Reproducimos una nota de Marco Antonio de Moraes, compañero de la corriente Centralidade do Trabalho de Brasil, publicada originalmente en la página web de la misma el pasado 26 de julio.
Por Marco Antonio de Moraes – Centralidade do Trabalho
En los últimos días, las noticias económicas han informado sobre la adhesión de las cooperativas vinculadas al MST – Movimiento de los Sin Tierra al mercado de capitales. Esta novedad, sumada al número cada vez más escaso y reducido de reivindicaciones de reparto de tierras, revela una reorientación de las prioridades del movimiento. El rebajamiento de sus objetivos es claro, dictado por el horizonte conciliador de los períodos de ascenso electoral y de los mandatos de gobierno del PT, con una gobernabilidad ligada a amplios sectores de la burguesía, incluyendo a los sectores agroindustriales, y con intereses en la continuidad de la propiedad de la tierra altamente concentrada en Brasil.
El MST, en su 1er Encuentro, en 1984, en la ciudad de Cascavel/PR, definió el objetivo de su formación como organización nacional en la deliberación que dio lugar a su pretendida identidad:
«Queremos ser productores de alimentos, cultura y conocimiento. Y más aún: queremos ser constructores de un país socialmente justo, democrático, con igualdad y en armonía con la naturaleza».
El movimiento, que en cierto modo se reivindica como heredero de las Ligas Campesinas, se constituyó a partir de las luchas por la tierra en las postrimerías de la dictadura militar, protagonizadas por los trabajadores rurales bajo la influencia predominante del progresismo católico, sobre todo de la CPT – Comisión Pastoral de la Tierra y de las CEBs – Comunidades Eclesiales de Base.
En 1985, en Curitiba/PR, en su 1er Congreso, el MST consolidó su formación, deliberando sobre las consignas de oposición radical al latifundio: «La tierra para quien la trabaja» y «La ocupación es la única solución».
Aunque las dos banderas originales del MST no apuntaban a una ruptura drástica con el capitalismo, entre otras cosas porque su límite era la propiedad de la tierra o las concesiones de tierras que llevarían a la constitución de pequeños productores rurales, el llamado a la reforma agraria combatiría la concentración de la tierra. En un país con un perfil económico inicialmente colonial y esclavista, y posteriormente subdesarrollado, dependiente y periférico, así como con una fuerte historia de latifundio y del llamado agronegocio, la reforma agraria enfrentaría una de las principales marcas de la subordinación de Brasil en el escenario global del capitalismo, como productor predominante y permanente de materias primas agrícolas y minerales.
Fue a raíz de la formación del MST que los terratenientes se organizaron poco después en la UDR – Unión Democrática Rural. Formada inicialmente en 1985, estaba compuesta por campesinos de la región aquejada de conflictos por la tierra, en el Pontal do Paranapanema, en el estado de São Paulo. Partiendo del principio de que el derecho a la propiedad privada de la tierra prevalece sobre el derecho a la vida de los trabajadores en la lucha por la tierra, en 1986, la UDR adquirió alcance nacional, defendiendo el enfrentamiento armado con las ocupaciones organizadas por el MST.
Los ataques a los movimientos por la tierra se han intensificado, dejando mucha muerte y violencia sobre los trabajadores rurales y sus dirigentes por la acción truculenta del latifundio y también por la represión de las estructuras del Estado brasileño. Tal fue el caso emblemático de la masacre de Eldorado do Carajás/PA, hace 25 años, cuando, durante una marcha para exigir el asentamiento de familias sin tierra, la policía militar de Pará atacó y asesinó a 21 trabajadores rurales en condiciones de indefensión.
El movimiento no se ha enfriado ni siquiera con las agresiones del latifundio, ya sea por la violencia en el campo o por la profunda influencia política del entorno institucional de los poderes ejecutivo y legislativo (con el extenso caucus ruralista, siempre organizado desde la Asamblea Constituyente de 1987/1988), y la aparentemente deliberada falta de resolución de los conflictos en el campo por la vía judicial.
En los años 80, 90 y principios de los 2000, las luchas, ocupaciones y marchas del MST mostraron una gran capacidad organizativa, que llevó a muchos trabajadores de los centros urbanos, afectados por las crisis económicas, el desempleo estructural y la falta de perspectivas de ingresos, a sumarse a la lucha por los asentamientos rurales, e inspiró a muchos activistas y militantes de las ciudades, especialmente a los jóvenes.
