En el marco de la Campaña contra la Criminalización de la Protesta y la Organización Obrera, entrevistamos al compañero Vidal Aragonés, abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo. Ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional junto a trabajadores y organizaciones sindicales. Fue diputado de la CUP en el Parlamento de Catalunya entre 2018 y 2020. Es autor de diversos trabajos sobre precariedad, derechos laborales y socialismo. En 2025 publicó el libro “Pobretariat. Precarietat laboral i altres debats sobre la classe i el treball”.
Por Flor Salgueiro
¿Cuáles son las causas de la creciente represión?
La burguesía sabe que por una parte van a aumentar los recortes sociales y por otra los niveles de explotación. Ante esta perspectiva y sabiendo que inevitablemente habrá respuestas deciden aumentar la represión. En algunos países del mundo también observan que la respuesta social no se va a dar en una lógica de concertación sino con realidades que desbordarán las dinámicas de negociación habituales. Y por último, en otras etapas históricas, como por ejemplo el ciclo que se inició tras la finalización de la II Guerra Mundial, los Estados y la burguesía podían hacer concesiones importantes, ahora la realidad económica incluso les supone una dificultad real para ello.
En Pobretariat planteas que la clase trabajadora ha sido criminalizada. ¿Cómo y por qué se produce ese proceso?
No responde a una única causa sino a diferentes combinadas. En primer lugar, el traslado del modelo neoliberal a las relaciones laborales, reducción de costes empresariales a la mínima expresión= exclusión de laboralidad, contratos temporales, reducción de salarios, facilitar la desregulación laboral y el despido y reducir su indemnización. En segundo lugar, cambios en la organización del trabajo y la producción, ello ha reducido los grandes centros de trabajo, ha aumentado la tercerización y ha desarrollado figuras de trabajo donde no se reconocen derechos laborales. En tercer lugar, las privatizaciones y desregulaciones de sectores productivos, lo que ha supuesto la reducción de empresas públicas y la eliminación de garantías y derechos. Y por último, todo ello no se puede acabar de entender sin valorar un abandono del sindicalismo de clase y combativo y una pérdida de subjetividad de clase, que es a su vez causa y consecuencia de todo lo que hemos referido.
La criminalización fue la base de la construcción ideológica del neoliberalismo para dividir a la clase. Se construye a aquellos que acceden a las prestaciones sociales (por desempleo, baja médica o similares) como abusadores del sistema y se pretende construir una medida colectiva de aprovechados del sistema. Ello ha sido bandera de la creciente extrema derecha que le atribuye este papel a la clase trabajadora migrante.
¿Cuál es la situación en el Estado español y en Catalunya?
El ciclo de movilizaciones que se inició en 2010 y que tuvo su punto álgido en el año 2012 provocó más de 300 sindicalistas con procedimientos penales mayoritariamente en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal (derogado en abril de 2021), en una combinatoria entre inventarse los hechos imputados por parte de la policía y retorcer el Derecho Penal para incrementar las condenas.
A su vez, está habiendo continuas actuaciones policiales de ataques a trabajadores que simplemente se manifiestan o realizan ocupación de vía pública. De la misma manera, la judicatura, históricamente mayoritariamente conservadora, ha pasado a tomar posturas de extrema derecha vistiéndolo de jurídico.
En el caso de Catalunya la lucha por la liberación nacional supuso en el período 2017 a 2019 diferentes convocatorias de Huelga General con seguimientos muy desiguales, desde prácticamente paros totales a residuales, pero todas tuvieron como común denominador diferentes expresiones represivas. En las huelgas generales de 2017 no se centran en detenciones durante su desarrollo sino en posteriores multas e inicios de procedimientos judiciales. En la Huelga General de 2019 en protesta por la sentencia judicial contra los líderes independentistas fueron detenidas 139 personas. No deberíamos olvidar que el conflicto político catalán supuso unos 3.300 represaliados.
