Por Umair Khurshid (JKNSF)
Mientras escribimos este artículo, la población de Jammu Cachemira bajo administración pakistaní (PAJK) sigue en las calles tras casi 10 días de corte de comunicaciones, asedio y violencia estatal. Desde aproximadamente las 23:35-23:45 de la noche del 5 de junio, toda la región ha quedado aislada del mundo. Cortaron el acceso a Internet, se han bloqueado o interrumpido gravemente las redes móviles, se han militarizado las ciudades y se ha sumido a zonas enteras en un silencio casi total, mientras las tropas paramilitares y la policía llevan a cabo redadas, detenciones, bombardeos y disparos.
Este bloqueo informativo tiene como objetivo aislar a las personas unas de otras, impedir que los heridos y los familiares de las víctimas se pongan en contacto con el mundo exterior, ocultar la magnitud de la violencia estatal y dar tiempo al Estado y a sus medios de comunicación para manipular la versión de los hechos antes de que la gente pueda expresarse por sí misma. Alrededor de dos docenas de personas han perdido la vida y, según los informes, más de 200 han resultado heridas hasta el momento, aunque la cifra real podría ser mayor, ya que el bloqueo informativo y las restricciones de acceso han hecho que la verificación independiente sea prácticamente imposible. Se han llevado a cabo redadas en los domicilios de activistas, trabajadores y líderes del Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC). Los manifestantes han sido atacados con gas lacrimógeno, porras, bombardeos y fuego real.
Sin embargo, el movimiento no se ha quebrado. Las sentadas continúan, la gente sigue saliendo a la calle en gran número y el Estado no ha logrado silenciar a las masas. De hecho, ahora hay informes de que el Gobierno se ha visto acorralado y está intentando entablar negociaciones. Dado que las comunicaciones siguen cortadas y el acceso a información fiable sigue bloqueado, no se puede afirmar con certeza cuál es la naturaleza exacta de estas conversaciones. Sería un error proclamar una victoria total mientras el asedio continúa y la gente sigue bajo amenaza, pero ya es un logro significativo del movimiento que, tras días de disparos, el Estado se haya visto obligado a volver a plantearse la negociación.
Lo que está ocurriendo hoy no es ni un motín repentino ni una disputa limitada a una sola cláusula. Se trata de la etapa más reciente y aguda de un movimiento de masas que ha ido creciendo a lo largo de años de ira, organización, traición, represión, victorias parciales, promesas incumplidas y lucha renovada. El levantamiento actual no puede entenderse sin remontarse al camino que ha conducido hasta aquí: las primeras campañas contra las facturas de electricidad y los precios del trigo, la larga marcha de 2024, los logros inconclusos que le siguieron, la nueva confrontación de 2025 y el resurgimiento de las mismas reivindicaciones sin resolver en 2026.
Los orígenes inmediatos del movimiento se remontan a la crisis económica que siguió al periodo de la COVID. En toda la región de Jammu y Cachemira, la población se enfrentó a un rápido aumento de los precios de la electricidad, los costes del combustible y los alimentos, así como a un empeoramiento de las condiciones de vida. Mientras los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes desempleados y los hogares de clase media-baja luchaban por llegar a fin de mes, la élite política seguía disfrutando de privilegios que parecían cada vez más alejados de la realidad cotidiana.
Sin embargo, las dificultades económicas por sí solas no dan lugar automáticamente a un movimiento de masas. Esos problemas actuaron como catalizadores, pero las condiciones políticas se habían ido gestando durante años.
Los acontecimientos relacionados con la derogación del artículo 370 por parte de la India en agosto de 2019 tuvieron un profundo impacto en toda la región de Jammu y Cachemira. Si bien los cambios constitucionales inmediatos se produjeron en la parte administrada por la India, las repercusiones políticas se dejaron sentir en toda la región. Este suceso reavivó los debates sobre la soberanía, la representación, la autodeterminación y el futuro de Jammu y Cachemira en su conjunto. También puso de manifiesto las limitaciones de las fuerzas políticas dominantes que operan en la parte de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán, muchas de las cuales parecieron incapaces de ofrecer una respuesta política significativa.