A mediados de la década de 1990, con numerosos asentamientos ganados en su lucha, mediante acampadas persistentes (bajo «lonas negras») en los bordes de las rutas y en las zonas ocupadas, el MST comenzó a buscar la viabilidad económica de estos asentamientos, y se esforzó por conseguir parcelas presupuestarias y financiación pública específica. En este sentido, el gobierno de FHC creó el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) en 1999, desvinculando la reforma agraria y la agricultura familiar del Ministerio de Agricultura y abriendo el camino a las negociaciones entre el gobierno y el movimiento.
Fue también a partir de la segunda mitad de los años noventa cuando el MST comenzó a cuestionar no sólo la distribución de la tierra, sino también el modelo de producción agrícola y ganadera asociado a la concentración de la propiedad de la tierra. Este modelo está orientado a abastecer la demanda del mercado internacional de materias primas.
El movimiento se opone al paradigma agroexportador, defendiendo la producción de alimentos por parte de la agricultura familiar, de forma agroecológica, en conflicto directo con la panacea tecnológica predominante que supuso la «Revolución Verde», con un intenso uso de pesticidas, semillas híbridas y transgénicas, y monocultivos. Esta forma de producción es muy rentable para las grandes empresas químicas que producen pesticidas y fertilizantes, semillas patentadas, maquinaria agrícola y alimentos industrializados, y que, por regla general, son empresas incrustadas en oligopolios de gigantescas empresas transnacionales.
Con su dirección umbilicalmente ligada al Partido de los Trabajadores (PT) durante los gobiernos de Lula y Dilma, a pesar de la caída del número de nuevos asentamientos de la reforma agraria, de la prioridad dada a la financiación y a las políticas públicas que benefician a los exportadores del agronegocio, y de la regularización de los transgénicos en el país a través de raras regulaciones, las políticas atenuantes y focalizadas del gobierno del PT, como el PAA – Plan de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar, satisfacen ampliamente al movimiento. La lucha organizada contra el latifundio, en la práctica, se desvanece como objeto principal de la organización del MST, convirtiéndose casi en un mero elemento retórico de la organización.
En contradicción con las motivaciones originales del MST, cabe señalar que durante los gobiernos de Lula y Dilma, el proceso de concentración de la tierra en Brasil avanzó, incluso con la permisiva reforma del Código Forestal. Esto posibilitó y regularizó el avance imparable de las fronteras agrícolas sobre áreas de cerrado y bosque, además de crear situaciones en las que no existe la obligación de reponer el bosque y la compensación por aceptar una situación que se considera consumada en la supresión de la flora y, consecuentemente, de la fauna nativa.
Los datos de los Censos Agropecuarios del IBGE de 2006 y 2017, que reportan un lapso representativo de los gobiernos del PT, muestran un salto en la ocupación total de las áreas por parte de los establecimientos rurales con más de 1.000 hectáreas, pasando del 45,0% en 2006 al 47,6% en 2017. Otro indicio de la concentración de la tierra y de la expansión desenfrenada de la frontera agrícola durante los gobiernos petistas es el crecimiento de 17,6 millones de hectáreas de la superficie ocupada por los establecimientos rurales en el período comprendido entre los dos censos, a pesar de que más de 102.000 establecimientos rurales dejaron de existir en el mismo período. Probablemente entre las causas esté la incorporación o agregación entre establecimientos rurales adyacentes, unificándolos, reduciendo en consecuencia el número de propietarios o poseedores, concentrando el dominio o la posesión de la tierra.
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Más centrado en la sostenibilidad económica de los asentamientos ya establecidos, el MST está invirtiendo en la formalización institucional con la creación de entidades legales que permitan las negociaciones comerciales y las compras gubernamentales. Hoy existen 160 cooperativas, 120 agroindustrias y 1.900 asociaciones de colonos (fuente de datos: mst.org.br). La opción por la lógica de la «economía solidaria» es clara, adaptada a los llamados «nichos de mercado», absolutamente permitidos en el entorno liberal, ya que carecen de cualquier riesgo de mutabilidad efectiva al régimen capitalista. Además, satisface el consumo de una pequeña y cada vez más minúscula parte de la población económicamente acomodada. La distinción que da más valor a los productos de este nicho es su etiquetado como producción social y ecológicamente justa, lo que permite un consumo supuestamente más virtuoso y una penitencia de conciencia no exigible por parte de la citada población tan reducida. En cierto modo, la crítica franca y la confrontación con el modelo tecnológico de producción agrícola y ganadera, centrado en la agroexportación y enfocado a los monocultivos extensivos, pasa también al ámbito meramente retórico y, en la acción práctica, por una significativa moderación.
