¿Táctica legislativa o colaboración de clases?
Por David Morera Herrera
El parlamento en un Estado burgués (como desde luego lo es Costa Rica), constituye un pilar central del régimen político. La consigna de defensa de la “institucionalidad” que enarbola el Frente Amplio (y en general el llamado “progresismo”) es una consigna que encubre la naturaleza de clase del estado. De la misma forma lo encubre el concepto muy manido de “Estado social de derecho”, sin embrago, en su contenido confuso apunta también que existen en la democracia burguesa actual, conquistas sociales fruto de la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, que sería obtuso no defender ante la embestida neoliberal que las atacado desde hace décadas atrás, siempre y cuando se les llame por su nombre y origen. Se oculta que ese mismo Estado y su ordenamiento jurídico (derecho) incluye a fuerzas e instituciones antipopulares y anti-obreras. Para citar algunos ejemplos. incluye las fuerzas represivas, la elección secreta de los magistrados por dos tercios de los votos en el parlamento o la legislación electoral engorrosa que deja en desventaja a los partidos que no tienen el privilegio de acceder a los recursos financieros que corren a raudales desde los partidos burgueses, a cambio de favores y chorizos para los empresarios patrocinadores.
No obstante, a diferencia de los ultraizquierdistas que se niegan a participar en todo proceso electoral (o anarquistas, cuya consigna en todo tiempo y lugar es: ¡Abajo el estado burgués!); para la tradición marxista no hay que desechar intervenir en elecciones y en esos parlamentos, puesto que son una tribuna de propaganda con el objetivo de contribuir a elevar la conciencia, organización y movilización del pueblo trabajador. Pero siempre es una táctica auxiliar, accesoria, secundaria, pues lo estratégico es la movilización y organización del pueblo trabajador en el terreno de la lucha de clases.
Asimismo, esa participación en el parlamento no descarta acuerdos tácticos, precisos y circunstanciales sobre determinados proyectos de ley e iniciativas puntuales, con una u otra fracción de los partidos burgueses. Pero de ahí, a un pacto para cogobernar la institución parlamentaria, sostenemos que hay una gran diferencia.
El 1° de mayo, previo al inicio de la primera sesión legislativa del nuevo Congreso, se anunció un peculiar pacto legislativo, suscrito por las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA),Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Este pacto incluyó 26 diputaciones y una agenda conjunta para el periodo legislativo 2026-2030.
¿En qué consiste el pacto parlamentario de fuerzas políticamente tan disímiles?
Am Prensa (01-05-26) informa: “El documento, denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, busca articular una propuesta común en medio de un escenario político fragmentado, tras las recientes elecciones nacionales. Según el acuerdo, las agrupaciones reconocen sus diferencias ideológicas, pero apuestan por construir coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y la atención de los principales problemas del país.
Algunos ejes destacados del pacto legislativo
Desde el FA se presenta como un pacto defensivo para encarar el fenómeno de derecha cada vez más fuerte del gobierno continuista de Laura Fernández- Rodrigo Chaves. En su letra manifiesta que las fracciones plantean fortalecer las garantías individuales, defender la independencia de poderes y agilizar el nombramiento de magistrados, especialmente en la Sala Constitucional. Esto último podría ser un disparo en el pie, ante el hecho de que la fracción oficialista del PPSO supera la mayoría simpe (31 curules), que no es descartable logre con 6 diputaciones más la mayoría calificada de 38 votos, máxime considerando que la elección de magistrados es secreta.
También el pacto, menciona el texto, impulsa la libertad de prensa, el acceso a la información, la manifestación pacífica y la participación ciudadana. Hasta acá no más que frases generales y abstractas
En seguridad y justicia el pacto baja más a tierra. Propone un combate frontal al crimen organizado mediante herramientas como la extinción de dominio, el levantamiento del secreto bancario en casos específicos y el aumento de recursos para cuerpos policiales. Además, plantean reformas al sistema penitenciario, procesos judiciales más ágiles y la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en un órgano civil con controles democráticos.
Tres observaciones en materia de seguridad y justicia: 1) el levantamiento del secreto bancario debería ser para todas las empresas y capitalistas, no queda claro por qué y en cuáles casos específicos se haría. 2) más recursos para los cuerpos policiales, es una cantinela que levantan todos los partidos parlamentarios, incluido el oficialista Pueblo Soberano (PPSO). Ante la preocupación válida por el aumento de las operaciones y asesinatos del crimen organizado, el pacto obvia que el crimen es un producto de la desigualdad social en aumento. Pugnar por más financiamiento para los cuerpos represivos, encaja y es coartada perfecta para medidas encaminadas a más acciones y legalidad punitiva (énfasis en lo penal y no en lo social), más militarización y proyectos como la mega cárcel a lo Bukele que propone el Gobierno. 3) Cabe entonces preguntar: ¿en qué consiste la “reforma al sistema penitenciario?”