En respuesta a ello, diversas fuerzas de izquierda, nacionalistas y progresistas intentaron construir coaliciones más amplias. Uno de esos esfuerzos fue la Alianza Nacional Popular (PNA), que pretendía aglutinar diferentes corrientes de la oposición política. Aunque estas iniciativas generaron entusiasmo y, en ocasiones, un apoyo público considerable, tuvieron dificultades para desarrollar un programa político coherente capaz de vincular las cuestiones constitucionales más amplias con las preocupaciones económicas cotidianas de la gente corriente. Como resultado, no lograron consolidarse como organizaciones de masas duraderas.
Al mismo tiempo, el empeoramiento de la situación económica, la inflación, el aumento de los costes de los servicios públicos y el deterioro del nivel de vida fueron alimentando progresivamente el descontento social. A principios de la década de 2020, la frustración política y las quejas económicas habían comenzado a converger, creando las condiciones para un movimiento con una base social más amplia que las campañas anteriores.
Las primeras protestas contra las elevadas facturas de electricidad y los precios del trigo fueron encabezadas por organizaciones de izquierda y nacionalistas, grupos estudiantiles y sindicalistas. Entre ellas, la Federación Nacional de Estudiantes de Jammu y Cachemira (JKNSF) desempeñó un papel activo en la movilización de los estudiantes y otros sectores de la juventud, participando en manifestaciones, organizando debates y vinculando las reivindicaciones económicas inmediatas a cuestiones más amplias relacionadas con los derechos democráticos, la representación política y el control sobre los recursos locales.
A lo largo de 2022 y 2023 comenzaron a surgir protestas locales contra los precios de la electricidad y el coste del trigo en diferentes zonas. Estas protestas solían incluir la quema simbólica de facturas de electricidad, campañas de impago, sentadas, paros con cierre de persianas y manifestaciones locales. Lo que en un principio parecían protestas aisladas se convirtió poco a poco en un movimiento más amplio que unió a las comunidades de toda la región.
Uno de los primeros focos importantes de agitación surgió en los alrededores de Rawalakot, donde las protestas por los precios del trigo contribuyeron a poner de manifiesto el potencial de una acción masiva y sostenida. A medida que estas campañas se extendían, los activistas reconocieron cada vez más la necesidad de contar con una plataforma común capaz de coordinar la actividad en todo Jammu y Cachemira. Este proceso condujo finalmente a la formación del JAAC en septiembre de 2023.
La fuerza contradictoria del movimiento
La creación de la JAAC supuso un gran logro. Por primera vez en muchos años, un movimiento logró reunir a distintos sectores sociales, como trabajadores, estudiantes, sindicatos del transporte, comerciantes, organizaciones nacionalistas y activistas de izquierdas.
Las tarifas eléctricas comerciales afectaron especialmente a los comerciantes. Los propietarios de pequeñas empresas, los tenderos, los transportistas y otros sectores de clase media tenían motivos económicos inmediatos para apoyar el movimiento. Además, a menudo coincidían social y políticamente con corrientes nacionalistas y progresistas. Esta amplia composición dotó al movimiento de una enorme fuerza. Sin embargo, también generó contradicciones que se harían más evidentes a medida que avanzara la lucha.
Dado que el proletariado industrial era prácticamente inexistente en la región, a medida que los comerciantes y transportistas se incorporaban al movimiento en mayor número, adquirían una influencia cada vez mayor dentro de su dirección. No se trataba únicamente de una cuestión de números. En estas condiciones tan peculiares, sus organizaciones contaban con un poder de presión real, ya que los comerciantes podían cerrar los mercados y los sindicatos del transporte podían paralizar el tráfico. Juntos, tenían la capacidad de imponer huelgas de cierre total y acciones de bloqueo del tráfico en distritos enteros.
Esta creciente influencia fue desplazando poco a poco el centro de gravedad dentro del movimiento. Muchas de las fuerzas que habían contribuido a iniciar la lucha procedían de tradiciones políticas de izquierda, nacionalistas, estudiantiles y progresistas. Sin embargo, los líderes, cada vez más numerosos, adoptaron progresivamente un discurso «apolítico». Aunque el movimiento siguió planteando reivindicaciones políticas, evitó desarrollar un programa político más amplio capaz de explicar cómo se conseguirían y mantendrían dichas reivindicaciones.
