DECLARACIÓN PÚBLICA

AL PAÍS, AL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR, Y AL MAGISTERIO PANAMEÑO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE SIGUEN A LOS EDUCADORES (AS) SEPARADOS DEL CARGO SIN DERECHO A SALARIO POR EJERCER SU DERECHO A HUELGA A FAVOR DEL PUEBLO Y EN CONTRA DEL NUEVO REGIMEN DE PENSIONES

Liga Internacional Socialista — Sección Panamá

La situación que hoy enfrentan decenas de educadoras y educadores, separados de sus cargos y privados de su salario, no constituye un hecho aislado ni una incidencia meramente administrativa. Se trata de una violación grave, sistemática y consciente del orden jurídico constitucional, legal y convencional por parte del Estado panameño, perpetrada contra quienes han ejercido su legítimo derecho a la protesta social.

Tal como se desprende de las advertencias de ilegalidad presentadas —tanto en la provincia de Colón como ante la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro— el Ministerio de Educación no solo ha desconocido el debido proceso, sino que ha incurrido en una conducta abiertamente contraria al procedimiento legalmente establecido.

Dichas advertencias fueron presentadas hace menos de tres semanas. Sin embargo, en lugar de remitir la incidencia a la Sala Tercera dentro del término legal de dos (2) días, la administración optó por retenerlas indebidamente, sometiéndolas a un supuesto “control previo” inexistente en la ley y prolongando su tramitación durante casi tres semanas. Este retardo constituye una obstrucción deliberada del acceso a la justicia.

Más grave aún: luego de esa dilación ilegal, la propia administración decidió abstenerse de remitir la advertencia de ilegalidad a la Sala Tercera, arrogándose una facultad que no le corresponde y violando de forma directa tanto la Ley 38 de 2000 como la legislación contencioso-administrativa vigente.

En términos claros: el Ministerio de Educación ha decidido sustituir al juez, configurando con ello una flagrante desviación de poder y una vulneración directa del derecho de acceso a la justicia.

A lo anterior se suma que los actos administrativos impugnados presentan vicios de origen: sanciones anticipadas, ausencia de motivación real, falta de individualización de conductas y omisión de trámites esenciales, circunstancias que los tornan absolutamente nulos de pleno derecho.

Pero además, es necesario denunciar la forma en que se está ejecutando esta política. Lucy actúa a través de su estructura jurídica y asesores legales bajo una lógica ajena al Estado de Derecho: no operan como garantes de legalidad, sino bajo un esquema de obediencia debida, donde se ejecutan decisiones previamente definidas sin un control jurídico real.

Los asesores legales han renunciado en la práctica a su deber de objetividad e independencia, dejando de verificar la legalidad de los actos que avalan, y limitándose a construir justificaciones formales para sostener decisiones arbitrarias. Esta forma de actuación no solo vacía de contenido la función jurídica dentro de la administración pública, sino que convierte el derecho en un instrumento de imposición.

Cuando quienes deben controlar la legalidad actúan sin independencia y bajo obediencia, el Estado de Derecho deja de operar en los hechos, y la administración se transforma en un aparato que ejecuta decisiones políticas sin límites jurídicos efectivos.

Lo que está en marcha no es otra cosa que un mecanismo de represión frente a la protesta social. Denunciamos que esta política responde a una línea deliberada del gobierno de Mulino, ejecutada por Lucy, orientada a disciplinar y golpear al movimiento social y educativo panameño.

Ante este panorama, llamamos a la unidad irrestricta del movimiento obrero y popular, así como a la solidaridad activa de todos los sectores democráticos y progresistas del país.

Declaramos con absoluta claridad que no puede existir ningún tipo de negociación mientras haya educadoras y educadores separados de sus cargos y sin salario.

Estas ilegalidades no podrán sostenerse. Acudiremos a instancias internacionales de ser necesario.

Mientras los trabajadores y trabajadoras, el movimiento popular y los sectores que luchan por un mejor país —en defensa de la naturaleza, contra la mina, por los derechos de las mujeres, las disidencias y la juventud— no gobiernen directamente, y mientras sigamos depositando expectativas en los falsos independientes, en los partidos tradicionales de la burguesía y en sus reciclajes, seguiremos condenados a enfrentar gobiernos y regímenes como el que hoy representa Mulino.

¡NO A LA REPRESIÓN CONTRA EL MAGISTERIO PANAMEÑO!

¡REINTEGRO INMEDIATO CON PAGO DE SALARIOS CAÍDOS!

¡ABAJO LA POLÍTICA ANTIPOPULAR DEL GOBIERNO DE MULINO!

¡UNIDAD, LUCHA Y FIRMEZA!

Panamá, abril de 2026