Franklin Quesada Campos, trabajador del Hospital Nacional de la Salud Mental y secretario de prensa y propaganda de la Central General de Trabajadores (CGT)
La Caja Costarricense del Seguro Social es una conquista histórica, fruto de la lucha de la clase trabajadora. Se forja desde la década de los cuarenta del siglo pasado, sus servicios públicos en materia de salud y seguridad social garantizan la atención universal en salud y un sistema solidario de capitalización colectiva para la jubilación de las y los trabajadores asalariados.
Desgraciadamente, la Caja ha sido saqueada: en tanto botín político que se reparte cada cuatro años para pago de favores y ha sido obligada a la compra de bonos del Estado para financiar el déficit fiscal que los mismos políticos empresarios han generado. Para colmos, el Estado adeuda casi 3 billones de colones a la Institución.
Sobre su autonomía constitucional podemos asegurar que la prostituyen a conveniencia del gobierno de turno. Más que nunca estamos a la puerta de una debacle, más aún en este reciente mandato de Chaves en donde se ha colocado a personas completamente ajenas a su cometido como servicio público.
La Regla Fiscal viene aún más a maniatar a la institución, haciéndola recular en inversión e infraestructura y, por ende, en mejores condiciones salariales, que hace que los especialistas en salud migren al sector privado y, a su vez, que las listas de espera en consulta médica y la presa quirúrgica se agraven. Todo esto propicia el descontento de la población usuaria y lleva a los que tienen alguna posibilidad económica a recurrir a la costosa medicina privada.
Por otra parte, con la Ley Marco del Empleo Público el gobierno está promoviendo lo que ya de por sí se estaba sintiendo en el ambiente laboral: la división de los trabajadores. Al entrar en vigencia la nueva ley se divide a los empleados en dos grandes grupos: 40.000 en exclusivos y excluyentes que abarcan todas las especialidades y tecnicidades médicas y recurrentes; en otro régimen salarial, más precario, 20.000 trabajadores; o sea, para la parte administrativa, desde los administradores hasta los misceláneos, incluyendo técnicos de redes, oficinistas, archivistas, nutrición, etc. Ya de por si sector venido a menos gracias a la privatización o tercerización de los servicios de vigilancia y aseo en diferente clínicas y hospitales del país.
La Presidenta Ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, al mejor estilo de la Tatcher, pretende hacer y deshacer a su antojo en la Caja, como lo hacía en los sembradíos de piña. Como si se tratara de una gamonal destruye la autonomía constitucional, poniendo y quitando a dedo a directivos y gerentes.
Para la mafia chavista todo está muy bien. Es su objetivo. Lo que necesitamos es fomentar mayor conciencia y organización de la población asegurada, tanto en la defensa de la salud como de la educación pública. Estos dos sectores, además de incluir a la franja más numerosos de la clase trabajadora del sector público, constituyen los dos pilares fundamentales de los derechos sociales sustantivos del pueblo trabajador. Sin salud y sin educación pública el futuro es realmente sombrío. Ambos sectores han sufrido duros ataques en el pasado, el paquetazo fiscal y la ley antihuelgas han puesto a todo el movimiento social y popular contra las cuerdas, pero nunca como ahora se ha planteado de manera tan descarada un programa para desmantelar y privatizar la salud y la educación en nuestro país. Debemos organizarnos para pelear con uñas y dientes para defender los derechos de la clase trabajadora y el pueblo.