Esta sigue siendo una de las principales limitaciones del movimiento. No desarrolló un programa político y económico integral. Esta carencia se hizo cada vez más evidente a medida que el movimiento se fortalecía. Al mismo tiempo, sería un error descartar el movimiento por esta debilidad. La ausencia de un programa no le impidió convertirse en la movilización popular más importante en Jammu y Cachemira en décadas, pero sí explica por qué muchas de esas mismas cuestiones siguen reapareciendo.
El primer gran punto de inflexión se produjo en mayo de 2024. Tras meses de organización, protestas, huelgas, negociaciones, boicots a las facturas y una confrontación cada vez mayor con las autoridades, el movimiento anunció una larga marcha hacia Muzaffarabad, la capital de Jammu y Cachemira, bajo administración pakistaní.
El Estado respondió con detenciones, intimidación, cortes de carretera y el despliegue de fuerzas adicionales. Se detuvo a líderes y activistas del movimiento, mientras que una campaña de propaganda constante intentaba presentar al movimiento como ilegítimo, financiado desde el extranjero y peligroso. Sin embargo, todos los esfuerzos por detener la marcha parecían no hacer más que reforzar el apoyo público a la misma.
A medida que las caravanas avanzaban, eran recibidas con los brazos abiertos por las comunidades de toda la región. Pueblos y localidades enteras se movilizaron en torno al movimiento. La gente se agolpaba a lo largo de las carreteras para recibir a los manifestantes, les proporcionaba comida y agua, les abría las puertas de sus casas y ofrecía alojamiento a los participantes. Lo que había comenzado como una campaña contra las facturas de electricidad y los precios del trigo se había convertido en un auténtico movimiento de masas capaz de paralizar el estado en amplias zonas de Jammu y Cachemira.
El Gobierno intentó detener la marcha por la fuerza. Se produjeron enfrentamientos en varias zonas cuando los manifestantes se toparon con barricadas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Durante los enfrentamientos, tres manifestantes perdieron la vida y más de 100 personas resultaron heridas, lo que puso de manifiesto la disposición del Estado a recurrir a la violencia contra un movimiento cuyas reivindicaciones se centraban en derechos democráticos y económicos fundamentales.
Las autoridades acabaron viéndose ante un dilema. Detener la marcha por completo suponía el riesgo de provocar un enfrentamiento aún mayor, mientras que permitir que continuara suponía el riesgo de poner de manifiesto la debilidad del propio Gobierno. A medida que el movimiento seguía creciendo y miles de personas avanzaban hacia Muzaffarabad, el margen de maniobra del Estado se iba reduciendo progresivamente.
Ante la creciente presión, el Gobierno de Islamabad anunció un paquete de medidas por valor de 23 000 millones de rupias, mientras que el Gobierno de Jammu y Cachemira anunció importantes concesiones. El movimiento logró imponer reducciones significativas en las tarifas eléctricas y los precios del trigo, al tiempo que se asumieron compromisos adicionales en relación con los privilegios de las élites y otras reivindicaciones.
Por primera vez en muchos años, la gente de a pie vio cómo un gobierno daba marcha atrás ante la presión de un movimiento de masas. La victoria fue real, pero no fue total.
El regreso del movimiento en 2025
La victoria de 2024 cambió el clima político en todo Jammu y Cachemira. Por primera vez en décadas, un movimiento de masas había obligado al Estado a dar marcha atrás. Pero, a medida que pasaban los meses, se hizo más evidente que las cuestiones más profundas planteadas por el movimiento no habían recibido respuesta. La cuestión de los privilegios de la élite seguía sin resolverse. La cuestión del control sobre los recursos locales seguía sin resolverse. La rendición de cuentas democrática seguía siendo poco más que un eslogan en boca de quienes no deseaban rendir cuentas.
