Compartimos a continuación el comunicado de Socialistas en Lucha (SeL) desde Cuba.
El pasado día 2 de enero del presente año el compañero Alejandro Bodart, secretario general del MST del Frente de Izquierda en Argentina y coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS), fue juzgado y condenado a seis meses de prisión en suspenso por la Cámara Penal de Buenos Aires, bajo el supuesto de «incitación a la discriminación» y «antisemitismo». Esto sucede luego de que el 22 de agosto del año pasado fuera declarado inocente de los presuntos cargos en el juicio iniciado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que concluyó en la sentencia de que los tuits publicados por Bodart en 2022, figurantes como las supuestas pruebas en su contra, eran una «crítica política y no constituyeron antisemitismo», según declaró la jueza Natalia Molina.
La actual sanción contra el dirigente de izquierda ocurre en un contexto donde una serie de organismos internacionales como el Tribunal Internacional de La Haya, la Corte Penal Internacional y la ONU, así como un sinnúmero de figuras como el Papa Francisco denuncian los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel y entienden tanto a Benjamín Netanyahu como a otra serie de funcionarios del Estado sionista como criminales de guerra, al punto de ser emitidas diversas órdenes de arresto en su contra.
Mientras a Bodart se le intenta silenciar por expresar su solidaridad con el pueblo palestino, Israel continúa su ofensiva genocida sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, donde hasta la fecha suman más de cuarenta y cinco mil muertos de los cuales más de diecisiete mil son infantes, decenas de miles de desaparecidos, casi dos millones de desplazados y un territorio hambreado y en ruinas.
Desde Socialistas en Lucha (SeL), colectivo perteneciente a la izquierda antiautoritaria de Cuba, nos solidarizamos con el compañero Bodart y denunciamos el proceso represivo en su contra. Este episodio evidencia el carácter totalitario y sesgado de las instituciones y funcionarios involucrados en la sanción, así como el secuestro del aparato judicial argentino por parte del lobby sionista operante a través de DAIA.
De esta forma, nos unimos a la campaña internacional en defensa de la libertad de expresión y condenamos el atentado antidemocrático que representa el intento por silenciar las voces opuestas al régimen sionista que perpetra uno de los crímenes más grandes de nuestro siglo a los ojos del mundo. Como expresó el compañero Bodart en reciente comparecencia pública: «Denunciar un genocidio no es un delito: es una obligación democrática fundamental».