Por Pablo Vasco
En ese pequeño, pobre y sufrido país caribeño, y tras largas negociaciones, el pasado 16 de abril el diario oficial Le Moniteur finalmente publicó el decreto que inicia un incierto proceso de transición política por un plazo de 22 meses, hasta el 7 de febrero de 2026.
El mecanismo institucional es más que complejo, como expresión de la enorme crisis política que cruza a Haití. El cuestionado primer ministro actual, Ariel Henry, que debió haber dimitido el 7 de febrero pasado, debe ahora traspasar el poder a un Consejo Presidencial de Transición de nueve integrantes: siete titulares con derecho a voto y dos observadores. Ese Consejo debe proponer un nuevo primer ministro y éste, a su vez, debe formar un nuevo gobierno “de consenso”, disponer medidas de emergencia para “estabilizar” el país y luego convocar un consejo electoral “imparcial” y elecciones hacia febrero de 2026.
Es más: como todavía no todos los miembros del flamante Consejo presentaron sus antecedentes, como por ejemplo no tener causas penales por corrupción u otros delitos, el decreto oficial le encarga al propio organismo “exhibir los papeles requeridos ulteriormente en un plazo razonable y, si no pueden hacerlo, estarán obligados a dimitir”…
Así las cosas, el Consejo de transición quedó integrado por “representantes de los principales partidos del país, así como del sector privado y la sociedad civil”. Es decir, más allá de sus divergencias y si son oficialistas u opositoras, son todas fuerzas políticas y sociales defensoras del sistema capitalista.
Los siete miembros titulares con derecho a voto representan a:
- Fanmi Lavalas (socialdemócratas).
- Colectivo 30 de Enero: PHTK (derecha, gobierna desde 2011), LAPEH (centro), UNIR (cristiano protestante), MOPOD (demócrata-cristiano), OPL (socialdemócrata) y GREH (derecha).
- Acuerdo de Montana (movimientos civiles y políticos).
- Acuerdo del 21 de diciembre (grupos políticos, sociales y empresariales).
- EDE (centro-derecha), plataforma RED y Compromiso Histórico (demócrata-cristianos, nacionalistas y otros).
- Pitit Dessalines (centroizquierda).
- Cámara de comercio norteamericana (AmCham) y otras cámaras patronales.
A la vez, los dos miembros observadores sin derecho a voto representan a:
- Coalición REN (inter-confesional).
- Coordinación de la diáspora haitiana y otros grupos civiles.
En su comunicado del 10 de abril, el consejo ya proponía tres prioridades: “restablecer la seguridad pública, organizar una conferencia nacional y la reforma constitucional, y realizar elecciones generales democráticas y participativas”.
No a la injerencia imperialista
Este precario acuerdo político es presentado como una “solución haitiana”, pero en realidad ha sido impulsado por la CARICOM, la Comunidad del Caribe, que agrupa a 15 pequeños Estados de esa región, con gran influencia política británica y norteamericana. Tiene también el apoyo del Core Group, formado por representantes de EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, España, Brasil, la Unión Europea y la OEA.
Como la primera prioridad del Consejo de Transición es la seguridad, en un país asolado por bandas mafiosas ligadas a la policía y los militares, se formará un Consejo Nacional de Seguridad con expertos haitianos y extranjeros. Éste supervisará la “asistencia internacional en materia de seguridad”, o sea la misión policial-militar resuelta en octubre pasado por la ONU a instancias de Estados Unidos. Se habla de tropas de Kenia, Benín y otros países. ¡Entonces allí está la nueva intervención político-militar directa del imperialismo, que se debe rechazar de plano!
Desde 1993, en Haití ya han intervenido más de diez “misiones de paz” políticas y militares organizadas por el imperialismo yanqui y han hundido cada vez más al país en la dependencia, el hambre y el caos.
Como bien lo vienen alertando ROZO (Red de Organizaciones de la Zona Oeste) y otras agrupaciones populares y de izquierda de Haití, esta nueva intervención no taerá ninguna solución: “Desde su independencia revolucionaria en 1804 Haití ha sufrido numerosas intervenciones extranjeras, que no han hecho más que agravar la miseria, la dependencia y la corrupción, incluida la MINUSTAH desde 2004 hasta 2017”[1].
Desde la LIS reafirmamos el derecho elemental del pueblo haitiano a decidir libre y democráticamente su destino. En ese camino, apoyamos la construcción de una alternativa política socialista porque sólo mediante una revolución obreera y popular Haití podrá romper la sumisión al imperialismo y al capitalismo, e iniciar las reformas de fondo que aseguren el bienestar del pueblo trabajador.
[1] https://lis-isl.org/2024/01/26/no-a-la-intervencion-imperialista-en-haiti-libre-autodeterminacion-del-pueblo-haitiano/