En el eje de desarrollo social, la agenda incluye medidas para mejorar la calidad educativa, avanzar hacia una inversión del 8% del PIB en educación y reducir brechas territoriales y de género. Suena muy bien, pero “avanzar hacia un (8 % del PIB para la educación pública”, no es lo mismo que exigir se cumpla con ese precepto constitucional. Un “olvido” que destaca es que no hay mención alguna a la disputa por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al que el gobierno continuista pretende imponer un 0 % de ajuste en relación con el FEES del año pasado. El gobierno ya rompió negociación con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que tímidamente apenas solicitan un incremento muy insuficiente del 1% para el año 2026. Es un hecho consumado que la disputa será dilucidada en el parlamento, a lo sumo en setiembre del año en curso. En ese sentido, la omisión de este tema candente y actual es muy significativa.
En salud, el acuerdo propone defender y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reducir listas de espera, atender la escasez de especialistas y definir la deuda del Estado con la institución. Otra vez vemos las generalidades, no se trata de definir la deuda del Estado con la institución. La deuda ya está más que clara. La deuda del Estado costarricense con la CCSS asciende actualmente a aproximadamente ₡4,3 billones, afectando tanto el Seguro de Salud como el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Entonces: ¿por qué el Pacto no se plantea directamente, no la definición de la deuda, sino un plan para que el Estado honre esa deuda?
En materia de inversión social, las fracciones proponen revisar la regla fiscal, que no es lo mismo que eliminar la regla fiscal, que estrangula los presupuestos de los servicios públicos, congela salarios e impide la contratación de nuevas plazas.
Una omisión notable es que no se tocan los paraísos fiscales, como el régimen de zonas francas y no hay una palabra sobre una reforma tributaria que alivié la carga impositiva sobre los sectores populares, como lo es, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y planteé impuestos progresivos al gran capital.
Obviamente lo que se dice y lo que no se dice, los “olvidos” en ese Pacto justamente responden a que es un acuerdo con fuerzas políticas con intereses sociales distintos.
Hablan referentes de partidos burgueses PLN, PUSC y CAC
Delfino (01-01-26) informa: Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del PLN, comentó: “hemos decidido construir, desde la diversidad, una agenda responsable que garantice el fortalecimiento de la democracia y soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía”. (…)” Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción y única legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana, expresó: “este acuerdo nace de una lectura clara del momento político: la ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones. Hoy estamos dando un paso firme hacia una Asamblea Legislativa que dialogue y construya”.
El bloque extendió una invitación a la fracción del partido oficialista Pueblo Soberano para que forme parte del diálogo y comparta la agenda de proyectos, con el fin de robustecer el consenso legislativo en favor de las y los costarricenses.
“Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país. Este acuerdo es una señal clara de que es posible construir coincidencias para poner a Costa Rica por encima de cualquier diferencia”, dijo Abril Gordienko, jefa de fracción y única diputada del PUSC”.
Explicaciones de Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio
Villalta conversó con El Financiero sobre los límites entre una oposición responsable y una que frene el avance del país, la disposición de su agrupación a ceder para construir acuerdos y los espacios de coincidencia o confrontación que prevén con el oficialismo.
En cuanto al PLN indicó: “Me parece que las nuevas figuras de Liberación Nacional están haciendo una autocrítica de eso. Yo tengo buenas sensaciones de la bancada de Liberación Nacional en el sentido de que parecen que quieren responder a un ideario, a lo que prometió don Álvaro Ramos en campaña”.
Con relación al nuevo gobierno Villalta expresó: “yo le he visto a doña Laura dos personajes: una doña Laura que yo conocí cuando era ministra de Planificación y después de la Presidencia, que correspondía a una persona sensata con la que se podía dialogar y uno podía no estar de acuerdo, pero era muy agradable conversar con ella; después se transformó en la campaña electoral y de pronto se parecía demasiado a Rodrigo Chaves. No vamos a presentar mociones solo por joderlos, solo por obstruirlos, solo por cambiar una coma de un proyecto de ley. Vamos a plantear propuestas de modificación. La ventaja es que cuando el motivo de la objeción está justificado, es posible dialogar, y decir ‘bueno, arreglemos esto y solucionamos este problema’.”