Es en este contexto que no sorprende la reciente noticia de la entrada de las cooperativas vinculadas al MST en el mercado de capitales, con el registro en la CVM -Comisión de Valores Mobiliarios- de un fondo que se basará en «Certificados de Recibos del Agronegocio», una especie de «papeles» del mercado futuro de las cosechas y de la producción de las cooperativas, con títulos «que incluso podrían negociarse en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de São Paulo, en función de su liquidez», según un artículo del portal «El País».
La iniciativa está guiada por el ex banquero y actual consultor de inversiones Eduardo Moreira, que predica una «refundación» del capitalismo, proponiendo la suplantación irrealizable de una paradoja evidentemente insuperable, para hacer del capitalismo algo humanizado: «ético» y «consciente», según sus palabras en los informes sobre el tema, como si tuviéramos aquí una mera cuestión moral que resolver.
La nota de tapa de la revista «Exame», en su artículo, presenta una especie de contrapartida a la aventura del mercado de capitales: la abdicación de las ocupaciones de tierras organizadas por el MST, de la siguiente manera:
«Desde el año pasado, el MST ha dejado en segundo plano las invasiones de tierras para centrarse en la producción. La prioridad ha sido vender los alimentos directamente a los consumidores, a través de las «ferias de la reforma agraria», que se celebran en 15 ciudades del país. Las invasiones habían disminuido desde el gobierno de Dilma Rousseff y prácticamente cesaron con la asunción de Jair Bolsonaro, quien amenazó con clasificar al MST como organización terrorista.
En cuanto a la mencionada amenaza de Bolsonaro, cabe destacar que la Ley Antiterrorista (Ley Federal 13.260/2016) fue sancionada en el gobierno de Dilma Roussef, con el ánimo de prevenir y reprimir las manifestaciones en la vía pública, cuando se acercaban los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, y abrió una fuerte interpretación para la criminalización de los movimientos de protesta, ya sean organizados o espontáneos.
Más claramente, desde la época de los gobiernos petistas, la contestación radical y el enfrentamiento feroz y audaz del MST con el latifundio han sido sustituidos por la atenuación de las luchas y una vía de acomodación con los espacios de producción y mercado «diferenciados» que se les conceden.
El cuadro es indicativo del poder de cooptación ideológica del capital por parte de quienes se organizan y actúan en posiciones alejadas del horizonte estratégico revolucionario, por lo tanto, sin centralidad en la lucha de clases y, finalmente, acaban conformándose con mitigaciones absolutamente insuficientes para el soterramiento del abismo social brasileño. Es el caso de los movimientos populares y las organizaciones sindicales que basan su actuación en el liberalismo progresista o de izquierdas, representado hegemónicamente en el petismo domesticado, con capacidad efectiva de influir en los demás partidos proclamados de izquierdas. En estos casos, las perspectivas son limitadas y se corre el riesgo de ser presa fácil de las trampas que conducen las acciones, las luchas, los programas y los objetivos radicalizados a una dócil transmutación pequeñoburguesa.
La reanudación de la lucha por la reforma agraria, priorizando la lucha contra el latifundio, en confrontación con la propiedad privada capitalista del suelo brasileño, es un paso fundamental para las conquistas de la clase obrera. Del mismo modo, es necesaria la apropiación por parte de los trabajadores de los avances tecnológicos, de la consiguiente capacidad productiva y de las formas racionales y planificadas de producción, para que reviertan en beneficios para la propia clase trabajadora, en el campo y en la ciudad, más allá de la producción agrícola a merced de los mandatos del capital o simplemente de las exigencias del mercado internacional. La competencia organizativa demostrada históricamente por el MST y otros movimientos en la lucha por la tierra son emblemas de que esta lucha necesaria es posible, de forma persistente y decidida, siempre que se asocie al objetivo de la superación capitalista.