¿Qué implicaba el artículo 315.3?
Penaba de manera más gravosa las coacciones en un contexto de acciones en huelga. Los procedimientos abiertos podían continuar pero debían ser reconducidos a un delito genérico de coacciones que tiene una pena inferior al ya derogado.
¿Cuáles son los casos más emblemáticos?
Yo destacaría dos supuestos. Uno en Asturias, lo que se ha conocido como “6 de la Suiza” en el que se transforma una protesta laboral y boicot por el acoso a una trabajadora en una sentencia de tres años y medio de prisión por un delito de coacciones graves. Las compañeras condenadas ingresaron en prisión. Esto último, lo salvaje de la condena y una fuerte campaña de movilización llevó al Gobierno español al indulto.
En Catalunya, seguramente “7 dels nostres” (“7 de los nuestros”) se está convirtiendo en otro de los supuestos más emblemáticos por los que hacemos campaña. Por unos daños contra los bienes muebles (2 fachadas y una vidriera rota) producidos en una de las manifestaciones de una de las Huelgas Generales de 2012 se solicitan de 5 años y medio a 6 de cárcel por daños y desórdenes públicos y multas de unos 30.000 €.
¿En qué consiste la campaña?
Decidimos plantear la campaña como un ataque a los Derechos Fundamentales de reunión, manifestación y huelga. Emplazamos a un compromiso mínimo a todos los sindicatos y el 30 de abril pasado hicimos un primer acto de presentación. Ha sido muy excepcional ver en una misma campaña al sindicalismo mayoritario al sindicalismo más combativo. Ahora seguimos haciendo actos de explicación y de apoyo económico y todavía esperamos fecha de juicio.
Que en el 2026 no tengamos fecha de juicio sobre la imputación de unos hechos con relación al 2012 es ya en sí mismo un acto represivo por la incertidumbre que traslada a las vidas de los compañeros. En los próximos meses intensificaremos los actos de solidaridad y apoyo a “7 dels nostres”
¿Qué consecuencias tuvo la Huelga General del 3 de octubre de 2017?
La primera consecuencia fue para el sindicalismo alternativo: la capacidad para poder vehicular una convocatoria sin el sindicalismo mayoritario y que la huelga sea todo un éxito. A su vez, para el sindicalismo mayoritario con un marco de actuación español, la consecuencia fue que no podía mirar para otro lado ante una actuación represiva como la que supuso el 1 de octubre de 2017 la actuación represiva de la policía ante personas que lo único que hacían era ejercer el derecho a votar. Para el conjunto de la clase una mirada sobre como los derechos democráticos también deben ser objeto de defensa y la participación en la mayor Huelga General en cuanto a participación en la historia de Catalunya.
¿Qué nos puedes decir sobre la represión a las huelgas educativas de 2026?
Se han realizado decenas de identificaciones en los cortes de carreteras coincidentes con las jornadas de huelga que se pueden transformar en cualquier momento en sanciones económicas administrativas.
Un hecho en lógica represiva descubierto por el sindicalismo alternativo fue la infiltración de la policía en las reuniones preparatorias de la huelga, algo muy grave: los responsables de la policía niegan que sea una ilegalidad reconociendo la infiltración, algo todavía más grave.
¿Cómo están actuando UGT, CC.OO. y otras direcciones sindicales y políticas?
A diferencia de un papel de concertación en la negociación colectiva, los dos sindicatos mayoritarios no están dando la espalda cuando se les solicita apoyo, de hecho jugaron un papel fundamental en la derogación del delito agravado de coacciones en las acciones sindicales. En sindicalismo alternativo también está teniendo un papel protagónico sobre la importancia de la lucha anti represiva y con una mirada más profunda sobre la significación del Estado. De hecho es esta también la cuestión fundamental que diferencia a la izquierda reformista y la revolucionaria. La primera en ocasiones pide “proporcionalidad”, como si una mínima represión policial fuese necesaria y aceptable. A su vez, también sugiere que son hechos individuales de la policía sin entender el carácter represivo del Estado. Por otro lado, la izquierda revolucionaria si bien en términos generales sitúa bien el papel del Estado en ocasiones tiene una mirada algo movimientista, no siempre se encuadra que de fondo el problema no es el policía o el cuerpo de policía sino la naturaleza represiva del Estado.
