Es una victoria de la movilización que, al mismo tiempo, condensa la crisis de la vivienda. El desahucio de una anciana, la respuesta masiva en las calles y la acampada de la Puerta del Sol colocaron la crisis habitacional en el centro de la escena. Maricarmen volverá a su vivienda con un nuevo contrato, pero el problema que originó su desalojo sigue abierto: miles de familias continúan amenazadas por alquileres inaccesibles, desahucios y especulación inmobiliaria. La descomposición del gobierno y del régimen es cada vez más evidente y plantea la necesidad de construir una nueva alternativa política, revolucionaria y socialista.

Por Rubén Tzanoff

Un desahucio que condensó la crisis existente

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 71 años. Tenía reconocida una discapacidad del 50% y movilidad reducida.

La vivienda había pasado a manos de Urbagestión, que adquirió el inmueble en 2018. Maricarmen tenía un contrato de renta antigua y el conflicto se prolongó durante años por su situación jurídica. Finalmente, tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo permitió ejecutar el desalojo. Posteriormente, la empresa planteó un alquiler que llegó a 1.650 euros mensuales, una cantidad imposible de pagar por la mujer.

El desalojo se ejecutó el 23 de septiembre, con el rechazo de activistas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de un operativo policial. Maricarmen terminó siendo trasladada al hospital.

Más allá de las particularidades jurídicas del caso, la escena condensó una realidad sufrida por miles de personas: una vivienda que durante décadas fue un hogar se convirtió en una mercancía para la ganancia capitalista, transformando un derecho en un negocio inescrupuloso e inhumano.

Por esta realidad, ampliamente sufrida en el Estado español, el caso de Maricarmen desbordó rápidamente los límites de un conflicto puntual.

La gota que rebalsó el vaso

La respuesta fue inmediata. La misma tarde del desahucio hubo concentraciones en distintas ciudades y el sábado 26 de septiembre miles de personas llenaron las calles de Madrid bajo la consigna “Ni una Maricarmen más”. Fue una movilización masiva cuya repercusión trascendió Madrid y llegó a todo el mundo.

La marcha dio paso a una acampada en la Puerta del Sol. Desde el sábado 26, el campamento se convirtió en un espacio de organización y protesta, donde confluyen colectivos y sindicatos de vivienda, organizaciones estudiantiles, bomberos contra los desahucios y sectores de la izquierda revolucionaria, entre otros.

La imagen de Sol volvió a traer a la memoria el 15-M de 2011, cuando la plaza se transformó en símbolo de una movilización que desbordó los cauces institucionales con los “Indignados”. Hoy la vivienda concentra un malestar mucho más amplio: salarios que no alcanzan, alquileres que absorben una parte creciente de los ingresos, jóvenes que no pueden emanciparse y familias bajo la amenaza permanente de perder su casa.

La movilización tampoco se limitó a Madrid. Hubo protestas y acampadas en diferentes ciudades y, el 28 de septiembre, se produjeron manifestaciones en Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez, mientras el Sindicat de Llogateres reclamaba contratos renovables automáticamente, reducción de los alquileres y límites a los fondos de inversión. La crisis de la vivienda volvió a ocupar la primera plana.

Ganó la movilización: Maricarmen volverá a casa

El lunes 28 comenzó una negociación entre la familia y Urbagestión, con mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

Maricarmen podrá volver a su vivienda cuando reciba el alta médica. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y la renta no podrá superar el 30% de sus ingresos netos, alrededor de 500 euros mensuales. El acuerdo contempla además aval público, seguro de impago, seguro multirriesgo y asesoramiento jurídico, económico y fiscal.

Es el triunfo de una movilización que logró colocar el caso en el centro del debate público y acelerar una negociación que llevaba años sin solución. Pero sería un error detenerse aquí: Maricarmen vuelve a casa, pero el problema que produjo su desahucio continúa.

No fue un relámpago en un cielo despejado

La movilización no apareció de la nada. Durante años se acumularon luchas contra los desahucios, los alquileres abusivos, la turistificación y la especulación inmobiliaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de inquilinas, las organizaciones vecinales y numerosas plataformas locales y nacionales protagonizaron centenares de conflictos.

En octubre de 2024, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para exigir una rebaja de los alquileres. En noviembre del mismo año, Barcelona vivió otra movilización de enorme dimensión, que llegó a plantear la posibilidad de una huelga de inquilinos.

El 5 de abril de 2025 hubo movilizaciones simultáneas en unas 40 ciudades españolas. Los sindicatos de inquilinos reclamaron rebajas de los alquileres, el fin de los desahucios y medidas contra la especulación.

