Naira Carcelen- Alternativa Socialista
La oficialización de la victoria de Keiko Fujimori, con el conteo al 100% de los votos, abre un nuevo ciclo político en el Perú marcado por la consolidación de un bloque autoritario que ya venía capturando las principales instituciones del Estado. Su juramentación el próximo 28 de julio no representa únicamente un cambio de gobierno, sino el afianzamiento de un proyecto que articula al Ejecutivo, el Congreso y sectores del sistema judicial en función de intereses conservadores, neoliberales y profundamente antiderechos. La composición de su gabinete, con una presencia mínima de mujeres, no es un detalle menor, sino un reflejo de la exclusión estructural que caracteriza a este nuevo momento político.
En este contexto, la reciente aprobación en segunda votación de la ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal, impulsada por Fernando Rospigliosi, evidencia con claridad el rumbo que está tomando el país. Lejos de fortalecer la justicia, esta reforma busca desfigurar el concepto mismo de lesa humanidad para restringir su aplicación y favorecer la impunidad. Bajo el pretexto de evitar supuestos abusos por parte de la llamada “mafia caviar”, se instala un discurso que legitima el blindaje a militares y policías frente a posibles responsabilidades por violaciones a los derechos humanos. No es una reforma técnica: es una decisión política orientada a proteger a los suyos y garantizar que los crímenes del pasado, y del presente, no sean juzgados como tales.
En ese sentido, grupos a favor de los derechos humanos y congresistas como la actual congresista Ruth Luque han advertido que la norma “desconfigura por completo el delito de lesa humanidad”, mientras que organizaciones de derechos humanos han señalado que representa un “grave retroceso” y una vulneración de las obligaciones internacionales del Estado (The Swiss 2026). Al modificar los criterios bajo los cuales se juzgan estos crímenes, la ley abre la puerta a la reclasificación de casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales como delitos comunes, debilitando las posibilidades de justicia para las víctimas y consolidando un patrón histórico de impunidad en el país.
Este avance autoritario se articula, además, con una ofensiva directa contra los derechos de género y la educación. La eliminación del enfoque de Educación Sexual Integral (ESI), formalizada mediante la Ley N.º 32535 impulsada por Milagros Jáuregui, constituye un retroceso grave en la protección de niñas, niños y adolescentes. Bajo el argumento de promover una educación “científica, biológica y ética”, se ha eliminado toda referencia al enfoque de género, reemplazándolo por una visión conservadora que prioriza la familia tradicional, la abstinencia y el control sobre la sexualidad. Este cambio no es neutral: responde a una agenda ideológica que busca desmontar avances en igualdad y restringir derechos conquistados.
Las consecuencias de esta medida son especialmente preocupantes en un país atravesado por niveles alarmantes de violencia sexual. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer registraron 13,096 casos de violación sexual contra mujeres y 21,609 contra niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 35 casos diarios. Para 2026, se estima un promedio de 20 violaciones al día, es decir, una cada 71 minutos (Promsex, 2026). Estas cifras, además, representan solo una parte del problema, considerando que más del 70% de las víctimas no denuncia. En este contexto, eliminar la ESI no solo es irresponsable: es una decisión que expone aún más a las infancias y refuerza las condiciones de violencia e impunidad.
Lo que estamos viendo no son hechos aislados, sino parte de un mismo proceso: la consolidación de un régimen que combina autoritarismo político, retroceso en derechos y blindaje institucional. La llegada de Fujimori al poder, junto con el accionar del Congreso, configura un escenario de concentración de poder donde las reglas se reescriben para proteger a las élites y disciplinar a la sociedad.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la pasividad. Se abre un periodo marcado por la persecución, el debilitamiento de derechos y el cierre de espacios democráticos. La historia reciente del país nos muestra con claridad los riesgos de este camino. Por ello, la organización social, la articulación de movimientos y la militancia activa se vuelven fundamentales. La defensa de los derechos humanos, la educación y la justicia dependerá de la capacidad de los sectores populares para resistir y disputar este nuevo ciclo político.
Se vienen años difíciles y precisamente por eso, hoy más que nunca, la organización y la lucha colectiva son imprescindibles.