A finales de 2025, la JAAC volvió a la carga con un programa de reivindicaciones más amplio, compuesto por 38 puntos. El movimiento había traspasado ya los límites de la electricidad y el trigo. Planteó reivindicaciones relacionadas con la sanidad, la educación, la gobernanza, el empleo, la rendición de cuentas, las regalías de la energía hidroeléctrica, los privilegios de la élite, las reformas democráticas y la abolición de los 12 escaños reservados en la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira, administrada por Pakistán, para los migrantes residentes en Pakistán. El Estado suele utilizar estos escaños para influir o manipular la política y el proceso de formación de gobierno en Jammu y Cachemira. Esto demostró que el movimiento había madurado a partir de su propia experiencia. La población había aprendido que las elevadas facturas y los altos precios del trigo no eran dificultades aisladas, sino parte de un orden más amplio basado en la explotación, el clientelismo y el control externo.
El Estado comprendió de inmediato que ya no se trataba únicamente de una disputa sobre las subvenciones. El 26 de septiembre de 2025, fracasaron las negociaciones, que se prolongaron durante casi 13 horas, entre la JAAC, el Gobierno de la AJK y los representantes federales. El punto de fricción se centró principalmente en dos reivindicaciones: la supresión de los privilegios de la élite y la supresión de los 12 escaños reservados a los migrantes. El Gobierno podía negociar sobre subvenciones, aplazamientos, comisiones y trámites administrativos, pero se negó a ceder ante unas exigencias que ponían en tela de juicio el marco político mediante el cual se gobierna la región.
A medida que se acercaba el cierre anunciado, las autoridades reaccionaron de la misma forma en que volverían a hacerlo en 2026. Se suspendieron los servicios de telefonía móvil e Internet. Se desplegaron las fuerzas de seguridad. Se reforzaron los controles en los puntos de entrada y salida. El Estado intentó neutralizar la capacidad del movimiento para expresarse, reunirse y desplazarse antes de que la huelga pudiera afianzarse.
Sin embargo, la huelga y la larga marcha siguieron adelante. Se celebraron manifestaciones en Muzaffarabad, Rawalakot, Kotli, Mirpur, Bhimber y otras localidades. Los mercados cerraron, el transporte se paralizó y el movimiento volvió a demostrar que podía paralizar la región. Los enfrentamientos que siguieron fueron sangrientos y se cobraron la vida de cinco personas. Finalmente, tras días de enfrentamientos, a principios de octubre se alcanzó un nuevo acuerdo, aunque relativamente vago, que ponía de manifiesto las limitaciones de los líderes. El Gobierno prometió una vez más su aplicación, y el movimiento volvió a suspender sus acciones inmediatas. Pero la disputa subyacente seguía viva porque el Estado no había abordado el meollo de la cuestión. Una vez más, había ganado tiempo sin resolver las cuestiones políticas que se encontraban en el centro del conflicto.
En cuestión de meses, quedó claro que la aplicación se había estancado, retrasado o llevado a cabo solo parcialmente. La lección de 2025 fue, por tanto, más contundente que la de 2024. El Estado podía verse obligado a dar marcha atrás, pero solo lo haría en la medida necesaria para salvarse a sí mismo. En cuestiones que afectaban a los privilegios de las élites, a la ingeniería política y al control sobre el propio futuro de Jammu y Cachemira, se resistiría hasta que se viera obligado de nuevo.
Fuera de Jammu y Cachemira, los debates sobre la demanda de suprimir los 12 escaños destinados a los migrantes que viven en la zona de control pakistaní de Jammu y Cachemira suelen malinterpretarse. La palabra «migrante» lleva inmediatamente a la gente a creer que la controversia se debe a la hostilidad hacia los migrantes o las personas desplazadas. Estas interpretaciones pasan por alto por completo la esencia del asunto.
La demanda no va dirigida contra los migrantes, sino contra un sistema que desde hace tiempo se considera un mecanismo de manipulación política.
Las personas elegidas para ocupar estos escaños participan en la elaboración de leyes para un territorio en el que no residen. Al mismo tiempo, las leyes que ayudan a elaborar no se aplican a los lugares donde ellos mismos viven. A lo largo de décadas, estos escaños han servido en repetidas ocasiones como un canal a través del cual fuerzas ajenas al propio territorio pueden influir en los resultados políticos dentro de Jammu y Cachemira.