En 2026 se mantuvo la presión. La protesta por Maricarmen se sumó a conflictos concretos en barrios y ciudades y a la actividad de organizaciones que llevan años enfrentando desalojos y fondos de inversión.

Por eso, el caso de Maricarmen es un punto de condensación de la grave crisis de la vivienda: una historia individual que expresa un problema colectivo acumulado durante años.

Una emergencia insoslayable

Los datos muestran la dimensión del problema. En 2025 se practicaron 25.540 desahucios vinculados al alquiler en España. En Catalunya se registraron 6.814 y en Madrid, 2.267.

La presión afecta a quienes están a punto de perder su vivienda y también a quienes consiguen conservarla sacrificando una parte cada vez mayor de sus ingresos, retrasados respecto al costo de vida.

Según Eurostat, en 2025 el 7,2% de la población española vivía en hogares que destinaban al menos el 40% de sus ingresos disponibles a los costes de vivienda. Entre los hogares en riesgo de pobreza, el porcentaje ascendía al 29,9%, y en las ciudades españolas alcanzaba el 8,2%.

El Banco de España estimó para 2024 que los hogares arrendatarios destinaban, en promedio, el 26,7% de sus ingresos netos al alquiler; entre los menores de 35 años, el 27,4%. En Madrid la carga media alcanzaba el 34,5% y en Barcelona el 31,3%.

La crisis golpea especialmente a la juventud. En 2025, España estuvo entre los países de la UE donde más tarde se abandona el hogar familiar: la edad media fue de 30,2 años. A esto se suma el hacinamiento: el 26,9% de los jóvenes de entre 15 y 29 años de la UE vivía en hogares sobreocupados.

En julio de 2026, el precio de la vivienda acumuló 36 meses consecutivos de aumentos. El precio medio alcanzó 2.112 euros por metro cuadrado.

No estamos, por lo tanto, ante un problema local ni excepcional, sino ante una crisis social que atraviesa Europa y adquiere características particularmente graves en España.

Sánchez siempre con lo mismo: parches y maniobras electorales

La presión social obligó al Gobierno a aprobar el 29 de septiembre dos reales decretos de vivienda. Entre las medidas figuran la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la prórroga extraordinaria de contratos que finalicen hasta diciembre de 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y restricciones a la compra de viviendas por fondos de inversión hasta 2028.

Un segundo decreto incorpora la renovación automática de los contratos, pero quedó separado del primero para facilitar su tramitación parlamentaria, cuyo resultado estará atravesado por la polarización y el agotamiento existentes. El Gobierno también ha impulsado algunos planes de vivienda limitados.

Son medidas que introducen mecanismos de protección o amplían otros ya vigentes. Pero son insuficientes para modificar estructuralmente la situación de la vivienda. La división del paquete evidencia las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyos parlamentarios para las medidas más controvertidas y sus constantes maniobras y parches, que no colocan en el centro la resolución de los problemas sociales de fondo, sino su permanencia en un poder cada vez más tambaleante y su posicionamiento electoral.

Lo fundamental es quién posee, controla y regula la vivienda y para qué se utiliza: debe ser considerada un derecho social y no una mercancía fuente de rentabilidad.

PP y Vox: otras respuestas desde la derecha

El PP ha responsabilizado al Gobierno del PSOE de la crisis y ha defendido que el problema se resuelve fundamentalmente aumentando la oferta, apelando así al mercado capitalista que genera la crisis.

Vox vincula explícitamente la crisis habitacional con la inmigración y propone lo que denomina “prioridad nacional” para el acceso a vivienda pública y servicios sociales, junto con liberalización de suelo, reducción fiscal y colaboración público-privada.

Estas respuestas reaccionarias de la derecha y la ultraderecha son opuestas a las que formula el movimiento de vivienda.

¿Quién paga la crisis?

El problema no consiste solamente en la necesidad de construir más pisos. La vivienda se ha convertido en un importante campo de acumulación de capital. Grandes propietarios, sociedades inmobiliarias, fondos buitre y otros actores financieros participan en un mercado donde el valor de los inmuebles aumenta mientras los salarios quedan por detrás de los alquileres.

Los fondos de inversión se han convertido en uno de los principales objetivos de las movilizaciones. El propio Gobierno reconoce el problema al incluir en sus nuevos decretos una prohibición temporal de determinadas compras de viviendas por fondos de inversión.

A ello se suman el peso de las hipotecas y del endeudamiento de los hogares, el crecimiento de los alquileres turísticos y temporales, la gentrificación de los barrios populares y la insuficiencia histórica de vivienda social.

