficios del capital y ajustar hacia el lado del pueblo trabajador.
Gobiernos progresistas: rostro simpático de una opción capitalista
Los gobiernos progresistas han coincidido en una retórica contra los EEUU, en un discurso con planteos de justicia social, contra el neoliberalismo, pero en los hechos mantuvieron incambiada la estructura económica de los países, promovieron la llegadas de grandes inversiones extranjeras, desarrollaron políticas sociales de carácter asistencialista y aumentaron el salario promedio de los trabajadores, debido a que gozaron durante una década de altos precios en las materias primas que exportaban, dejaron incambiados y afianzados los intereses y beneficios de los capitalistas.
En ningún caso cambió la naturaleza capitalista ni se eliminaron los lazos de dependencia con los grandes países capitalistas como EEUU, China o Rusia. Se promovieron y promueven políticas que buscan relevar al neoliberalismo con otras políticas pro capitalistas, colocando al estado al servicio del capital y las multinacionales.
Hoy se vislumbra el fin de ciclo de los gobiernos progresistas, estos fracasaron frente a los sectores populares que habían visto en ellos un camino para los cambios sociales, para la solución de los problemas que los aquejaban. Hoy frente a la crisis la realidad golpea y las ilusiones se desvanecen, los hechos son más fuertes que las palabras y queda claro que el proceso del progresismo no desemboca en el cambio social que lleve a una sociedad más justa.
Desde Compromiso Socialista entendemos que el fracaso de las ideas de los gobiernos progresistas no es el fracaso de las opciones de izquierda, no es el fracaso del socialismo, sino que es el fracaso de lo que el progresismo verdaderamente es: una propuesta reformista que no busca eliminar la verdadera raíz del capitalismo.
Colaboración de Compromiso Socialista de Uruguay