¿Cómo actúa la ultraderecha?
En primer lugar, las ideas de la extrema derecha son mayoritarias entre la policía y la judicatura, no tanto por un encuadramiento orgánico sino por la asunción de sus ideas. Siendo estos los que juegan un papel fundamental en la represión debemos entender su papel como central. De la misma manera que en la última década la extrema derecha haya aparecido por primera vez en las instituciones del Estado español y que se sitúe como tercera fuerza las próximas elecciones facilita un discurso de criminalización. La extrema derecha actual es una mezcla de neoliberalismo y criminalización de las personas migrantes, el feminismo, las disidencias sexuales y la izquierda política.
¿Qué rol cumple Alerta Solidaria?
Alerta Solidaria es la organización anti represiva de la Izquierda Independentista de los Países Catalanes. Su función principal es ofrecer apoyo legal, jurídico y de evaluación a personas identificadas y encausadas para participar en acciones, protestas y movilizaciones políticas. En los últimos años ha pasado de ser la organización anti represiva que acompañaba a la militancia de la Izquierda Independentista casi en exclusiva, a ser una referencia más amplia entre sectores sociales que forman parte de otras sensibilidades políticas.
¿Cuáles son las tareas de la clase trabajadora y de sus organizaciones?
Incrementar el nivel de luchas y organización. Sólo desbordando con luchas se puede aminorar la represión. Y hasta que lleguemos a esta realidad, la militancia debe incrementar elementos anti represivos en su militancia cotidiana y en las acciones en las que participa. En los últimos años se han destapado casi una decena de policías infiltrados, ello es una mala noticia pero expresa también la madurez del movimiento para identificarlos. De la misma manera, cada militante debe tener formación anti represiva con relación a cómo protegerse ante la represión y como defenderse ante la misma. En este sentido creo que la permanente actuación represiva que hemos sufrido nos ha hecho ser conscientes de estas tareas. A su vez, ya tener una organización anti represiva facilita la tarea.
¿Qué rol deberían cumplir los partidos políticos?
La izquierda revolucionaria debe entender que la formación anti represiva es una tarea más en la lucha. Creo que deberíamos actualizar la obra de Victor Serge “Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión.” A lo que consta en aquella obra debemos añadir un análisis de las nuevas tecnologías que están jugando un papel central en el control social y la represión. Superado lo anterior, la izquierda revolucionaria debe ser siempre revolucionaria a la vez que sitúa en un marco general que significa la represión y a que responde. En un salto más debemos articular mecanismos de autodefensa ante la represión. Por último, la solidaridad de clase e internacionalista en la represión: cualquier persona represaliada es nuestra.
¿Qué opinión te merece la Campaña contra la Criminalización?
Las campañas anti represivas de carácter internacional cumplen un doble papel. Por un lado permiten un ejercicio real y práctico del internacionalismo. Estén donde estén la clase trabajadora y los pueblos que luchan por sus derechos nacionales, democráticos y el socialismo, están los míos. Por otro lado para los Estados y judicatura conocer que hay apoyo de masas y/o exterior a los represaliados supone en ocasiones una tensión interesante.
Para terminar, ¿hay algún aspecto de esta problemática que consideres importante destacar y que no hayamos abordado?
Las organizaciones revolucionarias deben profundizar en la formación y la solidaridad anti represiva en la próxima etapa. De la misma manera superar cualquier mirada partidista sobre la represión, todas la represaliadas en luchas por los derechos democráticos, sociales y liberación nacional son nuestras.