Incluso los partidos políticos mayoritarios han criticado con frecuencia estos escaños cuando se encontraban en la oposición, para luego defenderlos cuando cambian las circunstancias políticas. A lo largo de los años, ha sido difícil pasar por alto esta tendencia. El partido en el poder en Islamabad siempre obtiene un éxito desproporcionado en estos escaños.
Para muchos partidarios del movimiento, la cuestión es fundamentalmente democrática. Se refiere a la representación política, la rendición de cuentas y el derecho de las personas que viven en un territorio a determinar la composición de las instituciones que lo gobiernan.
Como socialistas, apoyamos la supresión de estos escaños, no porque creamos que esta reivindicación vaya a resolver, por sí sola, todos los problemas sociales y económicos a los que se enfrenta Jammu y Cachemira. Bajo el actual orden constitucional, establecido mediante el acuerdo marco de 1974 y mantenido gracias al control de Pakistán sobre la región, la clase dominante local seguiría siendo la clase dominante, y la explotación no desaparecería con una sola reforma democrática. Sin embargo, esto no es un argumento en contra de la reivindicación. Los socialistas revolucionarios siempre han luchado por los derechos democráticos, incluso cuando esos derechos no alcanzan a transformar plenamente la sociedad, porque cada avance democrático puede ampliar el terreno en el que los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los campesinos y los pobres pueden organizarse y luchar.
El derecho a formar sindicatos no acaba con el capitalismo, ni tampoco lo hacen los sindicatos de estudiantes, la libertad de expresión o el derecho de reunión. Sin embargo, cada uno de estos derechos ofrece a la gente corriente más margen para organizarse, expresarse, reunirse, resistir y luchar contra quienes los gobiernan. Lo mismo ocurre con la reivindicación de suprimir los 12 escaños. Por sí sola no acabará con la explotación, pero eliminaría al menos una de las herramientas tradicionales de control político externo y debilitaría un mecanismo mediante el cual la voluntad política del pueblo de Jammu y Cachemira ha sido manipulada, controlada y anulada desde fuera. Para nosotros, se trata de una reivindicación democrática que hay que defender, no como un fin en sí misma, sino como parte de la lucha más amplia por el poder de la clase trabajadora, el control de los recursos y un auténtico autogobierno.
Del 5 al 15 de junio: El asedio que no logró doblegar al pueblo
La protesta actual es el resultado directo de acuerdos que no se han aplicado y de cuestiones políticas que siguen sin resolverse. Su desencadenante inmediato fue la continua disputa sobre los 12 escaños para migrantes, que se habían convertido en el símbolo más claro de lo que mucha gente consideraba un control político externo sobre Jammu y Cachemira. Las negociaciones fracasaron y los tribunales confirmaron la protección constitucional de dichos escaños. En respuesta, el JAAC anunció una nueva convocatoria para una larga marcha el 9 de junio. La cuestión de si los dirigentes deberían haber adoptado un enfoque diferente ante la proximidad de las elecciones generales, y de si la vía de la acción directa es siempre la más adecuada, sigue abierta a debate. En cualquier caso, el Estado respondió con represión antes incluso de que la marcha hubiera comenzado.
Poco antes de la medianoche del 5 de junio de 2026, se suspendieron los servicios de Internet en gran parte de Jammu y Cachemira. No se trató de una medida administrativa aislada, sino del primer paso de una operación más amplia contra el movimiento. En los días siguientes, se desplegaron en toda la región las FC, los Rangers, la policía y otras fuerzas de seguridad. Se bloquearon las carreteras, se detuvo a activistas y se registraron y saquearon los domicilios de los líderes y activistas del JAAC.
El Estado creía que, al cortar las comunicaciones y aislar las localidades unas de otras, podría impedir que el movimiento cobrara impulso. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. La noche del 6 de junio, las fuerzas estatales abrieron fuego en Rawalakot. Entre los fallecidos se encontraba Shahzaib Habib, un activista de la JAAC. En lugar de ahuyentar a la gente de la lucha, su asesinato avivó la ira de la población.
El 8 de junio, Rawalakot se había convertido en el epicentro de un importante enfrentamiento. Los manifestantes que intentaban continuar la marcha se enfrentaron a disparos directos. Los informes desde el terreno indicaban que había 13 muertos y cientos de heridos.
