¡No toquen el Artículo 122 LOTTT y cumplan el 91 CRBV!

Por Jean Mendoza*

En los últimos días hemos sido testigos de un desfile patético por los medios de comunicación: representantes del empresariado venezolano, economistas al servicio del capital, y dirigentes sindicales que han perdido el norte —o que nunca lo tuvieron— repitiendo como loros un mismo discurso. Todos ellos, desde diferentes tribunas, coinciden en un punto: hay que reformar la Ley Orgánica del Trabajo. Coinciden, además, en un objetivo claro: modificar el artículo 122 que protege el cálculo de nuestras prestaciones sociales sobre el último salario integral devengado.

Pero no se equivoquen. Detrás de ese lenguaje técnico, de esos «debates desapasionados» que proponen, de esa falsa preocupación por el «bienestar futuro de los trabajadores», se esconde la misma clase patronal que durante 12 años ha mantenido nuestros salarios secuestrados, que ha usado la hiperinflación como política de ajuste en contra del pueblo trabajador, que ha bombardeado nuestro poder adquisitivo hasta reducirlo a centavos de dólar mensuales.

La hipocresía con nombre y apellido: Jorge Roig y su «preocupación» por los trabajadores

Jorge Roig, representante patronal ante la OIT, ha sido uno de los voceros más activos de esta campaña. Con un cinismo que asombra, se presenta en cada entrevista con el mismo libreto: «no hay capacidad de aumentar el salario» —dice— pero sí para «bonificar» el ingreso. ¿Qué es esto sino una confesión de que pueden pagar más, pero no quieren hacerlo bajo la figura del salario porque eso implica reconocer derechos, antigüedad, prestaciones y beneficios contractuales?

Pero Roig va más allá. Con la arrogancia del que cree tener la verdad absoluta, afirma: «aumentar solo 10 dólares con la ley del cálculo de retroactividad de prestaciones sociales que tenemos hoy es impagable». ¿Impagable? ¿Para quién, señor Roig? ¿Para los empresarios que han reportado utilidades históricas mientras sus trabajadores sobreviven con ingresos que no alcanzan ni para una ínfima parte de la canasta alimentaria?

Y luego, la trampa se revela: tienes que proponerles algo que a cambio de tenerlos 4 años sin salario, ya les tienes una bonificación que les compense, y después comencemos con un nuevo sistema. Traducción: acepten una migaja ahora, firmen la entrega de sus prestaciones, y después vemos. Esto no es una propuesta, es un chantaje. Es el mismo patrón que, ante la necesidad del trabajador, le ofrece un «arreglo» que termina beneficiando siempre a quien tiene el poder económico.

Los economistas de bolsillo: cuando los números se maquillan para justificar la injusticia

Detrás del empresario vienen los economistas. Esos que hoy aparecen en radios y televisoras con gráficos y cifras que solo ellos entienden, pero que siempre llegan a la misma conclusión de que —supuestamente— no hay plata para los trabajadores.

Nos dicen que con… «estos números de trabajadores y pensionados, no hay ingreso que permita que el estado pueda pagar un sueldo decente». Curiosamente, esos mismos economistas —pagados por las grandes empresas— son los que realizan los estudios que permiten a los patronos ajustar los precios de sus productos todos los días para protegerse de la inflación. La misma inflación que ellos alimentan con su especulación. La misma inflación que ellos usan como excusa para negarnos un aumento.

Y mientras el trabajador no puede ajustar su salario para proteger su poder adquisitivo, estos «expertos» proponen con total liviandad que el salario mínimo se fije en 100 dólares y las pensiones entre 50 y 80 dólares, cuando la canasta alimentaria para una familia de 4 miembros ronda los 600 dólares y la Canasta Básica es el doble ¿Acaso no saben hacer la matemática? Claro que lo saben. Lo que ocurre es que la matemática que les interesa es la de su caja y la de sus clientes, no la de los trabajadores.

El espejismo del «diálogo tripartito» y la Constituyente Obrera: más excusas, menos soluciones

El sector patronal insiste en que «el único que tiene la facultad de hacer el aumento mínimo es el Presidente de la República». Una forma elegante de lavarse las manos mientras continúan acumulando ganancias. Pero no nos engañemos: ellos tienen la capacidad de aumentar salarios en sus empresas, de negociar convenciones colectivas más justas, de reconocer sindicatos y de sentarse a discutir sin condiciones previas. No lo hacen porque no les interesa y lo ven conveniente para su afán de lucro.

