Por Liga Internacional Socialista – Perú
Mientras el Congreso Peruano armaba un enorme circo mediático con el debate y votación para la vacancia presidencial y mientras festejamos la legítima alegría con la selección de futbol, el Tribunal Constitucional ratificó el fallo declarando procedente el indulto al delincuente Alberto Fujimori y ordenando su liberación.
El último lunes la derecha no logró conseguir los 87 votos necesarios para provocar la caída de Castillo a quien se acusaba por una supuesta incapacidad moral. Las movidas en las bancadas no pararon hasta último momento a pocas horas que inicie la sesión plenaria donde se debatió la moción. Entre la defensa de Castillo, las argumentaciones de su propio abogado y los altercados con la bancada fujimorista, pasó el día manteniendo en vilo a la población. Finalmente, solo 55 congresistas votaron a favor de la vacancia, muy lejos de los 87 esperables.
Es que el propio Congreso tomo nota que entre entre los sectores populares del Perú: la vacancia no representa una salida para los trabajadores y el pueblo a la crisis política e institucional, y esa presión se hizo sentir sobre algunos congresistas. Las movilizaciones contra el indulto a Fujimori también fueron una alerta porque una vez más, se demostró en las calles la disposición a enfrentar los planes de la ultraderecha.
Castillo y su “búsqueda de consensos”
Frente a la amenaza Pedro Castillo aceleró a su vez, su política conciliadora con los poderes económicos, renunciando a sus ya tibias promesas de campaña, cediendo terreno a los sectores más conservadores quienes hoy continúan imponiendo la agenda política en el país. Es por ello que el Gobierno de Castillo va de tumbo en tumbo y de crisis en crisis, y la popularidad del presidente ha declinado exponencialmente.
En 8 meses de gestión Pedro Castillo ha cambiado 16 ministros y 4 premieres; podemos decir entonces que la amenaza de vacancia permanente, es una herramienta de condicionamiento para hacer que el Ejecutivo se ubique más a la derecha a partir de la «búsqueda de consensos».
Desde el primer día que asumió su mandato como presidente de la República, Castillo mantuvo la vigencia del actual modelo económico priorizando a la gran inversión privada extranjera en desmedro de los intereses y necesidades de los trabajadores y el pueblo. Además de ello, el gobierno renunció a su propuesta por la Constituyente y asumió la defensa de la Constitución fujimorista de 1993, llamando a construir un gran frente para la “gobernabilidad” de la mano de burguesía nacional y extranjera, a la cual Pedro Castillo llamó en reiteradas oportunidades a invertir en el Perú ya que su gobierno se declaró respetuoso de las reglas de juego establecidas en la Constitución del 93. De esta manera Castillo frustró las ilusiones de quienes lo eligieron.
Hoy Castillo mantiene la banda presidencial, pero se inicia para ello debe pagar favores, ceder cuotas de poder, liberar dictadores, seguir garantizando el continuismo y olvidarse de los cambios que prometió. No es casual entonces que en el mismo momento y casi silenciosamente se confirmó el fallo del Tribunal Constitucional a favor del indulto a Fujimori.
Unidad y movilización contra el Indulto y la Asamblea Constituyente
El Gobierno de Castillo no nos merece la más mínima confianza y no esperamos de él ninguna medida sería que beneficie realmente al pueblo trabajador; a pesar de ello, rechazamos categóricamente la vacancia presidencial ya que – como lo dijimos – esta es una salida reaccionaria y antidemocrática que está orientada a fortalecer aún más a la ultraderecha.
También reiteramos el llamado a los trabajadores, los sectores populares golpeados por la crisis, los campesinos y la juventud, a retomar la movilización que ponga por delante una agenda propia, de los trabajadores y el pueblo y la necesidad de retomar la lucha por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Esta es una respuesta necesaria para superar las crisis recurrentes del Ejecutivo y la actual deslegitimación del parlamento expresada también en el debilitamiento de las instituciones públicas, los partidos políticos y sus principales figuras, todos actuando de espaldas a las necesidades de las grandes mayorías.
Para nosotros esa Constituyente es un paso hacia la lucha por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, la cual deberá tener también la facultad de concretar un plan de emergencia que ponga por delante las demandas de las grandes mayorías. Debemos gestar la unidad más amplia de movimientos políticos, sociales, sindicales, campesinos y estudiantiles para enfrentar la impunidad y encontrar una salida política
Ratificamos que la actual situación en nuestro país no admite cambios en el maquillaje, sino cambios profundos que den vuelta la tortilla, para que gobiernen los que nunca gobernaron. La movilización más amplia para recuperar nuestros recursos naturales y energéticos para lograr el desarrollo nacional para recomponer la justicia, contra la impunidad, por un Perú libre y soberano. En ese camino los llamamos a transitar juntos la apasionante tarea de pelear por lo indispensable, que el futuro del país lo decida el pueblo trabajador.