Al día siguiente, se impuso el toque de queda en Rawalakot. Sin embargo, a pesar de los asesinatos y del toque de queda, los manifestantes siguieron avanzando hacia la ciudad. El Estado esperaba que el miedo detuviera la marcha. En cambio, cada acto de represión parecía atraer a más gente a la lucha. También llegaron informes desde Kotli y otras zonas que indicaban nuevos disparos, heridos y unas cuatro muertes más.
Lo que siguió fue quizás el acontecimiento más notable de todo el enfrentamiento. Las caravanas continuaron avanzando hacia Rawalakot. Los manifestantes cruzaron las barreras, eludieron los bloqueos y llegaron a zonas que las autoridades esperaban aislar. La misma ciudad en la que el Estado había intentado aplastar el movimiento mediante un baño de sangre se convirtió en un punto de encuentro para un número aún mayor de personas. Para cuando las marchas llegaron a las afueras de Rawalakot, ya había quedado claro que la represión había fracasado en su objetivo principal.
El 11 de junio, las fuerzas de seguridad volvieron a abrir fuego directamente contra los manifestantes. Al menos cuatro personas perdieron la vida. Este incidente puso aún más de manifiesto la realidad de la estrategia del Estado. En lugar de atender a las reivindicaciones del movimiento, recurría cada vez más abiertamente a la fuerza para intimidar y dispersar a los manifestantes. Una vez más, las matanzas no lograron el efecto deseado.
A partir del 12 de junio, las mujeres comenzaron a participar en un número mucho mayor, sumándose a las sentadas, las manifestaciones y las concentraciones públicas a pesar de la represión en curso. Las fases anteriores del movimiento se habían caracterizado por restricciones informales y presiones conservadoras que limitaban la visibilidad y la participación de las mujeres. Por lo tanto, la creciente presencia de las mujeres se convirtió en uno de los avances políticos más importantes de la lucha. Esto reflejaba el fortalecimiento de las tendencias progresistas dentro del movimiento y el debilitamiento de los esfuerzos por mantener a las mujeres al margen de la vida política pública.
El 14 de junio, las fuerzas de seguridad volvieron a atacar a los manifestantes. Según los informes desde el terreno, al menos otras tres personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas cuando las FC y los Rangers abrieron fuego al intentar dispersar a manifestantes pacíficos. A estas alturas, el patrón ya era inconfundible. El Estado ya no se limitaba a las detenciones, los controles de carretera, las redadas y los apagones. Recurría cada vez más a la violencia directa en un intento por acabar con el movimiento.
A fecha de 16 de junio, las sentadas y las protestas siguen en pie a pesar de todo lo ocurrido durante los diez días anteriores. Al no haber podido expulsar al movimiento de las calles mediante balas, detenciones, redadas, toques de queda y cortes de comunicaciones, el Estado ha comenzado a intensificar aún más el asedio. Los informes desde el terreno indicaban restricciones en el suministro de alimentos, material médico y otros productos de primera necesidad que llegaban a las zonas de protesta. El Estado intentaba no solo reprimir el movimiento, sino también agotarlo mediante el aislamiento y las privaciones.
JKNSF ha formado parte de esta lucha desde el principio. Mucho antes de que el movimiento saltara a los titulares, los activistas de JKNSF ya participaban en la organización de los estudiantes, apoyaban las protestas, vinculaban las reivindicaciones económicas con las demandas democráticas y contribuían a crear el clima político del que surgió el movimiento. Nuestros compañeros participaron en manifestaciones, huelgas, sentadas, debates y movilizaciones a lo largo de todas las fases de la lucha.
A diferencia de algunos sectores de la izquierda que se disuelven por completo en movimientos más amplios, JKNSF ha tratado de mantener una posición política independiente sin dejar de estar plenamente comprometida con la lucha en sí. Apoyamos el movimiento. Lo defendemos frente a la represión estatal. Participamos en él. Al mismo tiempo, también reconocemos sus limitaciones.
El mayor punto débil de la JAAC nunca han sido sus reivindicaciones. La mayoría de ellas son democráticas y legítimas. El problema es que las reivindicaciones no son lo mismo que un programa, y el movimiento aún no ha elaborado un programa político y económico coherente que explique cómo se pueden superar de forma definitiva estas injusticias.