Por su parte, desde el Estado —con una presidenta encargada que pretende justificarse junto a los empresarios— se habla de una «Constituyente Obrera» sin explicar con claridad qué se quiere hacer con la ley. Más excusas. Más dilación. Mientras tanto, el trabajador sigue esperando sometido a la misma superexplotación y miseria.

Y en medio de esta farsa, actúan las «centrales obreras serviles», que en lugar de defender los derechos conquistados con sangre y lucha, se prestan al show mediático para validar un discurso que no representa a la base trabajadora.

Las sanciones: la excusa perfecta para una crisis que tiene múltiples responsables

No podemos dejar de señalar la hipocresía de quienes hoy usan las sanciones como justificación única de la crisis. Dicen que las sanciones impiden el desarrollo económico y por eso no hay salarios dignos. Pero omiten decir que la degradación salarial comenzó antes que las sanciones. Omiten que el parque industrial fue devastado por la corrupción y la mala administración, que el gobierno asumió políticas que favorecieron la concentración económica, que hubo sectores que se enriquecieron con el rentismo petrolero mientras la mayoría se empobrecía. Pasan de largo y con disimulo frente a la evidencia de un desfalco continuado a la nación por parte de las castas burocráticas y empresariales, que por la medida chiquita remonta (por la medida chiquita) los 500 mil millones de dólares en dos décadas. Los recursos de la corrupción, con los que se enriquecieron groseramente, darían para restituir años de salarios arrebatados y eso lo tendríamos que auditar, localizar y confiscar a quienes lo robaron, para invertirlo y distribuirlo al servicio del pueblo venezolano.

Y sí, las sanciones existen y han causado daño. Pero también es cierto que el gobierno venezolano, con su carácter antidemocrático —evidenciado en el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015, en las elecciones presidenciales del 2024, en la persecución a líderes sindicales y otros graves comportamientos autoritarios—, entregó las excusas perfectas para que esos instrumentos coercitivos se aplicaran.

La verdad incómoda es que tanto el gobierno que se ensaó con los trabajadores como los empresarios que los han explotado hasta el límite, comparten responsabilidad en la debacle salarial que vivimos. Y ahora, en lugar de asumir su parte, pretenden que la clase trabajadora siga pagando la factura completa con la entrega de sus prestaciones sociales, cuando ellos se beneficiaron de la imposición del salario «cero», el más bajo del mundo (con la violación del Art. 91 CRBV) y de la mano de obra gratuíta con costo laboral «cero», gracias a la imposición de un sistema que raya en la semiesclavitud o esclavitud moderna. Una inmensa deuda y pasivo laboral que no reconocen.

Lo otro que no dicen, cuando hablan de «crecimiento económico» y de «incremento de la productividad», es que todo eso lo están basando en el trabajo sin salario, en la flexibilización laboral extrema.

Y tampoco dicen que los ingresos petroleros han sido cedidos y los está administrando una potencia extranjera (con el gobierno de Trump) mientras que las y los trabajadores esos ingresos no los vemos ni sentimos. Nos están despojando de todo y buscan cualquier excusa para manipular e impedir que haya lucha.

La guerra contra los sindicatos: cuando silenciar al trabajador es parte del plan

Nadie habla de esto en las entrevistas «desapasionadas» que hace Jorge Roig, que promueven los empresarios. Pero es un hecho: mientras nos piden «diálogo» y «flexibilidad», persiguen a los representantes de los trabajadores que ofrecen alguna resistencia y reclaman derechos laborales. Y eso lo hacen en complicidad tanto el gobierno (el saliente y el supuestamente transitorio) como los empresarios.

Atacan a los sindicatos, reprimen a sus líderes, judicializan sus luchas, imponen el terrorismo judicial, dividen al movimiento obrero con estructuras paralelas. ¿Por qué? Porque saben que un trabajador organizado es un trabajador que puede desmantelar los engaños, que puede desarrollar capacidad de movilización combativa, que puede sincerar los datos de producción, que puede exigir acceso a las ganancias reales de las empresas, que puede negociar de tú a tú con el patrono (sea el Estado o el privado).

Los empresarios no quieren sindicatos fuertes. Quieren trabajadores aislados, desinformados, confundidos, manipulados por los partidos de las cúpulas privilegiadas, sin capacidad de presión… Por eso celebran cuando los medios les dan espacio para repetir su discurso sin contrapeso. Por eso insisten en que la reforma de la ley es «técnica» y «no ideológica». Porque saben que una ley del trabajo y unos derechos constitucionales sin sindicatos fuertes y movilizados que los defiendan, se pudren como papel mojado.

