El avance de la pena de muerte contra palestinos en Israel marca un nuevo salto en la política de apartheid, represión y deshumanización sostenida por el sionismo. Lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una escalada sistemática de violencia estatal y paraestatal que consolida una verdadera licencia para matar. Es, además, una barbaridad profundamente racista: no establece la pena de muerte de forma universal, sino que la dirige contra una comunidad oprimida. Se vuelve urgente redoblar la denuncia, la solidaridad activa y la lucha por una salida de fondo que termine con la ocupación y abra paso a una Palestina libre.

Champagne, horcas y barbarie

Lunes 30 de Marzo. Itamar Ben-Gvir, ministro del genocida Netanyahu, airoso, grotesco en sus formas y contenido, levanta una botella de champagne con una horca en el pecho. Celebra la aprobación de una nueva licencia para matar, ahora institucionalizada, hacia el pueblo palestino. El parlamento de Israel (Knesset) volvió a dar un salto cualitativo en su política represiva al avanzar en la aprobación de iniciativas que habilitan la pena de muerte contra palestinos acusados de “terrorismo”. Es la expresión concentrada de un régimen que, sostenido sobre la ocupación, la colonización y la limpieza étnica, escala permanentemente en sus mecanismos de dominación.

No solo implica la posibilidad de ejecuciones legales, sino un endurecimiento general del aparato represivo: juicios con estándares cuestionados, mayor presión sobre detenidos para obtener confesiones y un uso aún más arbitrario de la acusación de “terrorismo”. En un contexto de ocupación y desigualdad estructural, donde los palestinos ya enfrentan detenciones sin garantías plenas, esta medida profundiza la asimetría total ante la ley. Además, envía un mensaje político claro hacia las FDI y los colonos: tienen licencia para todo, reforzando en los hechos una dinámica donde la violencia estatal y paraestatal se amplifica bajo un manto de legalidad.

No es excepción, es regla

La institucionalización de la pena de muerte forma parte de una larga cadena de legislación abiertamente discriminatoria. Un punto de inflexión fue la llamada Ley del Estado-Nación de 2018, que consagra a Israel como el “Estado del pueblo judío”, relegando a los palestinos a un estatus de ciudadanos de segunda o directamente de población sin derechos en los territorios ocupados.

A esto se suman leyes que facilitan la confiscación de tierras, la demolición de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales. Las detenciones administrativas, sin cargos ni juicio, se convirtieron en una herramienta habitual, igual que la criminalización de cualquier forma de resistencia, incluso la más elemental.

Más allá del andamiaje legal, el accionar de sionismo contra el pueblo palestino se caracteriza por una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos que ni siquiera encuentran amparo en su propia legislación: ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, castigos colectivos, restricciones arbitrarias a la circulación y ataques recurrentes a viviendas e infraestructura básica. En territorios como Cisjordania y la Franja de Gaza, estas acciones se despliegan con un alto grado de impunidad, sin investigaciones reales ni sanciones, consolidando un escenario donde la violencia no solo es estructural, sino también abiertamente ilegal incluso bajo las propias normas del Estado israelí.

La actual aprobación de la pena de muerte en Israel no es un hecho aislado ni excepcional, sino la continuidad de una política histórica de exclusión y violencia contra el pueblo palestino. Confirma su carácter profundamente discriminatorio: en la práctica, esta ley se aplica solo a palestinos, no a israelíes, prolongando y profundizando prácticas ya existentes.

Impunidad de los colonos en Cisjordania y territorios ocupados

En Cisjordania y otros territorios ocupados, la violencia de los colonos israelíes ha alcanzado niveles alarmantes. Ataques organizados contra aldeas palestinas, incendios de viviendas y cultivos, agresiones físicas e incluso asesinatos se suceden con una regularidad escalofriante.

Estos grupos actúan, en los hechos, como fuerzas paraestatales que avanzan en la colonización del territorio palestino. No solo cuentan con armamento y protección, sino que en muchos casos con el apoyo directo del ejército israelí.

La impunidad es la norma: las investigaciones son inexistentes o terminan archivadas, mientras las miles y miles de víctimas palestinas quedan completamente desprotegidas. Este doble estándar, represión extrema para los palestinos, indulgencia total para los colonos, revela el carácter estructuralmente racista del régimen.

Licencia para matar

La introducción de la pena de muerte busca profundizar la deshumanización del pueblo palestino. Al legitimar el castigo máximo contra una población oprimida, el Estado israelí refuerza la idea de que la vida palestina es descartable. Soldados, policías y colonos reciben una nueva señal clara: la violencia contra palestinos no solo está permitida, sino que es promovida desde las más altas esferas del poder. Se consolida así una verdadera “licencia para matar”, donde los miles y miles de presos palestinos en cárceles israelíes podrán ser asesinados legalmente. De acuerdo con información de organismos de derechos humanos, en la actualidad más de 9.300 palestinos permanecen encarcelados en prisiones israelíes, incluyendo al menos 350 menores de edad y 66 mujeres. Vidas que hoy están doblemente en riesgo.

Esta nueva medida fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales, que la consideran una grave violación a los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas ha reiterado en múltiples resoluciones su oposición a la pena capital en cualquier circunstancia, mientras que entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que su aplicación en un contexto de ocupación y desigualdad estructural agrava aún más la discriminación contra los palestinos. Organismos regionales y expertos independientes han advertido que esta medida no solo vulnera estándares básicos del derecho internacional, sino que también profundiza un sistema de justicia ya ampliamente cuestionado por su parcialidad. Los pronunciamientos internacionales pueden marcar posición, pero es necesario pasar de las palabras a los hechos: sin acciones concretas se transforman en gestos vacíos frente a una realidad que exige respuestas urgentes.

No dejemos de hablar de Palestina

Frente a este escenario, la solidaridad internacional vuelve a ocupar un lugar central. En los territorios palestinos se desarrolló una huelga general en rechazo a la medida, acompañada de movilizaciones en Cisjordania, donde las protestas fueron reprimidas por las fuerzas israelíes. La respuesta no se limitó a la región: hubo acciones de repudio en Siria y en ciudades como Manchester y Milán, a las que se sumarán más seguramente en los próximos días. Estas expresiones, diversas en forma pero coincidentes en contenido, evidencian un rechazo global creciente frente a una medida que profundiza la persecución contra el pueblo palestino.

En abril, una nueva flotilla humanitaria se prepara para zarpar rumbo a la Franja de Gaza, desafiando el bloqueo criminal impuesto por el sionismo genocida y denunciado por múltiples organismos internacionales. Desde la Liga Internacional Socialista volveremos a ser parte de esta misión. Hoy, más que nunca, es fundamental redoblar estas campañas, fortalecer el movimiento de solidaridad y exigir el fin inmediato de la ocupación. Porque mientras el Estado de Israel avanza en legalizar la muerte, la tarea de los pueblos del mundo es clara: romper el silencio, enfrentar la complicidad de los gobiernos y ponerse del lado de quienes luchan por su liberación.

Una salida de fondo a tanta barbarie exige la derrota del Estado sionista de Israel, a sus socios imperialistas y aliados regionales. Solo una transformación profunda, impulsada desde abajo por la movilización, la organización y la lucha de los pueblos, puede abrir paso a una perspectiva distinta: una Palestina única, laica, no racista, democrática y socialista. Es un desafío enorme, que requiere reconstruir una herramienta política internacional capaz de unificar esas luchas y llevarlas hasta el final.

Oda Cuentas