El resultado global es una transferencia permanente de ingresos de quienes trabajan hacia quienes poseen las viviendas.

Los grandes perjudicados: trabajadores y jóvenes

Quienes más sufren la crisis son los trabajadores cuyos salarios no permiten acceder a una vivienda independiente; los jóvenes que retrasan durante años su emancipación; las familias obligadas a compartir vivienda; las personas mayores amenazadas por perder sus casas, y los hogares que deben escoger entre pagar el alquiler o afrontar otros gastos básicos.

La vivienda no es sólo un problema inmobiliario, sino también salarial, laboral y social. Cuando un trabajador necesita destinar una tercera parte o más de sus ingresos al alquiler, cualquier subida de precios, reducción de jornada, enfermedad o pérdida de empleo puede convertirse en un drama familiar.

Del conflicto individual a la coordinación de las luchas

Mientras la lucha por la vivienda llena Sol, se desarrollan conflictos laborales y sociales en distintos sectores. Airbus protagonizó dos huelgas en 2026 y la sanidad, la educación y otros servicios públicos también protagonizan huelgas y movilizaciones. El problema es que las luchas permanecen separadas.

El campamento de Sol ya expresa una forma de coordinación entre colectivos de vivienda, estudiantes, trabajadores y organizaciones políticas. Tenemos que apoyarlo, defenderlo de cualquier intento de desalojo y fortalecerlo para fomentar la autoorganización. Una forma de hacerlo es impulsar movilizaciones y muchas “Puertas del Sol” en todo el Estado.

La referencia al 15-M no es solamente simbólica. Se trata de recuperar la idea de que una plaza puede convertirse en espacio de organización democrática y coordinación de diferentes conflictos sociales.

Mientras sectores de los movimientos de vivienda reclaman una huelga general, UGT y CC. OO., las centrales mayoritarias miran para otro lado.

Una respuesta transicional frente la crisis

Desde SOL apoyamos la lucha y planteamos una respuesta que comience por las reivindicaciones inmediatas y avance hacia transformaciones estructurales.

Garantizar el regreso de Maricarmen y soluciones habitacionales estables para quienes han sido desalojados; prohibir los desahucios; congelar y limitar los alquileres de acuerdo con los salarios de los trabajadores; establecer alquileres sociales y contratos estables; regular y limitar los alquileres turísticos, temporales y por habitaciones cuando se utilicen para eludir la regulación residencial; ampliar masivamente la vivienda pública y social; expropiar las viviendas de grandes tenedores y fondos de inversión destinadas a la especulación para destinarlas a alquiler social; impedir que la vivienda pública vuelva a privatizarse, y desarrollar un plan estatal de construcción de vivienda popular en función de las necesidades sociales.

Hay que garantizar, además, que ningún trabajador tenga que dedicar una parte insoportable de su salario a pagar un techo y proteger a las familias endeudadas frente a ejecuciones hipotecarias y abusos financieros.

No a la austeridad para las guerras: vivienda, sanidad y educación

La discusión sobre los recursos públicos tampoco puede separarse del modelo económico general. Al compás del bloque imperialista de la UE, España ha incrementado su gasto en “defensa”, como llaman al rearme: en 2025 se gastaron 10.471 millones de euros en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dentro del aumento del esfuerzo militar.

Los hechos demuestran que el Gobierno miente cuando sostiene que estos gastos son compatibles con el fortalecimiento de los servicios públicos. Los fondos públicos deben orientarse a las necesidades sociales, entre ellas un verdadero plan de vivienda pública. ¡No a la austeridad para las guerras imperialistas. Recursos para las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo!

El capitalismo y la vivienda como mercancía

El caso de Maricarmen permite ver el problema desde un punto de partida concreto ¡Es un triunfo que la movilización haya revertido el desahucio y demuestra que hay fuerza para luchar! También hay que apuntar a resolver la situación que atraviesan, o están al borde de atravesar, millones de personas.

La lucha por la vivienda no puede separarse de la lucha contra el conjunto del sistema que convierte las necesidades sociales en negocios. La experiencia de estos días, todavía en curso, deja una conclusión: cuando una reivindicación logra una movilización suficientemente amplia, puede cambiar decisiones que parecían cerradas.

La salida de fondo pasa por profundizar la autoorganización, coordinar las luchas y construir una alternativa política revolucionaria que coloque las necesidades de la mayoría por encima de los intereses del capital.

En esa perspectiva, la vivienda digna es parte de un programa más amplio para dar vuelta todo y avanzar hacia el socialismo.