Cronología parcial en Catalunya 2016–2026
2016: Tres huelguistas vinculados a los hechos de la Huelga General del 29 de marzo de 2012 se presentaron voluntariamente ante la Conselleria de Interior, después de que se dictara una orden de búsqueda y captura contra ellos. Habían aparecido en la web de identificación ciudadana creada por Interior tras aquella huelga. Los Mossos d’Esquadra los detuvieron al presentarse en la sede de la Conselleria y posteriormente quedaron en libertad.
2016: Ocho activistas fueron condenados por hechos ocurridos durante la Huelga General del14 de noviembre de 2012, en Girona. Las penas fueron de entre 6 y 18 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, daños y lesiones.
2016: La CGT denunció públicamente la criminalización de las plantillas y los intentos de limitar el derecho de huelga durante los conflictos laborales del Metro y Bus de Barcelona.
2018: 13 personas fueron encausadas por protestar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en febrero de 2018. En 2020, la Fiscalía solicitaba penas de entre 1 y 2,5 años de prisión.
2019: Durante la Huelga General del 21 de febrero, convocada en Catalunya en el contexto del juicio del “Procés”, se produjeron cortes de carreteras y otras movilizaciones. Los Mossos d’Esquadra detuvieron finalmente a tres personas durante la jornada.
2019: Las movilizaciones vinculadas al proceso independentista catalán continuaron generando actuaciones policiales y judiciales contra participantes en protestas y acciones de desobediencia, entre ellas las relacionadas con la huelga del 21-F.
2019–2020: Durante la huelga del 30 de octubre de 2019 del sector de mercancías y logística de Barcelona, que afectó, entre otros centros, a Amazon en El Prat de Llobregat, se produjeron denuncias sindicales por el seguimiento y vigilancia de trabajadores y representantes sindicales. El caso fue denunciado públicamente y objeto de acciones sindicales y legales posteriormente.
2020–2021: Movimiento por la vivienda. Aunque no se trata de sindicalismo laboral, resulta relevante para la dimensión general de la criminalización de la protesta social. Según datos recogidos por Irídia, el movimiento por la vivienda recibió 364 denuncias de los Mossos d’Esquadra desde 2019, de las cuales 351 estaban vinculadas a acciones para intentar detener desahucios. Las denuncias se tramitaron principalmente mediante la Ley de Seguridad Ciudadana. Las propuestas de sanción habituales eran de 601 euros, y el conjunto alcanzaba unos 206.000 euros.
2026: Huelgas educativas. Interior informó al Parlamento de unas 80 personas identificadas o denunciadas durante las huelgas educativas de febrero y marzo. La mayoría de las actuaciones estaban relacionadas con cortes de carreteras. En Barcelona, fueron identificados 27 docentes y denunciados 12.
2026: Asamblea sindical de docentes. Dos agentes de los Mossos d’Esquadra acudieron de paisano a una asamblea que preparaba las huelgas educativas. La consellera de Interior reconoció posteriormente que se había tratado de una “maniobra policial mal planteada” y pidió disculpas. La Intersindical anunció acciones legales por una posible vulneración de la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de reunión.
2026: Huelga del 29-M de 2012: siete personas. Más de 14 años después de aquella huelga, continúa abierto un procedimiento contra siete personas. La Fiscalía solicita penas de prisión y multas para los encausados.
Un antecedente estatal
2010–2016 – Madrid: “Los 8 de Airbus”. Aunque no ocurrió en Catalunya, el caso tiene relevancia estatal. Se inició durante la Huelga General del 29 de septiembre de 2010, cuando ocho sindicalistas de CC.OO. y UGT participaron en un piquete ante la fábrica de Airbus en Getafe. La Fiscalía llegó a solicitar inicialmente 8 años y 3 meses de prisión para cada uno por delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, atentado y lesiones. El caso se convirtió en uno de los símbolos de la campaña “Huelga no es delito”. Los ocho fueron finalmente absueltos.