Otro punto débil importante ha sido su incapacidad para involucrar más directamente en la lucha a sectores organizados de la clase trabajadora. Los trabajadores sanitarios, los empleados del departamento de electricidad y otros trabajadores del sector público ya estaban protestando en torno a sus propias reivindicaciones. Entendemos que incorporar abiertamente a los trabajadores del sector público a un movimiento de masas no es fácil, especialmente en condiciones de represión, intimidación y amenaza de represalias. Pero el JAAC ya contaba con un amplio apoyo popular. Si las reivindicaciones de estos trabajadores se hubieran vinculado conscientemente con las reivindicaciones democráticas y económicas más amplias del movimiento, se habría podido atraer a un sector importante de trabajadores cuya posición les confiere un poder estratégico real. Su participación no solo habría ampliado la base social de la lucha, sino que también habría reforzado su capacidad para resistir la represión y pasar de la protesta a una presión de masas organizada.
Sin embargo, esta crítica no debe confundirse con una oposición al movimiento. Al contrario, planteamos estas cuestiones precisamente porque formamos parte de la lucha y porque queremos que avance. El movimiento ya ha sacudido el orden establecido, ha puesto al descubierto la brutalidad del Estado y ha demostrado que la gente corriente puede plantar cara a fuerzas que antes parecían intocables. Su valentía, su envergadura y su perseverancia merecen el pleno apoyo de todas las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias de todo el mundo.
Por lo tanto, nuestra crítica no proviene de fuera del movimiento, sino de dentro de él. Defendemos a la JAAC y al movimiento popular en su conjunto frente a la represión estatal, la propaganda, las detenciones, las prohibiciones, las balas y el asedio. Al mismo tiempo, creemos que el movimiento solo puede avanzar si profundiza en su base social, vincula las reivindicaciones democráticas con las luchas de los trabajadores, las mujeres, los estudiantes y los pobres, y desarrolla un programa capaz de convertir la ira de las masas en un poder político duradero. Apoyar seriamente al movimiento significa estar a su lado, defenderlo, participar en él y también ayudar a fortalecerlo allí donde sigue siendo débil.
¡Llamamiento a la solidaridad!
Mientras se escriben estas últimas líneas, el Estado vuelve a intensificar el cerco. Se está impidiendo que los suministros esenciales lleguen a las zonas de protesta, al tiempo que se preparan los preparativos para una nueva operación contra el movimiento. Esto hace que la solidaridad no sea una cuestión de simpatía lejana, sino una responsabilidad política inmediata.
La tarea internacionalista clave en este momento es mostrar una solidaridad activa con quienes sufren la represión, sin dejar de comprender las cuestiones políticas más profundas que subyacen al enfrentamiento inmediato. Hacemos un llamamiento a los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las fuerzas progresistas, los académicos, los escritores, los periodistas, los grupos socialistas y las organizaciones de la clase trabajadora de todo Pakistán, el sur de Asia y el mundo para que alcen la voz en apoyo del pueblo de Jammu y Cachemira, exijan el fin inmediato del asedio y se opongan a la represión que está llevando a cabo el Estado.
La lucha en Jammu y Cachemira no se reduce simplemente a aranceles, subvenciones o escaños en la Asamblea. Se trata de derechos democráticos, representación política, control sobre los recursos y el derecho de la gente corriente a forjar su propio futuro. Su éxito no pertenecería solo al pueblo de Jammu y Cachemira, sino que reforzaría todas las luchas contra la explotación, la represión, el despojo y el régimen antidemocrático en la región. Su derrota tampoco sería una derrota solo para Jammu y Cachemira, sino que reforzaría la posición de todos los Estados y clases dominantes que creen que los movimientos populares pueden aplastarse mediante la fuerza, el asedio, la propaganda y el miedo.
La gente corriente de Jammu y Cachemira ya ha demostrado que es capaz de luchar y obligar al Estado a dar marcha atrás. La cuestión ahora es si el movimiento podrá convertir estos actos de resistencia en logros políticos duraderos. En este sentido, la solidaridad internacional es esencial y se necesita con urgencia.