De un acuerdo limitado a una propuesta para cogobernar el parlamento
En el último punto del pacto se indica: “Además del desarrollo de una agenda legislativa común y un marco de defensa institucional y democrático, las fracciones acuerdan proponer una opción de Directorio Legislativo que refleje el espíritu del presente acuerdo, garantizando representatividad, equilibrio político y el compromiso con la agenda común.
En ese sentido, y como base para garantizar gobernabilidad y corresponsabilidad entre las principales fuerzas de oposición, se acuerda la siguiente distribución del directorio:
– Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
– Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
– Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
– Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
– Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
– Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio
Desde el punto de vista meramente aritmético las fuerzas políticas del pacto no tenían ninguna factibilidad para logra imponer su papeleta. No obstante, es un mensaje de “unidad y de colaboración de clase” que se las trae.
Hay sumas que restan
No solo el pacto tiene referencias difusas y aspectos que omite, es una señal de que el FA que se supone es la “izquierda responsable” en el Congreso, está por la colaboración para cogobernar esa institución con partidos neoliberales que han sido responsables del deterioro económico social del pueblo, desde los primeros programas de ajuste estructural, impuestos por el FMI y más recientemente el PAC (antecesor del CAC) con una ofensiva virulenta que le dejó la mesa servida al gobierno ultra reaccionario de derecha de Chaves (ley anti huelgas, regla fiscal, combo fiscal, ley marco de empleo público).
Una izquierda consecuente, no digamos revolucionaria, no hace pactos programáticos con partidos burgueses, más allá de la declaración de intenciones de esa alianza variopinta. El propósito de controlar el Directorio, cosa claramente descartada matemáticamente de antemano lo expresa con nitidez. En tiempos de Pueblo Unido, una alianza de partidos de izquierda, con independencia de clase, siempre se votaba por una papeleta independiente. La idea es remarcar pedagógicamente la importancia de la independencia de clase ante las masas. Pueblo Unido se opuso siempre a la militarización encubierta, disfrazada de financiamiento a la policía. Así como a empréstitos leoninos con las garroteras imperialistas como el FMI y el Banco Mundial. Que gran diferencia con el FA de hoy, que continúa y profundiza una línea de conciliación de clases, con la coartada de la oposición “responsable” al gobierno Rodrigo Chaves – Laura Fernández. Justamente por ello, desde el PRT, a pesar de nuestras críticas a Pueblo Unido, (salvo en 1986 que presentamos nuestras propias candidaturas (encabezadas por el fallecido dirigente sindical de Acueductos y Alcantarillados: Edwin Badilla Agüero), en 1978 y 1982 lamamos a votar por la coalición Pueblo Unido.
Pareciera ser que el cálculo político que hace la dirección del FA es que, dado el crecimiento político que tuvo en estas elecciones, es que podrían ser gobierno en las próximas elecciones del 2030, con un proyecto centrista de colaboración de clase, al estilo del FA de Uruguay o el gobierno de Lula en Brasil. No creemos que esto sea posible en Costa Rica por el momento, ni a corto plazo, a menos que se abriera un proceso de profunda crisis económica y social; pero si explica el corrimiento a la derecha de la dirección política del FA, que busca parecer confiable y una buena opción para algunos sectores “progres” de la burguesía (o que ahora se visten de “progres”) que se enfrentan en este momento al chavismo; tal y como lo planteaba el excandidato presidencial Ariel Robles, durante la campaña electoral pasada, en un artículo publicado por la Extra en agosto del 2025, en donde planteaba que los empresarios podrían estar tranquilos en un eventual gobierno suyo: “El candidato presidencial afirma que dará incluso más garantías que las ofrecidas por esta administración, subrayando que no impondrá impuestos en zonas francas y, más bien, apostará por proyectos de exoneración que en el futuro puedan generar mayores fuentes de empleo”[1]
El tiempo dirá cuál será la duración, consistencia o fragilidad de este pacto legislativo, pero a nuestro criterio, para efectos del FA esta es una suma que le resta. Y bastante. En lugar de convertirse en un punto de encuentro para los sectores y partidos de izquierda y aglutinar un frente socialista o anticapitalista, el FA dilapida, desde nuestra perspectiva, la fuerza política que ha logrado amasar para parecer seguro para las élites que controlan el poder en Costa Rica. Como hemos insistido, a menudo el FA es amplio hacia la derecha, pero no hacia la izquierda.
[1] Suarez, D. (2025). “El sector privado puede estar tranquilo en un Gobierno mío” Diario extra digital, 18 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.diarioextra.com/noticia/el-sector-privado-puede-estar-tranquilo-en-un-gobierno-mio/