MENSAJE A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE VENEZUELA:

Compañeros:

Hemos escuchado suficiente. Hemos escuchado a los empresarios decir que no hay plata para nuestros salarios mientras ellos ajustan precios todos los días. Hemos escuchado a los economistas decir que hay que «reformar la estructura» mientras reciben cheques jugosos por maquillar la realidad. Hemos escuchado a los dirigentes serviles repetir como papagayos las consignas patronales. Hemos escuchado al gobierno inventar una «Constituyente Obrera» sin decirnos claramente qué quieren hacer con nuestras conquistas.

¡Ya está bien!

No vamos a permitir que nos sigan tomando el pelo. No vamos a permitir que con la excusa de la «viabilidad financiera» nos entreguen bonificaciones que son miserables migajas mientras nos despojan del salario constitucional y de nuestras prestaciones sociales. No vamos a aceptar que sigan ignorando el Art 91 CRBV ni que nos quiten el Artículo 122 de la LOTTT, conquistados con luchas que no olvidamos.

Los mismos que durante 12 años nos han tenido con salarios de hambre, los mismos que han usado la hiperinflación como látigo contra nuestros ingresos, los mismos que hoy salen en la televisión con traje y corbata a decirnos que «hay que ser realistas», son los responsables de nuestra situación actual.

Es momento de despertar, organizarnos y luchar con fuerza

No hay atajos. No hay «diálogos mágicos» ni «mesas técnicas» que sustituyan la fuerza organizada de los trabajadores. El único camino para defender nuestro salario y nuestras prestaciones es la organización, la unidad sindical, la movilización consciente y la lucha frontal para recuperar derechos y contra cualquier intento de retroceso.

No podemos seguir divididos. Ni seguir consintiendo que se nos infiltren los operadores de los partidos políticos de los empresarios o los del régimen burocrático tutelado. No podemos seguir creyendo que algún «empresario bueno» o algún «funcionario iluminado» nos va a regalar lo que nos corresponde por derecho. Nuestros derechos no se negocian, se conquistan con organización y con lucha.

Rechazamos cualquier reforma que pretenda desmejorar nuestras condiciones. Nos aferramos al principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Exigimos:

1. La defensa del Artículo 91 de la Constitución, que consagra el salario justo y suficiente.

2. La defensa del Artículo 122 de la LOTTT, que garantiza el cálculo de prestaciones sobre el último salario integral.

3. El respeto a la libertad sindical y el cese de la persecución a líderes obreros.

4. La instalación de mesas de negociación colectiva reales, sin condiciones previas, con información financiera transparente y con participación sindical auténtica.

Un llamado a la unidad y la acción combativa

Compañeros: el escenario no es nuevo. Hemos enfrentado adversidades mayores. Hemos resistido la hiperinflación, la represión, el abandono, la diáspora forzada. Pero aquí seguimos. Porque la clase trabajadora venezolana tiene una fortaleza que ni los empresarios ni los gobiernos autoritarios han podido doblegar.

Hoy, ante esta nueva arremetida contra nuestros derechos, la respuesta debe ser una sola: organización, movilización, lucha.

No más discursos que dividen. No más dirigentes que se sientan en mesas a entregar lo que no les pertenece. No más economistas que defienden a sus patronos en lugar de defender al pueblo.

¡La clase trabajadora unida, jamás será vencida!

¡Ni un paso atrás en lo conquistado!

¡El salario se defiende, las prestaciones no se negocian!

¡Por un trabajo digno, por una Venezuela con justicia social!

¡Los ingresos petroleros para los trabajadores y el pueblo venezolano, no para las élites y para una potencia extranjera con sus transnacionales!

¡Forjemos un movimiento sindical clasista y combativo, independiente de las cúpulas corruptas y explotadoras, para hacer valer los derechos de quienes vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno!

*Jean Mendoza es un dirigente sindical, Sec. General de SITRAEMAS, y militante de Marea Socialista, que se encuentra judicializado por lo que en el movimiento obrero se considera como una falsa acusación penal de “instigación al odio” interpuesta por la transnacional MASISA utilizada para impedirle el ejercicio de sus funciones sindicales y la defensa de los trabajadores madereros. Hay la percepción de que sistema judicial del régimen autoritario se ha prestado para ello y la transnacional utiliza las leyes represivas y antidemocráticas como la odiosa Ley del Odio, mientras sigue violando los derechos de los trabajadores venezolanos que laboran en el sector. Con la lectura de este artículo se pide el apoyo a la exigencia de #AbsoluciónDeJeanMendoza mediante mensajes en las redes sociales